Las protestas continuaron por quinto día el lunes en la capital peruana, donde los manifestantes que llegaron de todo el país para la “toma de Lima” han sido reprimidos brutalmente por medio de arrestos masivos, el uso de gases lacrimógenos, balas de goma y el despliegue de tanquetas.

Mientras el régimen de Dina Boluarte, el cual es apoyado por EE.UU. y fue instalado en un golpe de Estado a inicios de diciembre, se reunía con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la policía y el ejército arremetieron nuevamente contra las protestas pacíficas en Lima y el resto del país, resultando en al menos una muerte ese día en Arequipa.

Varios manifestantes más han sido asesinados desde entonces y la policía sigue utilizando municiones reales. Ha habido 56 muertes confirmadas de civiles y una de un policía, además de cientos de heridos, pero otros reportes indican que por lo menos 62 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad.

El epicentro de las protestas sigue siendo la región empobrecida del sur. Las mayores manifestaciones y los cortes de ruta más persistentes se producen en las ciudades de Arequipa—la segunda más grande tras Lima—Juliaca, Ayacucho, Cusco y Tacna. Si bien se han reportado bloqueos en La Libertad y Amazonas, así como el incendio de un gasoducto cerca de la frontera ecuatoriana, el norte del país y los trabajadores formales de los sectores minero, energético e industrial no han participado masivamente en las protestas.

La Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP) pasó de reconocer inicialmente el régimen de Boluarte a fingir apoyo por las protestas y convocar a “paros nacionales”. Sin embargo, los sindicatos que la conforman han mantenido a los trabajadores de todos los sectores clave en sus puestos, demostrando que están del lado del régimen en defender los intereses lucrativos de las transnacionales y la oligarquía.

Pese al heroísmo de los manifestantes, las limitaciones de intentar interrumpir las actividades económicas y tumbar el régimen por medio de bloqueos, ocupaciones de aeropuertos y marchas dispersas se han vuelto evidentes. Por su propia naturaleza, estas tácticas pueden ser aisladas y aplastadas por las fuerzas armadas. Las mismas tácticas se vieron —y en algunos casos de forma más masiva que en Perú— en Nicaragua en 2018, Ecuador, Chile, Bolivia y Honduras en 2019, Paraguay en 2021 y Colombia en 2021-2022, y surtieron el mismo resultado.

Consecuentemente, las cúpulas del régimen de Boluarte, el aparato militar y de inteligencia y, sin duda, la Embajada estadounidense detrás de ellos, se sienten lo suficientemente envalentonados para una medida tan provocadora como derribar los portones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima con una tanqueta e invadir el campus con cientos de policías fuertemente armados el sábado.

En el emblemático campus de la universidad más importante del país —y la más antigua del hemisferio— la policía arrestó a más de 200 estudiantes y manifestantes que viajaron desde el interior y habían sido resguardados por los estudiantes. Aquellos arrestados en la universidad, incluyendo a una madre y su hija de ocho años, fueron tratados como “terroristas”, obligados a acostarse en el suelo mientras la policía les gritaba en escenas que recordaron los días más oscuros de la dictadura de Alberto Fujimori en los años noventa, o incluso Chile en 1973.

El continuo desafío a esta violencia policial y militar asesina por parte de manifestantes procedentes de las regiones más empobrecidas y con mayor presencia indígena de Perú se ha ganado la atención y la admiración de los trabajadores y jóvenes de todo el mundo. Pero la valentía no es suficiente. A pesar de ser la mayor oleada de manifestaciones en Perú de los últimos tiempos, sin un programa y una dirección revolucionarios, no podrá alcanzar las aspiraciones políticas y sociales fundamentales que impulsan la ira popular masiva que se está apoderando del país.

Hay varios aspectos fundamentales de las actuales movilizaciones que los trabajadores de Perú y de todo el mundo deben valorar. En primer lugar, las protestas forman parte de un resurgimiento global de la lucha de clases provocado por las políticas de las élites gobernantes. Internacionalmente, su objetivo es intensificar la explotación de la clase obrera y saquear países semicoloniales como Perú para sostener las ganancias récord de la oligarquía financiera y corporativa de EE.UU. y Europa, pagar los repetidos rescates financieros de los ricos y alimentar la ofensiva bélica de EE.UU. y la OTAN por la hegemonía contra Rusia y China.

El régimen de Boluarte no solo representa a la oligarquía peruana, sino que supervisa principalmente los intereses del imperialismo estadounidense y europeo. Washington y la Unión Europea están trabajando, tanto abiertamente como entre bastidores, para apuntalar la capacidad del régimen de “pacificar” el país para salvaguardar la continua extracción de la riqueza mineral estratégica de Perú.

El 9 de enero, mientras la policía estaba llevando a cabo una masacre de manifestantes en Juliaca, matando a 19 manifestantes e hiriendo a más de 100, la Embajada de EE.UU. felicitó al Gobierno de Boluarte por la confiscación de drogas, declarando que el Departamento de Estado está “se complace en colaborar con la Policía Nacional del Perú, brindándoles capacitaciones avanzadas en apoyo a la lucha contra narcóticos y crimen organizado”.

De hecho, la Administración de Biden ha seguido enviando abiertamente millones de dólares al aparato represivo peruano durante la represión y ha apoyado el “estado de emergencia”, que criminaliza las protestas e involucra el despliegue del ejército.

El jueves pasado, el primer día de la “toma de Lima”, la embajadora de EE.UU. en Lima y veterana de la CIA, Lisa Kenna, se reunió con el Ministerio de Energía y Minas de Boluarte en un “diálogo de alto nivel entre Perú y Estados Unidos sobre temas de desarrollo minero”.

El ministerio oficialmente “agradeció el apoyo del gobierno norteamericano en los temas minero-energéticos y reiteró la voluntad del Gobierno Nacional” para expandir la producción de gas natural y desarrollar la producción petroquímica en el sur del país, el epicentro de las protestas. Las exportaciones de gas natural de Perú casi se han duplicado durante la guerra de Ucrania y se han dirigido principalmente a Europa como alternativa a la energía rusa.

La principal preocupación de Washington sobre las protestas masivas peruanas se centra en la interrupción de las operaciones mineras masivas, como las de Glencore en Antapaccay y las instalaciones de MMG en Las Bambas, y el continuo bloqueo de las carreteras clave que conectan las minas con las instalaciones portuarias. Aunque la Embajada de EE.UU. emitió una declaración cuidadosamente redactada lamentando el asesinato masivo de manifestantes, entre bastidores el Pentágono y la CIA están colaborando en la sangrienta represión en defensa de los intereses empresariales.

La falta de una dirección en las manifestaciones las hace vulnerables tanto a la represión como a ser manipuladas por sectores de las élites regionalistas e indígenas que pertenecen a la burguesía corrupta y que han respondido al desprestigio de los viejos partidos tradicionales impulsando sus propias plataformas políticas para negociar acuerdos corruptos con las empresas mineras y contratos públicos. El ascenso del presidente Pedro Castillo fue el resultado de estos procesos.

Pocos peruanos consideran que la descripción de los manifestantes como “terroristas” y títeres de la extinta guerrilla maoísta de Sendero Luminoso sean otra cosa que patrañas fascistizantes por parte del régimen y los medios de comunicación. Sin embargo, el apoyo al guerrillerismo, junto con la promoción del nacionalismo indígena de Mariátegui, el nacionalismo burgués y el sindicalismo por parte del estalinista Partido Comunista, el maoísta Partido Comunista-Bandera Roja y su escisión Patria Roja han tenido efectos devastadores en la conciencia socialista de los trabajadores de Perú.

Diciendo representar la izquierda política y el socialismo, estas organizaciones y sus socios morenistas y pablistas trabajaron durante décadas para canalizar la oposición social detrás de uno u otro político burgués, desde el dictador militar nacionalista Juan Velasco Alvarado, y amplias coaliciones burguesas como Izquierda Unida (IU) a principios de los 80, hasta el pseudoizquierdista Frente Amplio y Nuevo Perú en los últimos 15 años.

Más recientemente, empleando la política del mal menor con respecto a los fujimoristas de extrema derecha, los estalinistas han apoyado a los expresidentes derechistas Ollanta Humala, Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo. Estas repetidas traiciones son responsables de desarmar políticamente a la clase obrera y allanar el camino para el retorno efectivo de los fujimoristas al poder detrás del régimen golpista de Boluarte.

Si bien las actuales protestas de masas en Perú siguen siendo muy extensas, se están acercando a un callejón sin salida político, y los trabajadores en Perú e internacionalmente necesitan extraer y actuar sobre las lecciones históricas clave de esta lucha.

Fundamentalmente, la única alternativa a la política nacionalista y procapitalista del estalinismo y la pseudoizquierda actual es la lucha por la revolución permanente, tal como la elaboró León Trotsky, quien fundó el único movimiento organizado contra la degeneración estalinista de la Unión Soviética y la Internacional Comunista.

Trotsky insistió en que la liberación frente a la opresión imperialista, la abolición del latifundismo, la defensa de los derechos agrarios y el bienestar de las comunidades indígenas y campesinas y otras cuestiones democráticas no pueden ser resueltas por ninguna facción de la burguesía nacional. Solo la clase obrera —unida entre los países atrasados y avanzados— puede garantizar una democracia auténtica y los derechos sociales de los trabajadores, poniéndose a la cabeza de los pobres rurales y liderando una revolución permanente que derroque las relaciones de lucro capitalistas y establezca el socialismo en todo el mundo.

En todas partes, las condiciones objetivas para el desarrollo de la consciencia socialista en la clase obrera maduraron hace mucho, pero debe ser conscientemente desarrollada por una dirección política arraigada en las lecciones históricas de la Revolución rusa de 1917 y la lucha contra el estalinismo librada por el movimiento trotskista, el cual es liderado hoy por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Publicado originalmente en inglés el 23 de enero de 2023)