Más de la mitad de los 50 distritos escolares más grandes del país están aplicando recortes presupuestarios, ya los han implementado o se enfrentan a déficits reportados, según un análisis de Chalkbeat publicado a finales de mayo.
Al describir los despidos masivos como una «gran contracción» largamente anticipada, el Edunomics Lab de la Universidad de Georgetown detalla los recortes en Boston, Los Ángeles, Milwaukee, San Diego, Toledo, Broward, San Francisco, Anchorage, Cedar Rapids, Tulsa, Brevard, Richmond, Fresno, el condado de Clark, Cleveland, Bellingham «y un sinfín de distritos pequeños y medianos».
Concluyen: «Lo que está quedando claro es que esto no es temporal, es un reinicio».
Los medios de comunicación controlados por el capital describen de manera generalizada los recortes como el resultado inevitable de la disminución de la matrícula estudiantil. En realidad, forman parte de una estrategia bipartidista de décadas de la clase dominante para paralizar los servicios de educación pública, expulsar a los estudiantes y privatizarla.
Este es el verdadero contenido de la exigencia de Trump de cerrar el Departamento de Educación (ED) y diezmar el gasto federal en educación. Al nombrar a la grosera e ignorante multimillonaria cofundadora de World Wrestling Entertainment, Linda McMahon, como jefa del departamento, Trump despidió a la mitad del personal del ED, retuvo ilegalmente 7 mil millones de dólares en fondos escolares asignados por el Congreso y transfirió servicios educativos clave a otras agencias.
Pero si Trump encabeza este ataque, son los demócratas quienes lo están implementando en todos los estados. Los alcaldes, gobernadores y juntas escolares demócratas están haciendo cumplir las «restricciones presupuestarias» inventadas, es decir, las reservas menguantes que quedan tras las medidas bipartidistas que canalizaron cientos de miles de millones al Pentágono y a Wall Street a través del gasto bélico y los recortes de impuestos.
A nivel nacional, los educadores están contraatacando. Los trabajadores de la educación han sido el sector más numeroso en huelga durante varios años, representando el 60 por ciento de todos los huelguistas y más de la mitad de todos los días de huelga en 2022, y liderando nuevamente con casi un tercio de todos los trabajadores que se declararon en huelga en 2024.
Sin embargo, estas valientes luchas no han revertido la contrarrevolución social contra la educación pública porque han sido sistemáticamente aisladas y traicionadas por la Federación Estadounidense de Maestros (AFT) y la Asociación Nacional de Educación (NEA), respaldadas por los Socialistas Demócratas de Estados Unidos (DSA), cuyos miembros ocupan puestos importantes en la burocracia sindical. Fueron estas traiciones las que, colectivamente, dieron luz verde a la actual escalada de austeridad y despidos masivos.
Dos casos: California y Chicago
La campaña de la Asociación de Maestros de California (CTA, una alianza de la AFT y la NEA), cínicamente mal llamada “We Can’t Wait”, se lanzó en febrero de 2025, supuestamente para unificar a los educadores de 32 distritos en una lucha contractual coordinada. En cambio, la campaña —un esfuerzo de relaciones públicas multimillonario— sirvió de tapadera mientras la CTA obligaba a los maestros a trabajar durante meses con contratos vencidos. El aparato sindical utilizó «We Can’t Wait» para canalizar la creciente ira hacia peticiones al gobernador demócrata Gavin Newsom y bloquear la huelga.
Cuando los docentes de San Francisco se declararon en huelga de todos modos en febrero de 2026, la huelga fue rápidamente sofocada, sin que se lograra una protección laboral genuina y con aumentos salariales por debajo de la inflación en una de las ciudades más caras del mundo. Los despidos se anunciaron casi de inmediato.
La culminación de esta cínica operación tuvo lugar en Los Ángeles en abril de 2026, cuando la presidenta de United Teachers of Los Angeles (UTLA; Maestros Unidos de Los Ángeles) Cecily Myart-Cruz firmó un acuerdo de traición dos días antes de que 68.000 trabajadores se dispusieran a salir a la calle —una movilización que podría haber galvanizado a los maestros a nivel nacional y a la que la CTA se opuso ferozmente. Negociado a puerta cerrada, con el apoyo decisivo del comité de negociación de los miembros de DSA, el acuerdo aceptaba explícitamente el «plan de estabilización fiscal» del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, allanando el camino para recortes de cientos de millones que ahora se están imponiendo mediante despidos, el aumento del número de alumnos por clase y la «reestructuración».
De igual manera, el Sindicato de Maestros de Chicago (CTU), liderado por la pseudoisquierda, colaboró con el alcalde Brandon Johnson —respaldado por la DSA— para imponer un contrato para 2025 basándose en la falsa afirmación de que los educadores contaban con un acuerdo «a prueba de Trump», un supuesto «campo de fuerza» que protegería a educadores y estudiantes de los recortes federales.
En realidad, el acuerdo confinó a los educadores de Chicago a aumentos salariales por debajo de la inflación, mantuvo el marco de la «elección de escuela» y la expansión de las escuelas autónomas, y dejó intacta la dependencia subyacente de la ciudad de los impuestos locales regresivos y las finanzas municipales especulativas. El doble papel de Johnson como alcalde demócrata y antiguo miembro del CTU puso al descubierto la verdadera función de la retórica de la «reforma sindical» promovida por la DSA y las organizaciones de pseudizquierda aliadas: enmascarar la integración de los sindicatos en el Estado e imponer la austeridad en nombre de la clase dominante.
Tras recortar 2.141 puestos de maestros en 2025, ahora se prevé que el distrito despida entre 700 y 800 maestros el próximo año, como parte de un déficit masivo de 734 millones de dólares.
¿Qué se está recortando?
Al negarse a movilizarse a nivel nacional contra los ataques de Trump, la burocracia de la NEA y la AFT ha alentado a un distrito tras otro a proceder con los despidos. Además, a excepción de Anchorage, todos los distritos que figuran en el Edunomics Lab de la Universidad de Georgetown están gobernados por administraciones controladas por el Partido Demócrata. En conjunto, ilustran cómo se está llevando a cabo en la práctica la «Gran Reducción», con funcionarios demócratas actuando como los principales ejecutores de la agenda nacional de Trump. Además, los tres distritos escolares más grandes de Estados Unidos: la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y Chicago, están dirigidos por miembros de la DSA o sus simpatizantes.
Esta es solo una muestra de algunos de los recortes ya anunciados:
· Los Ángeles se enfrenta a un déficit de 877 millones de dólares y ha enviado notificaciones de despido a unos 3.200 empleados, al tiempo que planea la fusión y el cierre de escuelas.
· El condado de Broward, en Florida, está eliminando más de 1.000 puestos de trabajo.
· Filadelfia cerrará 17 escuelas en el curso 2026-27 y eliminará aproximadamente 340 puestos de trabajo en el ámbito escolar.
· Houston cerrará 12 escuelas; en todo el estado, al menos 34 campus de escuelas públicas de Texas cerrarán sus puertas, lo que supondrá la eliminación de más de 800 puestos de trabajo.
· Además: Cleveland (recorte de 400 empleados y cierre de 18 edificios); Boston (400); Anchorage (500); Sacramento (400); Portland (336); y Minneapolis (400).
La austeridad pospuesta, ahora es una realidad
El desencadenante fiscal inmediato de muchos de estos recortes es el agotamiento de los fondos del programa de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER), tras la decisión del gobierno de Biden-Harris de no ofrecer ningún sustituto para el programa de ayuda pandémica. Como era de esperarse, los recortes más drásticos recaen sobre los distritos que atienden a la mayor proporción de estudiantes de bajos ingresos.
Bajo el mandato de Biden y Harris, el gasto militar se disparó a 886 mil millones de dólares en el año fiscal 2024, más que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Cientos de miles de millones se destinaron a fabricantes de armas y a guerras por poder en Ucrania y el Medio Oriente. El mensaje fue inequívoco: el dinero existe; los niños de la clase trabajadora no son la prioridad.
Pero la crisis no comenzó con el precipicio del ESSER. Representa la culminación de un ataque bipartidista a la educación pública que se remonta a décadas atrás, impulsado por los intereses de Wall Street que desde hace tiempo buscan privatizar la educación estadounidense.
La mayor «contracción» de la educación pública ocurrió durante la Gran Recesión de 2008-2012 bajo el mandato del demócrata Barack Obama. Se desviaron cientos de miles de millones de dólares de los contribuyentes para rescatar a los bancos de su frenesí especulativo, y la clase trabajadora pagó por ello. Se eliminaron unos 350.000 puestos de trabajo en el sector educativo, mientras Obama defendía planes punitivos de «responsabilidad docente», remuneración por méritos y expansión de las escuelas autónomas.
La supuesta «recuperación» de la financiación fue grotescamente incompleta. Casi una década después, 29 estados seguían proporcionando menos financiación escolar total por alumno que en 2008, y en todo el país seguían faltando 135.000 puestos de trabajo. Cuando llegó la COVID-19, las escuelas de primaria y secundaria empleaban a 77.000 docentes y otros trabajadores menos que antes de la Gran Recesión, a pesar de que estaban enseñando a 2 millones de niños más. La financiación general en muchos estados aún no había vuelto a los niveles previos a la recesión más de una década después.
Los fondos del ESSER sirvieron como un respiro temporal que ocultó los déficits estructurales subyacentes generados por décadas de financiación insuficiente por parte de ambos partidos. Una vez que expiró el ESSER, esos déficits quedaron al descubierto y se agravaron rápidamente debido a la inflación, los costos de salud considerablemente más altos y el aumento de la privatización de las escuelas.
El «precipicio demográfico» es una cortina de humo
Si bien todos los distritos mencionados están experimentando una disminución en la matrícula, esto no convierte los recortes en una necesidad fiscal. Esa es la afirmación engañosa de ambos partidos políticos capitalistas, diseñada para ocultar su acuerdo en saquear el presupuesto educativo para financiar sus verdaderas prioridades.
Además, el argumento de que la disminución de la matrícula hace que los recortes sean necesarios funciona como una profecía autocumplida. Cuando las escuelas de un barrio se ven privadas de recursos o amenazadas con el cierre, las familias con los medios para hacerlo comienzan a matricular a sus hijos en otros lugares: en escuelas autónomas, distritos suburbanos o instituciones privadas. Esto acelera la disminución de la matrícula que los funcionarios citan como justificación para los mismos cierres que están planeando.
Los padres y los educadores saben muy bien que se necesitan más puestos en las escuelas, no menos: el tamaño de las clases aumenta constantemente, se están eliminando los programas de enriquecimiento y se necesita desesperadamente la expansión de los servicios de orientación, tutoría y educación especial.
Fundamentalmente, este declive demográfico es en sí mismo un subproducto de políticas deliberadas —vinculadas a la obtención directa de ganancias, medidas sociales brutales y remedios milagrosos de la derecha promovidos en medio de una crisis cada vez más profunda—. Entre ellas se incluyen la caza de brujas y la deportación de inmigrantes y sus familias, el aumento de la falta de vivienda y los costos disparados de las guarderías, la atención médica y la crianza de los hijos. Mientras tanto, millones de estudiantes han sido atraídos a las escuelas charter (una forma altamente lucrativa de privatización), transferidos a la educación privada o parroquial a través de esquemas de vales financiados por los contribuyentes, o educados en casa. A medida que se retiran los fondos a las escuelas públicas, estas alternativas han visto aumentar su población.
Lo que se necesita: una contraofensiva de los educadores de base
Los recortes que se están implementando ahora en todo el país no son el fin de la crisis, sino su comienzo. Lo que se está desarrollando es una conspiración bipartidista para acabar con la educación pública, una de las conquistas sociales fundamentales de la clase trabajadora. El ataque ilegal de Trump al Departamento de Educación no encontró resistencia por parte de los demócratas porque ambos partidos representan a la misma oligarquía, sirven a los mismos intereses financieros y están comprometidos con la misma agenda capitalista.
Las experiencias en California y Chicago plantean lecciones estratégicas decisivas para los educadores y la clase trabajadora en general.
En primer lugar, no es posible una lucha genuina para defender la educación pública mientras los educadores estén atados de manos por el aparato de la AFT y la NEA y sus afiliados locales, y a través de ellos subordinados al Partido Demócrata. Estas burocracias no funcionan como representantes de la clase trabajadora, sino como instrumentos de disciplina laboral y control político en nombre del Estado y las corporaciones.
En segundo lugar, los educadores deben establecer sus propias organizaciones de lucha independientes —comités de base en cada escuela y distrito— controladas democráticamente por los propios trabajadores y que se opongan conscientemente a las burocracias. Dichos comités deben vincularse a nivel nacional e internacional, coordinando acciones entre distritos y estados y rechazando la falsa división entre cuestiones «locales» y «nacionales».
En tercer lugar, la lucha por defender y ampliar la educación pública es inseparable de una lucha política más amplia contra el capitalismo y los dos partidos del gran capital. El desvío de billones hacia la guerra y la riqueza corporativa no es una desafortunada mala asignación de recursos, sino el resultado orgánico de un sistema social basado en el lucro privado y la rivalidad imperialista. La grotesca acumulación de riqueza por parte de la oligarquía, incluido Elon Musk, quien está a punto de convertirse en el primer billonario del mundo, es incompatible con los derechos democráticos, incluido el derecho a la educación pública para todos.
La Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB) y el Partido Socialista por la Igualdad hacen un llamado a los educadores, estudiantes y padres a sacar las conclusiones necesarias del «Gran Recorte». La defensa de la educación pública requiere la movilización de la clase trabajadora sobre la base de un programa socialista: poner los bancos y las grandes corporaciones bajo propiedad pública y control democrático, expropiar las fortunas de los oligarcas y redirigir los vastos recursos de la sociedad hacia las escuelas, la salud, la vivienda, la cultura y el pleno desarrollo de cada ser humano.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de junio de 2026)