El fin de semana pasado, los Gobiernos de Joe Biden en EE.UU. y Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, en México, pusieron en marcha su acuerdo para deportar indiscriminadamente a todos los migrantes venezolanos que busquen entrar en EE.UU.

El acuerdo fue anunciado inicialmente el miércoles ante el aumento de venezolanos que intentan escapar de la crisis humanitaria creada por años de sanciones estadounidenses, cuyo objetivo es someter al país por medio del hambre.

Las autoridades estiman que la cifra de venezolanos que buscan alcanzar EE.UU. ha aumentado 30 veces desde abril. Más de 3.000 migrantes, en su mayoría de Venezuela, están cruzando hacia Panamá a diario en ruta a EE.UU.

A pesar de su política de infecciones masivas que ha matado a 1,1 millones por COVID-19 y su declaración de que “la pandemia ya se acabó”, Biden sigue basando su política migratoria en el Título 42, un decreto implementado por Trump que utiliza el COVID-19 como pretexto para violar el derecho al asilo consagrado en el derecho internacional.

Describiendo traslados forzosos propios de las dictaduras más arraigadas, una migrante venezolana que había cruzado a EE.UU. le dijo a France 24, “En ningún momento nos dijeron que ustedes van a ser deportados, nada. Solamente nos sacaron y nos llevaron allá” a México.

Señalando al cruce entre Tijuana y San Diego detrás suyo, otro migrante dijo, “Tenemos hambre en México. Estamos en la frontera. Ahí está el muro. Nos sacaron sin decir ‘Mira estás deportado’. Si estuviera deportado que me manden a Venezuela en un avión”.

Las acciones del Gobierno de Biden, que afirma ser un modelo de democracia y derechos humanos, solo pueden describirse como arrojar a seres humanos al otro lado de la frontera como si fueran basura.

Como tapadera, el programa de Biden permitirá que 24.000 venezolanos soliciten residencia legal. No obstante, tienen que aplicar desde su país de origen y deben demostrar que cuentan con un patrocinador y los medios financieros para sostenerse en EE.UU. antes de viajar exclusivamente por avión.

Estos requisitos no son solo inasequibles para todos menos una capa privilegiada de profesionales y empresarios, sino que el Gobierno de Biden también está prohibiendo que apliquen todos aquellos que ya cruzaron a Panamá, México o EE.UU. de forma irregular durante los últimos cinco años.

De hecho, el programa de Biden emite el hedor cruel y punitivo de la extrema derecha y solo sirve para legitimar y fortalecer al movimiento fascista siendo fomentado por la élite gobernante estadounidense. En última instancia, estas fuerzas serán utilizadas como tropas de choque contra el movimiento masivo emergente de la clase obrera estadounidense e internacional contra la inflación, la guerra, la pandemia y la desigualdad social.

Blas Núñez-Neto, jefe de operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., declaró el jueves que el programa “es sólo para venezolanos, pero vamos a estar revisando muy de cerca lo eficaz que es para disminuir los flujos migratorios y si funciona, vamos a iniciar un proceso para revisar si se puede expandir”.

Este año, un récord de 160.000 migrantes, aproximadamente 70 por ciento de ellos venezolanos, han cruzado la peligrosa jungla del Darién entre Colombia y Panamá, según autoridades panameñas.

Mientras cruzaba Costa Rica el lunes, un migrante y doctor venezolano, Fidel José Reinoza, describió poderosamente a Crhoy lo que significa esto: “El Darién es una montaña que busca acabar con tu vida de la mejor manera, puede ser como que se te acabe la comida, puede ser con los ríos caudalosos, puede ser por su inmensa selva de 21.000 kilómetros [cuadrados]… De verdad que todas esas personas que hemos pasado el Darién somos unos guerreros, somos unos héroes”.

Por varias semanas y a veces meses, estos trabajadores migrantes, desarraigados de sus hogares y comunidades, viajan miles de kilómetros, enfrentando junglas inmensas, brutales fuerzas armadas entrenadas y armadas por el imperialismo estadounidense para detenerlos, así como pandillas, tormentas y sequías.

Al llegar a la frontera entre EE.UU. y México, los migrantes venezolanos usualmente se entregan. La Patrulla Fronteriza de EE.UU. luego los obliga a botar su ropa y salveques mojados, toman su nombre, huellas y foto, les dan bolsas plásticas para sus otras pertenencias y los envían a un campamento por algunas horas o días antes de deportarlos.

El abuso por parte de los funcionarios es generalizado en ambos lados de la frontera. Un migrante, Paolo Gutiérrez, le dijo a Jornada que un oficial estadounidense le dijo a otro “Llévese a estas mierdas”, refiriéndose a los grupos de familias migrantes. Otro le dijo, “Hijo de la chingada, ¿eres bruto?” y varios los llamaron “ilegales”.

Las autoridades mexicanas luego los reciben y transportan al sur hacia estaciones migratorias, donde les dan órdenes de “su salida definitiva del país con vigencia de 20 días naturales”. Encima de todo, una migrante le dijo a Jornada que los oficiales mexicanos les robaron su ropa y dinero. Todos “estábamos en shock, llorando, ante la certeza de que también de aquí nos expulsan, de que ni siquiera tenemos para comer… No lo creemos justo, somos un grupo de gente trabajadora”, dijo.

Un grupo de venezolanos que viajaba al Ministerio de Inclusión y Bienestar Social en Ciudad de México le dijo a Jornada que les rehusaron incluso un refugio.

Siguiendo su propio acuerdo con Washington, el Gobierno guatemalteco anunció el lunes que había detenido a 350 migrantes, en su mayoría venezolanos, y que los estaba deportando inmediatamente al sur, a Honduras.

Alrededor de 6 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015, tratando de escapar de condiciones realmente aborrecibles. Un censo de hogares de 2021 realizado por la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela reveló que el 94,5 por ciento de la población venezolana vivía en la pobreza. Asimismo, solo el 5,8 por ciento de la población no sufre ningún nivel de inseguridad alimentaria. En el sector público, históricamente mejor pagado, el salario promedio es de 12 dólares al mes.

Semejante catástrofe humanitaria en un país con una quinta parte de las reservas mundiales de petróleo y un sector industrial otrora floreciente es una acusación contra todo el sistema capitalista. La crisis actual es sobre todo el producto de las sanciones impuestas durante las Administraciones de Obama y Trump y renovadas bajo Biden contra las corporaciones que hagan negocios en Venezuela. Estas tenían como objetivo llevar al país a la quiebra y facilitar la instalación de un régimen títere de Estados Unidos.

La producción venezolana de crudo se mantiene entre 400.000 y 723.000 barriles diarios, frente a los 2,5 millones-3,5 millones de barriles antes de las sanciones estadounidenses.

Por otro lado, ha sido el Gobierno nacionalista burgués de Nicolás Maduro en Venezuela el que se ha encargado de imponer esta caída masiva del nivel de vida, al tiempo en que ha utilizado medidas de Estado policial para aplastar toda la oposición social de abajo y defender el capitalismo a toda costa.

Tanto los sumisos llamados de Maduro a Washington para un acercamiento como la criminal colaboración de AMLO en la guerra contra los inmigrantes demuestran que ningún país latinoamericano puede liberarse de la dominación semicolonial del imperialismo estadounidense y de un mayor empobrecimiento fuera de la lucha independiente de la clase obrera contra estos regímenes capitalistas como parte de la lucha global por el socialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de octubre de 2022.)