El domingo, la científica y denunciante de COVID-19 Rebekah Jones tuiteó que el estado de Florida había emitido una orden de arresto para su detención en un flagrante esfuerzo para intimidar a la osada y valiente científica.

Jones es una de las más audaces opositoras públicas de la política de “inmunidad colectiva” que están llevando a cabo la Casa Blanca de Trump y los gobernadores demócratas y republicanos. Ha dado lugar a la reapertura prematura de escuelas y empresas, incluso cuando la pandemia se extiende por todo el país.

Jones ha advertido repetidamente de los peligros de la reapertura de las escuelas, contrarrestando la falsa narrativa que avanza gran parte de la prensa de que las escuelas no son focos de transmisión importantes del COVID-19.

“Para proteger a mi familia de la continua violencia policial y para demostrar que estoy listo para luchar contra lo que sea que me arrojen, me entregaré a la policía en Florida el domingo por la noche”, dijo Jones. “El gobernador no ganará su guerra contra la ciencia y la libertad de expresión. No silenciará a los que hablen”.

Al momento de escribir este artículo, la ubicación actual de Jones es desconocida, y el Gobierno de Florida ni siquiera ha enunciado los cargos en su contra. Jones dejó claro que el estado de Florida estaba usando la amenaza de persecución legal para amordazarla. “El agente le dijo a mi abogado que solo habría un cargo, pero enfatizó que hablar o acudir a los medios de comunicación puede resultar en que la policía 'amontone' cargos adicionales. Todo esto solo para silenciar a una crítica de un gobernador que no cumplió con su trabajo y que, como resultado, hizo que murieran miles de personas”, escribió.

Más tarde publicó desafiantemente: “Censurada por el estado de Florida hasta nuevo aviso. #LetHerSpeak [Dejen que hable]”.

El encarcelamiento de Jones llega un mes después de que el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, ordenara una redada propia de un Estado policial en su casa, durante la cual la policía estatal apuntó con armas a Jones y a su familia. El objetivo inmediato de la policía era incautar las memorias USB que, según una entrevista concedida a la CNN por Jones, contenían pruebas de que los funcionarios de Florida “estaban mintiendo [el pasado] mes de enero sobre cosas como informes internos y avisos de los CDC”, así como “pruebas de actividades ilegales por parte del estado”.

En términos más generales, la invasión policial del mes pasado en su casa y la actual orden de arresto son un intento de silenciar a una conocida y franca opositora de la campaña de regreso al trabajo.

Jones se hizo famosa el pasado mes de mayo por negarse a manipular los números de casos de coronavirus de Florida para apoyar las crecientes campañas del Gobierno estatal de regreso al trabajo y a las aulas.

Ahora, como entonces, los números de casos de coronavirus y el número de muertes son un claro argumento para cerrar escuelas y lugares de trabajo no esenciales a fin de detener la pandemia. Hubo casi 24.000 muertes reportadas en los Estados Unidos durante la semana pasada, con un promedio de más de 3.400 muertos cada día. Más de 1.200 de esas muertes ocurrieron solo en Florida.

Después de ser despedida de su puesto, Jones ayudó a crear y supervisar Florida COVID Action y The COVID Monitor, las bases de datos más completas para el seguimiento de contagios y muertes por COVID-19 en Florida y en las escuelas de prescolar a doceavo año de los EE.UU., respectivamente.

Hasta la fecha, no ha habido declaraciones importantes del Partido Demócrata ni de organizaciones pseudoizquierdistas como los Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés) que se opongan a la censura de Jones.

El pretexto para la redada de diciembre contra Jones fue una acusación de delito grave basada en la afirmación de las autoridades de Florida de que ella hizo circular un correo electrónico entre los empleados estatales el 10 de noviembre en el que se les instaba a “pronunciarse antes de que otras 17.000 personas mueran”. El correo electrónico continuó: “Sabes que esto está mal. No tienes que ser parte de esto. Sé un héroe. Habla antes de que sea demasiado tarde”.

Incluso antes de que Jones se entregara, se demostró que los cargos eran falsos. Ella explicó que, “La FDLE no encontró evidencia de un mensaje enviado en noviembre pasado al personal del Departamento de Salud diciéndoles que se 'pronunciaran' en cualquiera de los dispositivos que tomaron, la única justificación de la redada en mi casa en diciembre”. También dejó claro que “un agente confirmó” que lo que la policía encontró en sus discos duros “no tiene nada que ver con el tema de la orden”.

Además, dado que el primer intento del estado de silenciar a Jones afirmando que ella violó la ley está fracasando, las autoridades del Gobierno de Florida han hecho una nueva acusación. Como lo explicó en Twitter Jones, la nueva orden “fue emitida el día después de que un juez de Tallahassee le dijera a la policía que, si no estaban investigando un crimen, tenían que devolverme mi equipo”. No encontraron pruebas de nada relacionado con la orden, así que inventaron algo nuevo para perseguirme como represalia”.

El momento de la orden de arresto también es significativo. Fue emitida tras el intento de golpe de Estado del 6 de enero del presidente Donald Trump y durante la misma semana en que el número de muertos en la pandemia en EE.UU. superó los 400.000. DeSantis está dejando claro que la preocupación central del Estado no es investigar seriamente los inmensos peligros que representan los intentos de Trump de derrocar la Constitución ni las muertes masivas causadas por la pandemia, sino asegurarse de que las escuelas y empresas permanezcan abiertas a toda costa.

A la luz de esto, Jones es vista como un obstáculo que debe ser eliminado antes de que pueda revelar más verdades sobre el manejo de la pandemia por parte del Gobierno. La clase dominante es muy consciente de la hostilidad masiva hacia sus políticas asesinas de inmunidad colectiva, una ira que solo crecerá a medida que el número de muertes se dispara. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades predicen ahora que ocurrirán 92.000 muertes más durante las próximas tres semanas.

Estas proyecciones coinciden con las del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME), que predice que más de 500.000 personas habrán muerto a causa de COVID-19 en los EE.UU. para mediados de febrero.

¡Quinientos mil muertos! Y el modelo del IHME admite que incluso con un “despliegue rápido de la vacuna” el número de muertos será esencialmente el mismo. Al mismo tiempo, los autores del modelo, incluyendo a Chris Murray de la Universidad de Washington en Seattle, predicen que la tasa de mortalidad diaria se estabilizará en abril, presumiblemente como resultado de las políticas de la Administración entrante de Biden.

En realidad, la pandemia seguirá propagándose de forma furiosa y fuera de control mientras no se tomen las medidas necesarias para contenerla, incluyendo el cierre de toda la producción, excepto la esencial, y el pago de una compensación total para los que no trabajen. La ciencia es clara.

Esta es, en última instancia, la razón por la que Rebekah Jones está siendo silenciada. Al igual que otros denunciantes perseguidos como Julian Assange y Edward Snowden, ella se encargó de cometer el crimen de decirle la verdad a la clase obrera, tanto sobre la pandemia como sobre la respuesta criminal del Gobierno a la crisis de salud pública. Ahora depende de los propios trabajadores luchar contra la censura y defender todos los derechos democráticos como parte de una lucha revolucionaria más amplia por el socialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de enero de 2021)