El martes, el presidente fascistizante de Brasil, Jair Bolsonaro, destituyó el mando militar del país para consolidar su control sobre el Estado en preparación para medidas dictatoriales contra la clase trabajadora ante la propagación catastrófica de la pandemia de COVID-19 y una intensificación dramática de la crisis social.

Desde entonces, ha comenzado a fraguarse un consenso sin precedentes en la historia brasileña entre todas las facciones de la élite política y de los medios corporativos en respuesta a este siniestro episodio: que el mando militar brasileño fue destituido porque el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están comprometidos con la defensa de la democracia y no violarán la Constitución.

Brasil es actualmente el epicentro mundial de la pandemia de COVID-19, con una tasa acelerada de más de 3.000 muertes diarias, que se proyecta que alcanzará las 5.000 en algún momento entre abril y mayo. El sistema de salud del país está colapsando, con hospitales desbordados y al menos un cementerio en Sao Paulo excavando tumbas viejas para una avalancha de nuevos cadáveres.

La crisis económica instigada por la pandemia de COVID-19 ha arrojado a la pobreza a 22 millones de brasileños y el desempleo ha alcanzado un máximo histórico del 14,2 por ciento en el primer trimestre.

Las tensiones dentro de la clase dominante, que no tiene una solución progresista para la crisis, aumentan día a día. Temiendo profundamente las consecuencias de las explosivas condiciones sociales, todas las facciones políticas se han alineado detrás de la evaluación del diario conservador Estado de S. Paulo, que editorializó el 1 de abril: “... ante la percepción de que su Gobierno ha estado perdiendo apoyo, el presidente decidió presionar a los líderes de las Fuerzas Armadas para que eligieran un bando: él o la Constitución. Los militares obviamente eligieron la Constitución”.

Al tratar la expulsión de todo el alto mando como un evento insignificante gracias al papel supuestamente constitucionalista de los militares, al día siguiente la junta editorial del Estado de S. Paulo escribió en un artículo titulado “Ignoren al presidente”: “No deberían desperdiciar el tiempo corrigiendo las tonterías de Bolsonaro sobre un estado de sitio”.

La “tontería” que los editorialistas le piden al público que ignore es la afirmación del presidente de que cualquier restricción a la actividad económica decretada por las autoridades locales para detener la marea de muertes por COVID-19 equivale a un “estado de sitio”. La respuesta adecuada, según Bolsonaro, es que él debería asumir poderes dictatoriales para derrocar a las autoridades locales.

El mismo día en que fue dimitido el mando militar, el aliado de Bolsonaro en la Cámara de Diputados, el mayor Víctor Hugo, intentó impulsar una legislación para incluir las pandemias entre las situaciones en las que el presidente podría decretar un “estado de movilización”. El “estado de movilización” es una medida para tiempos de guerra que le permite al presidente dirigir la producción de empresas públicas y privadas y, lo más significativo, tomar el control de los 560.000 miembros de los 27 cuerpos de Policía Militar controlados por los estados.

La votación de emergencia, finalmente bloqueada por el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, fue la encarnación legal de las declaraciones públicas de Bolsonaro y sus aliados en el Congreso de que “sus fuerzas armadas” no harían cumplir los cierres anti-COVID-19.

Menos de 24 horas antes del despido del alto mando del martes, el jefe del Panel Constitucional de la Cámara de Diputados, un ultraleal de Bolsonaro, tuiteó que un episodio psicótico de un soldado de la Policía Militar en el estado de Bahía —quien irrumpió en una playa cerrada para reducir el contagio de COVID-19, gritó confusas consignas populistas sobre “no arrestar trabajadores” y disparó varias rondas al aire antes de ser brutalmente abatido por un escuadrón de fuerzas especiales— representó el comienzo de un motín de las fuerzas de seguridad contra las autoridades locales.

El día anterior, en la ciudad industrial de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, un concejal del Partido Laborista Brasileño (PTB), aliado de Bolsonaro, el sargento de la Policía Militar, Mello Casal, declaró en una transmisión en vivo en Facebook que una “milicia” estaba preparada para asaltar a la guardia municipal de la ciudad. Tanto el estado de Bahía como la ciudad de Juiz de Fora están gobernados por el Partido de los Trabajadores (PT), que respondió a la incitación fascistizante del PTB publicando en las redes sociales un video de los oficiales de la guardia de la ciudad armados y uniformados gritando consignas de ley y orden.

Otro componente vital de la crisis que la prensa burguesa quiere que el pueblo “ignore” es que la destitución de los jefes militares, incluido el general Fernando Azevedo e Silva, quien encabezaba el Ministerio de Defensa, se decidió en vísperas de la conmemoración por parte de Fuerzas Armadas del golpe militar respaldado por Estados Unidos de 1964 que inició un régimen sangriento de 21 años. El primer acto del nuevo ministro de Defensa, el exjefe de gabinete de Bolsonaro, el general Walter Braga Netto, fue ordenar una celebración abierta del golpe del 31 de marzo de 1964 en los cuarteles de todo el país.

La orden militar de Braga Netto siguió a las celebraciones ordenadas por Bolsonaro desde que asumió el cargo en 2019, que fueron aprobadas por los comandantes despedidos durante dos años consecutivos. Las dos conmemoraciones anteriores del 31 de marzo retrataron el golpe como el resultado de un movimiento popular contra el Gobierno nacionalista burgués del presidente João Goulart del Partido Laborista Brasileño. Este año, sin embargo, fue la primera vez desde 1985 en que la palabra “celebración” se utilizó en el “orden del día” militar. Luego de afirmar falsamente que existió un “apoyo” popular para la toma militar del poder, concluyó, “así que estos hechos del 31 de marzo deben ser entendidos y celebrados”.

Más tarde en el día, el diario Folha de S. Paulo reveló que Braga Netto había cambiado la orden preparada dos días antes por el exministro de Defensa, Azevedo e Silva, y presentada a Bolsonaro el día de su despido, tras eliminar una referencia previa a las fuerzas armadas como “instituciones estatales” e incluyendo la conclusión sobre una celebración.

Expresando las extraordinarias tensiones dentro de las filas militares, tanto los comandos militares de la capital como del este tuvieron que emitir órdenes expresas para que los soldados y oficiales no discutieran públicamente o en las redes sociales la destitución del alto mando. Los medios corporativos y la élite política acatan tales órdenes de mordaza al pie de la letra como una defensa de las normas constitucionales. Ignoran cuidadosamente el revisionismo histórico promovido por Bolsonaro, y apoyado plenamente por los comandantes despedidos, de que el golpe fue el resultado de “presiones desde abajo”.

El excomandante del Ejército, el general Eduardo Villas Bôas, quien recientemente escribió un libro de memorias que describe el prolongado impulso hacia la dictadura en Brasil desde 2013, utilizó precisamente la idea de “presiones desde abajo” para justificar su tuit de 2018 amenazando con un golpe de Estado en caso de que el Tribunal Supremo (STF) brasileño otorgaseal ex presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, una moción de hábeas corpus que le permitiría hacer campaña junto al candidato del PT y principal rival de Bolsonaro en las elecciones de ese año.

La misma línea revisionista de la historia seguida por el alto mando fue adoptada por el vicepresidente de Bolsonaro, el general Hamilton Mourão, quien tuiteó el 31 de marzo: “En este día, hace 57 años, la población brasileña, apoyada por las Fuerzas Armadas, previno que el movimiento de la Internacional Comunista metiera sus garras en Brasil. ¡Fuerza y honor!”.

El pasado viernes 26 de marzo, el gobernador del Partido Comunista (PCdoB) de Maranhão, Flávio Dino, uno de los líderes más destacados de la supuesta oposición política a Bolsonaro, declaró que reemplazar a Bolsonaro por Mourão significaría “sustituir la civilización por la barbarie”.

El principal partido de la oposición, el PT, también ha adoptado plenamente la línea de que los militares representan el baluarte de la democracia. Su líder en la Cámara de Diputados, Elvino Bohn Gass, afirmó que la expulsión del mando militar: “fue un mensaje de que las Fuerzas Armadas no están al servicio de un intento de golpe”. Desde el Estado de S. Paulo, que apoyó abiertamente el golpe de 1964, hasta el PT, la élite política brasileña está tratando de ocultar el alcance real de la crisis del gobierno burgués en el país y la amenaza de una agitación desde abajo por parte de una clase obrera cada vez más inquieta en Brasil.

Su promoción de un ejército supuestamente “constitucionalista” se hace eco de la crisis anterior a 1964 del Gobierno de Goulart. En ese momento, la derecha “legal” representada, entre otros, por el Estado de S. Paulo, predijo que los militares llevarían a cabo un golpe quirúrgico, devolviendo el poder a los civiles después del derrocamiento de Goulart. Por su parte, el Partido Laborista, apoyado por el Partido Comunista estalinista, confió en que los elementos “nacionalistas” y “constitucionalistas” dentro del alto mando controlarían el apoyo al fascismo azuzado por la oposición a Goulart. El resultado fue 21 años de terror, tortura y asesinatos estatales que se extendieron desde Brasil a toda América Latina.

No se puede permitir que la clase dominante brasileña y sus militares repitan estos crímenes. La clase obrera debe sacar las lecciones del golpe de 1964, así como de la política del PT y sus satélites pseudoizquierdistas, que han allanado el camino para que los militares se conviertan nuevamente en la fuerza política decisiva en el país. Se debe construir una nueva dirección revolucionaria como sección brasileña del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de abril de 2021)