El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó a Caracas el miércoles en una visita previamente no anunciada y firmó un acuerdo de cooperación militar con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, poniendo de hecho a las fuerzas armadas de Venezuela bajo la tutela del Pentágono. Fue la visita estadounidense de más alto nivel desde que fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro en una incursión el 3 de enero. Hegseth partió ese mismo día hacia Bogotá.
El acuerdo, firmado con el ministro de Defensa venezolano, Gustavo González López, abarca entrenamiento conjunto, intercambio de inteligencia, equipo y acceso a “nuevas tecnologías”, restableciendo los vínculos que Hugo Chávez rompió en 2005.
“Esta es la Doctrina Donroe”, dijo Hegseth, reformulando la Doctrina Monroe de 1823, que proclamaba la hegemonía estadounidense sobre el hemisferio occidental, con el nombre de Donald Trump. “Venezuela ha pasado de ser nuestra amenaza regional más agresiva a ser un socio de seguridad complaciente en camino de reconstruir su ejército junto con Estados Unidos”.
Hegseth dijo más de lo que pretendía. Venezuela nunca fue una “amenaza” por el narcotráfico. Era una amenaza mientras desafiaba los dictados de Estados Unidos y enviaba su petróleo a China. Se convirtió en un “socio de seguridad complaciente” una vez que entregó sus campos petroleros y ejército al capital estadounidense y al Pentágono, con sus exportaciones de crudo a China reducidas a cero.
El Escudo de las Américas, la alianza de Gobiernos de derecha que Trump lanzó en marzo en nombre de combatir el “narcoterrorismo”, existe para defender los intereses empresariales estadounidenses frente a China, otros rivales geopolíticos y, sobre todo, frente a la clase trabajadora. La región está siendo transformada en un frente activo de la emergente Tercera Guerra Mundial.
La visita de Hegseth tuvo lugar entre huelgas nacionales en ambos países. El lunes, docentes, trabajadores de la salud y personal universitario de toda Venezuela realizaron una huelga nacional de 12 horas para exigir un salario digno y bonos de fin de año muy por encima de los 150 dólares que ofreció el Gobierno. El jueves, los trabajadores colombianos realizaron una huelga nacional contra la austeridad, tras las protestas masivas de octubre.
El viaje también se produjo ocho días después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos votara 211 a 204 para dar muerte a una resolución de juicio político contra Hegseth. Sus ocho cargos incluían el secuestro de Maduro sin autorización del Congreso y el asesinato de cientos de pescadores en ataques con misiles lanzados desde drones contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela. La respuesta de Hegseth fue volar a Caracas y exhibir lo que el secuestro había comprado para el imperialismo estadounidense: 17 campos petroleros, una participación del Pentágono en la empresa que los explota y un ejército venezolano bajo tutela estadounidense.
Los demócratas, que se aseguraron de que no hubiera suficientes votos en contra para someter a juicio político a Hegseth, comparten estos objetivos. La investigación del acuerdo petrolero que prometen una vez que tomen el control del Congreso el 3 de enero se refiere a quién se beneficia —los amigos de Trump están adquiriendo hoy participaciones importantes— y con la autorización de quién, no a la transformación de Venezuela en un protectorado estadounidense.
Dos sociedades al borde
Los dos terremotos que golpearon a Venezuela el 24 de junio mataron al menos a 6.509 personas, aproximadamente 20 veces los 331 muertos en el terremoto de Colombia del 10 de agosto. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima en un 81 por ciento la probabilidad de que el número real de muertos en Venezuela supere los 10.000.
Ambos países se encuentran entre los más desiguales del mundo, aunque no se dispone de cifras recientes para Venezuela. Con un 376,9 por ciento, la inflación venezolana es la más alta del planeta, mientras que el salario mínimo ha permanecido congelado en 130 bolívares desde 2022 y hoy equivale a unos 15 centavos de dólar estadounidense.
Unos 8 millones de venezolanos han abandonado el país desde que comenzó la crisis económica en 2014. Más de 2 millones de colombianos emigraron desde el inicio de la pandemia de COVID-19, y 2025 estableció un récord. Ambas nacionalidades figuran entre las cinco principales expulsadas de Estados Unidos este año, y ciudadanos de ambos países han sido enviados en vuelos a terceros países como Liberia y la República Democrática del Congo.
Ambos Gobiernos están profundizando la crisis social. La Ley de Rescate Económico de De la Espriella recortaría 45 billones de pesos al año, el 2,2 por ciento del PIB, y extendería el impuesto al valor agregado del 19 por ciento a alimentos básicos, mientras su Gobierno reabre la exploración petrolera, “incluido el fracking”. Rodríguez ha entregado los campos petroleros al capital estadounidense, y la mayor parte de los 12.260 millones de dólares en ingresos petroleros liberados de una cuenta controlada por Estados Unidos se destinó a vender dólares a los bancos, mientras los aumentos salariales quedan pospuestos para 2027.
El detonante de la huelga del lunes en Venezuela fue la oferta de bonos, que el dirigente del sindicato universitario, Eduardo Sánchez, calificó de “una bofetada”. Los trabajadores exigen 960 dólares, citando los bonos obtenidos mediante la lucha por los trabajadores de las empresas estatales CVG y MINERVEN, y los sindicatos han convocado una huelga de 24 horas y una marcha hacia Miraflores para la próxima semana.
En Colombia, las protestas del 14 de octubre llevaron a decenas de miles de personas a las calles de más de 10 ciudades, pero la dirigencia sindical las presentó como una “jornada preparatoria” y las encauzó hacia demandas judiciales y las maniobras en el Congreso del Pacto Histórico del expresidente Gustavo Petro. La huelga del jueves, convocada por la central sindical CUT y el sindicato de docentes Fecode, apunta directamente contra la Ley de Rescate. Sigue a un decreto que flexibiliza las restricciones sobre el uso de la fuerza policial contra los manifestantes, cuyas acciones De la Espriella ha calificado de “terrorismo urbano”.
Estas luchas refutan la afirmación de que la población se ha desplazado a la derecha. De la Espriella enfrentó protestas a escala nacional incluso antes de asumir el cargo. Es la élite gobernante la que se desplaza a la derecha, intensificando la austeridad, la militarización y la represión, y colocándose aún más bajo el ala de Washington, cuyo Escudo de las Américas existe para proteger tanto los intereses del imperialismo estadounidense como a las oligarquías gobernantes latinoamericanas frente a sus propias poblaciones.
El mismo proceso se desarrolla a escala internacional, con protestas masivas en Bangladesh, Indonesia y México, y huelgas nacionales en Francia, Italia y España. En Argentina, los médicos residentes se declararon en huelga el 18 de noviembre y el sindicato universitario CONADU Histórica ha convocado una huelga nacional de 24 horas para el 25 de noviembre. Los trabajadores de Caracas, Bogotá, Buenos Aires y París libran objetivamente una lucha común. La tarea es hacer consciente esta unidad.
“Un socio de seguridad complaciente”
En Caracas, Hegseth habló de “las increíbles capacidades de recursos que tiene su país, que esperamos desbloquear junto con ustedes”. A los presuntos narcotraficantes les dijo: “Los perseguiremos. Los encontraremos. Y los mataremos”.
Rodríguez ha purgado el alto mando chavista, jubilando a 110 oficiales de alto rango en julio. Las fuerzas estadounidenses y venezolanas mataron al líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, en una operación conjunta en junio, y Estados Unidos ayudó al ejército venezolano a llevar a cabo un mortal ataque con drones contra un grupo armado, según el New York Times.
Washington está negociando un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas, que establecería las reglas para el personal militar estadounidense en el país.
El pacto es el complemento armado del acuerdo petrolero de agosto, que Hegseth firmó con el secretario de Estado, Marco Rubio. Entrega a North American Blue Energy Partners (NABEP) 17 campos que contienen aproximadamente una quinta parte de las reservas de Venezuela. El Gobierno estadounidense posee el 35 por ciento de su empresa matriz, una participación garantizada de la producción y el derecho preferente sobre el resto. Hegseth presumió de que el acuerdo “hace que el estrecho de Ormuz sea un factor irrelevante para el hemisferio occidental”.
La invasión dejó efectivamente sin servicio los préstamos respaldados por petróleo de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares que Beijing había concedido a Venezuela. Al mismo tiempo, De la Espriella prometió antes de asumir el cargo retirar a Colombia de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China.
Washington también está dispuesto a enfrentar a sus protectorados entre sí. Reuters informó el jueves que el jefe de política del Departamento de Estado, Jeremy Lewin, planteó en septiembre ante funcionarios guyaneses la posibilidad de que Venezuela tomara el control parcial del Esequibo, los dos tercios occidentales del territorio reclamado por Guyana, rico en oro y bauxita y adyacente a los hallazgos de petróleo en alta mar de ExxonMobil. Lewin, que afirma haber actuado por órdenes de la Casa Blanca, había discutido con Rodríguez la posibilidad de que empresas estadounidenses operaran allí.
En Colombia, bisagra entre el Caribe, el Pacífico y el canal de Panamá, Hegseth entregó un avión de transporte C-130 Hercules, pero se fue sin el acuerdo por el que había venido. Según el Times, De la Espriella dijo a Washington que carecía de los votos en el Congreso para un acuerdo del Título 10 que permitiera a las fuerzas estadounidenses llevar a cabo ataques aéreos conjuntos y operaciones terrestres en suelo colombiano. De la Espriella calificó el reporte de “falso”, pero el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, instó al Congreso a aprobar una cooperación ampliada “lo más pronto posible”.
El Título 10 iría más allá de lo que Colombia ya ha concedido. Días después de la toma de posesión de De la Espriella el 7 de agosto, su Gobierno firmó un acuerdo que autoriza operaciones conjuntas. Tres drones MQ-9A Reaper prestados por el Pentágono llegaron a la base de Tolemaida el 30 de octubre. El obstáculo para las tropas de combate estadounidenses no es De la Espriella, sino la expectativa de alimentar una oposición popular masiva.
Los ataques a embarcaciones que supervisa Hegseth han matado al menos a 240 personas desde septiembre de 2025. Sus próximas escalas son Ecuador y Honduras, ambos en conversaciones sobre operaciones conjuntas ampliadas y acuerdos de bases con fuerzas estadounidenses.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 19/11/2026).
