En los últimos días, la administración Trump y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, todas las siglas en inglés) de Elon Musk han intensificado sus esfuerzos para obtener un acceso sin precedentes a una gran cantidad de datos sobre cada individuo y organización en los Estados Unidos.

Los últimos objetivos son la Administración del Seguro Social (SSA) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), que contienen información financiera y personal detallada sobre casi todos los estadounidenses. El domingo, la jefa interina de la SSA, Michelle King, renunció, supuestamente debido a enfrentamientos con Musk por la demanda de DOGE de obtener acceso directo a los registros de la agencia.

El lunes, numerosos medios de comunicación informaron sobre el intento de Musk de tomar el control de los millones de registros de impuestos recopilados por el IRS, que incluyen números de Seguridad Social, registros de empleo, donaciones políticas y otra información sobre cada contribuyente, empresa y organización sin fines de lucro en el país.

Para ejecutar este plan, DOGE ha nombrado a Gavin Kliger, de 25 años, como asesor especial del comisionado interino del IRS. Kliger ejemplifica la cábala que Musk ha reunido. Ha elogiado públicamente al supremacista blanco Nick Fuentes y ha pedido la ejecución, por un tribunal militar, de inmigrantes indocumentados condenados por delitos. Ha citado al negacionista del Holocausto Ron Unz como una influencia política clave.

A esto le siguieron dos importantes fallos judiciales que allanaron el camino para la adquisición de datos por parte de DOGE. Un juez federal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en D.C. se negó a impedir que Musk y DOGE accedieran a datos de múltiples agencias del poder ejecutivo, incluida la Oficina de Gestión de Personal y los departamentos de Educación, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Energía, Transporte y Comercio. Un fallo anterior de un juez separado en el mismo tribunal el lunes por la noche otorgó a DOGE acceso a los registros de los estudiantes en el Departamento de Educación.

Mañana, 20 de febrero, se cumple un mes de la segunda toma de posesión de Donald Trump. Las primeras semanas del nuevo régimen se centraron en una serie de órdenes ejecutivas que, bajo el pretexto de una “invasión” inexistente en la frontera, arrogan al presidente el poder de violar los derechos de libertad de expresión, deportar a los inmigrantes y crear el marco para desplegar a los militares contra la oposición interna en EE.UU. 

El contenido de clase esencial de estas acciones, en un gobierno de, por y para la oligarquía, se ha revelado en las últimas dos semanas. El despido masivo de trabajadores federales y la transferencia de poderes extraordinarios a Musk y DOGE es parte de un asalto más amplio a toda la clase trabajadora.

Un objetivo inmediato de la adquisición de datos de DOGE es el desmantelamiento de cualquier departamento federal que brinde servicios sociales o supervisión regulatoria. Musk lidera una operación para recortar $2 billones en gastos en programas como la Seguridad Social, Medicare y Medicaid, al tiempo que acelera los despidos masivos de trabajadores federales. Durante el fin de semana, miles de empleados del Departamento de Salud y Servicios Humanos fueron despedidos en lo que los trabajadores se han referido como la “Masacre del Día de San Valentín”.

Pero el objetivo más amplio es crear una base de datos integral impulsada por inteligencia artificial que se pueda utilizar para rastrear, monitorear y suprimir la oposición política. Al integrar datos financieros, registros médicos, historiales laborales y bases de datos policiales, Musk y Trump están construyendo un sistema que les permitirá identificar y atacar a sus oponentes con precisión quirúrgica.

Trump y Musk describieron su teoría en una entrevista conjunta con Sean Hannity de Fox el martes por la noche. La agencia DOGE de Musk no se ve simplemente o incluso principalmente como un mecanismo para implementar recortes, sino como un instrumento de la dictadura ejecutiva.

“Estas órdenes ejecutivas”, dijo Trump, “las firmo, y ahora se transmiten a [Musk] y su grupo... y las implementan”. DOGE necesita el control directo de los datos y sistemas de todas las agencias federales para implementar las acciones dictatoriales de Trump.

Todo esto es descaradamente ilegal e inconstitucional. El Gobierno está operando bajo el principio de que el presidente tiene poderes ilimitados que no pueden ser restringidos por la ley ni los tribunales. Durante el fin de semana, Trump lo hizo explícito, declarando en una publicación que permaneció en la parte superior de la cuenta X de la Casa Blanca durante varios días: “El que salva a su país no viola ninguna ley”. En otras palabras, Trump opera sobre la base del Führerprinzip, el principio de que solo el “líder” determina lo que es legal y lo que no lo es.

En uno de los pocos comentarios que aparecen en los medios de comunicación, Thomas Edsall, del New York Times, citó el martes al profesor de derecho constitucional Rogers Smith, quien calificó la toma de poderes de Musk como algo “sin precedentes en la historia de Estados Unidos”. Smith advirtió que viola la cláusula de nombramientos de la Constitución, que requiere la aprobación del Senado para altos funcionarios. Si Trump afirma que Musk es simplemente un consultor, todavía está delegando ilegalmente las facultades del Gobierno a un individuo privado.

Smith agregó que si la Corte Suprema falla a favor de Trump o si la Administración ignora un fallo judicial desfavorable, “la democracia constitucional en Estados Unidos estará en peligro grave, tal vez fatal”.

La respuesta del Partido Demócrata a las acciones del Gobierno de Trump en sus primeras semanas ha combinado complicidad y cobardía. Mientras que los republicanos, cuando están en minoría, toman todas las medidas posibles para paralizar el Gobierno, los demócratas han permitido que casi todos los nominados al gabinete de Trump pasen por las audiencias de confirmación.

Los demócratas no han propuesto ninguna estrategia más allá de apelar a los tribunales, que están repletos de nombramientos de Trump y que la Administración ha prometido desafiar. La semana pasada, el vicepresidente Vance declaró en X que “a los jueces no se les permite controlar el poder legítimo del ejecutivo”, mientras que Musk amenazó, el 12 de febrero, que “es necesario que haya una ola inmediata de casos judiciales” contra cualquiera que falle en contra de las acciones de la Administración.

Lejos de movilizar a la oposición de masas, las principales figuras demócratas instan a la inacción. El veterano estratega demócrata James Carville aconsejó el lunes que el partido debería “hacerse el muerto” a medida que se desarrolla la oposición y simplemente “dejar que esto germine”. “Salgámonos del camino”, dijo.

Axios informó que los líderes demócratas sospechan que Trump “ignorará uno de los muchos fallos judiciales importantes que se le presentarán”, pero solo están “jugando respuestas legales y políticas entre bastidores”. El presidente del Comité Demócrata de la Cámara de Representantes, Pete Aguilar, emitió una declaración sin sentido: “Nadie está por encima de la ley, no importa cuántas veces Donald Trump piense que lo está. Dejaremos que este proceso pase por los tribunales, y estaremos preparados para hablar de ello y reaccionar”. En otras palabras, los demócratas planean no hacer nada.

Los demócratas no están dispuestos ni son incapaces de emprender una lucha seria contra el impulso hacia la dictadura porque, junto con los republicanos, representan los intereses de la oligarquía financiera. Coinciden con el programa esencial de la Administración de Trump en materia de política social. Su principal preocupación es el crecimiento de la oposición desde abajo, que podría escapar al control del aparato estatal de la clase dominante.

La única fuerza capaz de detener la transformación de los Estados Unidos en una dictadura es la clase trabajadora.

El Partido Socialista por la Igualdad está encabezando la lucha por movilizar a la clase trabajadora contra el impulso de la Administración de Trump hacia la dictadura. El PSI pide la formación de comités de base y de vecindario independientes en cada lugar de trabajo y barrio de todo el país. Estos comités deben convertirse en centros de resistencia, organizando a los trabajadores y jóvenes contra el Gobierno autoritario de Trump, la complicidad del Partido Demócrata y la destrucción de programas sociales y servicios públicos. 

La clase trabajadora debe emprender la lucha a través de huelgas, protestas y acciones de masas para oponerse a la dictadura de la oligarquía financiera y defender sus derechos sociales y democráticos.

La lucha contra la dictadura no puede separarse de la lucha contra el capitalismo. El PSI llama a la incautación de la riqueza mal habida de los multimillonarios, el desmantelamiento de la máquina de guerra imperialista y el establecimiento de un Gobierno obrero para reorganizar la sociedad sobre la base de satisfacer la necesidad social, no el lucro privado. Instamos a todos aquellos que quieran asumir esta lucha a unirse y construir el Partido Socialista por la Igualdad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 17 de febrero de 2024)