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La administración de Biden restablece la política antiinmigrante de Trump de "Permanecer en México"

La Administración de Biden se está preparando para reiniciar una política en la frontera sur que fue usada por el expresidente Donald Trump para evitar que los solicitantes de asilo ingresen al país desde México.

En un expediente judicial el 14 de octubre, los funcionarios de Biden dijeron que volverían a lanzar los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) —también conocida como la política de Trump “Permanecer en México”— a mediados de noviembre si el gobierno mexicano acepta el regreso de los solicitantes de asilo a su territorio.

Migrantes haitianos montan un campamento improvisado a lo largo del Río Grande después de cruzar a Estados Unidos desde México, el viernes 17 de septiembre de 2021, en Del Rio, Texas. (AP Photo/Eric Gay)

El reinicio de la política incluirá la construcción de “tribunales de carpas” de lados blandos en los cruces fronterizos de Laredo y Brownsville, Texas, a un costo de $14 millones, donde los solicitantes de asilo aparecerían ante las audiencias por videoconferencia exactamente de la misma manera que se hizo durante la administración de Trump.

El subsecretario interino de política de inmigración de Biden, Blas Nuñez-Neto, dijo a la corte que se había logrado un “progreso sustancial” en las conversaciones con México para avanzar con el revivido programa MPP, según el Washington Post .

La administración de Biden puso fin al MPP poco después de asumir el cargo. En abril, los estados de Texas y Missouri controlados por los republicanos respondieron presentando demandas en el Distrito Norte de Texas diciendo que el poner fin al programa condujo a una oleada dañina de inmigrantes ilegales.

En agosto, un juez del Tribunal de Distrito de los EE. UU. ordenó a la administración de Biden que reanudara el MPP, afirmando que el programa se terminó de manera inapropiada. La Casa Blanca de Biden apeló el fallo ante la Corte Suprema, pero una mayoría de 6 a 3 del tribunal superior denegó la solicitud y confirmó el fallo del tribunal inferior.

El fallo de la Corte Suprema fue presentado por el juez Samuel Alito, quien declaró: “Los demandantes no han demostrado una probabilidad de éxito en el reclamo de que el memorando que deroga los Protocolos de Protección al Migrante no fue arbitrario ni caprichoso”.

Sin embargo, la administración Trump, que lanzó el programa en enero de 2019, había reducido en gran medida el uso de MPP en marzo de 2020 al comienzo de la pandemia de COVID-19 y comenzó a usar un código de salud pública llamado Título 42 para detener y deportar a los que cruzan la frontera y bloqueando cualquier posibilidad de solicitar asilo.

Al prepararse para reiniciar la política de “Permanecer en México', el Departamento de Seguridad Nacional de Biden (DHS) emitió un comunicado en el que decía que estaba “tomando las medidas necesarias para cumplir con la orden judicial, que requiere que re implementemos el MPP de buena fe”.

La declaración del DHS continuó, “Significativamente, México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el regreso de personas sin estatus en México como parte de cualquier reimplementación del MPP. Las discusiones con el Gobierno de México sobre cuándo y cómo se re implementará el MPP están en curso”.

Durante la campaña presidencial de 2020, el candidato Joe Biden tuiteó en marzo de 2020: “La política de ‘Permanecer en México’ de Donald Trump es peligrosa, inhumana y va en contra de todo lo que defendemos como nación de inmigrantes. Mi administración lo pondrá fin”.

Si bien podría parecer que los tribunales le tuercen el brazo a Biden para adoptar las políticas de inmigración de Trump, la realidad es que la administración del Partido Demócrata ha estado siguiendo voluntariamente las mismas políticas fronterizas antiinmigrantes de la Casa Blanca anterior durante meses.

Por ejemplo, Biden ha estado usando el Título 42 para detener y deportar inmediatamente a los migrantes que intentan cruzar la frontera con el argumento de que representan un riesgo para la salud pública. Al igual que hizo la Casa Blanca de Trump, el secretario de Seguridad Nacional de Biden, Alejandro Mayorkas, está utilizando cínicamente la pandemia para implementar una política de inmigración de derecha que viola las leyes internacionales y estadounidenses.

Como Mayorkas dijo a Yahoo News el 12 de octubre, “No es una política de inmigración que adoptemos en esta administración. Pero lo vemos como un imperativo de salud pública, como lo ordenaron los Centros para el Control de Enfermedades. Estamos en medio de una pandemia. Para cualquiera que piense que todo sigue como de costumbre, creo que sería, francamente, ignorar una pandemia que se ha cobrado más de 700.000 vidas estadounidenses”.

Mientras tanto, el martes, el nominado de Biden para el liderazgo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU., Chris Magnus, testificó en su audiencia de confirmación y apoyó plenamente las expulsiones del Título 42 y las acciones rápidas en la frontera para evitar que los solicitantes de asilo ingresen a los EE. UU. Magnus es actualmente el jefe de policía en Tucson, Arizona y buscaba impresionar tanto a los demócratas como a los republicanos en el Comité de Finanzas del Senado con sus credenciales de ley y orden.

Cuando se le preguntó sobre el hecho de que un total de 1,6 millones de migrantes habían sido arrestados por “cruces fronterizos ilegales entre Estados Unidos y México” solo este año, Magnus dijo al comité: “Estoy de acuerdo, tenemos algunos desafíos importantes en la frontera, las cifras son muy altas, y es algo que hay que abordar, claramente tenemos un sistema roto”.

Según las estadísticas del DHS, la administración Biden ha llevado a cabo 1.8 veces el número de detenciones y deportaciones de migrantes según el Título 42 en la frontera sur entre febrero y agosto (690,209) que la administración Trump llevó a cabo durante el mismo período en 2020.

Si bien el juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Emmet Sullivan, dictaminó el 16 de septiembre que el Título 42 ya no podría usarse para impedir que los solicitantes de asilo ingresen al país, la administración Biden ha argumentado repetidamente en la corte en defensa de la política de Trump. Actualmente, la Casa Blanca está apelando el fallo del juez Sullivan en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para Washington D.C.

El Título 42 es una cláusula en la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944 que “permite al gobierno prevenir la introducción de personas durante ciertas emergencias de salud pública” y ha sido raramente hasta que se convirtió en la piedra angular del ataque xenófobo de la administración Trump contra los inmigrantes que llegan en la frontera como parte de las restricciones de viaje establecidas en los primeros meses de la pandemia.

El 2 de octubre, el asesor principal del Departamento de Estado, Harold Koh, envió una carta de renuncia a la Casa Blanca de Biden, diciendo que el uso del Título 42 es “inhumano” y “continúa violando nuestra obligación legal de no expulsar o devolver a las personas que temen persecución, muerte o tortura, especialmente los migrantes que huyen de Haití”.

En su mordaz carta, Koh escribió: “A mi juicio, el Título 42 se está implementando actualmente de una manera que viola la prohibición del Artículo 33 de la Convención de Refugiados contra la expulsión directa o el regreso a la persecución. ... También ha habido informes inquietantes de que a algunos migrantes ni siquiera se les dijo a dónde los llevaban cuando se les colocó en vuelos de deportación, y solo cuando aterrizaron se enteraron de que habían sido devueltos a su país de origen o al lugar de posible persecución o tortura”.

Matthew Reynolds, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en los EE. UU. y el Caribe, dijo en una declaración pública: “Las personas o familias a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica sin ninguna oportunidad de que se evalúen y aborden esas necesidades”. Reynolds dijo que algunos vuelos en los que se está expulsando a no mexicanos al interior profundo de México constituyen “una nueva dimensión preocupante en la aplicación de la orden de salud pública relacionada con COVID conocida como Título 42”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de octubre de 2021)

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