La crisis política y social que azota a Colombia entró en una nueva fase en agosto, cuando la figura política más poderosa del país, el actual senador y expresidente Álvaro Uribe, fue puesto bajo arresto domiciliario y se le prohibió participar en política por cargos de manipulación de testigos.

Las órdenes fueron emitidas por la Corte Suprema en el curso de una investigación en curso centrada en el papel de Uribe en la fundación de un grupo paramilitar de extrema derecha y en ordenar masacres de izquierdistas durante la guerra civil del país en la década de 1990. Uribe se enfrenta actualmente a una serie de otras investigaciones legales, incluidas las escuchas telefónicas ilegales de activistas, periodistas, políticos y la propia Corte Suprema durante su mandato como presidente (2002-2010). En enero, la Corte Suprema anunció que inspeccionaría sus propias instalaciones luego de encontrar un dispositivo de escucha en la oficina de Cesar Reyes, el juez que actualmente supervisa el caso de manipulación de testigos.

Las múltiples denuncias que enfrenta Uribe son parte de los sucesivos escándalos que lo han perseguido a lo largo de su carrera política, centrados en su colaboración de décadas con grupos paramilitares y carteles de la droga, incluyendo estrechos vínculos con el ahora fallecido Pablo Escobar cuando Uribe era alcalde de Medellín en 1982. Incluso dadas las investigaciones anteriores, la reciente orden de la Corte Suprema de detener a Uribe y expulsarlo de la política no tiene precedentes, ya que el expresidente es considerado el político más poderoso del país y cuenta con la lealtad total de los miembros del Centro Democrático, el partido gobernante que fundó y al que pertenece el actual presidente Iván Duque.

Duque, un leal protegido político de Uribe, también ha sido investigado por la Comisión Electoral por violaciones al financiamiento de campañas durante las elecciones presidenciales de 2018. Un veredicto de culpabilidad en este caso tendría importantes implicaciones para el equilibrio de poder en Colombia. Un artículo de Reuters del 11 de agosto señaló que “si se prueban irregularidades, el partido gobernante podría perder su personería jurídica, impidiéndole presentar candidatos en futuras elecciones, además de multas y sanciones penales que puedan afectar a sus líderes. En un resultado extremo, el Congreso también podría declarar inválida la presidencia de Duque, según los procedimientos para investigar y juzgar delitos políticos". No está claro si Duque y sus compinches políticos aceptarían o no tal resultado. Al igual que Estados Unidos, la escalada de conflictos entre sectores de la clase dominante está poniendo en tela de juicio todo el marco político del país, que sirve como base clave para las maquinaciones militares y de política exterior estadounidenses en Sudamérica.

La crisis política en Colombia se desarrolla en el contexto de un aumento masivo de las infecciones por coronavirus, impulsado por bajos niveles de pruebas, bloqueos ineficaces y poco o ningún rastreo de contactos. Durante las últimas semanas, el país ha registrado la tasa de mortalidad per cápita por COVID-19 más alta del mundo. Según la Universidad Johns Hopkins, durante un período de siete días, Colombia registró 43,1 muertes por millón de personas, en comparación con 32,9 por millón en Brasil y 24,4 en Estados Unidos. Durante la primera semana de agosto, 2.139 colombianos murieron por el virus.

Mientras tanto, los niveles de pruebas per cápita al 12 de agosto eran de 40.000 por millón, una cifra baja incluso en comparación con las 210.000 pruebas por millón realizadas en los Estados Unidos, un país con más de 170.000 muertes por COVID-19, lo que representa el 22 por ciento de todas las muertes resultante de la pandemia.

Las cifras compiladas a mediados de julio en Colombia mostraron que, a nivel nacional, el sistema de atención de la salud estaba al máximo de su capacidad o en estado de colapso, con tasas de ocupación de la unidad de cuidados intensivos (UCI) en el rango alto de 80 y 90 por ciento en gran parte del país. En la ciudad capital de Bogotá, con una población de 7,5 millones, el 91 por ciento de las camas de UCI estaban ocupadas, mientras que algunas ciudades medianas, incluidas Riohacha y Quibdó, informaron menos de 10 unidades disponibles por día. Es probable que estas cifras se hayan vuelto aún más espantosas en el mes desde que se recopilaron, ya que el total de infecciones ha continuado disparándose.

Si bien millones de ciudadanos en diferentes regiones de Colombia han estado sujetos a órdenes de quedarse en casa de un tipo u otro, las ciudades y regiones con tasas de infección más bajas han permitido reabrir restaurantes, teatros y gimnasios a pedido de los alcaldes locales. En Bogotá, las órdenes de quedarse en casa se emiten barrio por barrio, mientras que en Medellín, una ciudad de 2,5 millones de habitantes, se les dice a los ciudadanos que permanezcan en casa los fines de semana y que puedan dejar sus hogares de lunes a jueves para propósitos esenciales. Sin embargo, estas medidas se ignoran cada vez más, ya que las masas empobrecidas, más de la mitad de las cuales trabajan en la economía informal, están abandonando sus hogares para buscar un medio de supervivencia. Un esquema de asistencia del gobierno conocido como “Colombia solidaria” que equivale a pagos de 160.000 pesos colombianos (alrededor de US $42) es tan inadecuado que incluso aquellos que tienen la suerte de recibir el dinero no pueden mantener a sus familias. Otros millones, incluidos 1,5 millones de refugiados venezolanos indocumentados, que no son elegibles para recibir ningún tipo de ayuda, enfrentan la perspectiva de morir de hambre.

En cuanto a la campaña para reabrir escuelas, Duque y la ministra de Educación, María Victoria Angulo, anunciaron el 19 de julio que la escolarización se reanudaría de forma rotatoria en 34 de los 96 distritos del país. Como es el caso en los Estados Unidos, esta política homicida se ha enfrentado con una feroz resistencia ya que miles de educadores y padres han declarado que se involucrarían en la desobediencia civil al negarse a regresar al aula. Muchos distritos escolares también han declarado que no participarían en la reapertura, ya que la falta de fondos adicionales, infraestructura y, en algunos casos, agua corriente ha hecho imposible la implementación de medidas preventivas de salud.

Ante esta amplia oposición de docentes y comunidades, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) convocó una huelga de 48 horas la semana pasada.

La creciente oposición de miles de docentes se produce inmediatamente después de un levantamiento sin precedentes de la clase trabajadora que estalló en América Central y del Sur en 2019. En Ecuador y Chile, las protestas de austeridad realizadas en octubre de ese año fueron tan amplias y militantes, tomaron el carácter de rebeliones populares, mientras que en Colombia, cientos de miles de trabajadores lanzaron una serie de huelgas generales y protestas exigiendo el fin del asesinato de activistas y organizadores en manos de escuadrones de la muerte alineados con el gobierno, así como el cese de la privatización de la salud y la educación, paquetes de austeridad masiva y esfuerzos del régimen actual para reanudar la guerra civil de larga duración con los grupos insurgentes separatistas. Nueve meses después, ninguno de estos problemas se ha resuelto, presagiando una mayor intensificación de la lucha de clases.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de agosto de 2020)