España ha entrado oficialmente en la séptima ola de la pandemia de COVID-19, que es impulsada por las subvariantes ómicron BA.2 y XE, XT y BA.2.12.1 altamente infecciosas y con más capacidad de evadir la inmunidad, al tiempo que también se convierte en epicentro del brote de la viruela del mono.

El 20 de abril, el gobierno de coalición del Partido Socialista (PSOE) y Podemos eliminó el uso obligatorio de mascarillas, una de las pocas medidas de salud pública que quedaban en vigor tras las medidas de apertura en marzo. Desde ese día, casi 2.000 personas han muerto de COVID-19.

El 28 de mayo había 6.980 personas hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), 1.300 más que las 5.635 hospitalizadas el 20 de abril. La incidencia a 14 días se sitúa en 663 nuevos casos de COVID-19 notificados por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, esto solo tiene en cuenta los casos en personas mayores de 60 años. Una incidencia de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes se considera de alto riesgo.

El Ministerio de Sanidad registró este viernes 45.919 nuevos casos de coronavirus, incluidos 22.120 que se dieron en personas mayores de 60 años. El número total de infecciones por COVID-19 registradas hasta ahora es de 12.360.256, que es más de una cuarta parte de la población española.

Además, se han registrado 260 muertes en la última semana, con lo que las muertes oficiales por COVID-19 alcanzan las 106.341 personas. Esta es una subestimación significativa. Según una investigación publicada por la revista The Lancet en marzo, de diciembre de 2019 a diciembre de 2021 el exceso de muertes en España por el virus se sitúa en 162.000, un 64 por ciento superior a la cifra oficial de 98.900 personas fallecidas por COVID-19 reportadas en diciembre.

Los datos muestran que la pandemia de COVID-19 sigue representando un grave peligro. Sin embargo, el Gobierno PSOE-Podemos ha reaccionado con total indiferencia, continuando con su estrategia 'dejarlo correr' de infección masiva y permitiendo que el COVID-19 continúe infectando, incapacitando y matando a decenas de miles de personas.

La clave de esta política es 'normalizar' el virus equiparando su tratamiento con el de la gripe. En los últimos dos meses, el Gobierno PSOE-Podemos eliminó prácticamente todas las restricciones y controles sobre la propagación de la pandemia. Estos incluyen:

• El requisito de autoaislarse si se está infectado con COVID-19, excepto en entornos vulnerables como residencias de ancianos.
• Limitar el acceso a pruebas PCR seguras, ahora solo disponibles con receta médica.
• Eliminar el uso obligatorio de mascarillas en interiores, excepto en el transporte público y en los centros de salud.
• Eliminación de casi todas las medidas en los centros educativos: cuarentenas; distanciamiento de seguridad de 1,2 metros entre alumnos; el sistema de burbujas; asientos fijos en los autobuses escolares; y evitar que los padres vuelvan a ingresar a las escuelas y participen en tutorías presenciales.

Esta política del gobierno PSOE-Podemos tiene sus raíces en intereses de clase: dar un trato comparable a la 'salud económica' y a la 'vida humana', priorizando la primera sobre la segunda. Tras eliminar las cuarentenas, el Ministerio de Sanidad estableció que ya no se deben dar bajas por enfermedad a los contactos cercanos de pacientes con COVID-19 ni a los expuestos al virus. Incluso a los infectados que son asintomáticos o con síntomas leves se les niega la baja laboral, una medida que la clase capitalista considera esencial para mantener a los trabajadores en sus puestos de trabajo.

Estas medidas han sido denunciadas por los profesionales sanitarios. La semana pasada, Margarita del Val, viróloga e inmunóloga coordinadora de la Plataforma Temática Interdisciplinaria de Investigación en Salud Global del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creada en marzo de 2020 para luchar contra la pandemia, denunció la eliminación de la monitorización del virus por parte del PSOE y Podemos.

Durante la primera Cumbre Internacional sobre Gestión de Pandemias celebrada en Valencia, afirmó que estamos en un 'momento muy difícil'. 'Tenemos pocos datos y no sabemos qué va a pasar, pero estoy casi segura de que cuando vengan las navidades que viene, con nuestro comportamiento habitual, nos contagiaremos de otras enfermedades respiratorias y de Covid'.

El doctor Francisco José Sáez, responsable del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), también denunció estas medidas. En una entrevista al diario digital Acta Sanitaria señaló que la falta de monitorización de la incidencia en menores de 60 años falsifica claramente los datos de la pandemia. Dijo que los médicos no entienden 'que si tienes un paciente enfermo menor de 60 años [con COVID-19], esto no se registrará. Esto explica por qué la prevalencia de la enfermedad está disminuyendo en España'.

Los trabajadores sanitarios también están sufriendo la negativa del estado a considerar el COVID-19 como una enfermedad profesional. Sáez explicó que, si un profesional sanitario ha cumplido con todas las medidas de salud y seguridad, y se infecta, se le dirá que 'usted no ha cogido la enfermedad aquí y la habrá cogido en su casa'. En otras palabras 'si te contagias, fue por un error'.

Èl doctor Saéz también criticó que: 'ahora mismo, no se están dando bajas laborales a las personas que se contagian de la Covid-19 en una residencia de mayores' y se les está diciendo 'que se pueden incorporar a trabajar sin problemas, que se pongan la mascarilla... pero si, luego, una de estas personas desarrolla un Covid persistente, no se va a reconocer esa enfermedad como tal y se dirá que es otro tipo de cuadro'.

El Gobierno del PSOE-Podemos no solo condena a millones de trabajadores a contagiarse, sino que también los deja indefensos frente al COVID persistente. Se estima que el 10 por ciento de los infectados sufren de COVID persistente. Según el Grupo de Trabajo Multidisciplinar sobre la pandemia de COVID-19, es probable que más de 1 millón de personas padezcan en España esta enfermedad.

Sin embargo, el COVID persistente no está considerado como una enfermedad en España. Los pacientes con esta afección no reciben una asistencia médica concreta para la misma y no se puede conseguir una baja laboral por el hecho de padecerla. Según María Lorenzo, integrante del grupo de trabajo del colectivo COVID persistente Asturias “Dependemos de que el médico de familia nos crea cuando le contamos nuestros síntomas, si no, nos deriva a los servicios de salud mental”.

Incluso la ministra de Sanidad, Carolina Darias, reconoció en marzo de este año que el sistema sanitario español no tenía información suficiente para dar respuesta a la COVID persistente. En ese momento anunció que se había solicitado un estudio para cubrir esas carencias al Instituto Carlos III. Pero este estudio no es más que una trampa, el mismo fue encargado a Ferrán Barbé un neumólogo que públicamente ha quitado importancia a esta enfermedad e incluso negado su existencia.

La falta de rigor de este estudio ha sido denunciada ante el Defensor del Pueblo por toda una serie de organizaciones como la Plataforma de Colectivos y Asociaciones de Pacientes Long Covid ACTS, la Asociación Long Covid Aragón, el Colectivo Covid 19 Persistente Madrid, junto con la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), el Sindicato de Enfermería SATSE y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos. Entre otras cosas señalan que la muestra de pacientes que participan es demasiado pequeña para ser representativa, y que el cuestionario del estudio está sesgado para obviar los síntomas fundamentales del COVID persistente.

Nada de esto es un error o una coincidencia. El Gobierno del PSOE-Podemos quiere reducir las bajas por enfermedad y destinar los mínimos recursos sanitarios al tratamiento de los enfermos. Su objetivo es obligar a los más de 1 millón de personas afectadas a ir a trabajar mientras están enfermas, y ahorrar la mayor cantidad de dinero posible en su tratamiento sanitario. Al mismo tiempo, la Unión Europea está gastando miles de millones de euros en el envío de armas a Ucrania para llevar adelante la guerra contra Rusia.

La criminal actuación del PSOE y Podemos en relación con el COVID-19 es una advertencia sobre cómo reaccionarán ante el brote de viruela del mono. España tiene 142 casos de viruela del mono, lo que la convierte en el epicentro del virus en Europa. Por suerte, todos los casos están evolucionando bien y son leves, pero limitar el contagio es fundamental. Para ello es importante el diagnóstico precoz y el aislamiento del paciente, algo a lo que el Gobierno PSOE-Podemos ya ha demostrado su hostilidad en el caso del COVID-19. El virus ahora se está propagando rápidamente en siete regiones de España, con la región de Madrid a la cabeza con al menos 66 casos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 1 de junio de 2022)