Dirigentes de la Confederación General del Trabajo de Argentina (CGT) han revelado que Pablo Moyano, colíder de la CGT y Camioneros, se retiró de la manifestación del 12 de junio en las afueras del Congreso a la hora que las fuerzas de seguridad le advirtieron que empezaría la represión policial.

La protesta fue convocada en oposición a la llamada “Ley de Bases” presentada por el presidente fascistizante Javier Milei y aprobada esa noche por el Senado. El proyecto de ley, que se espera que apruebe la cámara baja con sus modificaciones recientes, incluye ataques amplios contra los derechos laborales, medidas de austeridad y privatizaciones.

Moyano encabezó a la minoría de la CGT que decidió unirse a las protestas, afirmando: “Estaremos en la calle las horas que sean necesarias para que los senadores vean que hay un pueblo movilizado que les está exigiendo que no voten esa ley”.

Sin embargo, a eso de las 3 de la tarde, tomó la inusual decisión de irse con toda su columna, a pesar de que aún estaban llegando personas a la protesta.

Poco después, la policía federal antidisturbios y los gendarmes provocaron enfrentamientos al atacar la manifestación con gases lacrimógenos, cañones de agua, balas de goma y porras.

Los manifestantes fueron perseguidos por la policía en motocicletas hasta 20 cuadras para ser golpeados y arrestados. En total, 36 fueron detenidos y al menos 100 necesitaron atención médica por sus lesiones. Los que han sido liberados (16 permanecen bajo custodia) dijeron que fueron golpeados mientras les hacían preguntas. “¿Cuánto les pagaron por ir ahí, eh? ¿Y vos de qué agrupación sos?”, uno relató sobre la interrogación.

El martes siguiente, el diario Clarín escribió:

“Estaba avisado desde el día anterior que a las 15 la situación se iba a complicar”, señaló ante Clarín un importante cacique cegetista para explicar la sorpresiva conducta de Moyano. Otro gremialista dio crédito a la misma versión y deslizó que el camionero había sido alertado de posibles incidentes presuntamente por sectores vinculados a los servicios de inteligencia.

La participación de Pablo Moyano y su ala “kirchnerista” (seguidores de la expresidenta peronista Cristina Fernández de Kirchner) fue evidentemente una pantomima para fingir oposición, ya que no hubo ningún esfuerzo para movilizar a sus decenas de miles de miembros ni mucho menos hacer huelga.

La mayoría de la burocracia de la CGT se negó a protestar por completo, incluidos los otros dos secretarios generales Héctor Dáer y Carlos Acuña, junto con los dirigentes Gerardo Martínez y Hugo Moyano, padre de Pablo Moyano y largamente el jefe de Camioneros.

En una conferencia dos semanas antes, la CGT votó una resolución que decía: “Hay que respetar la decisión del Congreso que es una entidad democrática”. Después de todo, gran parte de la dirección sindical está compuesta por políticos capitalistas, que ocupan o han ocupado cargos en el Congreso y el partido burgués peronista.

Si bien hay indicios de un conflicto dentro de la burocracia sindical entre el ala de Pablo Moyano y la mayoría, gira en torno a diferencias tácticas sobre cómo encubrir su subordinación y colaboración con el régimen fascistizante de Milei, así como disputas sobre recursos e incluso posibles posiciones dentro del Gobierno.

Los sindicatos pertenecientes a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y a la CTA Autónoma enviaron delegaciones, pero también se negaron a movilizar ampliamente a las bases y a hacer huelga, incluso después de que comenzara la represión. Los aceiteros votaron masivamente a favor de una huelga, pero el sindicato la suspendió en respuesta a una orden judicial.

Los dirigentes de la CGT han explicado en declaraciones públicas que están satisfechos con el curso de las negociaciones con el Gobierno de Milei. A pesar de que más de 100.000 trabajadores de la construcción perdieron sus empleos después de que Milei terminara todos los contratos de obras públicas, Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), destacó la “necesidad” no solo de mantener “el diálogo tripartito como instrumento y llave maestra para resolver los graves problemas, pero que ese diálogo tripartito sea institucionalizado”. Añadió que esto debería suceder independientemente del “funcionario de turno”.

La mera consideración de que los trabajadores tienen algo que negociar con Milei desenmascara a todo el aparato sindical como una conspiración contra la clase trabajadora.

Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel son fascistas que no solo han defendido la tortura y el asesinato de decenas de miles de trabajadores y jóvenes de izquierda bajo la dictadura militar respaldada por Estados Unidos en 1976-1983, sino que también están utilizando la misma retórica anticipando la reimposición de formas fascistas de gobierno. Milei, además, se ha convertido en un icono mundial promovido por las oligarquías financieras de los ataques más agresivos contra la clase trabajadora y es uno de los defensores más rabiosos del genocidio estadounidense-israelí en Gaza.

En cualquier caso, ¿cuál ha sido el resultado de estas negociaciones entre sindicato y Gobierno? Milei efectivamente ha prohibido las protestas, eliminado cientos de miles de programas de asistencia social, despedido a decenas de miles de empleados públicos y utilizado la inflación para imponer un recorte histórico a los salarios reales. El efecto de estas políticas se resume en el aumento de la tasa de pobreza en el que fue el país más rico de América Latina a casi el 60 por ciento.

Para los burócratas sindicales, sin embargo, el asunto se resolvió cuando el Gobierno de Milei acordó excluir de su “Ley de Bases” una cláusula que eliminaba las cuotas sindicales automáticas para los no miembros, las llamadas “cuotas de solidaridad”, asegurando así una de las fuentes principales de ingresos para la burocracia.

El único sindicato que hizo huelga y movilizó a miles de miembros el 12 de junio fue el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), liderado por el pseudoizquierdista Partido Obrero (PO). Si bien ha negociado aumentos más cercanos a la inflación que otros sindicatos, el PO y SUTNA han mantenido una orientación nacionalista ruinosa, haciendo llamados a la burocracia sindical peronista en la CGT y las CTA para que llamen a una huelga nacional y a los tribunales, el Congreso y las agencias burguesas internacionales para oponerse a la represión estatal, exigir que se respeten los acuerdos laborales y oponerse a los despidos en curso, incluidos los más recientes 97 despidos injustificados de trabajadores en FATE. El sindicato emprendió una campaña chovinista denunciando “el reemplazo de mano de obra argentina por importación de neumáticos extranjeros de Bridgestone”, lo que expone la hostilidad del PO a cualquier lucha por unir a los trabajadores a nivel internacional contra el capital global.

Esta perspectiva es compartida por las organizaciones en torno al Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), que incluye al PO y varios partidos morenistas. En su publicación La Izquierda Diario, el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) lamentó que “Moyano traicionó sus propias palabras” y que las direcciones de la CGT y la CTA fueron responsables de la represión del 12 de junio.

Izquierda Diario afirma falsamente que el Gobierno se tuvo que doblegar ante la oposición dentro y fuera del Congreso, escribiendo que Milei “tuvo que dar grandes concesiones para no perderlo todo”. Etiquetar de “concesiones” los cambios en el proyecto de ley, que simplemente posponen un puñado de privatizaciones y ataques a programas sociales y derechos laborales, es el equivalente a agradecer a un ladrón violento y armado por permitir quedarte la billetera y algunos dientes.

La insistencia de los partidos del FIT-U en que la CGT y las CTA deben liderar la lucha contra Milei fue el principal factor responsable de la represión, ya que esto impidió que los trabajadores más conscientes y militantes rompieran con las ilusiones en el peronismo y el Estado capitalista en su conjunto.

Ya es hora de que los trabajadores saquen conclusiones de largo alcance sobre la naturaleza de los sindicatos

Durante las décadas desde la dictadura, el aparato sindical ha impuesto traiciones continuas y ataques históricos contra sus niveles de vida.

En respuesta a la globalización de la producción capitalista durante el último medio siglo, los sindicatos se integraron aún más en la gestión corporativa y el Estado y se convirtieron en meros contratistas de mano de obra al precio más barato para facilitar el movimiento de capital a nivel mundial bajo la bandera de seguir siendo “competitivos”.

A raíz de la disolución de la URSS y las traiciones generalizadas a nivel mundial por parte de los sindicatos y todas las demás organizaciones de base nacional, solo el Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) llegó a la conclusión de que los sindicatos ya no pueden considerarse “organizaciones obreras”.

Como explicó León Trotsky, el fundador de la Cuarta Internacional, en 1937, si estas organizaciones “defendieran los ingresos de los burgueses de los ataques de los trabajadores, dirigieran una batalla contra las huelgas, contra el alza de salarios, contra la ayuda a los desempleados; entonces tendríamos una organización de esquiroles y no un sindicato”.

Ahora, las industrias que alguna vez prosperaban en Argentina son objeto de despidos masivos como ariete para abaratar la mano de obra y transformar la economía en un patio de recreo para la especulación financiera, la extracción de gas natural, petróleo, litio y otros minerales clave, y exportaciones agrícolas.

Tres días antes de la represión del 12 de junio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció una Unidad de Seguridad Productiva de la policía, que se concentrará en puertos, centros industriales y yacimientos importantes de minería y gas. “Vamos a combatir todos los delitos que perjudican a la productividad. No vamos a permitir que se bloqueen las entradas de las empresas para impedirles producir”, explicó. Bullrich añadió: “Aspiramos a que el costo argentino baje”.

La versión de la “Ley de Bases” aprobada por el Senado también prohíbe los piquetes, declarando que “la participación activa en bloqueos de carreteras u ocupaciones en el lugar de trabajo” es una causa legítima de despido.

A medida que la clase dominante prepara formas de gobierno dictatoriales y fascistas, la burocracia sindical está compitiendo por puestos y privilegios ante la nueva reconfiguración, promocionando su propio papel en la represión de los trabajadores antes del golpe militar fascista de 1976 y la colaboración con la propia dictadura.

En abril de 2023, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Wendy Sherman, declaró que la CGT era un “modelo” para toda la región después de reunirse con una delegación encabezada por Gerardo Martínez, quien también actúa como secretario de relaciones exteriores de la confederación. El World Socialist Web Site comentó en ese momento:

La designación estadounidense de la CGT como un “modelo” de sindicalismo tiene implicaciones particularmente siniestras, dada la historia de este aparato derechista durante el período previo al golpe militar de 1976. Desempeñó el papel principal en la organización de la Alianza Anticomunista Argentina, o Triple A, una red de escuadrones de la muerte que mató y desapareció a cientos de trabajadores militantes y de izquierda e incluso delegados sindicales en un intento de sofocar el creciente levantamiento de trabajadores y jóvenes.

Hugo Moyano, de Camioneros, desempeñó un papel activo en la Triple A. Además, a mediados de la década de 1970, la CGT celebraba abiertamente la lucha “antisubversiva” de los militares contra los militantes de izquierda y las guerrillas. Las conexiones de los Moyano con las agencias de inteligencia bajo el régimen fascistizante de Milei, como lo destacaron los eventos del 12 de junio, deberían ser una advertencia para los trabajadores de todo el mundo.

El “modelo CGT” que promueve la Administración de Biden es aquel establecido por Juan Perón, que había regresado de ser agregado militar en la Italia fascista de Mussolini con la esperanza de reproducir la transformación de los sindicatos por parte del d uce en un apéndice del Estado capitalista. Durante su primer Gobierno (1946-1955), Perón utilizó la riqueza relativa del país y la rápida industrialización después de la Segunda Guerra Mundial para implementar importantes reformas sociales y construir una burocracia sindical corporativista leal a sí mismo, principalmente como un medio para bloquear la influencia del socialismo en la clase trabajadora. Cuando las condiciones cambiaron, este aparato sindical se convirtió en un participante directo del Estado policial.

“En tiempos de guerra o revolución, cuando la burguesía se ve sumida en dificultades excepcionales”, como escribió Trotsky en el Programa de Transición, “los dirigentes sindicales se convierten usualmente en ministros burgueses”. En consecuencia, la Cuarta Internacional debe esforzarse “por crear en todos los casos posibles organizaciones militantes independientes que se correspondan más estrechamente con las tareas de la lucha de masas contra la sociedad burguesa; y, si es necesario, no retroceder incluso ante una ruptura directa con el aparato conservador de los sindicatos”, agregó Trotsky.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de junio de 2024)