Han pasado poco más de dos semanas desde que la administración Biden levantó el Título 42, la política fronteriza de la era Trump que utilizaba la pandemia para denegar la entrada a los solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

Mientras los políticos de derechas trataban de azuzar el sentimiento antiinmigrante con advertencias de que los migrantes inundarían la frontera, ha ocurrido lo contrario. El número de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México ha disminuido. Los cruces han disminuido a la mitad desde que expiró el Título 42 el 11 de mayo. Esto, sin embargo, tiene menos que ver con un descenso en el número de personas que huyen y buscan asilo que con la represión del gobierno mexicano contra los migrantes.

En 2019, la administración Trump y el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) implementaron el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), antes conocido como 'Permanecer en México.' El propósito del programa es que las autoridades mexicanas lleven a cabo el trabajo sucio de Washington, exigiendo a los solicitantes de asilo de México y Centroamérica que permanezcan en México mientras sus casos de inmigración son considerados en Estados Unidos.

A pesar del hecho de que muchos ciudadanos mexicanos están huyendo de las condiciones en el país, México ha sido considerado un 'tercer país seguro', una designación que sólo subraya la naturaleza retorcida y punitiva de la política.

La ofensiva de AMLO y el gobierno mexicano contra los migrantes incluye el cierre de refugios y el traslado de migrantes en autobús a los estados del sur y del interior de México, con restricciones que les obligan a permanecer en el estado asignado o enfrentarse a la deportación.

El Miami Herald informó de que 'el gobierno mexicano ha cerrado docenas de albergues para migrantes y ha comenzado a enviarlos en autobús desde la frontera norte a otros estados. Las autoridades también han suspendido los permisos de 45 días que permiten a los migrantes indocumentados viajar por el país sin temor a ser deportados o detenidos'.

Estos cambios recientes en las leyes de inmigración estadounidenses y mexicanas pretenden socavar la situación migratoria de los migrantes en México y justificar su deportación. Los migrantes ya no pueden presentar su solicitud en persona, sino que deben concertar una cita en los puertos de entrada de Estados Unidos utilizando la aplicación One de la Patrulla de Aduanas y Fronteras de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Sin embargo, muchos migrantes denuncian dificultades con la aplicación, que no les da cita a pesar de los múltiples intentos de solicitud.

El nuevo proceso de asilo estadounidense, contemplado en el Título 8, exige a los inmigrantes que se presentan en la frontera sin cita previa que demuestren que se les denegó el asilo en un 'tercer país seguro' de camino a Estados Unidos. Si los migrantes no pueden demostrarlo en la frontera estadounidense, se enfrentan a la deportación inmediata y a la prohibición de volver a solicitar asilo durante al menos cinco años.

Las acciones de las autoridades mexicanas difieren poco de las del gobernador derechista de Texas, Greg Abbott, que ha estado enviando en autobús a solicitantes de asilo a Washington D.C., Nueva York, Chicago, Filadelfia y Denver, donde son abandonados sin ningún tipo de asistencia. El estado se jacta de haber enviado a más de 19.000 migrantes a ciudades lideradas por demócratas como parte de la 'Operación Estrella Solitaria'.

Una madre colombiana que habló previamente con el WSWS envió un testimonio sobre la situación en los campos de migrantes, así como en las instalaciones de procesamiento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Entre ellas se encuentran las hieleras, donde hombres, mujeres y niños detenidos en la frontera pasan varias noches hacinados en diminutas habitaciones que se mantienen a temperaturas bajo cero. Allí se les obliga a dormir sobre suelos de hormigón desnudos. La traumática experiencia tiene como único objetivo castigar a los migrantes y disuadirlos de solicitar asilo.

'Duré tres días y dos noches en La Hielera, hasta que me procesaron y me dieron permiso para estar aquí en Estados Unidos mientras un juez decide si nos dejan quedarnos o me devuelven a Colombia', relató.

'Muchos de los policías son muy groseros', continuó. 'Realmente no tienen compasión por los niños, que no tienen camas. Estábamos en el suelo y algunos no tenían mantas. No dan buena comida, sólo zumos azucarados, paquetes de patatas y un bocadillo congelado.

'Donde yo estaba con mis hijos, había una mexicana embarazada de siete meses, y ella es menor, tiene 17 años. La tenían sin mantas. La tenían en La Hielera, y no estaba claro cuándo la dejarían salir, y no le dieron ninguna información sobre su proceso.'

Ana habló anteriormente con el WSWS sobre las condiciones que la obligaron a ella y a sus hijos a huir de Colombia después de que su familia fuera amenazada y su hijo secuestrado durante 24 horas. También envió vídeos que mostraban las terribles condiciones de los campos fronterizos al aire libre.

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Una delegación de organizaciones de ayuda humanitaria visitó recientemente campos de migrantes a lo largo del Valle del Río Grande en Texas y en el estado mexicano de Tamaulipas. Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, que formaba parte del equipo, publicó en el sitio web de la organización una declaración en la que afirmaba: 'El gobierno de México es cómplice de la situación humanitaria y de la crisis de derechos humanos que estas políticas están creando en la frontera'.

El informe de la delegación hacía hincapié en la situación de riesgo para la vida de los inmigrantes, que se han visto 'abandonados a su suerte en condiciones muy peligrosas y difíciles por las restricciones del nuevo baremo de asilo'. El informe continúa: 'En estas zonas, el nivel de violencia y peligro es tan grave que el Departamento de Estado de EE.UU. aconseja que son demasiado peligrosas para que los estadounidenses las visiten. Los recientes informes sobre la escalada de violencia de los cárteles hacen que las zonas sean aún más peligrosas para los solicitantes de asilo, los migrantes y los trabajadores humanitarios.'

Amna Nawaz, de PBS, informó desde los campos de migrantes a ambos lados de la frontera —en Brownsville, Texas, y Matamoros, México— y calificó las condiciones en los campos de migrantes mexicanos de 'absolutamente espantosas'. Dijo, 'son insalubres. Son peligrosos'.

Refiriéndose a los campos de migrantes de Matamoros, dijo:

Se trata de campamentos temporales de tiendas de lona y chozas de manta que han surgido, y las fuentes nos dicen que realmente han crecido en tamaño desde que terminó el Título 42, porque la gente ahora está decidiendo quedarse aquí y esperar, no hay recursos para mantenerlos. No hay saneamiento. No hay agua corriente... Las fuentes nos dicen que hay COVID rampante y la tuberculosis y el dengue y las enfermedades transmitidas por el agua. Por eso estuvimos enmascarados todo el tiempo que estuvimos allí, docenas y docenas y docenas de familias y niños. Y les diré que este no es lugar para niños esperando, esperando su oportunidad, calor de 90 grados todos los días, para tratar de exponer su caso a los funcionarios estadounidenses.

Las condiciones a las que se enfrentan los niños en los campos fronterizos y bajo custodia estadounidense no hacen más que empeorar. En las últimas semanas, al menos dos menores han muerto bajo custodia de la CBP. Entre ellos se encuentra Anadith Danay Reyes Álvarez, que murió bajo custodia de la CBP en Texas. A pesar de tener antecedentes de anemia falciforme y cardiopatía, a Álvarez se le negó tratamiento médico mientras luchaba por respirar. Todo ello a pesar de las súplicas de su madre para que recibiera atención médica. La muerte de Álvarez siguió a la de otra joven hondureña no acompañada de 17 años que había fallecido unos días antes en un centro de detención de Florida.

Mientras se sigue maltratando a los migrantes, poderosos intereses de la agricultura y la ganadería lechera presionan para que se ponga fin a la represión, no por preocupación por el bienestar de los migrantes o su derecho al asilo, sino para explotar mejor su mano de obra barata.

Muzaffar Chishti, investigador principal del Migration Policy Institute, declaró a la prensa que, a pesar de la oleada de retórica antiinmigración, principalmente por parte de políticos republicanos, la influencia de las industrias láctea y agrícola había 'suavizado' la legislación antiinmigración en Florida. El Daily News informó que 'La legislación que (el gobernador de Florida) DeSantis firmó permite el transporte de migrantes dentro del estado, por ejemplo, y preserva las exenciones de matrícula estatal para estudiantes indocumentados'.

El productor lechero y representante republicano estadounidense David Valadao, de California, dijo que votó a favor de un proyecto de ley republicano antiinmigrante sólo después de que los líderes del partido prometieran que se incluirían disposiciones para abordar la escasez de mano de obra agrícola.

(Publicado originalmente en inglés el 29 de mayo de 2023)