El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, fue encarcelado el jueves luego de una serie de eventos extraordinarios ocurridos el día anterior en los que trató desesperadamente de adelantarse a las amenazas de los poderes judicial y legislativo de derrocarlo ordenando el cierre del Congreso y declarando un estado autoritario. de excepción

La apuesta de Castillo por permanecer en el poder fracasó después de que los mandos combinados de las fuerzas armadas y la policía emitieran un comunicado en el que calificaron sus acciones de inconstitucionales y advirtieron que no las apoyarían.

El Congreso desafió su orden de disolución y, en cambio, votó por una abrumadora mayoría para acusarlo. Varios de sus ministros renunciaron de inmediato y condenaron sus acciones como un intento de “golpe de estado”, y en cuestión de horas el Congreso había juramentado a su vicepresidenta, Dina Boluarte, como sucesora de Castillo.

La ignominiosa caída de Castillo, un exmaestro rural y líder sindical, ha expuesto a fondo no solo la bancarrota de su propio gobierno, sino también la política de amplias capas de la pseudoizquierda que celebraron su elección como una victoria del “socialismo”. Enfrentado a la intransigente oposición de los militares y la derecha política, se mostró incapaz y reacio a siquiera intentar movilizar cualquier apoyo popular en su defensa.

Aparte de su destino personal, los acontecimientos en Perú presagian un giro más pronunciado de las clases dominantes de América Latina hacia la dictadura, en su intento de colocar todo el peso de la crisis económica cada vez más profunda sobre los hombros de los trabajadores y las masas rurales.

La actual crisis de gobierno burgués de Perú, que ha visto seis presidentes en poco más de cuatro años, así como el arresto y encarcelamiento de todos los jefes de estado sobrevivientes por cargos de corrupción, ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad.

Una total desconocida política antes de unirse a la candidatura de Castillo en 2021, Boluarte no tiene apoyo popular ni partido. Si bien había dicho anteriormente que renunciaría si Castillo fuera acusado, rápidamente cambió de tono una vez que sucedió. Las felicitaciones aceleradas del Departamento de Estado de EE. UU. y la Unión Europea, junto con los esfuerzos de los medios corporativos para promocionarla como la primera mujer presidenta del país, ya suenan vacíos en medio de las maniobras de la derecha para expulsarla también y forzar elecciones anticipadas.

Reconociendo su precaria posición, Boluarte apeló en su discurso inaugural a una “tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional” y a “un diálogo amplio entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso”. En otras palabras, ofrece sus servicios como figura decorativa en un gobierno dominado por la derecha.

Sin embargo, es poco probable que la oposición de extrema derecha en el Congreso acepte la oferta. Ya había intentado destituirla casi con la misma saña que a Castillo, con el objetivo de instalar al presidente del Congreso, José Williams, quien es el próximo en la línea de sucesión. Williams es un ex oficial militar fascistoide que critica continuamente la “ideología marxista” y ha sido acusado de tener vínculos con carteles de la droga y de tratar de encubrir la masacre de 69 campesinos en Accomarca en 1985.

En la madrugada del jueves, la Fiscalía allanó las oficinas presidenciales y ministeriales para recabar pruebas contra Castillo, y potencialmente también contra Boluarte.

Desde que asumió el cargo en julio de 2021, Castillo había nombrado cinco gabinetes diferentes y 80 ministros, enfrentó dos juicios políticos fallidos por parte del Congreso unicameral y dejó su partido Perú Libre. Se inclinó constantemente hacia la derecha, incluso a través de sus nombramientos, lo que solo envalentonó a la extrema derecha y sus acusaciones de corrupción y nepotismo.

El hecho es que todo el establishment político, incluida la policía y el ejército, ha sido completamente desacreditado. Los cargos contra Castillo fueron poca cosa en comparación con la vasta red de corrupción que envuelve a todas las instituciones del Estado.

Una encuesta de Datum publicada horas antes del debate de juicio político encontró que el ridículo índice de aprobación de Castillo del 24 por ciento era mayor aun que el 11 por ciento del Congreso.

El intento preventivo de Castillo de evitar su juicio político fracasó tan pronto como los comandos policiales y militares, junto con sus supervisores en Washington, se negaron a ejecutarlo. La embajadora de EE. UU., Lisa Kenna, condenó rápidamente el anuncio de Castillo el miércoles y lo instó a “retirar su intento de cerrar el Congreso”. Nerviosa, agregó: “Animamos al público peruano a mantener la calma durante estos tiempos inciertos”.

La reacción de Castillo fue darse a la fuga. Habiendo obtenido una oferta de asilo del presidente mexicano Andrés Manuel López, él y toda su familia viajaron en una limusina hacia la Embajada de México en Lima antes de que el jefe de seguridad nacional ordenara a la escolta de Castillo que lo llevara a la jefatura de policía de Lima. Allí fue detenido por “rebelión” y “quebrantamiento del orden constitucional” y enviado a prisión en virtud de una orden de prisión preventiva.

Luego, el Congreso pudo avanzar en su debate de juicio político y votar rápidamente por una mayoría de 101 de los 130 miembros para destituirlo debido a “incapacidad moral permanente”.

Sin embargo, antes del intento de golpe de Castillo de disolver el Congreso, todos los informes sugerían que los partidos de extrema derecha todavía estaban muy por detrás de los 87 votos necesarios para deponerlo, habiendo obtenido solo 55 votos en el último intento en marzo.

Al mismo tiempo, partidos del centro oficial como Alianza para el Progreso, Acción Popular y el Partido Morado se habían sumado gradualmente a la campaña de juicio político, incluso cuando la extrema derecha recurrió a acusaciones sorprendentemente reaccionarias de “traición a la patria” contra Castillo por siquiera considerar ayudar a Bolivia, país sin salida al mar, a obtener una salida al mar.

Lejos de ser defensores de la democracia como ahora afirman los medios, la policía y el ejército forman el mismo aparato estatal represivo que tiene un largo historial de represión brutal de protestas pacíficas y masacres de campesinos y trabajadores. Hace solo dos años, la policía mató a Inti Sotelo y Brian Pintado durante una manifestación contra Manuel Merino, cuya presidencia duró solo seis días.

La administración Biden ha seguido entrenando y armando a estas fuerzas en preparación para una represión mayor. En agosto, la administración Castillo y el Congreso aprobaron el ingreso de tropas estadounidenses para ejercicios conjuntos con el ejército y la policía peruanos que involucran operaciones especiales de combate, apoyo de inteligencia y operaciones psicológicas.

Castillo dirigió sus llamamientos contra la extrema derecha no a la clase trabajadora, sino al imperialismo estadounidense, al enviar una carta el mes pasado a la Organización de los Estados Americanos (OEA), una agencia cómplice de numerosos golpes respaldados por la CIA. Rogó a este organismo dominado por Estados Unidos que lo defendiera contra un “nuevo tipo de golpe de Estado”.

Al principio de su mandato, Castillo, al igual que los presidentes pseudoizquierdistas Petro en Colombia y Boric en Chile, buscó un acuerdo con Washington al denunciar que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela era antidemocrático. Este año, luego de una reunión en octubre en Lima con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, la administración Castillo emitió una condena conjunta a la operación militar rusa en Ucrania.

El 1 de diciembre, desde Washington, los enviados de la OEA recomendaron una “tregua política” tras advertir que las acciones de ambas facciones gobernantes, incluidas las investigaciones por corrupción contra Castillo y sus amenazas de disolver el Congreso, “ponen en riesgo la institucionalidad democrática del Perú”. Esto fue ampliamente interpretado como una negativa a respaldar a Castillo y una luz verde a la derecha para seguir adelante con su derrocamiento.

Castillo combinó un programa derechista de deportaciones masivas de migrantes, retratándolos constantemente como delincuentes y levantando prácticamente todas las medidas de mitigación contra el COVID-19, a pesar de que Perú ha sufrido la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo, con consignas demagógicas como “No más pobres en un país rico”. Pero la única redistribución de ingresos que implementó fue hacia arriba, a través de donaciones y otros incentivos para las empresas, aparentemente para reducir el desempleo.

Este año, se jactó de que sus políticas habían reducido en gran medida la pobreza. Sin embargo, incluso las reaperturas inseguras solo redujeron ligeramente el número de personas que vivían en la pobreza de 9,93 millones a 8,61 millones durante su primer año, en comparación con los 6,6 millones antes de la pandemia.

Toda la región se ha visto gravemente afectada por los problemas actuales de la cadena de suministro global debido a la pandemia, el aumento de las tasas de interés por parte de los principales bancos centrales y la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. La deuda pública de Perú, que tiene principalmente en euros y dólares, saltó rápidamente de menos del 20 por ciento de su PIB en 2013 a más del 36 por ciento. Además, la agricultura del país depende en gran medida de las importaciones de cereales y fertilizantes producidos en gran medida en Rusia y Ucrania.

Durante la zafra de este año, la administración Castillo fracasó en tres ocasiones en la realización de una compra internacional de fertilizantes, lo que fue aprovechado por quienes presionan por un juicio político.

Estas presiones se sumaron a la continua devaluación del sol peruano frente al dólar desde 2014, cuando terminó el auge de las materias primas. Las ventas de cobre a China, cuya demanda sigue siendo anémica y cuyos precios no han logrado mantener el ritmo de la inflación, representan, por mucho, la principal exportación de Perú, seguida por el oro y el gas.

A medida que las economías de Perú y de toda América Latina se desaceleran drásticamente, la crisis política en Lima indica, sobre todo, que las élites gobernantes no podrán seguir reprimiendo la lucha de clases promoviendo ilusiones vacías en una “marea rosa” completamente blanqueada.

(Publicado originalmente en inglés el 8 de diciembre de 2022)