El 11 de abril se cumplen cuatro años desde que el fundador y editor de WikiLeaks, Julian Assange, fue sacado violentamente de la embajada de Ecuador en Londres y detenido por la policía británica. Desde entonces, Assange ha estado encarcelado, sin interrupción, en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, descrita por algunos como 'la Guantánamo británica'.

La detención en curso de Assange, en un centro diseñado para albergar a terroristas y delincuentes violentos, no se debe a que haya sido condenado por ningún delito. Su único propósito es facilitar una solicitud de extradición de Estados Unidos que ha sido denunciada por grupos de derechos humanos como un atroz ataque a la libertad de prensa.

Su único 'delito' es haber publicado información veraz como periodista, sacando a la luz crímenes de guerra dirigidos por Estados Unidos. Eso incluye documentos del ejército estadounidense que muestran miles de muertes de civiles en Irak y Afganistán que habían sido encubiertas por el gobierno estadounidense y graves violaciones del derecho internacional, desde masacres de Estados Unidos y la OTAN hasta torturas.

Por todas estas horribles acciones, la única persona que se ha enfrentado a penas de prisión ha sido Assange, que fue quien las sacó a la luz.

Las imágenes de la detención de Assange conmocionaron a todo el mundo. El periodista no sólo fue maltratado por la policía británica. Su estado físico también se había deteriorado notablemente. En los últimos años de su estancia, la embajada ecuatoriana había pasado de ser un lugar de refugio a una prisión de facto, con espionaje y otras intrigas, que desde entonces se ha revelado que incluyeron conversaciones de la CIA sobre un posible secuestro o asesinato del editor de WikiLeaks.

La detención fue en sí misma un delito.

El estatus de Assange como refugiado político reconocido internacionalmente ha sido confirmado en repetidas ocasiones por los organismos pertinentes de las Naciones Unidas. Además, fue detenido por instigación del gobierno de Estados Unidos. Su persecución fue la base misma de su condición de refugiado, lo que significa que la expulsión de Assange por parte del gobierno derechista ecuatoriano violó el principio fundamental de no devolución, que prohíbe que un solicitante de asilo sea devuelto a un país en el que se enfrenta a graves amenazas contra su vida o su libertad.

No obstante, algunos pueden haber albergado ilusiones de que al menos Assange recibiría acceso a la atención médica que no pudo recibir en los confines de la embajada, y de que se le ofrecería un proceso judicial, que si se basara en las garantías procesales, los precedentes y las normas probatorias, no podría perder.

Sin embargo, tales ilusiones se han hecho añicos. Los cuatro años de detención de Assange han sido una letanía de abusos.

Assange lleva ya unos 1.460 días encarcelado en la prisión de Belmarsh. Teniendo en cuenta que tiene 51 años, que cumplirá 52 en julio, eso constituye casi el 12 por ciento de su vida adulta. Si se añade el período de su asilo, Assange ha estado en algún tipo de detención durante cerca de 11 años, o casi un tercio de su vida adulta.

Su custodia en Gran Bretaña se ha caracterizado por dos procesos interrelacionados, ambos promoviendo el objetivo estadounidense de destruir a Assange. El primero ha sido la total indiferencia ante el deterioro de la salud de Assange. El segundo, el compromiso del poder judicial de hacer todo lo posible para impulsar la campaña legal contra el editor de WikiLeaks.

Fue en noviembre de 2019 cuando eminentes expertos médicos advirtieron públicamente por primera vez de que la salud de Assange estaba empeorando hasta el punto de que podría morir en prisión y exigieron su liberación inmediata. Desde entonces, los tribunales británicos han rechazado repetidamente las solicitudes de libertad bajo fianza, a pesar de que Assange no cumple condena por ningún delito y es un intelectual frágil y no violento.

La consecuencia totalmente previsible de esas decisiones ha sido un mayor deterioro de Assange, que ha sufrido un derrame cerebral entre rejas, ha contraído COVID-19 y, según sus familiares y abogados, se ha ido encontrando cada vez peor.

Esto ha ido de la mano de casi innumerables ataques judiciales. El Reino Unido sigue adelante con la petición estadounidense de Assange, a pesar de que el tratado pertinente entre las dos naciones prohíbe explícitamente la extradición por delitos políticos, y los cargos contra el editor de WikiLeaks, en virtud de la Ley de Espionaje y por publicar documentos que exponían al gobierno estadounidense, son explícitamente políticos.

El 'proceso legal' ha continuado y avanzado, a pesar de que el caso de EE.UU. para la extradición se ha derrumbado. En junio de 2021, Sigurdur 'Siggi' Thordarson, un delincuente convicto de Islandia, admitió que su testimonio contra Assange había sido mentira, ofrecida a cambio de inmunidad judicial.

Extraordinariamente, esas mentiras admitidas permanecen en la acusación actual de Estados Unidos. Los estimados jueces británicos simplemente han ignorado el hecho de que la acusación, cuyos méritos están juzgando, contiene falsedades abiertamente reconocidas.

En septiembre de 2021, Yahoo News publicó un detallado informe de investigación. Basándose en las declaraciones de más de 30 funcionarios y ex funcionarios estadounidenses, demostró, más allá de toda duda, que la administración Trump y la CIA habían discutido y tramado el secuestro o asesinato ilegal de Assange en Londres. En el proceso de esta operación, también habían vigilado ampliamente sus conversaciones confidenciales con abogados y consultas privadas con médicos.

La acusación penal contra Assange solo se redactó para reforzar estos planes extrajudiciales y mafiosos.

Si algo de esto ocurriera en Rusia o China, la prensa corporativa, junto con los políticos occidentales, no dudarían en denunciarlo como un infame montaje y persecución política. Pero en lugar de eso, la detención de Assange continúa, y la perspectiva de extradición se acerca cada vez más.

Hay que aprender una lección. No falta apoyo al editor de WikiLeaks, a quien amplias capas de trabajadores y jóvenes consideran una figura heroica y de principios. Pero ese apoyo sigue latente y aún no ha tomado la forma de un movimiento de masas que luche por su libertad.

Sin duda, las mentiras, las ofuscaciones y, casi siempre, el silencio de los medios de comunicación corporativos han desempeñado un papel en ello.

Pero una perspectiva política definida también comparte la responsabilidad. Durante los últimos cuatro años, la campaña oficial respaldada por WikiLeaks se ha centrado en los grupos de presión de la trastienda de los políticos capitalistas y otras personas prominentes. Se han emitido llamamientos plañideros a prácticamente todos los gobiernos y líderes, desde Trump, a Biden en Estados Unidos, y Johnson y los laboristas en Gran Bretaña. En Australia, se promovieron ilusiones de que el gobierno laborista, elegido el año pasado, marcaría una ruptura con su predecesor conservador y defendería a Assange como ciudadano australiano perseguido.

Pero esas ilusiones se han desvanecido, o deberían haberse desvanecido. Todos los gobiernos y partidos políticos oficiales mantienen un apoyo abierto a la persecución de Assange, o una complicidad tácita. Incluso cuando se expone como una victimización sin ley, proclaman su respeto por el 'proceso legal' que tiene como objetivo arrojar a Assange a una mazmorra de la CIA para el resto de su existencia.

En los últimos cuatro años, el contenido político del caso se ha vuelto cada vez más claro. El intento de extradición de EE.UU. no es sólo una retribución por la exposición de Assange de las guerras ilegales del pasado. Es también un intento de intimidar la amplia oposición que existe a los nuevos y aún mayores crímenes que el imperialismo estadounidense y mundial están preparando.

La cuarta parte del encarcelamiento británico de Assange ha coincidido con la guerra en Ucrania. Ese conflicto, avivado, preparado e instigado por Washington, es ahora indiscutiblemente una guerra por poderes entre Estados Unidos y la OTAN, por un lado, y Rusia, por el otro. Este mismo mes, documentos filtrados en Internet han demostrado que tropas estadounidenses se encuentran sobre el terreno en Ucrania y dirigen los combates.

Este es sólo un frente de lo que se está convirtiendo en una guerra global. Con el pleno apoyo del gobierno laborista que se niega a defender a Assange, la administración Biden está activando planes de larga data para un conflicto directo con China, que es vista como la principal amenaza para el dominio económico imperialista estadounidense.

Como en el siglo XX, el impulso hacia la guerra es incompatible con los derechos democráticos básicos, e inevitablemente va acompañado de inculpaciones, victimizaciones y persecución política.

Pero la guerra se desarrolla en condiciones de un inmenso crecimiento de la lucha de clases a escala internacional, con explosivas revueltas que se extienden desde Sri Lanka hasta Francia y prácticamente por todas partes. Este movimiento global emergente, que tiene implicaciones revolucionarias, es la base no sólo de la lucha contra la austeridad capitalista, sino también de la lucha contra la guerra y en defensa de los derechos democráticos.

Es a las emergentes luchas de masas de trabajadores y jóvenes a las que deben dirigirse los defensores de Assange y de las libertades civiles. Los gobiernos sólo liberarán a Assange si se ven obligados a hacerlo por un movimiento de masas desde abajo. El WSWS y el Partido Socialista por la Igualdad continuarán haciendo todo lo posible para plantear el caso Assange en las luchas que están surgiendo y para animar a los trabajadores que entran en la lucha a inscribir la lucha por su libertad en su bandera.

(Publicado originalmente en inglés el 10 de abril de 2023)