El lunes, la Policía Federal de Argentina realizó un allanamiento de las oficinas centrales del Partido Obrero (PO) en Buenos Aires, en un acto de represión política abierta por parte del Gobierno del presidente fascistizante Javier Milei.
Esto sigue a 27 allanamientos el mes pasado y una masiva operación de espionaje contra las organizaciones “piqueteras”, supuestamente para obtener evidencia de extorsiones y otros cargos fraudulentos.
Si bien nuestras diferencias políticas con el PO están bien documentadas, el World Socialist Web Site condena estas redadas y llama a los trabajadores en Argentina e internacionalmente a oponerse activamente a la persecución estatal contra el PO y las organizaciones piqueteras.
El ataque policial contra la sede del PO y otras organizaciones tiene como objetivo intimidar futuras protestas y sentar el precedente legal y político para una vasta represión contra toda la oposición de la clase trabajadora, con implicaciones globales y de gran alcance.
Ya el 10 de abril, la policía y Gendarmería atacaron violentamente a los trabajadores y jóvenes que exigían comida para los comedores populares. La manifestación pacífica, organizada por los piqueteros, enfrentó detenciones masivas, golpizas, gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua.
El bandazo hacia el establecimiento de una dictadura fascistizante por parte de la clase dominante argentina se considera un requisito previo para las políticas enormemente impopulares de austeridad social y empobrecimiento masivo que está introduciendo Milei. Estas mismas políticas han sido aclamadas como un modelo por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la secretaria del Tesoro de Biden, Janet Yellen, Elon Musk y otros representantes de la oligarquía capitalista de todo el mundo.
Estas políticas económicas son vistas como indispensables por los centros de poder financiero y corporativo para extraer de los trabajadores internacionalmente el nivel de ganancias exigido por la montaña insostenible de capital ficticio y deuda acumulada durante décadas y para pagar la tercera guerra mundial en rápida expansión, que a su vez responde a una renovada disputa por mercados, recursos y mano de obra barata entre las principales potencias.
El propio Milei ha reivindicado las políticas de terapia de choque económico y la represión masiva contra las organizaciones de izquierda bajo las dictaduras fascistas respaldadas por Estados Unidos del general Jorge Rafael Videla en Argentina y el general Augusto Pinochet en Chile.
Las organizaciones piqueteras atacadas son el Polo Obrero –un ala del PO—, Barrios de Pie peronistas y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).
Después de su aparición a fines de la década de 1990 en los crecientes barrios marginados, los piqueteros han combinado la administración de programas gubernamentales de bienestar, comedores populares y capacitación laboral con frecuentes concentraciones y cortes de ruta para exigir mayores fondos para los trabajadores desempleados, informales y precarios.
Las redadas forman parte de un caso iniciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en diciembre, poco después de la inauguración de Milei y la firma de una Ley Antipiquetes que prohíbe los bloqueos de carreteras, los piquetes de huelga y otras formas de protesta.
El Gobierno afirma, sin presentar ninguna prueba, que recibió “miles de llamadas” de beneficiarios de la principal asignación gubernamental para desempleados y trabajadores precarios, llamado el plan “Potenciar Trabajo”. Las personas que llamaron habrían informado que estas “organizaciones sociales” amenazaron con retener sus beneficios para obligarlas a participar en manifestaciones. De hecho, esta es precisamente la extorsión que el Gobierno está llevando a cabo para evitar que protesten.
Un tribunal federal, sin embargo, permitió al Gobierno llevar a cabo escuchas telefónicas por meses y vigilancia de los líderes de los grupos, así como las redadas contra sus oficinas.
El Polo Obrero ha subrayado que están siendo atacados como represalia política por organizar la primera manifestación en diciembre pasado desafiando el protocolo descaradamente anticonstitucional y dictatorial contra los piquetes instituido por Bullrich.
El legislador bonaerense del PO, Guillermo Kane, explicó a Somos Télam: “Hay una persecución política muy mal disimulada. Empezaron hablando de un cobro indebido de aportes en el marco de la organización del Polo Obrero y otros grupos piqueteros, después viraron a cómo habían sido las rendiciones de un subsidio recibido por cooperativas en el gobierno anterior y ahora allanan la sede del Partido Obrero, un partido con décadas de historia, conocido por todos lo que tienen interés político en el país”.
El allanamiento contra el PO fue precedido por una decisión del juez federal a cargo del caso de abrir una investigación preliminar contra Eduardo Belliboni, el líder del Polo Obrero, alegando que su organización falsificó recibos y utilizó fondos gubernamentales asignados al programa Potenciar Trabajo para los gastos del partido.
El PO anunció que presentará una denuncia formal de persecución política contra la Casa Rosada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el brazo judicial de la Organización de Estados Americanos.
La afirmación de que los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora tendrían que ser sobornados o extorsionados para protestar en el contexto actual es un disparate. El Gobierno está amenazando con recortar programas vitales en el contexto de una recesión económica, cientos de miles de recortes de empleos, casi un 300 por ciento de inflación y la pandemia continua de COVID-19.
Con datos hasta finales de enero (y la situación se ha deteriorado drásticamente desde entonces), la Universidad Católica Argentina (UCA) estimó que la tasa de pobreza a nivel nacional alcanzó el 57,4 por ciento, mientras que la de los beneficiarios de programas sociales fue del 85,5 por ciento. También encontró que el 32 por ciento de los niños padecen inseguridad alimentaria.
Después de haber desmantelado el Ministerio de Desarrollo Social que manejaba estos programas, Milei eliminó el programa de Potenciar Trabajo, del que dependían 1,5 millones de personas, y lanzó dos programas esqueléticos que excluyen por completo a las organizaciones piqueteras. Esto ha implicado la exclusión de decenas de miles de beneficiarios y la congelación de la asignación a unos miserables 78.000 pesos (US $86) mensuales, que no se ajusta a la inflación.
El Gobierno también puso fin al suministro de alimentos a más de 50.000 comedores populares gestionados por diferentes organizaciones sociales en los barrios más pobres y ha retenido 5.000 toneladas de alimentos en almacenes mientras millones pasan hambre.
Las similitudes con el bloqueo de la ayuda a los palestinos hambrientos en Gaza como parte del genocidio en curso a manos de Estados Unidos e Israel tienen un significado objetivo. Las élites gobernantes en todo el mundo están normalizando la muerte masiva y el hambre, incluso en proporciones genocidas, y las formas fascistas de gobierno como métodos de guerra de clases y para perseguir objetivos geopolíticos.
Milei, quien viajó personalmente a Israel para apoyar el genocidio, está supervisando una gran aceleración de la austeridad y el giro hacia la dictadura. Sin embargo, su elección el año pasado se debió principalmente al repudio de las políticas contra los trabajadores que implementó el anterior Gobierno peronista. Como tal, es necesario oponerse a cualquier orientación que busque salvaguardar los derechos sociales y democráticos de los trabajadores apoyando o intentando presionar a los partidos peronistas, incluyendo aquellos que lideran los grupos piqueteros más grandes. Tal orientación solo sirve para desarmar políticamente a la clase trabajadora.
La ruptura de las formas democráticas de Gobierno en Argentina e internacionalmente confirman las advertencias y la perspectiva avanzada por el World Socialist Web Site en su declaración de Año Nuevo de 2024. Escribimos en ese momento:
Toda la retórica sobre defender la democracia y luchar contra el fascismo mientras se ignora la cuestión fundamental del poder de clase y económico —y, por ende, la necesidad de movilizar a la clase trabajadora a escala global para derrocar al capitalismo— consiste en una demagogia cínica y políticamente impotente. La riqueza de los multimillonarios debe ser expropiada y las gigantescas corporaciones deben transformarse, sin compensación para los grandes accionistas, en servicios controlados públicamente, administrados sobre la base de la necesidad social, no el lucro privado. Las instituciones antidemocráticas y los órganos represivos del Estado capitalista (los organismos profesionales militares, policiales y de inteligencia) deben ser abolidos y reemplazados por organizaciones bajo el control y el poder obreros, para establecer una economía democrática y planificada a escala mundial.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de junio de 2024)