Tres semanas después de que resonaran los disparos en el Senado filipino, el enfrentamiento político que estos reflejaban se ha agravado hasta convertirse en una crisis constitucional. El poder legislativo se encuentra dividido entre dos liderazgos rivales, cada uno de los cuales niega la legitimidad del otro. Un senador buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) sigue prófugo; un segundo senador ha sido encarcelado por malversación. El poder ejecutivo está acumulando progresivamente los poderes que deja vacantes la cámara alta paralizada. Ferdinand Marcos Jr., hijo del exdictador, gobierna mediante decretos de emergencia, dirige la reorganización del Senado y se prepara para convocar al Congreso en sesión extraordinaria para aprobar la legislación de su elección.

La crisis surge del conflicto entre las facciones de Marcos y Duterte de la clase dominante filipina, que se ha ido ampliando y agudizando durante años. Rodrigo Duterte, el expresidente cuyo mandato de seis años se caracterizó por una guerra contra las drogas que se cobró decenas de miles de vidas, se opuso a profundizar la integración militar de Filipinas en los preparativos bélicos de Washington contra China —una alineación que Marcos, firmemente en el bando estadounidense, ha perseguido sin restricciones. Sara Duterte, su hija y actual vicepresidenta, se convirtió en el punto focal de ese conflicto después de que su alianza política con la familia Marcos se derrumbara públicamente. El propio Rodrigo Duterte se encuentra actualmente bajo custodia de la CPI en La Haya, donde el tribunal confirmó en abril los cargos de crímenes contra la humanidad en su contra, remitiendo su caso a juicio.

La crisis actual se desencadenó el 11 de mayo, cuando la Cámara de Diputados votó por 257 contra 33 a favor de la destitución de la vicepresidenta Sara Duterte por segunda vez. En el Senado, un bloque de senadores pro-Duterte actuó simultáneamente para destituir al presidente del Senado, Vicente Sotto, e instalar en su lugar a Alan Peter Cayetano —el excompañero de fórmula de Duterte— por 13 votos contra 9. La CPI eligió ese mismo día para hacer pública una orden de detención, emitida el noviembre anterior, contra el senador Ronald «Bato» dela Rosa, jefe de policía de Duterte y principal ejecutor de los asesinatos de la guerra contra las drogas Oplan Tokhang. Agentes de la Oficina Nacional de Investigaciones (NBI) llegaron al Senado para ejecutar la orden. Dela Rosa, quien había pasado los seis meses anteriores escondido, había regresado para emitir su voto a favor de Cayetano. Huyó por los pasillos y subió por una escalera, su huida fue captada por las cámaras de seguridad, y se refugió bajo la «custodia protectora» concedida por Cayetano. Dos noches después, se escucharon disparos en el edificio del Senado.

Ahora se ha demostrado que el tiroteo fue una provocación orquestada por las fuerzas alineadas con Duterte. El sargento de armas del Senado, Mao Aplasca, se puso un chaleco antibalas antes de que llegara la NBI y disparó los primeros tiros. La Oficina del Defensor del Pueblo lo suspendió preventivamente por seis meses por el uso de su arma. En las primeras horas del 14 de mayo, Dela Rosa y la estrella de cine de «chicos malos» convertida en senador Robin Padilla abandonaron el recinto del Senado en el vehículo de Padilla. El Grupo de Investigación y Detección Criminal describió el papel de Padilla como una «cooperación indispensable»: un segundo vehículo estaba estacionado afuera, vinculado a un pariente de Padilla; un exoficial del Ejército con chaleco antibalas formaba parte del grupo de huida. La operación —el tiroteo, el caos, la salida orquestada— fue diseñada para permitir que dela Rosa eludiera la orden de la CPI al amparo de un aparente enfrentamiento entre las fuerzas del Estado. Padilla insiste en que simplemente le ofreció a su colega llevarlo. Dela Rosa sigue prófugo. Se han presentado denuncias por obstrucción de la justicia ante el Defensor del Pueblo contra Cayetano, Padilla y Aplasca.

La orden de detención de la CPI en virtud de la cual se busca a Dela Rosa abarca los asesinatos cometidos en el marco de la Oplan Tokhang entre julio de 2016 y abril de 2018 —crímenes de lesa humanidad—. Su vinculación con la secta de la muerte de Tadtad en Davao del Sur, una secta religiosa fanática anticomunista cuyos miembros descuartizaban y decapitaban a los aldeanos, se remonta a 1987, cuando él aún era un joven teniente de la Policía Militar. La estructura de los escuadrones de la muerte creada por Rodrigo Duterte y dela Rosa en Davao se convirtió en el modelo para la guerra contra las drogas a nivel nacional.

La presidencia del Senado de Cayetano, instalada el 11 de mayo, representaba una amenaza directa para la administración de Marcos: según la Constitución, el presidente del Senado preside un juicio político, decide sobre el procedimiento y marca su curso. El juicio de Sara Duterte está programado para comenzar el 6 de julio. Un presidente del Senado alineado con Duterte habría ejercido una autoridad procesal decisiva sobre los procedimientos contra Duterte.

La administración de Marcos tomó medidas para resolver esto durante los primeros días de junio. Solo hay veinticuatro senadores; uno es un fugitivo y otro está detenido. Doce, afirman, constituyen por lo tanto el quórum. Cayetano y sus once senadores aliados se negaron a asistir a las sesiones plenarias, impidiendo así el quórum. El 3 de junio, el último día de sesión antes de que el Congreso suspendiera sus sesiones como órgano legislativo hasta el 27 de julio, el senador Francis Escudero apareció en la sala como el duodécimo voto, pasando del bando de Duterte al de Marcos.

El nuevo bloque de doce senadores declaró vacantes todos los cargos de liderazgo, eligió al senador Sherwin Gatchalian como presidente interino del Senado, reorganizó las presidencias de las comisiones y aprobó la Resolución del Senado n.º 430, que modifica las normas de juicio político para permitir a los senadores elegir a un presidente de sesión distinto del presidente del Senado por mayoría de votos, despojando a Cayetano de su última arma institucional de cara al juicio que se avecina. El palacio de Marcos reconoció el resultado en cuestión de horas, calificándolo de «conforme a la ley y al estado de derecho», y el equipo de la fiscalía de la Cámara de Diputados siguió su ejemplo. Cayetano, transmitiendo en vivo desde fuera de la cámara, lo denunció como un «golpe de Estado ilegal» e insistió en que él seguía siendo el «presidente del Senado legítimo, legal y moral». Se ha presentado ante la Corte Suprema una petición que impugna el quórum de doce senadores. El Senado se reunirá como tribunal de juicio político para iniciar el juicio de Sara Duterte el 6 de julio, incluso mientras el Congreso se encuentra formalmente en receso; no está previsto que se reanuden las sesiones plenarias ordinarias hasta el 27 de julio, con dos liderazgos rivales que siguen reclamando la autoridad.

El senador Jinggoy Estrada, miembro desde hace mucho tiempo del bloque de Duterte, fue detenido el 1 de junio acusado de malversación, un delito sin fianza, por denuncia presentada por la Oficina del Defensor del Pueblo. El 2 de junio compareció ante el Sandiganbayan, el tribunal especial anticorrupción que juzga los casos de corrupción contra funcionarios públicos, vestido con el uniforme amarillo de la prisión y esposado. Fue enviado a la cárcel de Quezon City, y su moción de anulación fue denegada el 4 de junio. Con Dela Rosa prófugo y Estrada tras las rejas, a Cayetano le quedaban como mucho once votos.

Los cargos de corrupción que destituyeron a Estrada se basan casi con toda seguridad en hechos. La política filipina no carece de corrupción genuina: el escándalo del control de inundaciones que ha convulsionado al Senado durante el último año implica proyectos fantasma, contratos sobrevalorados y sobornos pagados en todo el sistema, lo que implica tanto al bando de Duterte como al de Marcos. Pero el Defensor del Pueblo que presentó la denuncia contra Estrada es Jesús Crispín Remulla, el exsecretario de Justicia que creó el grupo de trabajo de control de inundaciones del NBI-DOJ y que luego fue designado por Marcos para dirigir el organismo independiente anticorrupción. El grupo de trabajo se dirigió inicialmente a quince contratistas nombrados personalmente por Marcos en un discurso. Cuando dieciocho exsoldados testificaron ante la audiencia del Comité de la Cinta Azul, liderada por Cayetano, el 4 de junio, que habían entregado personalmente maletas con dinero en efectivo a Marcos y al ex presidente de la Cámara de Diputados Romualdez, la respuesta de la NBI fue anunciar una investigación para determinar si a cada uno de los dieciocho se les había pagado cinco millones de pesos para fabricar su testimonio. La maquinaria que procesa a Estrada es la misma que protege a Marcos.

La cuestión política decisiva no es qué senadores van a la cárcel, sino más bien, a través de los mecanismos del escándalo de corrupción y bajo el pretexto de una crisis constitucional, la concentración del poder en manos de la presidencia. En marzo, mientras la guerra de EE. UU. contra Irán elevaba los precios del petróleo más allá del alcance de los hogares de la clase trabajadora, Marcos declaró un Estado de Emergencia Energética Nacional que permanecería en vigor durante un año. Simultáneamente, el Congreso aprobó la Ley de la República 12316, que delega en la presidencia la facultad de suspender o reducir los impuestos especiales sobre los productos derivados del petróleo hasta diciembre de 2028 —una prerrogativa legislativa fundamental transferida a la discreción del ejecutivo por el mismo órgano cuya autoridad está siendo ahora suplantada—. Cuando el Senado se bloqueó en junio, Marcos simplemente le ordenó que «volviera al trabajo» —y así lo hizo—. Desde entonces, ha confirmado que está dispuesto a convocar al Congreso a una sesión especial a petición de la dirección de Gatchalian, a la que reconoció, para aprobar la legislación prioritaria de su elección, incluido un presupuesto suplementario de guerra.

La Constitución de 1987 contiene disposiciones explícitas que restringen las bases militares extranjeras y exigen la ratificación de los tratados por parte del Senado —disposiciones redactadas contra la presencia militar estadounidense que sustentó la anterior dictadura de Marcos, el padre del presidente. Estas disposiciones son el principal obstáculo constitucional para la plena formalización de la arquitectura de bases avanzadas de Washington en Filipinas, que ahora incluye nueve emplazamientos del EDCA con una expansión adicional anunciada, y que quedó plenamente de manifiesto en el Balikatan 2026 en mayo: 17.000 soldados, el primer lanzamiento real de un Tomahawk en suelo filipino, el primer despliegue de combate japonés desde la Segunda Guerra Mundial. Marcos ha dejado claro que quiere que se flexibilicen estas restricciones constitucionales, pero hasta ahora cada intento de modificar la Constitución ha sido bloqueado en el Senado por el bando de Duterte, una resistencia en la que se ha sumado su propia hermana, la senadora Imee Marcos. Ahora que ese bloque ha perdido sus escaños en el Senado, se ha abierto por primera vez el camino hacia una convención constitucional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de junio de 2026)