El viernes, la Cámara de Representantes aprobó por 273 votos a favor y 147 en contra un proyecto de ley para reautorizar y reforzar el espionaje electrónico sin orden judicial por parte del gobierno estadounidense en lo que se conoce como Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, sigla en inglés). Se espera que la prórroga de dos años sea aprobada por el Senado y luego firmada como ley por el presidente Joe Biden.

Los poderes de vigilancia de la Sección 702, que expiran el 19 de abril si no se renuevan, son una violación flagrante de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos contra los registros e incautaciones irrazonables. Permiten a las agencias de inteligencia recopilar comunicaciones electrónicas de ciudadanos y no ciudadanos estadounidenses sin orden judicial, interviniendo directamente los sistemas de los proveedores de telecomunicaciones e Internet, como AT&T, Verizon, Google y muchos otros.

La votación bipartidista —147 demócratas se unieron a 126 republicanos para aprobar el proyecto de ley— demostró una vez más que la clase política estadounidense apoya el acceso sin trabas de las agencias de espionaje, es decir, la NSA, la CIA y el FBI, a las comunicaciones electrónicas y afirma que la vigilancia general es una cuestión de seguridad nacional crítica que prevalece sobre los derechos de la Cuarta Enmienda.

Según el lenguaje oficial de las normas de la FISA, las agencias de inteligencia estadounidenses están autorizadas a recopilar datos de correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas y a vigilar las comunicaciones de ciudadanos extranjeros fuera de Estados Unidos sin necesidad de una orden judicial. Sin embargo, esta actividad también recopila necesariamente la misma información de los ciudadanos estadounidenses que se comunican con los 'objetivos' extranjeros. Las agencias de inteligencia alegan que la vigilancia es necesaria para luchar contra la trata de seres humanos, los ciberdelitos, el contrabando de drogas y las tramas terroristas.

El fraude que se esconde tras estos argumentos y la violación de los derechos democráticos básicos han quedado al descubierto en repetidas ocasiones desde que la administración de George W. Bush estableció por primera vez la operación de espionaje ilegal tras el 11-S.

Después de que se establecieran las normas de la Sección 702 en 2008, una supuesta reforma de la vigilancia que legalizaba las operaciones, la propia supervisión interna del gobierno estadounidense y el control de estos poderes han demostrado que las comunicaciones de todo el mundo están siendo ilegalmente recogidas y registradas a voluntad independientemente de la ciudadanía.

En mayo del año pasado, por ejemplo, los expedientes judiciales desvelados mostraron que el FBI violó las normas de la Sección 702 al menos 278.000 veces. Los documentos mostraban que la base de datos de la FISA se utilizó en investigaciones policiales nacionales sobre el ataque al Capitolio de EE.UU. del 6 de enero de 2021, las protestas masivas de George Floyd en la primavera y el verano de 2020 y 19.000 contribuciones financieras a un candidato al Congreso.

Durante las maniobras políticas en la Cámara de Representantes antes de que se ultimara y aprobara el proyecto de ley de reautorización, se produjeron una serie de acontecimientos extraordinarios pero nada sorprendentes. Al parecer, el presidente Biden hizo llamadas telefónicas a congresistas para que cambiaran de opinión y rechazaran una enmienda que exigía que el gobierno obtuviera una orden judicial antes de registrar las comunicaciones de ciudadanos estadounidenses.

El demócrata Biden logró bloquear la enmienda al unirse con el presidente republicano Mike Johnson —quien afirma que el presidente no fue elegido legítimamente y está trabajando directamente con Donald Trump para perturbar el voto en las elecciones de 2024—, quien emitió el voto decisivo para un empate 212-212. En la Cámara, un empate equivale a una derrota.

El jueves por la noche, la Casa Blanca emitió un comunicado en el que afirmaba que 'se opone firmemente' a la enmienda de la orden judicial porque 'reconstruiría un muro alrededor, y por tanto bloquearía nuestro acceso, a información ya recopilada legalmente en posesión del Gobierno de EE.UU.'. En otras palabras, dado que los datos ya se han recopilado violando la Cuarta Enmienda, la Constitución no debería impedir que los servicios de inteligencia y las fuerzas del orden los utilicen como consideren oportuno.

En el período previo a la aprobación del proyecto de ley, Trump había movilizado a sus partidarios fascistas en la Cámara en una campaña para 'MATAR a la FISA', diciendo que fue utilizada para espiar su campaña para presidente en 2016. Días antes de su aprobación, el proyecto de ley cayó derrotado, lo que obligó a realizar una serie de ajustes, entre ellos la reducción de la duración de la autorización de cinco a dos años.

Otras modificaciones del proyecto de ley, que aumentan los poderes de vigilancia, permiten la recopilación de información de inteligencia sobre organizaciones extranjeras de tráfico de estupefacientes y la investigación de posibles visitantes extranjeros a Estados Unidos. El proyecto de ley también faculta a determinados líderes del Congreso para observar audiencias clasificadas ante el tribunal FISA que autoriza la vigilancia de seguridad nacional de cualquier persona y amplía los tipos de empresas con acceso a comunicaciones extranjeras a las que se puede exigir que participen en el programa.

Detrás de la campaña del gobierno de Biden para aprobar la reautorización de la Sección 702 está la estrategia hegemónica del imperialismo estadounidense y los planes de guerra mundial que desarrolla el Pentágono. Los demócratas y los republicanos temen el creciente movimiento contra el genocidio israelí respaldado por Estados Unidos en Gaza y la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania.

Los poderes de vigilancia de la Sección 702 son una parte fundamental del aparato represivo que se está construyendo con el objetivo de suprimir la oposición a la guerra entre los jóvenes y en la clase trabajadora. La defensa de los derechos democráticos no puede confiarse a ningún sector de la élite capitalista dominante, incluida el ala nominalmente liberal. Requiere la movilización política independiente de la clase obrera en la lucha por el socialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de abril de 2024)