El Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado votó el jueves, según líneas partidistas, para declarar a Anthony Fauci en desacato al Congreso. El fascistoide presidente del comité, Rand Paul, anunció que su oficina entregaría en mano la decisión al Departamento de Justicia esa misma tarde, sin pasar por una votación del pleno del Senado. La orden contra el funcionario de salud pública más prominente del país para su procesamiento penal no concierne una investigación sobre los orígenes del COVID-19, sino un esfuerzo por establecer el precedente de que todo asesoramiento científico que limite las ganancias es un acto criminal.

Fauci, quien dirigió el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, todas las signas en inglés) durante 38 años, fue arrastrado ante el comité por citación el 29 de julio, para un procedimiento convocado con el fin de fabricar motivos para su procesamiento. Paul, tras haber publicado días antes más de 1.100 páginas de los diarios privados de Fauci, abrió la audiencia diciéndole que los confinamientos pandémicos “jamás podrían haberse impuesto sin que usted fuera cómplice del crimen”, y luego ordenó a la Policía del Capitolio que retirara de la sala al abogado de Fauci cuando este intentó hablar.

El World Socialist Web Site se ha opuesto a esta cacería de brujas en cada una de sus etapas, desde que los medios corporativos se aferraron a los correos electrónicos divulgados de Fauci en junio de 2021, hasta la persecución de Peter Daszak y Kristian Andersen. Lo que documentaban dichos correos era el funcionamiento ordinario de la ciencia: la consideración y el descarte de una hipótesis sobre la base de la evidencia. Lo que está en juego es el propio método científico, frente a un Estado que ha resuelto criminalizarlo.

Paul ha pasado cinco años ensamblando esa criminalización en coordinación con Trump y Kennedy, y Fauci es solo su blanco más prominente. Daszak, cuya organización EcoHealth Alliance realizaba la vigilancia de coronavirus en murciélagos en China, de la cual se aferraron los defensores de la teoría conspirativa del laboratorio de Wuhan, fue despedido e inhabilitado del financiamiento federal por cinco años en enero de 2025, con su organización destruida.

En junio, el virólogo de los Institutos Nacionales de Saludo (NIH), Vincent Munster y un investigador becario fueron arrestados por transportar muestras desactivadas de viruela símica a través de un aeropuerto de Detroit, en su regreso de un brote en la República del Congo. El mes pasado, Paul divulgó los mensajes privados de Slack de Andersen y sus coautores sobre el artículo “Origen Proximal”, y los republicanos exigieron de inmediato referencias penales, apuntando al “delito” de que los científicos habían sopesado en privado una hipótesis antes de que la evidencia la descartara.

La persecución de David Morens muestra con mayor claridad hasta dónde está dispuesta a llegar esta campaña. Morens, epidemiólogo de 78 años que asesoró a Fauci durante dos décadas, fue acusado en abril de cinco cargos, incluida la conspiración contra Estados Unidos, y enfrenta la perspectiva de morir en prisión. La conducta en cuestión es que envió correspondencia a través de una cuenta personal de Gmail para mantenerla fuera de un proceso de registros con motivación política, y que aceptó una botella de vino de Daszak, nombrado conspirador. No se robó dinero público ni se falsificó investigación alguna.

Lo que Fauci enfrenta ahora depende del Departamento de Justicia, que no tiene ninguna obligación de actuar sobre una referencia del Congreso, pero que está dirigido por una administración que ha convertido el procesamiento de científicos en una cuestión de política de Estado. El fiscal federal en Washington debe decidir si busca una acusación formal por un cargo que conlleva hasta un año de cárcel. El caso de Paul se sostiene sobre la afirmación de que el indulto de Fauci concedido por Biden en enero de 2025, que cubre únicamente la conducta hasta la fecha en que fue firmado, lo deja expuesto por todo lo ocurrido desde entonces, un argumento que el propio Paul admite que nunca ha sido puesto a prueba en un tribunal y que los especialistas en derecho constitucional rechazan.

La importancia de la audiencia queda subrayada por el contexto objetivo en que se escenificó. Mientras el comité armaba su caso contra los investigadores de enfermedades infecciosas, múltiples brotes arrasan Estados Unidos a una escala no vista en décadas.

La ciclosporiasis se ha reportado ya en 47 estados, con 10.468 casos confirmados en laboratorio entre el 1 de mayo y el 3 de agosto, más de 12.255 casos a la espera de confirmación y dos muertes en Míchigan, al 4 de agosto. El sarampión ha alcanzado su cifra total más alta en EE.UU. desde 1991, poniendo en revisión el estatus de eliminación logrado en 2000. Un importante brote de salmonela ha enfermado ya a 345 personas en 27 estados, un brote que el CDC rastreó el miércoles hasta jalapeños importados desde Sinaloa, México, después de que un segundo brote de salmonela en huevos con cáscara forzara el retiro de más de 1,5 millones de docenas de huevos en julio.

Estas enfermedades prevenibles florecen porque las instituciones construidas para detenerlas están siendo desmanteladas. En el primer mes, la segunda administración de Trump despidió a miles de empleados del Departamento de Salud en un solo día, y para octubre, una cuarta parte de todos los empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ya no estaban. Se cancelaron más de 1.700 subvenciones de los NIH, se dejó de financiar la vigilancia de aguas residuales, y en enero Estados Unidos se retiró de la Organización Mundial de la Salud. El 1 de julio de 2025, meses antes del mayor brote parasitario en la historia estadounidense, el CDC hizo opcional el reporte de casos de ciclosporiasis.

La destrucción de la vigilancia epidemiológica y el procesamiento de científicos proceden de la subordinación de la ciencia a la ganancia privada, expresada de manera más aguda en la pandemia de COVID-19, que ya ha matado a aproximadamente 1,4 millones de personas en Estados Unidos y a unos 30 millones en todo el mundo. Ningún presidente, gobernador o ejecutivo corporativo ha sido acusado por la política de infección masiva que produjo esas muertes. El hombre remitido para su procesamiento es el que, al menos inicialmente, se opuso a ella. La posterior capitulación de Fauci ante esa política es un hecho documentado, pero está siendo perseguido por haberle dicho al pueblo estadounidense que el COVID-19 era real y que el gobierno le debía protección frente a él.

La afirmación de que el virus fue diseñado en un laboratorio chino exime a la política estadounidense de responsabilidad por los fallecidos, y convierte a los científicos que rastrearon su origen animal en cómplices de un supuesto encubrimiento. Habiéndose originado como una teoría conspirativa de la extrema derecha, la mentira del laboratorio de Wuhan fue adoptada de manera creciente por ambos partidos y por amplios sectores de los medios corporativos, convirtiéndose en doctrina de Estado en abril de 2025, cuando la administración Trump reconvirtió covid.gov en una página titulada “Fuga de laboratorio: los verdaderos orígenes del COVID-19”. Los objetivos subyacentes están ligados a los preparativos del imperialismo estadounidense para la guerra contra China. Si Beijing diseñó el virus, las muertes masivas producidas por las salas de juntas estadounidenses se convierten en un acto de agresión extranjera.

Los demócratas construyeron este montaje junto con los republicanos. El subcomité selecto de la Cámara de Representantes respaldó los hallazgos sobre la fuga de laboratorio con votos demócratas en diciembre de 2024, y Biden, que había hecho campaña prometiendo seguir a la ciencia, presidió 900.000 muertes adicionales, y respondió al montaje que su propio partido había certificado indultando únicamente a Fauci, dejando a Morens, Daszak y otros en manos de los fiscales.

Garantizar el derecho a la salud y a la verdad científica exige un programa revolucionario. Deben construirse comités de base en los hospitales, los departamentos de salud, y otros lugares de trabajo, independientes de las burocracias sindicales y las sociedades profesionales, con el poder de hacer valer los controles sobre las infecciones y restaurar la vigilancia epidemiológica. La investigación debe ser financiada públicamente y liberarse del control corporativo, y los monopolios alimentarios deben quedar bajo el control democrático de la clase obrera. Estas luchas deben unificarse a través de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB) y de la construcción de secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

Los científicos que enfrentan un proceso penal no pueden defenderse a sí mismos, y los partidos que presidieron las muertes masivas no los defenderán. La única fuerza social capaz de defender a la ciencia, y de poner sus hallazgos al servicio de la humanidad, es la clase obrera internacional.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 06/08/2026)