La semana pasada se cumplió una década desde que WikiLeaks publicó un tramo de 779 archivos secretos de la prisión militar de la Bahía en Guantánamo del gobierno de Estados Unidos, revelando con más detalle que nunca la red mundial de detenciones ilegales asociados con la fraudulenta "guerra contra el terrorismo".

En palabras de los propios agentes estatales estadounidenses, los archivos demostraron que las autoridades estadounidenses estaban encarcelando a cientos de personas de Asia Central, Oriente Medio, África del Norte y otros lugares, que sabían que no eran culpables de delitos terroristas ni de ningún otro delito.

En cambio, los prisioneros fueron víctimas de una nueva frontera sin ley, en la que las personas eran detenidas, a menudo vendidas a la CIA por las autoridades locales, recluyendo en secreto en prisiones de "sitio negro" y transportados al otro lado del mundo donde permanecían indefinidamente detenidos en las instalaciones de la Bahía de Guantánamo, que en 2011 ya se habían convertido en sinónimo de tortura estatal.

Los archivos no solo son importantes por su contenido.

Son los últimos entre cuatro comunicados importantes por los que el gobierno de los Estados Unidos ha acusado al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en virtud de la Ley de espionaje, la primera vez que se aplicó una legislación draconiana contra un editor. Según los fiscales estadounidenses, que buscan la extradición de Assange de Gran Bretaña, el "crimen" de exponer el régimen de detención ilegal de su gobierno debería ser castigado con hasta 40 años de prisión, en una instalación de Supermax cuyas condiciones se parecerían a las de Guantánamo.

La publicación de WikiLeaks de los archivos de Guantánamo siguió a sus publicaciones anteriores de los registros de guerra en Irak y Afganistán del ejército de EE. UU., que expusieron miles de asesinatos ilegales y violaciones del derecho internacional, y unos 250.000 cables diplomáticos de EE. UU., que revelan golpes de Estado, operaciones de vigilancia ilegales y otros abusos de derechos humanos.

Los archivos fueron proporcionados a WikiLeaks por Chelsea Manning, la valiente denunciante del ejército estadounidense. Sería encarcelada durante casi siete años en condiciones consideradas torturadoras por las Naciones Unidas bajo Obama, antes de ser detenida nuevamente por la administración de Trump en un intento fracasado de obligarla a dar un falso testimonio contra Assange.

La administración de Obama, en la que Joe Biden se desempeñó como vicepresidente, fue tan hostil a la publicación de los Archivos de Guantánamo como a los comunicados anteriores de WikiLeaks. Emitió un comunicado, publicado por su órgano de la casa virtual el New York Times, declarando que los documentos habían sido "obtenidos ilegalmente" y permanecían "clasificados". El gobierno tomó la medida orwelliana de informar a los abogados de los detenidos en la bahía de Guantánamo que tenían prohibido teclear en cualquiera de los archivos, incluso después de haberlos publicado en el Internet.

Como parte de su campaña electoral en 2008, Obama se había comprometido a cerrar Guantánamo, en línea con una postura más amplia de oponerse a algunas de las acciones más descaradamente ilegales de la administración de Bush. Tres años después, Guantánamo seguía en uso, como lo hace hoy, y Obama estaba intensificando drásticamente la guerra ilegal de Estados Unidos contra Afganistán y abriendo nuevos frentes en el intento del imperialismo estadounidense de dominar el Medio Oriente y el norte de África, incluyendo Siria y Libia.

Una declaración de WikiLeaks, anunciando la liberación de los archivos, dijo que demostraron que “todo el edificio construido por el gobierno [de Estados Unidos] es fundamentalmente defectuoso, y que lo que los Archivos de Guantánamo revelan, principalmente, es que solo unas pocas docenas de prisioneros están genuinamente acusados de implicaciones terroristas. El resto, según revelan estos documentos tras una inspección minuciosa, eran hombres y niños inocentes, apresados por error, o soldados de infantería talibanes, ajenos al terrorismo”.

En conjunto, los archivos proporcionaron "la anatomía de un crimen colosal perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra 779 prisioneros que, en su mayor parte, no son ni han sido nunca los terroristas que el gobierno quisiera que creyéramos que son".

Los documentos incluían entrevistas, evaluaciones e informes de inteligencia sobre los prisioneros, preparados por la Fuerza de Tarea Conjunta de Guantánamo del Pentágono entre 2002 y 2009.

Quizás la demostración más descarada de la ilegalidad involucrada la proporcionaron los archivos de los detenidos más jóvenes y mayores.

Naqib Ullah, un aldeano afgano de 14 años, había sido puesto bajo custodia de Estados Unidos porque podía haber conocido a un comandante talibán local.

Una evaluación de 2002 de Mohammed Sadiq, un hombre afgano de 89 años, señaló insípidamente que sus "problemas médicos actuales incluyen trastorno depresivo mayor, demencia senil y osteoartritis, para los cuales recibe tratamiento prescrito", así como cáncer de próstata. Sadiq fue encarcelado porque en un allanamiento de su casa se encontraron “documentos sospechosos” que no le pertenecían.

Sus casos estaban lejos de ser únicos. Los archivos mostraron que al menos 150 de los 800 prisioneros durante el período que cubrieron fueron considerados por las autoridades estadounidenses inocentes de cualquier delito. Se consideró que la mayoría de los demás eran soldados de infantería de bajo nivel, una evaluación que con frecuencia se basaba en pruebas endebles de asociaciones indocumentadas con las fuerzas de los talibanes o de Al Qaeda.

Unos 204 de los 223 detenidos afganos serían finalmente repatriados, en una admisión tácita de su inocencia, junto con 121 de los 135 ciudadanos saudíes y la mayoría de los prisioneros yemeníes. Muchos habían sido evaluados anteriormente como de "alto riesgo" por los carceleros estadounidenses.

Un artículo del WSWS documentó las revelaciones en 2011. Señala varios ejemplos que exponen la criminalidad consciente de la red. En un caso, un hombre paquistaní fue enviado a Guantánamo después de verse envuelto con las autoridades del país por haber descubierto sus conexiones con las fuerzas extremistas islámicas. Se describió que un detenido libio había sido capturado en España y Pakistán al mismo tiempo, sin ningún intento de reconciliar la contradicción.

El camarógrafo de Al Jazeera, Sami al-Hajj, fue arrestado en Pakistán y retenido en Guantánamo durante seis años. Según los archivos, el propósito de su encarcelamiento era obligarlo a "proporcionar información sobre ... el programa de capacitación de la red de noticias de Al Jazeera, el equipo de telecomunicaciones y las operaciones de recopilación de noticias en Chechenia, Kosovo y Afganistán, incluyendo la adquisición por parte de la red de un video de UBL [Osama bin Laden] y una entrevista posterior con UBL”.

Una imagen similar surgió de muchos de los archivos. Los detenidos fueron arrestados, en muchos casos vendidos a Estados Unidos por dinero en efectivo, y luego retenidos indefinidamente en un intento por convertirlos en informantes estadounidenses. Para justificar el continuo encarcelamiento masivo, los carceleros estadounidenses cultivaron un puñado de fuentes en Guantánamo, que proporcionaron "pruebas" contra cientos de otros reclusos.

Los documentos demostraron que las víctimas incluían a ciudadanos de naciones aliadas a Estados Unidos, incluyendo ciudadanos británicos. Estados Unidos sabía que muchos prisioneros habían sido torturados en el camino, incluso en los "sitios negros" de la CIA y en las prisiones de los socios estadounidenses en la "guerra contra el terror".

Se incluyó a casi 100 presos con graves trastornos psiquiátricos como resultado de su tratamiento brutal.

Las publicaciones de WikiLeaks galvanizaron la hostilidad popular hacia las guerras neocoloniales en el Medio Oriente y Asia Central y los ataques que las acompañaron a los derechos democráticos. Expusieron, no solo la criminalidad de la administración de George W. Bush, sino también la de Obama y Biden, y una gran cantidad de aliados de Estados Unidos, de Gran Bretaña y Australia.

Los medios estadounidenses buscaron ahogar el impacto centrándose en las declaraciones infundadas de los prisioneros que figuran en los archivos, que contaron historias sobre el alcance global y las ambiciones de Al Qaeda, algunos de ellos bajo coacción. Para 2011, el New York Times, que se había asociado anteriormente con WikiLeaks, se había vuelto decisivamente contra la organización editorial, uniéndose a la campaña en su contra y su entonces editor en jefe Assange, que estaba encabezado por las agencias de inteligencia.

Una década después, los archivos no han perdido nada de su relevancia, mientras continúan las guerras lideradas por Estados Unidos, Guantánamo permanece abierto y Washington se prepara para una calamidad aún mayor que la ocurrida en los últimos 20 años, al confrontar agresivamente a China y Rusia. El brutal ataque a los derechos democráticos con el que se asocia Guantánamo se está expandiendo, a medida que los gobiernos de todo el mundo responden a la creciente oposición social recurriendo a formas autoritarias de gobierno.

El aniversario subraya la necesidad de que los trabajadores y los jóvenes de todo el mundo luchen por la libertad inmediata de Assange y contra su extradición a Estados Unidos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de mayo de 2021)