El derrumbe de la mina de carbón Pinabete en Coahuila, México, el 3 de agosto dejó a 10 mineros atrapados y con su vía de escape inundada. Ahora se presumen muertos. Cuatro mineros pudieron escapar y se encuentran hospitalizados. El 15 de agosto, el decimotercero día de los esfuerzos de rescate, después de que ocurriera una segunda inundación de las galerías de la mina, cambió la naturaleza de la búsqueda. Ahora se trata de recuperar los cadáveres de los 10 hombres.*

Los encargados del rescate estiman que se tardará al menos entre seis y 11 meses en recuperar los cuerpos. “Estábamos bien hasta que se agrandó una abertura en la abandonada mina contigua, que acumula más agua”, declaró el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

La “mina contigua”, Las Conchas, que cerró en 1996, está muy cerca del río Salinas, la fuente de las aguas de la inundación. La empresa (Compañía Minera El Pinabete) había obtenido un permiso de operación por parte del Ministerio de Economía y supuestamente inspeccionada por el Ministerio de Trabajo (a cargo de todas las inspecciones de minas).

Los permisos son otorgados a pesar de que otra rama del gobierno, el Servicio Geológico Mexicano (SGM), estableció hace algún tiempo que toda la región era insegura para la minería.

En 2013, la revista de noticias de la Ciudad de México, Proceso, obtuvo de SGM mapas de la región carbonífera en los que muchas áreas dentro de la región están marcadas con líneas rojas que indican dónde no explotar.

La mina Pinabete operaba bajo contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para suministrar combustible a las plantas eléctricas públicas ubicadas en Coahuila de acuerdo con la política energética vigente. Desde que asumió la presidencia en 2019, López Obrador, conocido como AMLO, ha seguido una política energética más nacionalista, favoreciendo el uso de combustibles fósiles extraídos en México.

Pinabete constaba de tres estrechos pozos verticales interconectados que conducían a galerías de 60 a 80 metros de profundidad y que se inundaban. En todos los sentidos, la mina era insegura; sus mineros carecían de equipo de seguridad, no había equipo de emergencia o de mitigación de riesgos, ni medios para señalizar la superficie. Además, mineros trabajaban encorvados en la galería de la mina.

Cuando el pozo se inundó, las 10 víctimas simplemente no tuvieron tiempo de escapar. Sin embargo, los familiares y los mineros del lugar sugirieron que inicialmente podrían haber sobrevivido si hubieran encontrado un terreno más alto y, en consecuencia, condenaron enérgicamente la respuesta lenta e ineficaz de los funcionarios.

Según un informe del corresponsal de La Jornada, Leopoldo Ramos, la falta de condiciones de seguridad trajo a la memoria la tragedia del 19 de febrero de 2006, cuando una explosión de metano mató a 65 mineros, 63 de los cuales siguen bajo tierra. El responsable directo de esas muertes fue el gigante minero IMMSA (Industria Minera México Sociedad Anónima), una división de Grupo México, un conglomerado poderoso, rico y bien conectado con tentáculos en la extracción de petróleo, minería del cobre y el carbón, y el transporte.

Al igual que con la larga lista de desastres mineros y muertes en esta región, ninguna empresa, ninguna agencia gubernamental, ningún sindicato jamás ha sido declarado responsable (en menos de un mes después de la explosión de Pasta de Conchos, en la Ciudad de México, la Cámara de Diputados Mexicana aprobó reformas constitucionales que premiaron a los barones del carbón, incluida IMMSA, con nuevos permisos de operación que garantizaron más de $500 millones en ganancias).

Según fuentes oficiales, en consulta con los familiares, el plan ahora es cavar un hoyo al lado de la mina para recuperar los 10 cuerpos. A continuación, se colocará un monumento en honor a los caídos.

En 2012, bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto, los principales partidos políticos (PAN, PRI, PRD, Verdes) firmaron el “Pacto por México” que, entre otras cosas, abolió la minería subterránea de carbón, sin garantías de seguridad para los mineros. Ha pasado una década sin que se den cambios. Los reguladores estatales y federales continúan tratando a los magnates del carbón con guantes de seda a costa de vidas humanas.

Durante los últimos 25 años, al menos 153 mineros del carbón han muerto en accidentes mineros prevenibles (80 desde 2006). Un sistema gubernamental de inspección y seguridad minera existe solo de nombre, escaso de fondos.

AMLO ha declarado que su gobierno investigará cómo se manejaba la mina Pinabete y si había sido autorizada por las autoridades federales. “Se va a hacer una investigación completa”, dijo López Obrador. Al ser cuestionado, el mandatario aseguró que una de sus promesas de campaña había sido no otorgar más permisos de operación en esta región.

Tras el desastre de Pasta de Conchos de 2006, los familiares de las 65 víctimas, algunos de los cuales habían sido violentamente reprimidos por la policía y por matones de la empresa por tratar de organizar su recuperación, formaron un grupo no gubernamental, la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC). A lo largo de los 16 años transcurridos, ha luchado por la recuperación de los restos de los mineros y que se hicieran públicas las verdaderas causas del desastre. El grupo también ha organizado escuadrones de rescate para ayudar a las víctimas de otros desastres mineros. En 2020, la administración de AMLO inició el intento de recuperar a las víctimas de 2006; el proyecto hasta ahora ha estado plagado de retrasos.

Según estudios y testimonios de la OFPC, recogidos en el libro El Carbón Rojo de Coahuila—aquí acaba el silencio, publicado en 2018 con el auspicio de la Fundación Heinrich Böhl, más de 3.000 mineros han sido asesinados desde que se inició la minería del carbón en la región en 1883 hasta 2017.

El libro narra en detalle la falta total de medidas de seguridad por parte de las empresas y la indiferencia de las autoridades gubernamentales ante las condiciones en las minas.

El capítulo tres es una exposición del papel corporativo del sindicato de trabajadores mineros (Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Simiares de la República Mexicana) que “representa” a muchos de los mineros de la región. El capítulo presenta evidencia de tratos íntimos entre la rica burocracia sindical y los magnates del carbón. La exposición describe cómo el sindicato amenazaría con ir a la huelga por seguridad, solo para cancelarla en el último minuto, una práctica común para los sindicatos en todo el mundo.

Desde los hechos de Pasta de Concho, cuatro presidentes de diferentes partidos han gobernado México: Vicente Fox (del centrista Partido Revolucionario Institucionalista, PRI), Felipe Calderón (del centroderechista Partido Acción Nacional, PAN), Enrique Peña Nieto (PRI) y Andrés Manuel López Obrador (Partido Morena de centroizquierda).

Cada uno de estos gobiernos ha tenido estrechos vínculos con el corporativista y corrupto sindicato minero. En 2006, luego de la explosión de Pasta de Conchos, el líder de ese sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, se vio obligado a buscar refugio en Canadá, luego de ser señalado por sus actos corruptos. Debido a sus conexiones con la AFL-CIO, logró obtener la ciudadanía canadiense.

Actualmente es diputado por el oficialista Partido Morena, luego de ser recibido nuevamente por el propio AMLO.

Que el sindicato no ha cambiado lo demuestra una de las reacciones más cínicas ante la muerte de los 10 mineros del burócrata sindical Javier Martínez Valadez del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato minero. Reconoció que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene solo dos o tres inspectores en la región y afirmó que, si hubiera más inspectores, minas como Pinabete no existirían. Explicó que, a pesar de que las minas son trampas mortales, cada vez que los gobiernos proponen eliminarlas, los habitantes de la región se oponen, ya que es su única fuente de empleo.

Al culpar a los mineros de su propia muerte, Martínez agregó: “Además, estos trabajadores optan por ganar más dinero en lugar de seguridad o beneficios de jubilación. No están acostumbrados a trabajar de manera ordenada y no quieren pagar cuotas [sindicales] ni ser sancionados por ausentismo. Si en cuatro o cinco días ganan bien, les basta para vivir”.

Los mineros seguirán muriendo, declaró Martínez.

Las minas de Coahuila son parte de una región geológica que se extiende hacia el norte a través del Río Grande que separa a México de EE UU., y a Coahuila de Texas. A ambos lados de la frontera, el carbón es rojo sangre, ya que las ganancias de los monopolios del carbón se extraen a costa de la vida de los mineros. A lo largo de la primera mitad del siglo XX, en Texas y Coahuila, masivas huelgas mineras enfrentaron la represión estatal por parte del capital privado.

En 1903 en Thurber, Texas, una poderosa huelga de mineros del carbón enfrentó a los trabajadores contra los Texas Rangers (Guardianes de Texas) y ayudó a establecer el sindicato United Mine Workers. La huelga incluyó una marcha de mineros y sus seguidores fuera de la ciudad que prácticamente dejó vacía esta importante ciudad minera del carbón.

En Coahuila, una huelga de mineros en 1950 en las minas Nueva Rosita, Palau y Clorete se convirtió en una virtual guerra civil, ya que el gobierno envió tropas, reprimió a los mineros y trató de someterlos al hambre. Luego de esta huelga, los mineros de Coahuila marcharon hacia la Ciudad de México, un recorrido de 1.500 kilómetros (900 millas), con la intención de apelar al presidente Miguel Alemán. La protesta masiva, conocida como la Marcha del Hambre, nunca logró su objetivo; el presidente, miembro del Partido Revolucionario Institucionalista (PRI), encarceló a los manifestantes en un estadio deportivo y los obligó a rendirse. La derrota allanó el camino para que el gobierno estableciera un liderazgo corporativo “charro” para ese sindicato.

Así como la explosión en Pasta de Concha de 2016 fue seguida por huelgas de protesta espontáneas en las minas de cobre y otros sectores de esa industria, el gobierno de AMLO, junto con los barones del carbón y las corporaciones multinacionales, son muy conscientes de que este nuevo desastre puede provocar luchas laborales en todo el país.

El World Socialist Web Site y el Comité Internacional de la Cuarta Internacional hacen campaña por la formación de comités de base para liderar estas luchas, rechazando el sindicalismo charro y las falsas garantías del gobierno de AMLO, los sindicatos y las corporaciones. Estos comités deben liderar la lucha para terminar con los permisos de extracción de carbón en regiones geológicamente inestables de Coahuila; para que los mineros tomen el control de las inspecciones y medidas de seguridad; y que trabajen operando las minas e industrias bajo el control de los trabajadores. Los comités de base deben ir más allá de las fronteras de México y establecer alianzas con mineros de todo el mundo.

Esencial para esa lucha es el renacimiento del trotskismo en México, la nación que dio la bienvenida a León Trotsky en 1937, mediante el establecimiento de una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

* Los mineros enterrados son:

1. José Luis Miguelez, 46

2. Jaime Montelongo Pérez, 61 años

3. Mario Alberto Cabriales Uresti, 45 años

4. Hugo Tijerina Amaya, 29 años

5. Sergio Gabriel Cruz Gaitán, 29

6. Jorge Luis Martínez Valdez, 34

7. Margarito Rodríguez Palomares, 54 años

8. José Rogelio Moreno Leija, 42 años

9. José Rogelio Moreno Morales, 22

10. Ramiro Torres Rodríguez, 24

(Publicado originalmente en inglés el 16 de septiembre de 2022)