El pasado martes, en una votación unánime, el Concejo Municipal de Los Ángeles dio un paso decisivo hacia el desmantelamiento de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA, por sus siglas en inglés) y el traspaso del control de cientos de millones de dólares en fondos públicos a proveedores privados de servicios para personas sin hogar.
La decisión del concejo se produjo tras dos informes de auditoría contundentes que expusieron fallos en la supervisión financiera de LAHSA. Sin embargo, el verdadero significado de esta medida va mucho más allá de la mala gestión de la agencia. En el fondo, esto no se trata de resolver la falta de vivienda; se trata de convertir la crisis en una lucrativa oportunidad de negocio para el sector privado.
La concejal Monica Rodriguez, quien lideró la iniciativa, calificó a LAHSA de “monstruosidad”, citando retrasos en los pagos a proveedores e incumplimientos en el seguimiento del gasto. Pero en lugar de abordar los fallos sistémicos más profundos del enfoque de la ciudad (y del estado) hacia la falta de vivienda, el concejo está utilizando la disfunción de LAHSA como pretexto para acelerar la privatización de los servicios. Esto no es un esfuerzo genuino por mejorar las condiciones de las casi 50.000 personas sin hogar en Los Ángeles, sino una estrategia deliberada para repartir fondos públicos entre contratistas privados con conexiones políticas.
Por su parte, los supervisores del condado de Los Ángeles votarán el 1 de abril si se revisa completamente el gasto para personas sin hogar, en particular mediante la “redirección” de la gran mayoría de los fondos asignados al condado desde LAHSA. Si se aprueba la propuesta, el condado asumiría el control directo de más de 300 millones de dólares que actualmente transfiere a la agencia cada año.
La retórica contra “financiar el fracaso” oculta el verdadero problema: el fracaso de las propias autoridades de Los Ángeles. LAHSA fue creada para gestionar un problema que no puede resolverse con reformas superficiales. La falta de vivienda es el producto de la pobreza, la explosión de los costos de la vivienda, la estancación de los salarios y el abandono social. En resumen, es una consecuencia directa del fracaso del capitalismo. Recortar los fondos de LAHSA no aborda estas causas fundamentales; simplemente garantiza que los especuladores empresariales, y no el sector público, controlen el flujo de recursos.
De hecho, esta medida del concejo municipal refleja los intentos actuales de la administración Trump de privatizar el Servicio Postal y desmontar programas sociales como Medicare bajo el pretexto de que son mal administrados y derrochan el dinero de los contribuyentes. Así como Trump busca destruir servicios esenciales para favorecer a los intereses empresariales, el Concejo Municipal de Los Ángeles utiliza el fracaso de LAHSA como excusa para crear una industria de la falta de vivienda basada en el lucro.
La decisión del concejo se produce en medio de un creciente escrutinio del juez del Tribunal de Distrito de EE.UU., David O. Carter, quien criticó duramente a los funcionarios de la ciudad por su incapacidad para realizar un seguimiento del dinero destinado a los programas de atención a personas sin hogar. Durante una audiencia reciente, el juez Carter amenazó con nombrar un interventor judicial para supervisar el gasto de la ciudad en materia de falta de vivienda, citando años de mala gestión financiera.
Los hallazgos del juez Carter apuntan al mismo problema recurrente: el dinero destinado a combatir la falta de vivienda está siendo mal gestionado. Pero en lugar de abogar por la transparencia, el voto del concejo indica una intención de redirigir estos fondos a contratistas privados que serán aún menos responsables ante el público. Si LAHSA, como se dice, era opaca, las empresas privadas serán totalmente impenetrables, protegidas por leyes de secreto corporativo.
Programas como Inside Safe, la iniciativa de la alcaldesa Karen Bass, con el apoyo de miembros del concejo municipal afiliados a los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA), canalizan cientos de millones de dólares a contratistas privados y organizaciones sin fines de lucro que se benefician generosamente de la crisis sin ofrecer soluciones sustantivas.
Las empresas encargadas de los desalojos de campamentos, la vivienda temporal y los servicios de seguridad ya han convertido la falta de vivienda en una industria altamente rentable. Una investigación de ProPublica del año pasado reveló que hoteles que reciben contratos del programa Inside Safe, a pesar de múltiples violaciones a normas de salud y seguridad, continúan recibiendo fondos, lo que pone en evidencia la falta de supervisión. La dependencia del programa en vales de hotel y motel como solución habitacional temporal ha dejado a muchas personas sin hogar pasando de una situación inestable a otra, mientras intereses privados con vínculos políticos llenan sus bolsillos con cantidades masivas de dinero público.
En lugar de invertir en vivienda pública o soluciones estructurales, Inside Safe ha operado como un fondo para enriquecer a proveedores de servicios con conexiones políticas que se benefician de una crisis interminable. El fracaso del programa no es accidental, sino el resultado lógico de un sistema diseñado para servir a los intereses empresariales y no a la población sin hogar que afirma ayudar. En este sentido, la oposición burocrática de Bass al impulso privatizador del concejo carece de importancia: ella misma ha facilitado el mismo modelo lucrativo bajo otro nombre.
La privatización de los servicios para personas sin hogar ya ha demostrado tener consecuencias catastróficas en ciudades como Nueva York. Reportajes del New York Times y del New York Post expusieron cómo James A. Brown III, un proveedor prominente de refugios, acumulaba más de 1 millón de dólares anuales desviando fondos públicos hacia sus propias empresas de seguridad, banquetes y administración. Mientras tanto, los refugios operados por Brown eran centros de abandono y abuso. Los residentes reportaron alimentos infestados de moho, uso generalizado de drogas y violencia física, todo mientras los contribuyentes subsidiaban sin saberlo este imperio fraudulento.
Los Ángeles está a punto de seguir el mismo camino desastroso. Una investigación de ProPublica ya ha documentado el crecimiento de la industria de los desalojos de campamentos en California, revelando que empresas privadas han recibido al menos 100 millones de dólares para llevar a cabo estas operaciones. Empresas como Tucker Construction se han beneficiado enormemente del desalojo forzado de personas sin hogar, un esfuerzo que no aborda en absoluto las causas del problema, sino que simplemente recicla a las personas a través de un sistema brutal e ineficaz de desplazamiento.
Una vez abiertas las compuertas de la privatización, la falta de vivienda deja de ser una crisis que se busca resolver para convertirse en una industria que debe mantenerse. Cuantas más personas estén sin hogar, más dinero fluye hacia los bolsillos de los operadores de refugios, empresas de seguridad y promotores inmobiliarios listos para obtener ganancias con el desplazamiento de los sectores más vulnerables de la sociedad.
La complicidad del Concejo Municipal de Los Ángeles en esta decisión es especialmente condenable dada la afiliación de cuatro de sus miembros con los DSA, quien de labios para afuera pero no lo ponen en práctica. Pero en lugar de oponerse a la privatización, estos llamados progresistas se unieron a sus colegas al aprobar la transferencia masiva de servicios públicos a intereses privados. La ausencia incluso de un voto simbólicamente contrario dice mucho sobre el oportunismo de la política pseudoizquierdista.
Su silencio ante la privatización constituye una traición a los principios que dicen defender. La votación revela su verdadero rol dentro del aparato político: no como adversarios de la explotación capitalista, sino como sus facilitadores. Si quienes luchan contra la falta de vivienda albergaban alguna esperanza de que estos funcionarios lucharían por preservar los servicios públicos, ahora deben sentirse profundamente decepcionados.
La privatización de los servicios para personas sin hogar en Los Ángeles debe entenderse por lo que realmente es: un esfuerzo deliberado por convertir el sufrimiento humano en un negocio rentable. La decisión unánime del concejo no se trata de ayudar a las personas sin hogar, sino de garantizar que el dinero público termine en los bolsillos de entidades corporativas que no tienen ningún incentivo para reducir la falta de vivienda.
El objetivo final no debe ser simplemente exigir cuentas a LAHSA, sino desmantelar las condiciones que generan la falta de vivienda en primer lugar—la desigualdad rampante, la vivienda inaccesible y los salarios estancados.
En lugar de canalizar el dinero a manos privadas, Los Ángeles debería ampliar su inversión en vivienda pública, control del alquiler y servicios sociales que proporcionen estabilidad a largo plazo para las personas sin hogar. La lucha contra la falta de vivienda debe formar parte de la lucha más amplia contra el sistema capitalista que la perpetua. Sin este entendimiento, la crisis no solo persistirá, sino que continuará siendo explotada para obtener beneficios, mientras Los Ángeles se convierte en la próxima advertencia de una ciudad que abandonó a sus más vulnerables en beneficio de la codicia empresarial.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de marzo de 2025)