Los gobiernos de África subsahariana (SSA), una de las regiones más pobres del mundo, están imponiendo despiadadamente la carga de la devastación económica creada por la pandemia del coronavirus sobre los trabajadores, con un apoyo social mínimo o nulo para los más afectados.

La cantidad de infecciones por COVID-19 ha aumentado rápidamente desde octubre, lo que ha cobrado un terrible costo humano. Ha alcanzado un total de 3,3 millones de casos con cerca de 500.000 casos activos y 83.755 muertes en todo el continente africano —con más de la mitad en Sudáfrica— que es aproximadamente el doble del pico anterior en julio y agosto. Se espera que las infecciones y las muertes sigan aumentando. Incluso estos números subestiman enormemente la escala de infección y muerte, debido a la falta de instalaciones de prueba y sistemas para registrar las muertes.

Las tasas de mortalidad en 20 países africanos son más altas que el promedio mundial del 2,2 por ciento, y las muertes aumentaron en más del 30 por ciento en el último mes en Nigeria, Egipto y Sudáfrica.

John Nkengasong, director de los Centros Africanos para el Control de Enfermedades de la Unión Africana, advirtió que la segunda ola amenazaba con abrumar los limitados sistemas de salud del continente. Funcionarios de Nigeria, Senegal, Sudán, Sudáfrica y la República Democrática del Congo dijeron que la capacidad de sus hospitales y el suministro de oxígeno se estaban agotando.

La pandemia ha diezmado las economías y los medios de vida debido a la disminución de la demanda mundial y las restricciones y cierres locales.

Las Perspectivas económicas mundiales 2021 del Banco Mundial, publicadas este mes, declaran: "África subsahariana se ha visto muy afectada por la pandemia de COVID-19, y la actividad económica en la región se contrajo aproximadamente un 3,7 por ciento el año pasado". En las dos economías más grandes, Nigeria y Sudáfrica, la producción económica cayó aún más abruptamente en un 4,1 y un 7,8 por ciento.

Dado el aumento de la población de África subsahariana —esto equivale a una disminución del 6,1 por ciento en el ingreso per cápita promedio — que ya es asombrosamente bajo $1.585 para todo 2019 que a su vez fue una reducción del 0,25 por ciento con respecto a 2018. Si bien el informe prevé una recuperación económica moderada en 2021, esto no será suficiente para detener la caída de la renta per cápita.

La disminución del ingreso per cápita significa que el nivel de vida promedio se reducirá a los niveles de hace 10 años en una cuarta parte de los países del África subsahariana, con reveses aún más graves en Nigeria y Sudáfrica, —las dos economías más grandes y más industrializadas— que albergan a una cuarta parte de la población de la región. Continuará empujando a decenas de millones de personas más a la pobreza extrema en 2021, en la región que ya tenía más de 150 millones de personas con inseguridad alimentaria en 2019.

La pandemia ha cobrado un gran precio en los medios de vida, la seguridad alimentaria y el capital humano. Los países más afectados fueron aquellos con grandes brotes como Sudáfrica los que dependen en gran medida de los viajes y el turismo — sectores que se han estancado en gran medida en Cabo Verde, Etiopía, Mauricio y las Seychelles— así como los exportadores de productos básicos, en particular petróleo, como Angola, República del Congo, Nigeria, Guinea Ecuatorial y Sudán del Sur.

Ha habido pérdidas masivas de puestos de trabajo, especialmente en las zonas urbanas, donde la mayoría de la gente trabaja en el sector informal como jornaleros y entre las trabajadoras. Las restricciones a la movilidad personal han perturbado gravemente las actividades económicas, con el resultado de que, a pesar de cierta reapertura de la economía, el empleo sigue estando muy por debajo de los niveles prepandémicos. Los países más afectados son Kenia, donde la pérdida de empleos como porcentaje del empleo antes de la pandemia alcanzó el 60%, Gabón el 61%, República Democrática del Congo 42%, Sudán del Sur 39% y República Centroafricana (RCA) 33%.

También hubo una caída dramática en los ingresos de otras fuentes. Casi una de cada tres empresas familiares en Kenia, Nigeria y Etiopía cerró al comienzo de la pandemia, y los ingresos disminuyeron en más del 70 por ciento de las empresas familiares en Gabón, Sudán del Sur, Malawi, Uganda, Malí, Madagascar y Zambia. Los ingresos agrícolas también disminuyeron debido a la caída de los precios agrícolas, el cierre de los mercados semanales y el transporte limitado. Los flujos de remesas se desplomaron un 9 por ciento debido a la recesión económica mundial, que afectó particularmente a Malí, Nigeria, Uganda, Burkina Faso, Malawi, Zambia y Kenia.

Esta abrupta caída de los ingresos ha llevado a una reducción del consumo, con aproximadamente uno de cada 10 hogares en Malí y Zambia, cuatro de cada 10 en Kenia y más de ocho de cada 10 en la República Democrática del Congo obligados a reducir el consumo. Si bien vender activos y aprovechar los ahorros para pagar las necesidades básicas son estrategias comunes entre los hogares más acomodados, el Banco Mundial señala que tienen efectos negativos duraderos en las actividades generadoras de ingresos.

Las restricciones de cierre y los desastres relacionados con el clima, incluidas las inundaciones, las sequías y las plagas de langostas, han provocado un aumento en los precios de los alimentos en Angola, Etiopía, Ghana, Nigeria y Senegal. El aumento de los precios de los alimentos ha aumentado la escasez de alimentos, el hambre y la desigualdad social, a menudo de manera espectacular.

La inseguridad alimentaria se triplicó en Nigeria, Etiopía, Uganda y Malawi en comparación con 2019, mientras que en Malawi, Nigeria, Kenia, Sudáfrica y Sierra Leona, más de la mitad de los hogares se quedaron sin alimentos en los 30 días anteriores a la encuesta del Banco Mundial, hogares afectados de manera desproporcionada. Los cierres de escuelas agravaron el problema al limitar el acceso de los niños a las comidas escolares.

Los principales contribuyentes al hambre han sido los conflictos —a menudo de carácter étnico— y las insurgencias. Los esfuerzos de las personas para huir de la violencia han llevado a alrededor de 3 millones de desplazados internos (PDI), con el mayor aumento en Burkina Faso, con 419,000 PDI y Camerún, Mozambique, Níger y Somalia informaron más nuevos desplazamientos en la primera mitad de 2020 que en todo el 2019.

La pandemia ha afectado gravemente el acceso a la educación, con escuelas cerradas en todos los países encuestados y reemplazadas por actividades de aprendizaje a distancia, como leer libros de texto y escuchar programas de radio educativos. La aceptación de estas soluciones varió ampliamente: nueve de cada 10 niños participaron en actividades educativas en Burkina Faso y seis de cada 10 en Nigeria, pero solo tres de cada 10 en Malí y menos de dos de cada 10 en Malawi. En la mayoría de los países, los cierres de escuelas afectaron de manera desproporcionada a los niños que viven en hogares rurales o pobres con poco o ningún acceso a Internet.

Las tasas de cambio han caído alrededor de un 5 por ciento en todo el continente, exacerbando la inflación en Angola, Etiopía, Ghana, Nigeria y Senegal. Los flujos de Inversión Extranjera Directa colapsaron entre un 30 y un 40 por ciento el año pasado, junto con salidas de capital sin precedentes. La deuda del gobierno aumentó en un promedio de ocho puntos porcentuales hasta el 70 por ciento del PIB, mientras que Zambia se vio obligada a incumplir sus deudas.

Los países avanzados han dejado al continente africano tambaleándose por la prisa por conseguir vacunas para sus poblaciones. Si bien Covax, la asociación público-privada creada por la Organización Mundial de la Salud para agrupar los pedidos de los países más pobres, ha asignado 600 millones de dosis a África, el continente sigue esperando que llegue su asignación y, aparte de la falta de Sudáfrica, los recursos para obtener directamente de las grandes farmacéuticas. La Unión Africana anunció recientemente que había asegurado 270 millones de dosis —una gota en el océano— para sus 1.200 millones de habitantes, que espera comenzar a distribuir en abril, con el objetivo de vacunar al 60 por ciento de su población en dos o tres años.

Al imponer estas terribles condiciones a los trabajadores, las clases dominantes de todo el continente, así como los comentaristas políticos y el Banco Mundial, son muy conscientes de que están sentados en un polvorín social. Esto es lo que sustenta el rápido giro hacia la represión, el autoritarismo y las provocaciones étnicas y religiosas en un intento desesperado por dividir a la clase trabajadora e impedir que se desarrolle una oposición unificada internacionalista y socialista a sus políticas reaccionarias.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de enero de 2021)