El tribunal electoral panameño declaró a Laurentino Cortizo Cohen del Partido Revolucionario Democrático (PRD) ganador de la elección presidencial el domingo en Panamá, con 33 por ciento de los votos, dos puntos por encima del candidato del abiertamente derechista Cambio Democrático, Rómulo Roux, quien reconoció su derrota el lunes por la tarde.

Los comicios fueron otra señal del aumento en la oposición a la desigualdad, si bien en una forma distorsionada. Siguieron un año dominado por una serie de huelgas, incluyendo de maestros exigiendo mayores fondos para la educación pública, una huelga de un mes de miles de trabajadores de construcción exigiendo un aumento salarial del 60 por ciento y una huelga general en julio contra un alza en la tarifa eléctrica.

Cortizo demostró su intención de profundizar las políticas de austeridad y financiarización que impulsan la desigualdad. Su campaña, así como la de todos los candidatos, se centró en “arreglar” la imagen del país después de la aparición de los Panama Papers y un escándalo de sobornos involucrando a la firma constructora brasileña, Odebrecht.

Significativamente, José Blandón, el candidato del Partido Panameñista del presidente Juan Carlos Varela, cuya reelección es prohibida constitucionalmente, recibió tan solo 10,7 por ciento de los votos, comparado con 19 por ciento para Ricardo Lombana, un candidato independiente y previamente poco conocido. El único contendiente que afirma ser de “izquierda”, el Frente Amplio por la Democracia —fundado y encabezado por el sindicato del sector de construcción responsable de traicionar la huelga el año pasado— recibió 0,68 por ciento, prácticamente igual al 2014.

En medio de la jactancia de oficiales sobre el mayor crecimiento económico regional y un número cada vez mayor de millonarios y sus lujos, más de la mitad de la población trabajadora está o desempleada o trabaja en el altamente precario sector informal. La mitad de los que trabajan en el sector formal ganan el salario mínimo, mientras que el poder de adquisición ha caído en la última década.

Alfredo Ábrego, un joven padre de tres en Paso Blanco, le dijo a El País la semana pasada, “En esta área no hay empleo, si sale algo son camarones [esporádicos], nada estable… Dicen que la economía crece, sí, pero aquí solo sobrevivimos con menos de 200 dólares por quincena: estamos cerca de Panamá, pero el transporte es difícil”.

Alma Moreno, una trabajadora que gana $300 por quincena barriendo calles en la Ciudad de Panamá le dijo al diario español, “Hace unos años, la compra para toda la familia nos salía en 200 o 250 dólares por quincena. Ahora en casi el doble: la libra de arroz, el litro de aceite… Todo está caro”.

Una expansión del canal de Panamá de varios miles de millones de dólares iniciada bajo el Gobierno del PRD de Martín Torrijos, quien prometió que “beneficiará a todos” con empleos bien remunerados, fue inaugurado en 2016, pero la mayoría de los panameños no ha visto beneficio alguno. La misma promesa fue hecha cuando su Gobierno firmó el tratado comercial y bilateral con EUA.

Su padre, Omar Torrijos, un dictador populista que tomó el poder en un golpe militar en 1968 y fundó el PRD, realizó promesas similares cuando firmó un acuerdo para transferir gradualmente el canal de Panamá de control de EUA a Panamá en 1977. El desgastado capital político de las reformas sociales limitadas que implementó explica en gran parte el remanente de apoyo popular al PRD. En 1981, murió en una explosión que se cree que fue organizada por la CIA.

Desde entonces, la austeridad social, las privatizaciones y los incentivos fiscales han sido intensificados por Gobiernos sucesivos de todos los partidos tradicionales, a instancias de la aristocracia financiera local e internacional. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), el sistema financiero panameño alberga 1105 firmas que administran $129 mil millones en activos o 238 por ciento del PIB.

Tras décadas dictando estas políticas derechistas, el FMI centró su reporte de 2018 en mejorar la imagen de Panamá para los inversores, sugiriendo una mayor supervisión de los departamentos de la misma agencia y “medidas para eliminar cualquier percepción de secretismo en la ley”. El objetivo, sin embargo, no tiene nada que ver con combatir la evasión fiscal o la corrupción, sino “asegurar la posición competitiva de Panamá como un centro internacional de servicios financieros y empresariales”, la cual depende de ofrecer beneficios fiscales y otros servicios financieros sospechosos.

Mientras que la crisis cada vez más profunda del capitalismo global ha impulsado el parasitismo financiero, la interminable austeridad y los niveles impactantes de desigualdad, también ha intensificado los conflictos económicos y militares entre los Estados nación rivales capitalistas, principalmente entre un imperialismo estadounidense en declive y una China todavía en auge, las dos mayores economías del mundo. Como un reflejo de su posición como un nódulo logístico, geográfico y financiero en la economía global, estos procesos se expresan con particular fuerza en Panamá, un país con cuatro millones de habitantes.

La política panameña es consecuentemente un barómetro sensible a la caída del poder del imperialismo estadounidense y el aumento de su dependencia en operaciones militares devastadoras para defender su dominio en el hemisferio.

Según llegaba a su fin la Guerra Fría durante los años ochenta y noventa, Washington completó su parte en los acuerdos de 1977 al entregar el canal, clausurar la Escuela de las Américas, trasladar la sede de su Comando Sur a Miami y dejar sus bases militares en Panamá.

El debilitamiento de la llamada “relación especial” con Panamá como un firme bastión neocolonial del imperialismo estadounidense fue demostrada de la manera más clara en la invasión de 1989 de 26.000 tropas estadounidenses para capturar al antiguo activo de la CIA y dictador Manuel Noriega, dejando a miles de ciudadanos muertos o mutilados.

Sin embargo, desde el 2003, el Pentágono ha dejado en claro que está preparado para intervenir en Panamá y sus alrededores, incluyendo Venezuela, por medio del ejercicio militar anual más grande del Comando Sur, denominado Panamax y basado en el escenario de “asegurar la defensa del canal de Panamá”, cuyo control es crucial para aislar a China de las costas orientales del continente americano.

Desde el Gobierno de Martín Torrijos, la clase gobernante panameña ha buscado maniobrar entre el dominio de Washington y el estrechamiento de lazos económicos con Beijing. Tan pronto como 2005, un cable de la embajada estadounidense publicado por WikiLeaks advierte, “el Gobierno de Panamá teme que un acercamiento mal concebido hacia China podría comprometer sus relaciones con Estados Unidos, su socio bilateral más importante”.

En junio de 2017, Panamá rompió sus relaciones con Taiwán y reconoció a Beijing como único Gobierno de China. En noviembre del año pasado, el presidente Varela fue tan lejos como para declararle a Washington que Panamá, “es un país soberano, digno e independiente que decide sus propias políticas… ¿Cómo puedes decirles a países de América Latina y Centroamérica que no fortalezcan sus lazos comerciales con China?”.

En años recientes, las empresas chinas han invertido varios miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura y han obtenido control de puertos en ambos extremos del canal. Además, el gigante de telecomunicaciones Huawei ha establecido un centro de distribución a lo largo del canal.

El presidente electo Cortizo tiene lazos personales y políticos profundos con la clase gobernante estadounidense y, durante la jornada electoral, anunció que había tenido discusiones “francas” con el embajador chino en la que enfatizó que, “Estados Unidos es nuestro socio estratégico, nuestro principal socio estratégico”.

Sin embargo, frente a la caída del crecimiento de 11,3 por ciento en 2011 a 3,7 actualmente, negociaciones en curso de un tratado de libre comercio con China y comentarios del presidente chino, Xi Jinping, sobre convertir a Panamá en un “centro logístico” para las empresas chinas en las Américas, se espera que los lazos económicos entre ambos países sigan creciendo.

Al mismo tiempo, Varela ha encabezado el apoyo regional a la operación de cambio de régimen estadounidense en Venezuela, la cual busca en gran medida revertir la creciente influencia política y económica de China y Rusia en la región. El jueves pasado, Varela hizo eco de las amenazas de Trump de una invasión. “Espero que el expresidente Maduro se vea en el espejo de lo que le pasó al exgeneral Noriega”, dijo.

Sin embargo, Noriega encuentra su reflejo político en sus sucesores, incluyendo Varela y Cortizo, quien también apoya la descabellada operación de Washington en Venezuela. Noriega desempeñó un papel clave en encauzar inteligencia, dinero, armas y drogas utilizados para financiar las operaciones de contrainsurgencia y cambio de régimen de Estados Unidos durante los años setenta y ochenta en Centroamérica, que no solo mataron a cientos de miles, sino que dieron paso a la crisis social actual, involucrando carteles, maras, represión policial-estatal y las muertes de miles y miles más en las últimas dos décadas.

Una guerra civil instigada por EUA o una intervención militar directa en Venezuela no solo desataría un desastre aún peor para todo el hemisferio, sino que podría provocar una guerra con las potencias nucleares de Rusia y China.

La única alternativa a las guerras y la opresión imperialistas —y la posición actual de Panamá como un foco de conflicto— yace en el crecimiento de las luchas de la clase obrera en América Latina, Estados Unidos, Europa, África y Asia contra la desigualdad social.

(Publicado originalmente en inglés el 8 de mayo de 2019)