El 30 de junio, el Gobierno cubano anunció que su plan económico y presupuesto para 2024 se ajustarán a condiciones de una “economía de guerra”. El anuncio de una economía de guerra y la profundización de las medidas de austeridad son una respuesta a la profunda crisis económica, social y política que azota a la isla, resultado de décadas de embargo y sanciones por parte del imperialismo estadounidense y la incapacidad del estado cubano para contrarrestarlas eficazmente.

Hablando en la reunión del Consejo de ministros en la que se anunciaron estas medidas, la primera viceministra de Economía, Mildrey Granadillo de la Torre, dijo que están destinadas “en esencia, a corregir los desequilibrios macroeconómicos; aumentar la atracción de divisas al país a través de diferentes medios y conceptos; incentivar la producción nacional, con énfasis en la producción de alimentos; y organizar el funcionamiento de las formas de gestión no estatal”.

Como cualquier otro estado capitalista de la región, el régimen nacionalista burgués en Cuba no encuentra otra solución que abaratar la mano de obra y adoptar los dictados del capital financiero global para atraer inversiones, dependiendo hoy principalmente del capital español, francés, chino, canadiense y ruso.

Según un informe sobre la reunión en Granma, el periódico oficial del gobernante Partido Comunista de Cuba, el gobierno planea reducir “partidas presupuestarias con el objetivo de reducir el déficit fiscal en 2024”. Dichas decisiones serán “centralizadas,” es decir, tomadas en los niveles más altos. Aunque el periódico no proporciona cifras concretas, la profundidad de los recortes se indica con la declaración de que el gobierno pretende “posponer o incluso paralizar inversiones que no sean esenciales en esta etapa”.

Granadillo dijo, “se establecerá una política de precios única e inclusiva en igualdad de condiciones para todos los sujetos de la economía, que incluye tanto el sector estatal como el no estatal”. Aunque el significado preciso de esto no ha sido aclarado oficialmente, los informes sugieren que se impondrán topes de precios en pollo, leche en polvo, pasta, salchichas, aceite de soja y detergente, basados en los costos de importación.

Reconociendo que la legalización generalizada de negocios privados ha creado oportunidades para desviar recursos estatales, el gobierno ha instituido una medida “para limitar la ganancia en las compras de productos y pagos de servicios e insumos realizadas por el sector estatal al sector no estatal”. Esta política, que ya entró en vigor el 1 de julio, limita las ganancias entre el 15 y el 30 por ciento, reservando la cifra más alta para “empresas de alta tecnología e innovación,” según la Agencia Cubana de Noticias .

Las nuevas medidas de austeridad siguen al anuncio en enero de un “programa de estabilización macroeconómica”. Ese paquete de medidas elevó el precio de la gasolina por cinco y aumentó los precios de la electricidad, el agua y los cilindros de gas para cocinar, entre otras medidas destinadas a reducir la demanda de combustible y otras importaciones escasas. En ese momento, el gobierno anunció que “revisaría las estructuras y nóminas estatales,” preludio de despidos masivos.

La crisis actual en Cuba ha superado los niveles vistos durante el Período Especial en los años 90 tras la disolución de la URSS y el fin de su subsidio a la economía cubana. La inflación oficial para 2023 se registró en 31 por ciento, bajando del 77 por ciento en 2021. Además, la economía se contrajo un 2 por ciento, y el peso cubano se ha depreciado un 50 por ciento frente al dólar estadounidense en el mercado negro.

Grandes extensiones de la isla continúan experimentando apagones de varias horas, debido a una combinación de escasez de combustible y averías en las plantas eléctricas. Un incendio en 2022 en el Supertanquero de Matanzas redujo la capacidad de almacenamiento de petróleo de Cuba, complicando los esfuerzos para garantizar que las plantas termoeléctricas tengan suficiente combustible para generar electricidad.

También han continuado los problemas de escasez de alimentos, con productos racionados y subsidiados muchas veces no disponibles. En marzo, estallaron protestas por los apagones y la escasez de alimentos en Santiago de Cuba y otros lugares, lo que llevó a decenas de arrestos.

Como en Estados Unidos y otros países del mundo, la invocación de una economía de guerra por parte del gobierno cubano es una indicación de que el estado se prepara para emprender más medidas represivas frente a la oposición popular a sus políticas.

Más de 500.000 cubanos, cerca del 5 por ciento de la población, han huido a Estados Unidos desde octubre de 2022 a medida que las condiciones en el país han empeorado. En una entrevista con Associated Press, el jefe de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería dijo que alrededor de 3 millones de cubanos viven actualmente en el extranjero, y el gobierno admitió la semana pasada que 1,3 millones de cubanos mantienen residencia en Cuba mientras viven en Estados Unidos. A la luz del número sin precedentes de cubanos emigrados, una próxima sesión de la Asamblea Nacional está lista para debatir cambios en las leyes de ciudadanía que permiten a los cubanos vivir en el extranjero por períodos más largos y expanden los derechos de ciudadanía y residencia.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que un factor significativo en la crisis económica está “directamente relacionado con la burocracia y el control ineficiente que estamos llevando a cabo desde nuestro sistema institucional”. No obstante, afirmó que, “Todos estamos aquí para salvar la Revolución y salvar el socialismo”. En realidad, nada podría estar más lejos de la verdad.

Mientras que el embargo económico, o bloqueo, impuesto por el imperialismo estadounidense tras la Revolución Cubana ha sido el factor más significativo en la prolongada crisis económica, el gobierno cubano, desde la era Castro hasta hoy, ha llevado a cabo una política interna y exterior que ha dejado al país en un callejón sin salida.

Derivado del carácter de clase pequeñoburgués del régimen llevado al poder por la revolución de 1959 y su larga subordinación a la doctrina de coexistencia pacífica de la burocracia estalinista de Moscú, el gobierno cubano ha buscado durante décadas alcanzar algún tipo de acomodo con el imperialismo estadounidense, que éste último no ha tenido interés en conceder.

De hecho, esta misma semana, el congresista republicano Mario Díaz-Balart insertó en un proyecto de ley de apropiaciones una medida que impediría la eliminación de Cuba de la lista de patrocinadores estatales del terrorismo, una calificación calumniosa que impone sanciones adicionales de Estados Unidos más allá del embargo.

Aunque el Partido Republicano y los exiliados cubanos de derecha en Estados Unidos huelen la sangre en el agua, la administración Biden ha mantenido en gran parte el retroceso de las relaciones comenzado bajo Trump en la era Obama. En cualquier caso, la apertura de relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante la administración Obama se basó en una concepción de fomentar el crecimiento de una capa social vinculada al imperialismo estadounidense con el propósito de llevar a cabo un cambio de régimen, no fue fundamentalmente un cambio de corazón por parte de la clase gobernante o del Partido Demócrata.

El gobierno cubano pudo resistir el embargo durante muchos años basado en una economía basada en el azúcar y el turismo debido a los subsidios proporcionados primero por la URSS, que ganó un puesto avanzado en el Caribe, y luego por el suministro de petróleo subsidiado de Venezuela, que le permitió a esta última mejorar sus credenciales izquierdistas. Sin embargo, Venezuela ya no está en la posición que una vez estuvo, debido a las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense. Los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba se redujeron a 27.000 barriles por día (bpd) desde 80.000 bpd en 2020, y 51.500 bpd en 2023.

Toda la experiencia de Cuba desde la revolución de 1959 ha sido una confirmación negativa de la teoría de la revolución permanente de Trotsky. La única solución a la crisis económica de Cuba es una revolución en los países avanzados, particularmente Estados Unidos, pero el Partido Comunista de Cuba ha sido un factor negativo en el desarrollo del liderazgo revolucionario en la región, ya que el desarrollo de un movimiento revolucionario sería un peligro para sí mismo y complicaría los intentos del régimen de llevar a cabo un acercamiento con Washington.

Los trabajadores cubanos deben extraer las lecciones necesarias de toda esta historia. El único camino a seguir es construir una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en Cuba y comenzar una lucha genuina por el socialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 05 de julio de 2024)