En una orden ejecutiva emitida el martes por la noche, el presidente Donald Trump afirmó su autoridad absoluta sobre las agencias federales creadas por el Congreso que fueron diseñadas para tener cierto grado de independencia de la Casa Blanca. Adoptando la versión más extrema de la llamada teoría del “ejecutivo unitario” promovida por el fallecido juez Antonin Scalia, Trump afirma que cualquier restricción impuesta por el Congreso al control presidencial sobre el poder ejecutivo es inconstitucional.

La orden establece que agencias independientes como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión Federal de Elecciones (FEC) deben estar directamente subordinadas al presidente, tanto en su toma de decisiones como en sus recursos financieros. Además, nombra a Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca, como supervisor de estas agencias.

El lenguaje de la orden es una escalofriante declaración de poder cuasi-dictatorial, al afirmar:

todas las dependencias y agencias ejecutivas, incluidas las llamadas agencias independientes, deberán presentar para revisión todas las acciones regulatorias significativas propuestas y finales a la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA) dentro de la Oficina Ejecutiva del Presidente antes de su publicación en el Registro Federal .

Asimismo, se ordena al director de la OMB que “proporcione orientación sobre la implementación de esta orden a los jefes de los departamentos y agencias ejecutivas”, que “establezca estándares de desempeño y objetivos de gestión para los directores de agencias independientes” y que “informe periódicamente al presidente sobre su desempeño y eficiencia en el cumplimiento de dichos estándares y objetivos”.

En efecto, los directores y juntas de estas agencias “independientes” pasarán a ser meros subordinados de Vought, quien actuará en nombre de Trump, determinando sus presupuestos y el alcance de su jurisdicción, así como invalidando sus decisiones si entran en conflicto con las directrices presidenciales.

La sección 7 de la orden ejecutiva prohíbe explícitamente que los asesores jurídicos de estas agencias formulen interpretaciones de la ley que contradigan las establecidas por la Casa Blanca. Señala:

El presidente y el fiscal general, bajo la supervisión y control del presidente, proporcionarán interpretaciones autorizadas de la ley para el poder ejecutivo. Las opiniones del presidente y del fiscal general sobre cuestiones jurídicas son vinculantes para todos los empleados en el ejercicio de sus funciones oficiales. Ningún empleado del poder ejecutivo que actúe en su capacidad oficial podrá desarrollar una interpretación de la ley como posición de los Estados Unidos que contravenga la opinión del presidente o del fiscal general sobre una cuestión legal, incluyendo, pero no limitándose a, la emisión de regulaciones, orientaciones y posiciones en litigios, salvo autorización expresa del presidente o por escrito del fiscal general.

Esto plantea la cuestión de por qué estas agencias deberían contar con asesores jurídicos en su personal, dado que estarán completamente atadas a las interpretaciones legales establecidas por la Casa Blanca y la fiscal general Pamela Bondi.

La orden ejecutiva se basa en la teoría del “ejecutivo unitario”, una doctrina largamente ridiculizada por historiadores y expertos en derecho constitucional, considerada una idea marginal inventada por Scalia y la Sociedad Federalista, la organización de abogados y jueces de extrema derecha de la que Trump seleccionó a todos sus nominados judiciales durante su primer mandato.

Esta “teoría” repudia el precedente establecido por la Corte Suprema hace 90 años en el caso Humphrey’s Executor, en el que se determinó que el Congreso tiene el poder de crear agencias independientes cuyos directores no sean reemplazados con cada nueva administración presidencial y solo puedan ser destituidos por causa justificada, como mala conducta en el cargo.

Si bien los sucesores de Scalia en el ala fascista de la Corte, como Clarence Thomas y Samuel Alito, han expresado su deseo de revocar el fallo Humphrey’s, afirmando que el Artículo II de la Constitución otorga al presidente el control absoluto del poder ejecutivo, esta posición se desmorona ante el más mínimo análisis histórico.

La Constitución fue escrita con la clara intención de hacer del Congreso, y no del presidente, la rama más poderosa del gobierno. El Congreso es quien legisla, mientras que el presidente está encargado de ejecutar fielmente esas leyes, no de crearlas por sí mismo.

La separación de poderes no es absoluta. Hay numerosos ejemplos en los que los poderes legislativo y ejecutivo se entrelazan: el presidente puede vetar leyes, pero el Congreso puede anular su veto; el presidente puede conceder indultos, pero no en casos de juicio político llevado a cabo por el Congreso.

Además, las secciones de la Constitución donde se otorga explícitamente autoridad al presidente, como su papel de “comandante en jefe” de las fuerzas armadas, serían superfluas si él tuviera un control total y permanente sobre el poder ejecutivo, como postula la teoría del “ejecutivo unitario”.

La única excepción a esta teoría en la orden de Trump se encuentra en la siguiente declaración:

Esta orden no se aplicará a la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal ni al Comité Federal de Mercado Abierto en la conducción de la política monetaria. Esta orden se aplicará a la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal solo en lo que respecta a su supervisión y regulación de las instituciones financieras.

Desde un punto de vista intelectual y legal, esta excepción es absurda. Si el presidente realmente tuviera autoridad inherente sobre todas las agencias independientes, eso incluiría a la Reserva Federal. Como con otras agencias, el presidente nombra a los miembros de su junta de gobernadores, incluido el presidente de la Reserva Federal, con el asesoramiento y consentimiento del Senado.

Trump impone su autoridad sobre los poderes reguladores de la Fed, pero no sobre su “conducción de la política monetaria”. Esta limitación reconoce que el verdadero poder bajo el capitalismo reside en los mercados financieros y en quienes los controlan y manipulan: los bancos, los fondos de cobertura, los grupos de capital privado y los gigantescos fondos de inversión. Wall Street reaccionaría con extrema desaprobación ante cualquier intento del presidente de intervenir en la fijación de las tasas de interés, y los mercados financieros mundiales podrían entrar en pánico.

Las consecuencias prácticas de la orden ejecutiva se sentirán de inmediato. Incluso antes de su emisión, Trump nombró a Vought como director interino de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), la agencia independiente establecida durante el gobierno de Obama tras el colapso financiero de 2008-2009. Vought ha cerrado la agencia y despedido a todo su personal.

El control de la Casa Blanca sobre la FCC permitirá a Trump intervenir directamente en las operaciones de los medios corporativos, bloqueando o favoreciendo fusiones y adquisiciones según la alineación de los magnates mediáticos con su gobierno. También consolidará las políticas exigidas por la corporación de Rupert Murdoch, propietaria de Fox News, y por Elon Musk, dueño de Twitter/X y director del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump, encargado de aplicar brutales recortes presupuestarios.

La orden ejecutiva de Trump presenta esta afirmación de autoridad presidencial como la esencia de la democracia, argumentando que “el presidente es elegido regularmente por y es responsable ante el pueblo estadounidense”. Sin embargo, ahora el presidente tendrá control directo sobre la Comisión Federal de Elecciones (FEC), lo que le permitirá manipular el proceso electoral e imponer restricciones para obstaculizar a sus opositores políticos.

El primer desafío legal que podría llevar la teoría del “ejecutivo unitario” ante la Corte Suprema ya ha sido presentado. Hampton Dellinger, jefe de la Oficina del Abogado Especial, la agencia independiente que investiga denuncias de irregularidades contra dependencias federales, impugnó su despido por parte de Trump y obtuvo fallos favorables en un tribunal de distrito y en la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C.

La procuradora general interina Sarah Harris anunció el fin de semana pasado que apelará el caso Dellinger ante la Corte Suprema, buscando un fallo que anule el precedente de Humphrey’s y establezca el poder absoluto de Trump sobre las agencias independientes.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de febrero de 2025)