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Día nacional de huelga y protestas en Puerto Rico

Maestros y empleados del gobierno llevaron acabo un día nacional de huelgas y protestas en Puerto Rico el viernes 18 de febrero. Hubo marchas y concentraciones por todo el territorio de esta isla bajo control estadounidense. En San Juan, la capital de Puerto Rico la protesta fue enorme. Los manifestantes exigen sueldos y pensiones justas, y acabar con la privatización de escuelas y servicios públicos. Aunque en la mañana la policía intentó bloquear un sector de la marcha, la protesta fue pacífica y festiva.

Marcha de empleados del gobierno exigiendo mejores sueldos, pensiones justas y mejores condiciones de trabajo, en San Juan, Puerto Rico, el viernes 18 de febrero (foto AP/Carlos Giusti)

Desde temprano en la mañana los manifestantes se juntaron en el estadio de baseball Hiram Bithorn, antes te emprender la marcha hacia la sede de la Junta de Supervisión y Administración Fiscal. Marcharon juntos maestros, trabajadores de electricidad y caminos, profesores universitarios y estudiantes. La agencia pública de electricidad fue privatizada luego del Huracán María. Ahora es administrada por el monopolio mundial LUMA.

El diario sanjuanino Primera horadescribe algunas de las condiciones que existen para los obreros en la isla:

“Las facturas de la electricidad y el agua son casi un 60% más altas en Puerto Rico que el promedio estadounidense. Los comestibles son un 18% más caros que en el territorio continental, aunque los costos de la atención médica y la vivienda, entre otros, son más bajos, según el Instituto de Estadística insular.

“Marcia Rivera, una economista y socióloga centrada en investigar la pobreza y la desigualdad, dijo que los trabajadores gubernamentales están haciendo frente al incremento de los precios con los mismos salarios que tenían en 2008.

“‘La gente está harta’, afirmó.”

Respondiendo a varias semanas de protestas, el gobernador Pedro Pierluisi les prometió a los maestros un aumento de mil dólares mensuales, a los bomberos 500 dólares y a los paramédicos un aumento de 30 porciento. La promesa de Pierluisi es mucho menos que los 3 mil quinientos dólares que exigen los maestros —el salario actual inicial para maestros es 1.750 dólares mensuales.

Sin embargo, exceptuando algunos fondos temporarios del gobierno estadounidense, nada se sabe de donde van a salir el dinero para estos aumentos, o si la Junta Fiscal les daría el visto bueno. Pierluisi no dijo nada sobre los cambios en las jubilaciones impuestos por la Junta, que recortan las prestaciones y elevan la edad de jubilación de todos los trabajadores del Estado.

Wanda Ramos, maestra de educación especial dijo que con los cambios impuestos por la Junta su pensión bajaría de 2.400 dólares a 960, según la Associated Press (AP). También dijo que hace 12 años que no le aumentan el salario. Afirmó que sólo puede comprar lo esencial, sin poder llenar su refrigerador. Ramos ayuda a su hija con su educación universitaria.

Wanda Cruz, una maestra de español de 52 años, se unió a la manifestación para protestar las nuevas reglas de pensiones. Para ella significa tener que trabajar once años más, en vez de cuatro años con la pensión actual. En vez de una jubilación que le garantiza el 75 porciento de su sueldo, recibiría 1,8 porciento más los ahorros que pueda acumular con su plan de 401K. Cruz les dijo a los periodistas de la AP que después de trabajar 22 años en el Departamento de Educación su pensión ha sido congelada, al mismo tiempo aumentaron su edad de jubilación. Calcula que cuando se jubile, recibirá 500 dólares mensuales.

Gilberto Rodríguez, de 38 años, maestro y empleado de biblioteca con 16 años de antigüedad, gana apenas 2.100 dólares mensuales. Piensa renunciar, aunque dejaría de recibir 30 mil dólares por completar un grado avanzado si el gobernador llega a firmar una ley pendiente. “Es como comenzar de cero”, dijo Rodríguez, quien comenzó en el 2006 y tendrá que trabajar 25 años más para jubilarse.

David Garay, un ex trabajador de electricidad con 21 años de antigüedad decidió no trabajar para LUMA cuando AEE fue privatizada (ahora trabaja para el Departamento de Educación) declaró que todos están enojados con el gobierno, especialmente ahora que también quieren cambiar la jubilación de la AEE.

Comparten similares experiencias decenas de miles de trabajadores puertorriqueños, cuyos sueldos y condiciones laborales fueron congeladas bajo el impacto de la crisis financiera del 2008 con el enorme desempleo y condiciones que hundieron al 45 porciento de la población en la pobreza, obligando a miles a emigrar.

La clase de poder de Puerto Rico respondió a la crisis con una caravana de medidas de austeridad y enormes recortes de presupuesto, incluyendo cierre de escuelas, y asaltos a presupuestos de universidades. Por lo tanto, se detuvieron las inversiones necesarias en proyectos de infraestructuras, incluyendo los de al Autoridad Eléctrica, a la vez que las más se apilaban deudas del gobierno.

Sin poder solucionar la crisis financiera y de empleos, la deuda se hizo impagable. En junio 2016 el Congreso estadounidense crea la Junta de Supervisión y Administración Fiscal con una mayoría de miembros compuesta por ejecutivos de Wall Street nombrados por el presidente estadounidense —bajo la autoridad de la ley PROMESA (Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act)— para pagar las deudas y estabilizar las finanzas de Puerto Rico.

Bajo la autoridad de la Junta Fiscal, continúan las medidas de austeridad. La devastación causada por el Huracán María en octubre 2017, con pérdidas económicas de alrededor de 90 mil millones de dólares en el desmoronamiento casi total de la infraestructura eléctrica, hace que la Junta imponga aun más privatizaciones y recortes.

Como resultado del acuerdo de bancarrota organizada con el gobierno del gobernador Pedro Pierluisi, la Junta Fiscal ahora crea nuevas medidas de austeridad y las impone sobre las espaldas de los trabajadores de Puerto Rico para pagar a los fondos especulativos de Wall Street y a los otros acreedores de la deuda.

La continuación de las protestas en Puerto Rico manifiesta el enorme enojo provocado por el deterioro de las condiciones de vida y la enorme desigualdad social. Lo más esencial es la construcción de un movimiento socialista de la clase obrera en contra de las medidas de los sindicatos que tienen la intención de encauzar el enojo de los obreros en protestas inútiles hacia los corruptos partidos políticos.

(Artículo publicado originalmente e inglés el 18 de febrero de 2022)

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