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Perspectiva

La Casa Blanca viola el derecho al asilo y prohíbe la inmigración en la frontera sur

El martes, el Gobierno de Biden anunció una nueva medida migratoria de gran alcance que prohíbe la entrada de casi todos los inmigrantes en la frontera sur y les niega su derecho a solicitar asilo.

La nueva política entrará en vigor el 11 de mayo, el día que expira el Título 42. Esta legislación estadounidense de salud pública, que previamente era desconocida, fue utilizada por primera vez por Trump para bloquear la inmigración en la frontera con México, alegando falsamente que los inmigrantes propagarían COVID-19. Esta política cruel e hipócrita de exclusión generalizada fue continuada por Biden, incluso después de declarar que la pandemia se había acabado.

La nueva política de Biden procura llenar el vacío legal dejado por la expiración del Título 42. Establece que todos los inmigrantes que intenten cruzar la frontera sur a pie serán deportados sin una audiencia judicial ni cualquier derecho a solicitar asilo.

La justificación pseudolegal del Gobierno es que todos los inmigrantes que crucen México pierden su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos cuando no lo hicieron en México. Pero la realidad es que México está sumido en la misma violencia y pobreza que prevalece en todos los países de donde intentan escapar los refugiados.

El Gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha estado acosando, golpeando y persiguiendo a los inmigrantes centroamericanos y caribeños a instancias del imperialismo estadounidense desde que llegó al poder en 2012, mientras que miles que buscan refugio en Estados Unidos se han visto condenados a languidecer en campamentos de carpas en la frontera, expuestos al frío, el hambre y las depredaciones de los infames carteles mexicanos.

Biden llegó al poder prometiendo que anularía las políticas bajo Trump contra los inmigrantes y defendería el derecho al asilo. La política que el Gobierno está implementando es una burla de esa promesa e infringe plenamente el derecho tanto internacional como el estadounidense, ya que ambos garantizan el derecho al asilo. Los protocolos de Naciones Unidas de 1951 y 1967 sobre los derechos de los refugiados, que fueron ratificados después del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, garantizan explícitamente el derecho al asilo e indican que es ilegal deportar “refugiados”, el término legal para aquellos que cumplen con los requisitos para solicitar asilo. El artículo 33 del protocolo de 1951 declara: “Ningún Estado contratante deberá expulsar o regresar a un refugiado de ninguna manera a las fronteras de territorios donde su vida o libertad pueden ser amenazadas”.

La decisión tendrá un impacto desgarrador en las vidas de las masas obreras de Latinoamérica. Un sinnúmero de personas será regresado a las garras de sus perseguidores, en sociedades devastadas por un siglo de explotación a manos del imperialismo estadounidense. Muchos morirán o serán torturados en violación de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, que prohíbe que los países obliguen a las personas a regresar a países donde podrían sufrir una persecución extrema.

Miles más serán separados permanentemente de sus padres, hijos y familiares que ya están en Estados Unidos. Se perderán miles de millones de dólares en remesas, agravando el hambre y la pobreza ya incrementados por la pandemia de COVID-19, el cambio climático y la guerra de EE.UU. y la OTAN contra Rusia. Al final, la política tan solo obligará a los inmigrantes a intentar cruzar en condiciones más peligrosas para evitar ser detectados: más profundamente en los desiertos o más lejos en el mar, donde muchos más morirán.

Solo existen tres precedentes en la historia estadounidense de tal alcance y tan antidemocráticos como esta política:

El primero es la Ley de Exclusión China, que prohibió completamente la inmigración de trabajadores chinos por 10 años a partir de 1882.

El segundo es la Ley Johnson-Reed de 1924, que excluyó a los inmigrantes de los países empobrecidos del sur y este de Europa después de la Revolución rusa. Hitler escribió favorablemente sobre la esta ley y, como lo señaló el profesor de derecho de Yale, James Whitman, en su libro de 2017 Hitler’s American Model, los juristas nazis se inspiraron en la Ley de Exclusión China y la Ley Johnson-Reed para elaborar las leyes raciales en el Tercer Reich.

El tercer precedente es la orden ejecutiva de Donald Trump que prohibió la entrada de viajantes de siete países predominantemente musulmanes a inicios de 2017, que se enfrentó a grandes manifestaciones espontáneas en los aeropuertos de todo el país.

A pesar del carácter históricamente reaccionario de la prohibición de asilo, este paso está siendo casi totalmente ignorado por la prensa corporativa, que se encuentra absorbida en sus denuncias interminables de los crímenes de Rusia, tanto reales como imaginarios, para reconocer la prohibición. Ha pasado un día después de su anuncio y no ha aparecido ningún artículo sobre la prohibición de asilo en las portadas del New York Times, el Washington Post ni CNN.

El silencio de la prensa es un reconocimiento de que la prohibición de asilo echa por tierra la mentira de que el imperialismo estadounidense es un defensor de la “democracia” y está defendiéndola en la guerra de EE.UU. y la OTAN contra Rusia.

En junio de 2022, Biden publicó una declaración conmemorando el “Día Mundial de los Refugiados” en la que retrató a EE.UU. como una luz de esperanza para los solicitantes de asilo y atribuyó a la “guerra rusa contra Ucrania” el hecho de que más de 100 millones de personas han tenido que huir de sus países de origen.

La declaración de Biden encubrió el hecho de que la mayoría de los 100 millones de refugiados huyen de países devastados por las guerras de imperialismo estadounidense en las últimas tres décadas: Irak, Afganistán, Libia y Siria. A diferencia de Rusia, dice la declaración, EE.UU. está “protegiendo y dándole la bienvenida a los refugiados” y “es el líder mundial en atender las necesidades de los refugiados”.

La hipocresía y las mentiras del imperialismo estadounidense no conocen límites. La semana pasada, la vicepresidenta Kamala Harris citó las deportaciones de ucranianos por parte del Gobierno ruso como evidencia de “crímenes de lesa humanidad”.

“Las autoridades rusas han deportado forzosamente a cientos de miles de personas de Ucrania a Rusia, incluyendo a niños”, dijo Harris. “Han separado cruelmente a los niños de sus familias”.

Si bien el Gobierno ruso ha negado estas acusaciones, nadie puede disputar seriamente que Estados Unidos lidera el mundo en la separación de niños y padres.

En 2021, el Gobierno de Biden detuvo a 122.000 niños inmigrantes en instalaciones de todo EE.UU., según un reporte de CBS News. Bajo Donald Trump, decenas de miles de niños fueron deliberadamente separados de sus familias en una política fascistizante elaborada en la mente enfermiza del asesor nazi de Trump, Stephen Miller. En virtud del Título 42, los Gobiernos de Trump y Biden han expulsado a cientos de miles de inmigrantes bajo la excusa falsa y racista de que posiblemente propagarían COVID-19.

La decisión del Gobierno de Biden representa una gran concesión a los elementos ultraderechistas que dominan el aparato estatal de deportaciones, el cual está fuertemente militarizado, hace tan solo dos años tras el ataque del 6 de enero de 2021 para derrocar la Constitución. El Partido Demócrata, desesperado por resguardar el “bipartidismo” con un Partido Republicano cada vez más fascistizante a fin de continuar su guerra contra Rusia, está empujando todo el sistema político hacia la derecha.

Los ataques a los inmigrantes son un fenómeno internacional. En la medida en que las potencias imperialistas europeas intensifican el conflicto con Rusia, las fuerzas nacionalistas de derecha se sienten envalentonadas para atacar a los inmigrantes y refugiados, cuando una nación tras otra les cierra las puertas.

Después de que la secretaria del Interior británica Suella Braverman describió los intentos de los refugiados de obtener asilo en Reino Unido como una “invasión”, una turba ultraderechista atacó a inmigrantes en un hotel que albergaba a refugiados la semana pasada en Knowsley, en las afueras de Liverpool. Las organizaciones de refugiados publicaron una carta este mes advirtiendo de un aumento en “los ataques extremistas premeditados” contra los inmigrantes de todo Reino Unido.

Según el Ministerio del Interior alemán, los ataques a los inmigrantes aumentaron vertiginosamente en 2022. Hubo 62 incidentes separados en los primeros nueve meses del año. En junio de 2022, el Gobierno español de Pedro Sánchez masacró a docenas de inmigrantes en la frontera de Melilla en el norte de África.

La defensa de los derechos de los inmigrantes, el desmantelamiento de los aparatos represivos de deportación y la lucha contra la extrema derecha deben unirse con la lucha conta la guerra imperialista de EE.UU. y la OTAN contra Rusia. Este será el tema de la reunión en línea del WSWS, “La guerra en Ucrania y cómo detenerla”, el sábado, 25 de febrero, a la 1:00 p.m., horario del este de EE.UU.

(Publicado originalmente en inglés el 22 de febrero de 2023)

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