El lunes, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. 

El fiscal de la CPI, Karim Khan acusó a los dirigentes israelíes de presidir el “asesinato” y el “exterminio” de palestinos, como parte de un “plan común para utilizar el hambre como método de guerra y otros actos de violencia contra la población civil de Gaza como medio para... castigar colectivamente a la población civil de Gaza”. 

Al anunciar los cargos, el fiscal acusó a Netanyahu y Gallant de “los siguientes crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”: “Matar de hambre a civiles como método de guerra, como crimen de guerra”; “Causar deliberadamente grandes sufrimientos o lesiones graves al cuerpo o a la salud... o tratos crueles, como crimen de guerra”; “Matar deliberadamente... o asesinar, como crimen de guerra”; “Exterminio y/o asesinato..., incluso en el contexto de muertes causadas por inanición”. 

El fiscal declaró: “Sostenemos que los crímenes de lesa humanidad imputados se cometieron como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina en aplicación de la política del Estado. Estos crímenes, según nuestra evaluación, continúan hasta el día de hoy”. 

Además de Netanyahu y Gallant, Khan también solicitó órdenes de detención contra dirigentes de Hamás, lo que sin duda refleja la presión de los Gobiernos capitalistas y partidarios de Israel. Sin embargo, el principal significado político de la solicitud de órdenes de detención está claro: el Estado de Israel es un régimen criminal. 

Los cargos reivindican plenamente las protestas masivas mundiales que han estallado en los últimos siete meses, las cuales han sido objeto de despiadadas calumnias por parte de la clase dirigente y los medios de comunicación. Los manifestantes han sido golpeados, detenidos y acusados de “antisemitismo” por denunciar y tratar de frenar uno de los mayores crímenes de guerra de la época moderna. 

En respuesta a las acusaciones, el primer ministro Netanyahu, declaró: “¿Con qué audacia se atreven a comparar a los monstruos de Hamás con los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército más moral del mundo?”. 

Este “ejército más moral del mundo” ha destruido la mayoría de las casas, escuelas y hospitales de Gaza, junto con todas y cada una de las universidades. Sus líderes se han referido a la población civil de Gaza como “animales”, declarando: “No habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible”, afirmando su intención de llevar a cabo un castigo colectivo contra una “nación entera”. 

De hecho, es el “ejército más moral” desde la Wehrmacht de Hitler. 

El Gobierno de Biden respondió con su propia denuncia furibunda de las acusaciones del fiscal de la CPI. En un comunicado, Biden declaró:

“La solicitud del fiscal de la CPI de órdenes de detención contra dirigentes israelíes es escandalosa. Y permítanme ser claro: independientemente de lo que pueda insinuar este fiscal, no hay equivalencia alguna entre Israel y Hamás. Siempre estaremos al lado de Israel contra las amenazas a su seguridad”. 

De hecho, no hay equivalencia. Los palestinos viven bajo horribles condiciones de opresión y ocupación ilegal por parte de Israel. Incluso si se trazara un signo de igualdad entre el opresor, Israel, y los oprimidos, los palestinos, Israel ha matado a 40 gazatíes por cada israelí muerto en los atentados del 7 de octubre. 

La condena de Biden a la Corte Penal Internacional se produjo menos de 24 horas después de su intervención en la universidad Morehouse College de Georgia, donde declaró: “He pedido... un alto el fuego inmediato para detener los combates”. Pero la respuesta de Biden a la acusación del fiscal deja claro que sus críticas al Gobierno de Netanyahu representan un cínico control de daños, que busca facilitar y permitir que proceda el genocidio de Gaza. 

Los esfuerzos de la Administración de Biden para refutar la acusación del fiscal consisten en un argumento absurdo tras otro. 

“Estados Unidos ha dejado claro desde mucho antes del conflicto actual que la CPI no tiene jurisdicción sobre este asunto”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Esto no es cierto. En 2021, la Corte Penal Internacional dictaminó que “la Corte puede ejercer su jurisdicción penal en la Situación en el Estado de Palestina”, incluyendo tanto Gaza como Cisjordania, tras la adopción del Estatuto de Roma por parte de Palestina en 2015. 

En particular, la Casa Blanca apoyó los procedimientos de la CPI contra el presidente ruso Vladímir Putin por la guerra de Ucrania, a pesar de que ni Ucrania ni Rusia eran signatarios del Estatuto de Roma. 

Cuando se le presionó para que respondiera quién tiene jurisdicción para decir si Israel estaba cometiendo crímenes de guerra, Miller respondió absurdamente: “Israel”. Es decir, los criminales deben juzgar si son o no culpables del crimen. 

Miller declaró que la acusación “podría poner en peligro los esfuerzos en curso para alcanzar un acuerdo de alto el fuego que permita sacar a los rehenes de Gaza y aumentar la ayuda humanitaria”. Pero Hamás ya ha aceptado las condiciones propuestas por Estados Unidos para la liberación de los rehenes a cambio de un alto el fuego, condiciones que fueron rechazadas por Israel. 

A Biden se unieron destacados dirigentes demócratas y republicanos para denunciar la actuación del fiscal. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, amenazó con imponer sanciones a la Corte Penal Internacional, lo que constituiría en sí mismo una violación del derecho internacional. 

Aparte de defender a Israel, la respuesta de los funcionarios estadounidenses refleja el reconocimiento de que son culpables de ayudar y apoyar todos los crímenes que detalló el fiscal. Johnson manifestó explícitamente esta preocupación, advirtiendo: “Si se permite que la CPI amenace a dirigentes israelíes, los nuestros podrían ser los siguientes”. 

En efecto. Toda la élite política de Estados Unidos, Johnson y Biden entre ellos, es culpable de financiar, armar y justificar políticamente un genocidio. 

Al concluir la acusación, el fiscal declaró:

“Si no demostramos nuestra voluntad de aplicar la ley por igual, si se considera que se aplica de forma selectiva, estaremos creando las condiciones para su colapso...”.

Esta situación no es una hipótesis lejana, sino un hecho real. Las potencias imperialistas asesinan y torturan impunemente en todo el mundo. Actúan bajo una ley para sí mismas, desafiando el derecho internacional a cada paso. 

Aunque la CPI tiene ciertamente peso moral, no tendrá ningún efecto sobre las políticas de los Gobiernos imperialistas. Han pasado casi cinco meses desde que el tribunal ordenó a Israel que dejara de asesinar y matar de hambre a civiles palestinos. Desde entonces, decenas de miles de palestinos han sido asesinados y toda la población se ha visto privada de alimentos, agua y atención médica. 

Los trabajadores y los jóvenes no deben hacerse ilusiones en que las Naciones Unidas ni cualquier otra institución burguesa de derecho internacional detendrán el genocidio de Gaza. 

Eso solo puede ocurrir mediante la movilización masiva de la clase obrera, junto con los jóvenes de todo el mundo, para ponerse a la cabeza de la lucha contra el sionismo, el imperialismo y el sistema capitalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 20 de mayo de 2024)