El Gobierno de Joe Biden emitió la semana pasada una licencia para permitir que Venezuela venda petróleo, gas y oro a cualquier mercado por primera vez desde 2019, cuando se ampliaron las sanciones estadounidenses para instar sin éxito al ejército venezolano a derrocar al presidente Nicolás Maduro y reconocer al autoproclamado “presidente interino” Juan Guaidó, un títere de Estados Unidos.
Si bien la licencia está programada para seis meses, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el miércoles que podría cancelarse en cualquier momento y que Maduro tiene hasta fines de noviembre para cumplir con las demandas de EE.UU.
La decisión es el resultado de negociaciones con el Gobierno de Maduro y la oposición apoyada por EE.UU. en Barbados y directamente con el Gobierno de Biden en Qatar. Maduro acordó celebrar elecciones generales a fines de 2024 y recibir a deportados de Estados Unidos por primera vez en cuatro años. Unos 50.000 refugiados venezolanos ya se encuentran amenazados con deportación a raíz de los decretos arbitrarios e ilegales emitidos por Biden.
Washington también exige que Maduro libere a los llamados “presos políticos”, incluyendo a aquellos condenados por participar en operaciones de cambio de régimen orquestadas por EE.UU., y que revierta las prohibiciones contra ciertos candidatos, principalmente María Corina Machado. Una defensora abierta de las incursiones militares extranjeras y otrora oponente de cualquier negociación con Maduro y de flexibilizar las sanciones, Machado es la favorita en las encuestas, incluso contra Maduro.
Maduro respondió el miércoles pidiendo a Biden que “pasemos la página” y “reconstruyamos una relación de respeto”. Luego, el jueves, Caracas liberó a cinco presos vinculados a los partidos de oposición.
El acuerdo es una postración del Gobierno de Maduro ante el imperialismo estadounidense. No termina ni alivia las sanciones de EE.UU., de lo contrario, no sería necesaria una “licencia”. La prohibición de negociar bonos venezolanos, la congelación de miles de millones de activos estatales venezolanos en Estados Unidos y otras medidas que sancionan en gran medida el comercio con empresas venezolanas siguen vigentes, mientras que Maduro acordó que las acciones de Citgo, la sucursal estadounidense de la petrolera estatal venezolana PDVSA, se vendan para pagar a los acreedores. Además, las relaciones diplomáticas no se han restablecido formalmente, y una recompensa estadounidense de $15 millones por la captura de Maduro todavía está vigente.
Estas medidas han equivalido a un criminal embargo económico que priva a Venezuela del comercio y las reservas extranjeras necesarias para importar bienes vitales como alimentos y medicinas. Las sanciones han sido las principales responsables de decenas de miles de muertes y el desplazamiento de millones de refugiados, tratados con desdén por la Administración de Biden.
El acuerdo está cuidadosamente diseñado para mantener la desesperación económica al tiempo que facilita las campañas de guerra de Washington contra China, Rusia e Irán —todos aliados y socios comerciales del Gobierno de Maduro—, así como su apoyo activo a la campaña genocida de Israel contra Gaza.
Las deportaciones masivas de venezolanos son otra concesión a los “colegas” republicanos fascistizantes de Biden para conseguir su apoyo a gastar miles de millones más en la guerra por delegación de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania.
Además, como explica Bloomberg: “La flexibilización de las sanciones estadounidenses al petróleo venezolano podría robar a los compradores chinos una de sus fuentes de crudo más baratas”. Una fuente china dijo a Reuters: “Esperaríamos que el suministro de Venezuela disminuya en los próximos meses, ya que Caracas puede priorizar las ventas a Europa y Estados Unidos, y priorizar a las grandes empresas petroleras”. También es probable que India compita por el limitado petróleo venezolano.
Desde 2015, China se ha negado a otorgar nuevos créditos a Venezuela, pero decenas de miles de millones de dólares siguen debidos. Para subsanar esta deuda, una empresa militar china que trabaja con refinerías independientes ha continuado importando petróleo venezolano a grandes descuentos y cambiándolo de marca para evitar sanciones.
La nueva licencia estadounidense es otra provocación destinada a interrumpir estas operaciones y aislar aún más a China de las fuentes de petróleo barato, incluido el crudo sancionado iraní y ruso.
En términos más generales, las advertencias de que el petróleo podría superar con creces los 100 dólares por barril en caso de una guerra más amplia en Oriente Próximo se producen después de meses de escasez de suministro mundial, que la Administración de Información Energética predice en 200.000 barriles por día (bpd) hasta el primer trimestre de 2024. Barron's cita estimaciones de que las licencias estadounidenses podrían permitir a Venezuela aumentar la producción en esa cantidad exacta y “tapar esa brecha”.
La Administración de Biden ya había permitido a Chevron producir cantidades limitadas del crudo en Venezuela, y la compañía planea aumentar su producción a 150.000 bpd.
En total, Venezuela está produciendo alrededor de 800.000 bpd, menos de un tercio de la producción antes de las sanciones. Pero los analistas indican que el estado de deterioro de gran parte de la infraestructura petrolera en el país y el carácter limitado del alivio de las sanciones evitarán que la producción aumente mucho más. “Hasta ahora, los comerciantes petroleros no parecen optimistas de que Venezuela vuelva a convertirse en una potencia petrolera”, concluye Barron's.
En otras palabras, la licencia estadounidense no tiene como objetivo aumentar significativamente la producción, ni mucho menos resolver la crisis económica de Venezuela, sino redirigir su petróleo barato lejos de China, al tiempo que permite acuerdos lucrativos entre empresas estadounidenses y europeas y una delgada capa de la élite gobernante venezolana.
El acuerdo y las garantías de Maduro a Wall Street esencialmente previenen cualquier aumento importante en el gasto social para abordar la desesperada crisis humanitaria.
El pacto electoral abre una nueva vía para el cambio de régimen y ayuda a disfrazar una brutal extorsión imperialista como “pasos hacia la democracia”.
Desde que comenzó la crisis económica en 2014, Maduro y su difunto predecesor Hugo Chávez reprimieron brutalmente cualquier resistencia desde abajo mientras aplicaban ataques históricos a los niveles de vida en lo que era uno de los países más ricos de la región. Más allá de la vacía “retórica antiimperialista”, el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) ha intentado demostrar consistentemente su sumisión al capital local y extranjero.
La principal organización patronal Fedecámaras, que ha participado activamente en los intentos de golpe de Estado respaldados por Estados Unidos, ha pedido recientemente el fin de todas las sanciones y ha elogiado las políticas del Gobierno de Maduro. Su presidente Adán Celis describió este fin de semana a TalCual cómo Maduro ya acordó zonas económicas especiales y una regresiva “Ley de Armonización Tributaria”, así como la creación de un “Estado Mayor contra el Contrabando” compuesto por el Gobierno y las organizaciones patronales regionales para mejorar su “productividad y competitividad”.
Celis afirmó que está “convencido” de que el Gobierno acordará vender total o parcialmente una lista de 800 empresas públicas y dijo que ha habido “avances” y una conversación “cada vez más fluida” sobre un nuevo “marco jurídico, que ofrezca garantías y condiciones a la inversión privada”. Tales condiciones consisten en el levantamiento de regulaciones para permitir que los capitalistas exploten libremente a los trabajadores y los recursos naturales. Celis llamó específicamente a la “convivencia sin intervención hacia empresarios y líderes sindicales”, refiriéndose a una alianza corporativista con el Estado y la burocracia sindical, que está controlada en gran medida por las fuerzas políticas patrocindas por Estados Unidos, para imponer los dictados de las corporaciones.
Por ahora, después de que fracasaran sus intentos de cambio de régimen—más recientemente una operación fallida de mercenarios entrenados por la CIA para secuestrar o matar a la dirigencia venezolana en mayo de 2020—, el imperialismo estadounidense y sus socios en la burguesía venezolana están de acuerdo en que el PSUV y tal vez Maduro, quien no ha anunciado su candidatura, participen en el poder.
Hay que añadir que el Departamento de Estado de los Estados Unidos había aplaudido una ofensiva judicial contra sectores arraigados de la “boliburguesía”, una capa de la burocracia militar y estatal que se enriqueció a través de la corrupción bajo Chávez.
Sin embargo, el acuerdo de reparto de poder del PSUV con fuerzas que se han dedicado por años a derrocarlo prepara el escenario para un golpe de Estado exitoso una vez que el imperialismo estadounidense y sectores más amplios de la dirección militar concluyan que el PSUV no puede continuar sofocando la lucha de clases y garantizando sus intereses.
En términos más generales, el control que el imperialismo estadounidense había ejercido en su “patio trasero” es hoy desproporcionado con respecto a su peso relativo en la economía regional y mundial, al igual que las colonias de las potencias europeas eran desproporcionadas con respecto a su peso económico en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Independientemente de los arreglos temporales y las maniobras megalómanas de Biden, en un contexto de rápido declive económica, como advirtió León Trotsky ya en 1938, “Estados Unidos se dirige inevitablemente hacia una explosión imperialista tal como el mundo nunca ha visto”.
Esta crisis está poniendo en evidencia la podrida política del chavismo, todos los programas nacionalistas burgueses y todas las fuerzas pseudoizquierdistas que los han promovido. La lucha contra la guerra y el imperialismo solo puede realizarse a través de la movilización política independiente de la clase obrera contra todas las facciones de la burguesía nacional y por la revolución socialista mundial.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 22 de octubre de 2023)