El tres de enero hubo una manifestación frente al tribunal estadounidense en San Juan, Puerto Rico. Los manifestantes demandaron que la jueza Laura Taylor Swain rechazara el Plan de Ajuste de Deuda propuesto por La Junta de Supervisión y Gestión Financiera de Puerto Rico (Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico, FOMBPR).

Quejándose del mal estado de la economía de esta isla, los manifestantes, jubilados, maestros, empleados públicos, y estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, exigían leyes que prohibieran el pago de la ilegal deuda del gobierno y que, en cambio, pusieran prioridad en la educación, tal como aumentar el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, en servicios esenciales y en garantizar las pensiones de jubilación.

La jueza Swain, que preside el caso de bancarrota de Puerto Rico, reconociendo la oposición popular en Puerto Rico, igual aprobó el plan de la Junta de Supervisión para Puerto Rico el 18 de enero.

Luego de cinco lustros de desmoronamiento financiero y declive económico de Puerto Rico, se inicia una nueva etapa, con la aprobación por parte de Swain del Plan de Ajuste de Deuda creado por la Junta de Supervisión y Gestión Financiera de Puerto Rico, una agencia nombrada por el Congreso estadounidense en junio 2016, durante la presidencia de Obama para resolver la crisis de deuda es este territorio estadounidense. Los siete miembros de esta junto de supervisión están bien conectados a la banca europea y norteamericana y a los fondos buitres de Wall Street.

Cinco años después, el Plan de Ajuste corta por la mitad el desfalco, al mismo tiempo que le asegura ganancias mega millonarias a los fondos (buitres) de alto riesgo, a costa de las jubilaciones públicas, empleos y sueldos.

El Plan de Ajuste, que se espera sea aprobado por casi todos los acreedores, continúa con un largo periodo de medidas de austeridad. Incluye reemplazar pensiones de suma fija con planes 401K (sujetos a los vaivenes del mercado bursátil). También baja el monto de la deuda pública de $70 mil millones a $34 mil millones, reduciendo los pagos del gobierno. Los acreedores recibirán $7 mil millones al contado, además de miles de millones más si los impuestos exceden lo que se anticipa. La Junta continuará controlando las finanzas hasta que el gobierno permanezca cuatro años sin déficit.

No se han resuelto otros aspectos de la crisis financiera, como la bancarrota del sistema de electricidad.

El primero de julio de 2016 el gobierno entró en defalco, al no poder cumplir con un vencimiento de $2 mil millones en sus bonos. Para entonces ya no había cumplido con decenas de miles de millones de dólares en pensiones y otras deudas.

Las consecuencias de la crisis global del 2008 empeoraron la crisis puertorriqueña. Quebraron empresas de uso intensivo de mano de obra (construcción, agricultura, pequeñas y medianas compañías.) Las elites políticas respondieron combinado medidas de austeridad con empréstitos. En el 2009, el gobierno de Luis Fortuño Burset aprobó leyes de emergencia que resultó en el despido de 30 mil empleados públicos, elevando la tasa de desempleo y alentando a la emigración en masa.

Empresas estadounidenses que habían establecido fábricas en Puerto Rico durante los años 80, a razón de ventajas impositivas de Estados Unidos, mudaron su producción a otras partes del mundo; el gobierno de Clinton estaba acabando con las ventajas impositivas. Como consecuencia ocurre un tremendo éxodo hacia Estados Unidos de trabajadores calificados y jóvenes. La población puertorriqueña se redujo en medio millón, de 3,8 millones en 1996 a 3,3 millones en 2020.

Con el cierre de fábricas e industrias, y la desaparición de empleos, continúan los préstamos. Se paga los viejos pagarés con nuevas deudas, violando la constitución de Puerto Rico, que impone límites en la deuda fiscal. Se empeora la crisis fiscal.

En el 2014, cuando ya era claro que la situación era imposible, agencias de crédito de Wall Street rebajan los bonos puertorriqueños al estatus de bonos basura. Fondos de cobertura buitre, como Aurelius Capital, comienzan a comprar bonos a menos de su valor, con el propósito de exigir pagos completos en el futuro.

La crisis se transformaba en los que el New York Times llamaría la “crisis financiera más grande en la historia de Estados Unidos.” Complementando los préstamos de $73 mil millones existían obligaciones de pensiones de $50 mil millones.

Respondiendo a esta crisis de deuda, el congreso estadounidense, autorizado por la nueva Acta de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act; PROMESA), impuso sobre el gobierno de Puerto Rico la actual Junta de Supervisión y Gestión Financiera de Puerto Rico de siete miembros no electos. A los acreedores se les prohibió hacer pleitos contra Puerto Rico, mientras la junta elaboraba un plan para resolver la crisis.

El verdadero propósito de la junta es proteger las inversiones de los especuladores de Wall Street, imponiendo severas medidas de austeridad que afectan sueldos, la educación, servicios de salud, y pensiones del gobierno. Estas medidas incluyen la privatización de la educación pública y los servicios eléctricos.

Poco después de PROMESA y del la Junta de Supervisión, ocurrieron una serie de desastres naturales en la isla.

En septiembre 2017, el huracán María, una tormenta de Categoría 5, tuvo un efecto devastador; destruyó gran parte de la infraestructura eléctrica y causó más de cinco mil muertes, con daños por encima de $100 mil millones. Para el 2018, Puerto Rico había perdido el 15 porciento de sus trabajadores de salud; sólo quedaban 9,500 para una población de 3,2 millones de habitantes. Tres años después del huracán 130,000 habían emigrado de la isla; Puerto Rico recibió $1,5 mil millones en ayuda del gobierno, de los $20 mil millones prometidos originalmente.

Todos estos acontecimientos: austeridad, desempleo, crisis de deuda y la desastrosa respuesta al Huracán María, provocaron enormes protestas sociales que, en 2019, causaron el colapso de la corrupta administración del gobernador Ricardo Rosselló, preocupando a las clases de poder estadounidense y puertorriqueña.

En 2020, el Terremoto de Guayacanilla, de 6,4 en la escala de Richter, el más potente en 102 años, dejó a la isla sin servicio eléctrico, destruyo a partes de la costa del suroeste y a 8 mil casas, creando condiciones para una nueva ola de emigración.

Esos desastres también hacen relucir las altas tasas de desigualdad de ingresos que existen en esta isla, las más altas en el Caribe y en el hemisferio occidental. Cuarenta y cinco porciento de la gente existe bajo la línea de la pobreza, incluyendo a más del 50 porciento de los niños. Un tercio de los adultos se quejan de inseguridad alimenticia, una quinta parte declara no tener dinero para comer regularmente.

Con la pandemia COVID-19 la situación empeora, dado las altas tasas de desempleo y reducidos ingresos.

La variante ómicron está afectando a hospitales y clínicas, al borde del desmoronamiento a causa de falta de recursos y de empleados. Las estadísticas del 23 de enero en Puerto Rico eran de 3,338 muertes, de una población de unos 3 millones, desde el comienzo de la pandemia en marzo 2020. Ese día murieron 14, la primera cantidad de dos cifras desde el verano de 2021; con 700 hospitalizados, más que durante la fase más alta de la variante anterior.

La manifestación del 3 de enero fue una señal de furia popular. Al igual que en 2019, todos los elementos se están juntando para crear una explosión social de la clase trabajadora de Puerto Rico.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de enero de 2022)