El Tribunal Supremo español ratificó la condena a tres años y medio de prisión, a la que habían sido condenadas en 2021 seis trabajadoras por un tribunal local, por participar en un piquete enfrente de una pastelería en la ciudad asturiana de Gijón en el norte de España. La decisión del máximo órgano judicial español crea un precedente reaccionario por el que miles de personas podrían ser encarceladas en un futuro por el simple hecho de protestar ante un conflicto laboral. 

Los hechos juzgados sucedieron en 2017 cuando una trabajadora de la pastelería La Suiza se dirigió al sindicato anarquista Confederación Nacional de Trabajadores (CNT) por el acoso laboral que sufría. Este incluía jornadas maratonianas, horas extras y vacaciones sin pagar, salario por debajo del convenio, además de denunciar también abusos por parte de su jefe. 

La CNT contactó con el empresario para llegar a un acuerdo económico para el despido de la trabajadora. Cuando este se negó a negociar el sindicato inició una serie de concentraciones de protesta frente a la pastelería que se prolongaron durante cinco meses. No se impidió nunca la entrada a la clientela, ni se causó ningún desperfecto ni la policía tuvo que intervenir nunca.   

El empresario denunciaría hasta a 30 participantes en estos piquetes y a pesar de que los mismos actuaron legalmente realizando una labor puramente sindical los sucesivos tribunales decidieron aplicar penas de cárcel a estos 6 miembros de la CNT con la excusa de que la pastelería acabaría cerrando por causa de estas protestas. Esto es otra falsedad pues un año antes el negocio había sido puesto en venta. A pesar de reconocer esto la sentencia culpa a la actividad sindical del cierre y no a la intención de venderlo por parte de los propietarios 

Este juicio ha buscado dar un escarmiento a los trabajadores y sentar un precedente como lo señalaba la propia familia del empresario que amenazó descaradamente a la clase obrera española al declarar que “Estos hechos ya no se podrán producir, como nos ocurrió a nosotros, al haber ya una jurisprudencia sentada por el Supremo que cualquier juez de España podrá aplicar desde el minuto uno que reciba una denuncia con hechos similares” 

Pero no hubo un juicio justo. Esta sentencia expone la corrupción del sistema judicial español y su cooperación directa con la burguesía y las fuerzas fascistas. De acuerdo con reportes de prensa, el responsable de la denuncia y quien diseñó la estrategia legal fue Pablo Álvarez Meana, hijo del dueño de la panadería. 

Antiguo miembro de Nuevas Generaciones, el ala juvenil del derechista Partido Popular, Meana es un conocido fascista. Ha elogiado públicamente a figuras como el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que actualmente está llevando a cabo un genocidio contra los palestinos en Gaza con el respaldo de Estados Unidos y otras potencias de la OTAN; Giorgia Meloni, del partido Hermanos de Italia (FdI), sucesora política del Partido Fascista del dictador Benito Mussolini en los años previos y durante la Segunda Guerra Mundial; el presidente fascista de Argentina, Javier Milei; y la líder del partido neofascista francés Reagrupamiento Nacional (RN), Marine Le Pen. 

Experto en ‘Política de Seguridad e Internacional’, viaja constantemente a Buenos Aires, donde es asesor de Patricia Bullrich, ministra de segurid con Javier Milei. Tras ganar el juicio felicitó a su abogado con un tweet donde expresaba su odio de clase diciendo 'lo conseguimos!! SENTENCIA FIRME CONDENATORIA para los reos anarquistas de CNT”. 

El abogado de la pastelería es Javier Gómez Bermúdez, juez de la Audiencia Nacional, un tribunal especial español dedicado a casos de terrorismo y narcotráfico. En su día se hizo famoso por establecer la doctrina jurídica que sirvió para no condenar por fraude fiscal a Emilio Botín, entonces presidente del Banco Santander, el más importante de España. Más tarde abandonó la Audiencia Nacional para ejercer la abogacía, y entre sus acaudalados clientes se encuentran ahora el propio Banco Santander y Jaime Botín, hermano de Emilio y tío de la actual presidenta del banco. 

El juez que condenó a los miembros de la CNT, Lino Rubio Mayo, es conocido por sus duras sentencias antiobreras en conflictos laborales y sociales. 

Por su parte el juez que confirmó la sentencia en el Tribunal Supremo es Manuel Marchena, otra figura prominente conocida por liderar el juicio farsa a los líderes nacionalistas catalanes, que condenó a nueve de ellos a penas de prisión de una década por su papel en el referéndum de independencia catalán del 1 de octubre de 2017. La sentencia se basó en condenas fraudulentas por cargos de sedición y malversación de fondos públicos. 

El papel de estos individuos fascistoides en la condena a estas trabajadoras por formar parte de un piquete es una alerta urgente sobre cómo se han intensificado las medidas propias de un estado policial fascista, primero bajo el gobierno del Partido Socialista (PSOE) y Podemos (2020-2023) y luego bajo el actual gobierno PSOE-Sumar. 

Como en toda Europa e internacionalmente el gobierno español prepara al aparato del estado para responder a cualquier protesta contra las guerras imperialistas como la de Ucrania o el genocidio palestino, y también contra las políticas de austeridad que se están aplicando en casa e irán en aumento.  Los dirigentes de Podemos y Sumar no han buscado oponerse al estado capitalista y su aparato represivo sino integrarse en su maquinaria policial y militar. Sus mínimas declaraciones de apoyo a las trabajadoras condenadas no son más que burdos actos de cinismo. 

El gobierno PSOE-Podemos ha sido violentamente hostil a las luchas de la clase trabajadora. En noviembre de 2021, desplegó vehículos blindados y policías antidisturbios contra los trabajadores del metal en huelga en Cádiz. En abril de 2022, movilizó a 23.000 policías para aplastar una huelga de 75.000 camioneros contra el aumento de los precios del combustible en medio de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania. Para romper las huelgas de los trabajadores de la salud y los tripulantes aéreos, PSOE y Podemos utilizaron duros requisitos de servicios mínimos. 

La exlíder de Sumar, actual vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impuso una reaccionaria reforma laboral antiobrera que consagraba condiciones laborales precarias y un recorte de las pensiones que fijaba la edad de jubilación en 67 años y reducía las futuras prestaciones de los jubilados. Las políticas de austeridad han continuado bajo el actual gobierno PSOE-Sumar. 

Las burocracias sindicales también han apoyado verbalmente a estas trabajadoras, pero la realidad es que más allá de enviar a algunos burócratas sindicales a sumarse a las protestas solidarias, tanto el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) vinculado a Podemos/Sumar como la Unión General de Trabajadores (UGT) alineada con el PSOE no han organizado ninguna gran protesta ni han buscado movilizar a sus 2 millones de afiliados para oponerse a esta sentencia u otras similares. 

El camino a seguir para que los trabajadores españoles respondan a la represión y defiendan sus condiciones de vida, al igual que sus homólogos en Europa y en todo el mundo, no reside en confiar en las fuerzas pseudoizquierdistas o en la burocracia sindical. En su lugar, deberían formar comités de base independientes en cada lugar de trabajo y coordinar y unificar sus luchas a través de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base. La creación de este tipo de comités es la única manera de romper el abrumador control del gobierno del PSOE, junto con Podemos y Sumar, y de los dirigentes sindicales sobre la lucha de clases.

(Publicado originalmente en inglés el de julio de 2024)