El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador suspendió las relaciones diplomáticas con Ecuador tras la invasión de la Embajada mexicana el viernes por la noche.

A las 10:00 pm, una unidad de élite fuertemente armada de la policía y el ejército escaló las paredes del edificio diplomático en Quito y luego derribó sus puertas para secuestrar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, a quien se le había otorgado asilo. El jefe consular mexicano Roberto Canseco informó que fue golpeado en la cabeza y acusó que se puso en peligro la vida del personal y de Glas.

El Gobierno de extrema derecha del presidente Daniel Noboa justificó la operación alegando que Glas, quien fue condenado en dos casos de corrupción, estaba en riesgo de fuga después de que México solicitara salvoconducto para sacarlo del país.

Un día antes, Noboa había declarado a la embajadora mexicana Raquel Serur persona non grata, pidiendo que abandonara el país en protesta por las insinuaciones de López Obrador de que Noboa era cómplice del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el año pasado. El presidente mexicano dijo que Noboa solo fue elegido gracias a este crimen.

El anuncio de que México enviaría un avión militar para llevarse a Serur generó especulaciones de que también se usaría para sacar a Glas.

Después del secuestro, los militares ecuatorianos llevaron a Glas a la ciudad portuaria de Guayaquil y lo escoltaron inmediatamente a la prisión de máxima seguridad de La Roca.

Hasta ahora, solo se han reportado en los medios de comunicación dos precedentes históricos de incursiones estatales en Embajadas en América Latina, ambas bajo dictaduras militares.

En junio de 1976, la policía uruguaya irrumpió en la Embajada venezolana y golpeó a varios funcionarios diplomáticos para secuestrar a Elena Quinteros, una maestra de escuela izquierdista que había saltado la valla para esconderse allí. Luego fue llevada a un centro de tortura y ejecutada. En respuesta, Venezuela rompió relaciones diplomáticas hasta 1984.

Veinte años antes, en junio de 1956, la dictadura militar del teniente general Eugenio Aramburu envió a hombres armados para irrumpir en la Embajada haitiana y capturar a siete opositores argentinos que huían de una brutal represión. Las presiones internacionales, sin embargo, obligaron al régimen argentino a devolver a los siete a la Embajada.

Pero el precedente más relevante en este caso consiste en la retirada del asilo político por parte de Ecuador al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en abril de 2019, cuando Quito permitió que la policía británica entrara en su Embajada en Londres y arrastrara al periodista, que desde entonces ha estado encarcelado y ahora enfrenta la extradición a los Estados Unidos. Hay abundante evidencia de que la CIA planeaba secuestrar o asesinar a Assange en la Embajada.

Ya sea bajo los republicanos o los demócratas, el Gobierno de los Estados Unidos ha sido el principal impulsor del giro a la derecha de la clase dominante ecuatoriana, que pasó de otorgar asilo a Assange en 2012, a renunciar a su asilo y ahora a secuestrar a un exvicepresidente en una Embajada extranjera en Quito.

La persecución de Glas ha sido presentada como parte de la “guerra interna” lanzada por Noboa presuntamente contra las pandillas desde principios de enero, cuando el régimen declaró un estado de excepción para desplegar tropas y suspender los derechos democráticos a nivel nacional. La embestida ha resultado en casi 15.000 detenciones en tres meses y numerosos informes de grupos de derechos humanos sobre torturas y ejecuciones extrajudiciales.

Esta decisión de dejar que las fuerzas armadas emprendan libremente contra “terroristas” y prescindan de cualquier preocupación por los derechos democráticos y la legalidad tuvo como principal apoyo a la Administración de Biden, que ratificó un paquete de ayuda militar de $200 millones y llegó a acuerdos para enviar tropas estadounidenses a Ecuador. Washington luego envió delegaciones de alto nivel y equipos de oficiales policiales y de inteligencia estadounidenses para participar directamente en las operaciones bajo el estado de excepción.

Noboa no solo se sintió envalentonado por este apoyo, sino que probablemente recibió luz verde y asistencia de la Administración de Biden en la incursión de la Embajada mexicana.

Su única protesta provino del portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, quien tuiteó en un tono moderado: “Estados Unidos condena cualquier violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Alentamos a nuestros socios México y Ecuador a resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales”.

El sábado, el Comando Sur de los Estados Unidos confirmó la participación de Ecuador en un despliegue de la 4ª Flota que verá a oficiales de 11 naciones recorrer América Latina durante varios meses a bordo del portaaviones USS George Washington.

Toda la élite política en Ecuador y en todos los países de la región, incluyendo el Gobierno de López Obrador en México, ha participado en este giro a la derecha, adoptando ataques similares contra los derechos democráticos y elevando el perfil político de los militares con el pretexto de combatir el crimen organizado.

Apenas el mes pasado, el Gobierno de Noboa fue esencialmente celebrado como un modelo en materia de “seguridad” cuando le entregaron la presidencia del Comité Latinoamericano de Seguridad Interna (CLASI), una iniciativa de la Unión Europea que incluye a 14 países latinoamericanos, incluido México, ostensiblemente para coordinar las operaciones contra las bandas criminales.

Dentro de Ecuador, bajo la bandera de la “unidad nacional”, todos los partidos del Congreso, la burocracia sindical dirigida por los estalinistas y las direcciones nacionalistas indígenas respaldaron el estado de excepción. El partido Revolución Ciudadana de Jorge Glas y el expresidente Rafael Correa, quien vive en el exilio, atacaron repetidamente a Noboa desde la derecha por no enfrentar con mano suficientemente dura el aumento de la violencia relacionada con las pandillas.

El secuestro en la Embajada mexicana representa una intensificación de este giro de toda la clase dominante ecuatoriana hacia la adopción de formas de gobierno abiertamente dictatoriales, cuyo objetivo final son la clase trabajadora y los oprimidos rurales.

Bajo el peso de las presiones económicas y geopolíticas derivadas del nuevo reparto del mundo entre potencias, la única respuesta de las burguesías latinoamericanas es intensificar sus ataques a los derechos sociales y democráticos a instancias del capital financiero global.

Al mismo tiempo, los conflictos económicos y militares provocados por el impulso de Estados Unidos para asegurar su hegemonía a escala global están llevando a una ruptura de las relaciones internacionales en toda la región.

La violenta incursión en la Embajada mexicana, que equivale a un acto de guerra, tiene lugar en medio de crisis diplomáticas e intercambios de insultos que han sembrado cizaña entre los Gobiernos de Venezuela, México, Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador y Guyana. Nicaragua también rompió lazos con Ecuador para protestar los acontecimientos del viernes. Además, hace menos de un año, las tropas chilenas y peruanas se rozaron en la frontera intentando expulsar a los migrantes de sus respectivos países.

El hecho de que los acontecimientos de Quito tuvieran lugar la misma semana que el bombardeo israelí de la Embajada iraní en Siria, que amenaza con convertir el genocidio en Gaza en una guerra más amplia en Oriente Próximo, pone de relieve la rapidez con la que el capitalismo se desliza hacia una guerra mundial, dictaduras y la más flagrante criminalidad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de abril de 2024)