Más de 100.000 personas han muerto en España como resultado de la pandemia de coronavirus, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, una agencia estatal oficial.

El INE informa de que en el año transcurrido entre el 9 de febrero de 2020 y el 13 de febrero de 2021, hubo un total de 471.447 muertos en España, 103.512 más que en el mismo período el año anterior. El 13 de febrero jalonó además un año desde el primer fallecimiento reconocido oficialmente por coronavirus en España, el de un señor de 69 años de edad del pueblo valenciano de L'Eliana, que había llegado recientemente de un viaje a Nepal.

Las cifras del INE respaldan hallazgos de los servicios funerarios españoles, que informan de que entre el 14 de marzo de 2020 —cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) declaró el estado de alarma— y el 19 de enero de 2021, se perdieron 119.113 vidas como resultado de la pandemia.

Juan Antonio Alguacil, tanatopractor con certificación y miembro de la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios anunció los hallazgos, declarando, "varias entidades de personal de los registros civiles han obtenido este dato tras comprobar que [en este periodo] han muerto cada día por coronavirus una media de 383 personas registradas".

"Estas estadísticas superan todos los cálculos [oficiales] y, ahora más que nunca, sería necesaria esa transparencia informativa". Las cifras "no cuadran ni van a cuadrar [con las cifras del gobierno]", dijo Alguacil, "porque es evidente que no quieren que se sepa la cifra real de fallecidos".

"La explicación es palmaria, la ignominia de todos los gestores. Al final, he llegado a pensar que nunca sabremos la cifra total de fallecidos porque desde el minuto uno se está mintiendo, no se dice la verdad, se esconde", Alguacil añadió.

Mientras sitios de noticias tales como El País, El Mundo y El Diario callaban acerca de los hallazgos del INE y los comentarios de Alguacil, y en cambio repetían como loros las cifras del gobierno del PSOE y Podemos, los hallazgos del INE de las más de 100.000 muertes por la pandemia recibieron mucha cobertura en otros medios.

El 13 de febrero, la fecha en la que se basan las cifras del INE, el recuento de muertos del gobierno español era de solo 64.747, casi 40.000 menos que la estimación de muertes excesivas del INE. Para el viernes pasado, esta había subido a 68.813, todavía muy por debajo de estas otras cifras. El gobierno informó de una media de 291 muertes por coronavirus cada día la semana pasada y casi 8.000 contagios diarios, llevando el número total de casos a mucho más de 3 millones.

El Ministerio Español de Sanidad solo incluye muertes en su recuento oficial si la víctima dio positivo por coronavirus, aunque se hacían muy pocos tests de COVID-19 durante la primera ola de la pandemia la primavera pasada, y el programa de tests del gobierno sigue siendo inadecuado hasta el día de hoy.

Mostrando lo generalizada que ha sido la devastación causada por la pandemia, un estudio publicado a mediados de febrero por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), vinculado al gobierno, informó de que más de uno de cada tres (el 38,1 por ciento) de los españoles conocen a alguien que murió por el virus. El 17 por ciento dijo que habían perdido un amigo por el COVID-19, y el 19,4 por ciento indicó que había muerto un pariente con el que no convivían. Más del 78 por ciento de la gente en España conoce a por lo menos una persona que ha contraído el virus, según el CIS.

A pesar del desastre sanitario continuado en España, el gobierno del PSOE y Podemos y las autoridades regionales están poniendo fin a casi todas las limitadas restricciones de salud pública impuestas en España —coherente con la política de la burguesía de toda Europa.

La semana pasada, la comunidad autónoma de Aragón, en el nordeste, reabrió gimnasios y establecimientos hosteleros cerrados, aunque se limitará su aforo al 30 por ciento de lo habitual. En Asturias, los restaurantes y bares están abiertos, y las actividades culturales a puertas cerradas como obras de teatro pueden desarrollarse con un aforo de hasta 300 personas, siempre que los espectadores lleven mascarilla puesta y guarden una distancia de metro y medio. También están abiertos gimnasios y centros comerciales.

En Cantabria, el gobierno regional anunció la semana pasada que no se permitirá que los centros comerciales abran los fines de semana; bibliotecas, museos, cines y teatros pueden abrir a un 50 por ciento de su aforo. Estadios deportivos también pueden abrir con un tercio de su aforo habitual, hasta 1.000 personas.

En algunas comunidades, como en Castilla-La Mancha y Extremadura, han reabierto también sedes de entretenimiento cerradas como casinos y centros de juegos.

Las escuelas han seguido abiertas en todas partes, después de que los niños volvieran a las aulas a principios de enero, para permitir que los padres sigan yendo a oficinas, fábricas y otros lugares de trabajo inseguros para bombear ganancias para la burguesía. La mayoría de las comunidades han mantenido un cierre perimetral —impidiendo a la gente salir y entrar sin justificación— pero son pocas las otras restricciones que siguen en pie. Los ineficaces toques de queda nocturnos siguen vigentes, aunque muchas comunidades los han relajado.

Los medios burgueses, mientras tanto, han lanzado una campaña incesante por "salvar el verano", exigiendo la reapertura de sitios turísticos y promocionando la promesa del gobierno del PSOE y Podemos de vacunar al 70 por ciento de la población para el verano. Sin embargo, es muy poco probable que se logre este objetivo. Para el viernes, solo el 5 por ciento de la población española (2,4 millones de personas) habían recibido al menos una dosis de la vacuna, y solo el 2,6 por ciento habían recibido las dos dosis requeridas.

"Si los niveles de vacunación son elevados en junio se salvará la temporada turística", el economista jefe del Banco de España, Óscar Arce, le dijo a El País. "[P]ero si se retrasan a finales de verano", continuaba, "la economía sufrirá de lo lindo: en esos tres meses de incertidumbre radical nos jugamos mucho".

En el mismo artículo de El País, Gonzalo García, de la firma consultora financiera AFI, exigió la relajación de cualquier restricción que quedara y la entrega de fondos a los negocios españoles. "La reactivación [de la economía] está a la vuelta de la esquina, es cuestión de meses. Pero reducir al máximo ese plazo es vital para evitar que quiebren empresas y para el turismo. La política fiscal tiene que hacer un último esfuerzo para construir un puente y salvar los cuatro, seis, ocho meses que faltan".

Mientras la burguesía agita para la reapertura completa de la economía, representantes del gobierno ya están hablando de una venidera "cuarta ola" de la pandemia. "Es posible que haya una cuarta ola", declaró Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, a mediados de febrero, que va a "depender mucho de cómo bajemos en esta, de qué nivel de transmisión baja lleguemos a conseguir con esta y de cómo evolucione la vacunación en las próximas semanas".

Aunque la burguesía presente la extensión continua de la enfermedad como inevitable, esta es el resultado enteramente predecible y evitable de su política criminal de anteponer la ganancia a la vida, negándose a implementar restricciones de salud pública para salvar vidas. Apenas la semana pasada, un estudio de científicos de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y de la Universidad de Zaragoza encontró que si los confinamientos se hubieran implementado días antes la primavera pasada, se habían salvado 23.000 vidas en España.

Los trabajadores tienen que rechazar las mentiras de los representantes de los grandes negocios, el gobierno del PSOE y Podemos y sus portavoces de los medios burgueses, y en cambio tienen que exigir la imposición de confinamientos en casa con pleno salario para todos los afectados.

(Publicado originalmente en inglés el 1 de marzo de 2021)