Aproximadamente 100 trabajadores de la planta porcina de Smithfield Foods en Monmouth, Illinois, hicieron un paro de labores el lunes, después de que Patou Mpinda, un trabajador de mantenimiento de 44 años, muriera durante el turno nocturno. La acción laboral es una señal de la creciente oposición en la clase obrera a las condiciones en las cuales miles de muertes prevenibles cada año se aceptan como un costo de hacer negocios.

Mpinda, un inmigrante congoleño, murió alrededor de las 2:31 de la madrugada. Un compañero de trabajo dijo que había maquinaria involucrada, pero Smithfield no ha revelado qué máquina, qué tarea realizaba, ni si el equipo había sido bloqueado de seguridad. El forense del condado ha dicho que se cree que la muerte está relacionada con el trabajo, con un dictamen final pendiente.

A las 5:30 de la mañana, los trabajadores del turno diurno recibieron solo un mensaje de texto anunciando un “inicio tardío”. Cuando llegaron a las 7:30, cientos se encontraban reunidos en el comedor, y muchos se enteraron recién entonces de que un compañero había muerto. Algunos lloraron abiertamente; otros le gritaron al gerente de la planta: “¡Escuche a su gente! ¿Por qué estamos aquí? ¡No deberíamos estar trabajando!”.

Según un trabajador, la gerencia ordenó de todos modos que comenzara la producción. Trabajadores inmigrantes africanos habrían tomado entonces la delantera en organizar un paro, y unas 100 personas abandonaron la planta. Smithfield anunció que los trabajadores podían irse sin sanción, pero solo después de que la acción colectiva ya había comenzado.

Los trabajadores no esperaron el permiso de la empresa ni de ninguna organización oficial. La planta no está sindicalizada.

La comunidad congoleña de Monmouth aporta una gran parte de la fuerza laboral de la planta, al igual que lo hacen los inmigrantes y refugiados en toda la industria cárnica. La campaña de redadas, campos de detención y deportación masiva de la administración Trump está dirigida a aterrorizar a este sector de la clase obrera hasta silenciarlo, y, de este modo, disciplinar a toda la fuerza laboral. Que estos trabajadores desafiaran a la gerencia en un pequeño pueblo de Illinois muestra el creciente ánimo de ira y resistencia en la clase obrera.

La industria cárnica se encuentra entre las más peligrosas de Estados Unidos. En abril de 2020, mientras el COVID-19 arrasaba las plantas, incluida la de Monmouth, que se vio obligada a cerrar temporalmente, Trump invocó la Ley de Producción de Defensa para mantenerlas funcionando. Cientos de trabajadores de la industria cárnica murieron. La administración avanza ahora para eliminar los límites restantes sobre la velocidad de las líneas de producción.

La primavera pasada, 3.800 trabajadores de la planta de carne de res JBS en Greeley, Colorado, llevaron a cabo la mayor huelga de la industria cárnica estadounidense en más de 60 años. Los trabajadores de Greeley, en su gran mayoría inmigrantes, permanecieron en huelga durante tres semanas contra los salarios de pobreza, la aceleración del ritmo de trabajo y las condiciones inseguras. El Local 7 del sindicato United Food and Commercial Workers (UFCW) le permitió a JBS desviar el ganado hacia otra planta del UFCW en Texas, y luego ordenó a los huelguistas regresar sin contrato, e impuso un acuerdo apenas 30 centavos mejor que la oferta inicial de la empresa.

El paro de Monmouth apunta al potencial de un movimiento más amplio. Monmouth se encuentra en la región industrial a lo largo de la frontera entre Illinois e Iowa, donde la oposición ha estallado abiertamente en repetidas ocasiones. En las cercanas Quad Cities, los trabajadores de John Deere estuvieron entre los 10.000 a nivel nacional que el mes pasado rechazaron una propuesta de extensión de contrato. Están decididos a revertir los 1.600 recortes de empleo y las concesiones impuestas desde que el United Auto Workers traicionó su huelga de 2021.

En Joslin, Illinois, Tyson anunció el 13 de agosto que cerraría su planta cárnica, eliminando unos 2.500 empleos. Seiscientas personas colmaron una reunión comunitaria de emergencia. El Local 431 del UFCW ha buscado canalizar la ira hacia apelaciones a funcionarios corporativos y gubernamentales, mientras se jacta de sus años de “asociación” con Tyson.

La investigación sobre la muerte de Mpinda no puede dejarse en manos de Smithfield ni de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA). En febrero, la agencia le impuso a la planta de Monmouth una infracción grave por bloqueo-etiquetado de seguridad, después de que dos empleados que limpiaban un taladro estuvieran expuestos a un riesgo de amputación. En julio, redujo la multa de 14.188 a 9.931,60 dólares. Otras infracciones graves en 2023 y 2025 también terminaron en multas reducidas.

El patrón es el mismo en la planta de Smithfield en Tar Heel, Carolina del Norte, la planta porcina más grande del mundo. El 10 de enero, Abundio Villa Miranda, de 43 años, murió de manera horrenda tras caer unos 25 pies hacia un área donde se aturde a los cerdos con gas. Dejó a dos hijos, de 10 y 14 años.

Los investigadores encontraron cuatro infracciones graves relacionadas con protección contra caídas, control de energía peligrosa y espacios confinados, y Smithfield negoció una multa de 51.100 dólares reducida a 35.770. Villa Miranda fue uno de tres trabajadores que murieron en Tar Heel en 10 meses. La presencia del UFCW, que ha mantenido un contrato en la planta desde 2009, no hizo nada por prevenir estas muertes.

En todo Estados Unidos, un trabajador muere por una lesión traumática cada 104 minutos. Las últimas cifras federales completas registran 5.070 de estas muertes en 2024, y la AFL-CIO estima que otras 135.000 personas murieron por enfermedades ocupacionales en 2023.

Solo en los últimos cuatro meses, 11 trabajadores murieron en una explosión en la planta de Horizon Biofuels, en Longview, Texas, en mayo; dos murieron en una explosión en Brent Industries, en Pensilvania, el 18 de agosto; y Bradley Clouse, de 33 años, murió aplastado por maquinaria el 2 de septiembre, en una planta de autopartes de Astemo en Kentucky, previamente sancionada por infracciones de protección de maquinaria. El 4 de septiembre, Paul Roberts, de 63 años, murió en una instalación de UPS en Earth City, Misuri, 13 días antes de su jubilación planeada.

Estas muertes son producto del impulso de la clase dominante por hacer que los trabajadores paguen por la crisis del capitalismo. La deuda federal ha superado los 40 billones de dólares, los costos anuales de intereses superan el billón de dólares, y Washington prepara un presupuesto militar que se acerca a los 1,5 billones de dólares, mientras libra la guerra contra Irán, escala el conflicto con Rusia y se prepara para la guerra con China. Los recursos para esto deben extraerse de la clase obrera. En la planta de producción, eso significa despidos masivos mediante la introducción de la IA y la automatización, horas extra obligatorias, aceleración del ritmo de trabajo y mantenimiento postergado.

Trump se encuentra a la cabeza de esta ofensiva. Su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2026 exigía 223 puestos menos en la OSHA y una reducción estimada del 30 por ciento en las inspecciones, y buscaba eliminar la Junta de Seguridad Química. Pero el ataque es bipartidista. Bajo Biden, la OSHA permaneció crónicamente con escasez de personal, y el saldo anual de muertes traumáticas en el trabajo nunca bajó de 5.000, mientras los demócratas aprobaban presupuestos récord para el Pentágono.

Las burocracias sindicales, atadas a la gerencia y a los partidos capitalistas, trabajan para suprimir la oposición. No organizan ninguna acción tras las muertes en el trabajo, y dejan las investigaciones en manos de la gerencia y de las agencias gubernamentales, mientras promueven el nacionalismo que ata a los trabajadores a la guerra comercial y al conflicto militar.

Los trabajadores necesitan nuevas organizaciones: comités de base de seguridad, elegidos y controlados por los propios trabajadores, para investigar muertes y lesiones, asegurar los registros de seguridad y mantenimiento, y organizar la acción colectiva para detener la producción insegura.

Hay un modelo para esto. Después de que el trabajador de Stellantis, Ronald Adams Sr., muriera aplastado en el Complejo de Motores de Dundee, en Míchigan, una investigación independiente de base expuso la elusión de las protecciones de bloqueo mediante “llaves trampa”, examinó alteraciones al software de las máquinas, y celebró una audiencia pública.

Los trabajadores de Smithfield deberían organizar una investigación del mismo tipo, reuniendo testimonios de compañeros de trabajo y registros de producción y mantenimiento, y recurriendo a expertos en seguridad de confianza para establecer cómo murió Mpinda y qué prácticas corporativas produjeron esas condiciones.

Hay un movimiento en desarrollo de trabajadores en todo el mundo. En las últimas semanas, las protestas contra el disparado precio de los combustibles y los alimentos, elevado por la guerra estadounidense contra Irán, se han extendido desde Guatemala, donde camioneros bloquearon carreteras y organizaciones indígenas marcharon hacia el Congreso, hasta Siria, Filipinas y Portugal.

Volkswagen planea destruir hasta 100.000 empleos, mientras Alemania lleva a cabo su mayor acumulación militar desde Hitler. En Turquía, hubo ocupaciones de fábricas y los mineros combaten los salarios impagos y los arrestos.

En National Steel Car, en Hamilton, Ontario, donde tres trabajadores murieron entre 2020 y 2022, 1.200 trabajadores se han declarado en huelga contra las condiciones inseguras y un letal sistema de pago a destajo, y un comité de base ha coordinado el apoyo con trabajadores ferroviarios de toda América del Norte. Trabajadores postales en Springfield, Massachusetts, han formado un comité y han llamado a la coordinación con trabajadores de Reino Unido, Canadá, Alemania y Australia.

Los trabajadores de Smithfield deberían construir un comité en Monmouth, y llamar a los trabajadores de Tar Heel, Joslin y de toda la industria cárnica a hacer lo mismo. Sus demandas deberían incluir el control de los trabajadores sobre la velocidad de las líneas, el personal y el mantenimiento; el acceso pleno a los registros de seguridad; el derecho a detener el trabajo sin pérdida de salario; y protección para todo trabajador que reporte un riesgo. Vinculados a través de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base, estos comités pueden preparar acciones coordinadas entre empresas, industrias y fronteras nacionales.

La lucha por el control obrero de la seguridad y la producción conduce directamente a una lucha política contra el sistema capitalista, que subordina ambas cosas a la ganancia. Las grandes corporaciones deben transformarse en empresas públicas bajo el control democrático de los trabajadores, con la producción organizada para satisfacer las necesidades humanas. Los trabajadores de Monmouth, actuando por iniciativa propia, han mostrado el poder que reside en la acción colectiva. Esa iniciativa debe ahora organizarse, ampliarse y dirigirse hacia la reorganización socialista de la vida económica.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18/09/2026).