Los fuertes aumentos en los precios de los alimentos, fertilizantes, combustibles y transporte público, combinados con la incertidumbre del tipo de cambio y el alto nivel de desempleo, están teniendo un efecto devastador en la clase trabajadora urbana y rural del Perú, en los estudiantes y en los pobres.

El mayor costo del fertilizante de urea, como resultado de la guerra en Ucrania, aumenta el costo de los alimentos de las granjas y la caída resultante en la producción eleva los precios en los mercados minoristas. Se estima que, si continúa la guerra en Ucrania, el precio de los fertilizantes podría aumentar un 40 por ciento para finales de 2023.

La guerra de Ucrania también está afectando el precio de la energía. En las gasolineras de Repsol, principal proveedor de combustibles en Perú, el precio prepandemia de la gasolina de 90 octanos al 31 de diciembre de 2018 era de 4,85 nuevos soles por galón. El 4 de septiembre de este año, se cotizaba a 19,95, un aumento del 307 por ciento, equivalente a un asombroso 45,4 por ciento anual.

Como resultado de las alzas en el precio de la gasolina, las tarifas del transporte público en Lima, la capital, subieron el 16 de julio de 2,50 a 3,50 nuevos soles, un aumento del 40 por ciento.

El mes pasado las empresas de transporte público privado de Arequipa, la segunda ciudad más poblada de Perú, que transporta 800.000 pasajeros diarioss, anunciaron que subirían la tarifa base de un sol a 1,40 soles, un aumento del 40 por ciento de un día para otro.

El diario Perú21 informó que en Arequipa una familia promedio de cuatro personas gasta un mínimo de 168 soles al mes en transporte público. Con el nuevo aumento subiría a 235 soles, el 22 por ciento del salario mínimo vital mensual (SMV) de 1.025 soles (US$ 265,27).

Para tener una idea de las verdaderas dimensiones de la precaria situación económica que enfrentan los trabajadores peruanos, por cada dólar que recibe un trabajador en el estado de Nueva York ganando el salario mínimo, su contraparte peruana recibe solo 11,5 centavos.

Aunque en agosto hubo una pequeña disminución con respecto a julio, la tasa de inflación en cuanto a los precios al consumidor se mantuvo alta. El reporte mensual de agosto del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ubicó la inflación de los 12 meses anteriores en 8,41 por ciento, muy por encima de la meta del banco de 1 a 3 por ciento. Esto fue ligeramente inferior a la tasa del 8,5 por ciento en los EE.UU. y la tasa del 10,07 por ciento en Brasil, el país latinoamericano con la inflación más alta.

La semana anterior, el BCR elevó su pronóstico de inflación para 2022 y 2023. En una conferencia de prensa en Lima, el presidente del banco, Julio Velarde, dijo que el banco elevó su estimación de inflación para 2022 a 7,8 por ciento desde un 6,4 por ciento anterior y para 2023 a 3. por ciento del 2,5 por ciento.

Para hacer frente a la inflación, el 7 de julio el BCR fijó la tasa de interés base en 6,00 por ciento. Hace un año, el 8 de agosto de 2021, era solo el 0,50 por ciento.

En ese momento, el banco estaba tratando de reactivar una economía golpeada por los cierres de empresas y una alta tasa de desempleo producto de la pandemia. Desde entonces, el BCR ha elevado la tasa en numerosas ocasiones. Hoy no se trata de estimular la economía, sino de frenar la inflación y, sobre todo, de que no suban los salarios.

El viernes, el banco volvió a elevar la tasa clave a un máximo de 20 años de 6,75 por ciento. Esto fue un poco menos de lo esperado, debido a que la tasa de inflación de septiembre en comparación con la de agosto mostró una segunda ligera disminución mensual. No obstante, la tasa del 6,75 por ciento fue el decimocuarto aumento consecutivo en un ciclo que ha elevado los costos de endeudamiento en 650 puntos básicos. Y el banco enfatizó que no descartaba aumentos adicionales en las tasas de interés dependiendo de los datos entrantes.

Además de intentar controlar la inflación, restringir los salarios y proteger la moneda nacional, la inestabilidad política, es decir, el riesgo país, también ocupa un lugar preponderante en los cálculos de tasas. La posibilidad de un levantamiento de masas, tras medio año de huelgas y manifestaciones incesantes, ha llevado a la burguesía nacional a compras excesivas de dólares.

El viernes pasado, la moneda cerró en 3,877 nuevos soles por dólar estadounidense, equivalente a una devaluación superior al 19 por ciento desde el inicio de la pandemia, que se cotizó en 3,1268 el 12 de marzo de 2019. El tipo de cambio alcanzó un máximo de 4,1198 nuevos soles por dólar el 13 de octubre del año pasado. A lo largo de los últimos nueve meses ha variado entre un piso de 3,62 y un techo de 4,10, oscilando según la percepción de la burguesía sobre el riesgo del Perú.

Las proyecciones de crecimiento del BCR revelan la precariedad de la situación político-económica. Revisó a la baja sus estimaciones de crecimiento económico para el año en curso del 3,8 al 3,0 por ciento para 2022 y del 3,2 al 3,0 por ciento para 2023.

La desaceleración golpea duramente la producción de alimentos básicos para la clase trabajadora urbana y rural. Por ejemplo, los periódicos informan que la producción de arroz disminuyó un 7,5 por ciento y la producción de papas un 11,73 por ciento en julio.

Asimismo, la producción de petróleo y gas licuado se ha desacelerado. Los contratos de exploración de hidrocarburos se redujeron a la mitad de la cifra de 2019, último año previo a la pandemia.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), “En el trimestre diciembre 2021-enero-febrero 2022, la tasa oficial de desempleo en Lima Metropolitana –donde reside un tercio de la población nacional y se concentra la actividad económica– fue de 8,9 por ciento. ciento, inferior en 5,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo trimestre de 2021 (14,5 por ciento)”. Sin embargo, en comparación con el mismo trimestre de 2020 (7,1 por ciento), fue superior en 1,8 puntos porcentuales.

Y estas cifras no captan el hecho de que la proporción de la población activa atrapada en trabajos informales aumentó de 73 por ciento al 78 por ciento debido a la pandemia.

Pero es la caída de la producción, en parte por la contracción económica en los años de la pandemia, y el aumento del precio de los artículos de primera necesidad, lo que ha golpeado más duramente a la clase trabajadora. El principal factor ahora es la desaceleración de la economía capitalista a nivel mundial, que ha llevado a Perú a una recesión técnica.

Finalmente, al sombrío panorama económico se suma la cuarta ola de Covid-19, con la cepa ómicron, oficialmente anunciada en la última semana de junio, y que ahora azota a la población.

Según datos publicados por el Ministerio de Salud (Minsa), la cifra mensual de defunciones en junio fue de 334, aumentó a 854 en julio y luego llegó a 1.428 en agosto. Es decir, en el espacio de tres meses, la tasa de mortalidad saltó un 260 por ciento.

Desde el comienzo de la pandemia, el número de casos positivos ha ascendido a 4.131.966. y el número de muertos a 216.287, lo que representa una tasa de mortalidad de 5,23 por ciento al 18 de septiembre.

Estas crisis entrelazadas se cruzan con acusaciones de corrupción por parte del presidente Pedro Castillo, su familia y funcionarios del gobierno, creando una crisis de gobernabilidad y sentando las bases para una explosión social y política.

(Publicado originalmente en inglés el 19 de septiembre de 2022)