Los trabajadores españoles podrán a partir de ahora retrasar su edad de jubilación legal más allá de los 67 años, tras la aprobación de una nueva ley por parte del Gobierno del Partido Socialista (PSOE)-Sumar, con el respaldo del derechista Partido Popular (PP). La reforma permite que los trabajadores continúen trabajando voluntariamente hasta los 72 años mientras reciben gradualmente un porcentaje de su pensión, comenzando en el 45 por ciento en el primer año y aumentando al 100 por ciento en el último año.

La ley también ha sido aprobada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y los principales sindicatos: el vinculado a Sumar, Comisiones Obreras (CCOO), y la socialdemócrata Unión General de Trabajadores (UGT).

El objetivo es alargar la vida laboral de los trabajadores españoles de acuerdo con las directivas de la Unión Europea. En 2011, el gobierno del PSOE, que entonces mandaba en solitario, elevó la edad de jubilación de 65 a 67 años. Ahora, el actual gobierno PSOE-Sumar pretende reducir aún más el gasto en pensiones, redirigiendo esos fondos hacia áreas como el gasto militar, al tiempo que garantiza que los empresarios sigan disponiendo de una gran reserva de mano de obra barata.

La normalización del trabajo más allá de los 70 años abre la puerta a que esa edad sea obligatoria en lugar de opcional en el futuro. El Círculo de Empresarios, una organización empresarial que representa a directivos de las mayores corporaciones españolas, así lo pidió antes de las elecciones. Ahora, PSOE y Sumar están dando el primer paso.

Los trabajadores con los salarios más bajos, que reciben las pensiones más pequeñas, serán los más afectados. En la actualidad, el 42% de los jubilados españoles, 4,16 millones de un total de 9,73 millones, se consideran pobres, recibiendo pensiones por debajo del umbral de la pobreza (846,95 euros). Incluyendo a los que ganan menos del salario mínimo interprofesional de 1.080 euros, esta cifra se eleva al 56 por ciento, sumando otros 1,32 millones de pensionistas.

Esto ocurre en condiciones en las que los servicios públicos, como la sanidad, se están deteriorando, lo que obliga a muchos trabajadores a buscar soluciones en el sector privado, mientras que el acceso a la vivienda se está convirtiendo en un lujo.

El Gobierno del PSOE y Sumar presume de haber subido el salario mínimo un 26 por ciento desde 2019, superando el 18 por ciento de inflación. La realidad es bien distinta: el coste de los bienes esenciales, que constituyen la mayor parte del consumo de los trabajadores, ha subido mucho más.

Entre 2019 y 2024, los precios de los alimentos aumentaron una media del 34 por ciento, mientras que los precios de la vivienda han subido un 45,8 por ciento para las viviendas nuevas y un 27,1 por ciento para las de segunda mano. El gobierno también tiene la intención de exigir que los trabajadores con salarios más bajos paguen el impuesto sobre la renta, del que anteriormente estaban exentos.

Muchos trabajadores que alcancen la edad de jubilación se verán obligados a seguir trabajando. Por primera vez en décadas se volverá a generalizar el que personas de más de 70 años sigan trabajando. Estos trabajadores a menudo realizan labores físicamente exigentes. Muchos ya sufren graves problemas de salud cuando llegan a los 67 años, y trabajar más allá de ese punto es llevarlos a la extenuación, lo que reduce su esperanza de vida. El mensaje de los sindicatos, los socialdemócratas y de la pseudoizquierda es claro: trabaja hasta morir.

Tanto Sumar como el derechista Partido Popular han utilizado la misma excusa para justificar su voto a favor de esta ley sin admitir sus consecuencias: el apoyo que ha tenido de los sindicatos.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, declaró que el acuerdo previo entre la patronal y los grandes sindicatos es “un aval suficiente para que el PP se posicione a favor de ese real decreto ley”.

Por su parte Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, afirmó que “este acuerdo de pensiones surge del diálogo social y como ustedes saben siempre respetamos los acuerdos que se alcanzan en el marco del diálogo social'.

En las últimas décadas los sindicatos españoles han jugado un papel fundamental a la hora de aprobar recortes contra los trabajadores. Pero a pesar de todo en muchas ocasiones se veían obligados a realizar movilizaciones para soltar presión. En 2011 cuando se elevó la edad de jubilación a los 67 años el descontento que se generó les forzó incluso a convocar una huelga general. El apoyo masivo a la huelga sólo impulsó a los sindicatos a traicionar a los trabajadores más rápidamente. En lugar de lanzar más acciones, las cancelaron.

Ahora, cada vez más integrados en el aparato capitalista de austeridad y guerra, no solo se niegan a oponerse a los ataques contra los trabajadores, sino que son sus principales promotores, garantizando a sus amos capitalistas la supresión de la lucha de clases. Por primera vez, los sindicatos CCOO y UGT han firmado un acuerdo, con el Gobierno autonómico de Madrid, por el que se comprometen a: 'no promover (...) huelgas, concentraciones, manifestaciones, campañas o cualquier otra medida de conflicto colectivo.”

Por ahora, el acuerdo solo afecta a los trabajadores del sector público en Madrid (alrededor de 40.000), pero sienta un precedente peligroso: la prohibición legal de las protestas en los lugares de trabajo, una política que cumpliría con las expectativas de cualquier partido fascista.

El pseudoizquierdista Sumar y los sindicatos forman parte de un bloque que al igual que en el resto de las potencias imperialistas promueve una política de austeridad en casa y guerra fuera. Lo mismo se puede decir tanto de Podemos que formó parte del gobierno hasta 2023 como de su posterior escisión con Sumar.

Durante estos años Podemos y Sumar con el soporte de los sindicatos han apoyado aumentos salariales por debajo de la inflación a amplias capas de trabajadores y han aprobado una reforma de la legislación laboral que recorta las protecciones legales de los trabajadores en el lugar de trabajo. No han hecho nada contra el deterioro de la educación y la sanidad públicas acelerando su camino hacia la privatización. También han pactado reformas de las pensiones que avanzan también en su privatización.

Mientras tanto, el gasto militar español se ha disparado. Según un informe del Grupo Antimilitarista Tortuga publicado el 31 de diciembre de 2024, el gasto militar real de España supera los 60.000 millones de euros, más del 5% del PIB. Estas cifras contrastan fuertemente con las afirmaciones del gobierno, que solo admite un gasto del 1% del PIB en defensa, aproximadamente 14.000 millones de euros, más otros 2.000 millones adicionales para programas especiales de armamento. El informe destaca que esta discrepancia se debe a los gastos relacionados con las fuerzas armadas repartidos entre los diferentes ministerios y a las transferencias extrapresupuestarias.

La clase obrera no ganará nada con las negociaciones entre el gobierno del PSOE-Sumar, los sindicatos y las élites empresariales. Deben unirse en torno a un programa socialista revolucionario para redirigir los miles de millones entregados a los capitalistas y a los gastos militares hacia el mejoramiento de los servicios públicos y las condiciones de vida de los trabajadores y pensionistas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 24 de febrero de 2025)