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La AFL-CIO y los sindicatos “democráticos” en América Latina
El registro muestra que Prieto y la Federación Laboral Estadounidense-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations) han estado trabajando juntos para encarrilar el creciente descontento de los trabajadores fronterizos detrás de sindicatos mexicanos asociados, financiados y en algunos casos creados por la misma AFL-CIO. Estos esfuerzos se intensificaron ante el resurgimiento de la lucha de clases, el cual se está convirtiendo rápido en una rebelión contra la Confederación de Trabajadores de México (CTM), y la llegada de un Gobierno alineado con la facción de la burocracia sindical favorecida por la AFL-CIO.
No es solo una cuestión de crear una nueva fachada para los sindicatos, sino de integrar al Estado mexicano y a sus instituciones políticas más directamente en las operaciones del imperialismo estadounidense y, en un menor grado, el imperialismo alemán.
Mientras que el impulso inicial a favor de la formación de sindicatos masivos e industriales en Estados Unidos fue dado por socialistas y militantes izquierdistas en los años treinta y cuarenta, la unión del CIO con la derechista AFL en 1955 se basó en una alianza explícitamente anticomunista con la élite gobernante estadounidense para aplastar el apoyo al socialismo de los trabajadores durante la Guerra Fría. Los líderes de la AFL, George Meany, Irving Brown y Jay Lovestone colaboraron con la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS, Office of Strategic Service) durante la guerra y su organización sucesora, la Agencia Central de Inteligencia (CIA, Central Intelligence Agency), en innumerables operaciones para subvertir los movimientos obreros y contrarrestar la influencia de los socialistas en Europa, Asia, África y América Latina tras la guerra.
Para 1961, la AFL-CIO fundó el Instituto Estadounidense para el Desarrollo Libre del Trabajo (AIFLD, American Institute for Free Labor Development) para expandir estas actividades por todo el mundo. El AIFLD fue financiado principalmente por el Gobierno estadounidense por medio de USAID, una agencia fundada el mismo año, y luego por el Fondo Nacional para la Democracia (NED, National Endowment for Democracy) —dos productos de la Guerra Fría que operan como cajas negras para operaciones de la CIA—.
Bajo la consigna del “desarrollo de un movimiento sindical democrático en América Latina y el Caribe”, el AIFLD entrenó a oficiales sindicales por toda la región como activos contrainsurgentes para depurar a trabajadores radicalizados y competir contra los sindicatos encabezados por organizaciones estalinistas. En 1969, el titular del AIFLD, William C. Doherty, le dijo abiertamente a un comité del Senado que la organización fue fundada en cooperación con algunos de los principales magnates capitalistas como David Rockefeller y Peter Grace.
Grace se convirtió en el presidente corporativo del AIFLD y declaró en 1965—según lo citó un panfleto escrito en 1974 por un fontanero y miembro del sindicato Fontaneros e Instaladores, Fred Hirsch, que denunciaba estos lazos—, “El AIFLD urge la cooperación entre el sector laboral y la gerencia y el fin de la lucha de clases. Les enseña a los trabajadores a que ayuden a expandir el negocio de la compañía… promoviendo sindicatos democráticos; para prevenir una infiltración comunista y donde ya exista, deshacerse de ella”.
Hirsch documentó que los agentes entrados por el AIFLD penetraron la dirigencia de varios sindicatos chilenos como la Confederación Marítima de Chile (COMACH) y la Confederación Única de Profesionales de Chile (CUPROCH) que participaron directamente en el golpe militar contra el Gobierno de Salvador Allende en 1973, así como en la sangrienta depuración de trabajadores y jóvenes radicalizados llevada a cabo por la dictadura fascista y respaldada por EUA de Augusto Pinochet. La junta ilegalizó los sindicatos, pero, poco después, permitió las actividades de 26 pequeños sindicatos vinculados al AIFLD. Miles fueron asesinados, torturados y encarcelados y 200.000 trabajadores fueron despedidos por razones políticas. Los registros del AIFLD de 1962-1972 indican que el 92 por ciento de su presupuesto provino del Gobierno federal estadounidense.
El AIFLD respaldó el golpe de Estado de 1954 en Guatemala y, en los años setenta y ochenta se alió con los escuadrones de la muerte en Nicaragua y El Salvador.
Estaba tan desacreditado por su complicidad con los golpes de Estado y contrainsurgencia de la CIA que para 1997, la nueva dirección de la AFL-CIO cambió el nombre de las operaciones internacionales de la operación a Solidarity Center (Centro de Solidaridad). Sin embargo, continuarían sus operaciones a instancias del imperialismo estadounidense. El reporte más reciente disponible para el 2016 indica que el 93 por ciento de su presupuesto de $32 millones fue entregado por el Gobierno federal de EUA.
Según las cuentas del NED, esta agencia del Gobierno estadounidense asignó $704.000 a las operaciones del Solidarity Center específicamente en Venezuela durante los cinco años previos al golpe de Estado fallido de 2002, en el que la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) desempeñó un papel protagonista. Este dinero fue dirigido directamente a los cofres de la CTV bajo el pretexto de apoyar su “proceso altamente exitoso de democratización interna”. El CTV ha tenido lazos con la AFL-CIO por mucho tiempo y es encabezada por el partido derechista Acción Democrática que es colíder de la operación de golpe de Estado en marcha orquestada por la Administración de Trump contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Caracas.
En México, la AFL-CIO se alejó de respaldar la CTM a fines de los años noventa. En enero de 1998, el New York Times escribió con aprobación que, “Desde la aprobación del TLCAN y la elección de [George] Sweeney a la presidencia de la AFL-CIO en octubre de 1995, la federación estadounidense ha decidido extenderle la mano a sindicatos mexicanos más pequeños y militantes que por años han estado sujetos a persecuciones aquí pero que están creciendo rápido”.
Esta decisión estuvo basada en consideraciones estratégicas amplias. México había sufrido una importante crisis financiera en 1994 desencadenada por la devaluación del peso y la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Después de la crisis financiera asiática de 1997, la crisis rusa de 1998 y el colapso del fondo de inversión estadounidense Long-Term Capital Management, el presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan expresó un sentimiento compartido por muchos en los círculos gobernantes a principios de 1998 cuando hablo de “un temor visceral y abrumador” sobre la economía global.
La globalización “facilitó la transmisión de disturbios financieros mucho más efectivamente que antes. La crisis en México hace varios años fue el primero de tales episodios asociados con nuestro sistema nuevo financiero internacional de alta tecnología”, señaló Greenspan. El Gobierno de Clinton intervino en 1994 con la compra de pesos y la aprobación de miles de millones de préstamos para México temiendo que la crisis tuviera un impacto serio en la economía estadounidense.
La inflación, el desempleo y la intensificación de los ataques sociales contra los niveles de vida de los trabajadores provocaron un aumento en la oposición social al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la CTM, la cual está afiliada al PRI. La muerte del antiguo líder de la CTM y el Consejo del Trabajo (CT) en junio de 1997 y las elecciones de julio en las que el PRI perdió su mayoría en la Cámara de Diputados por primera vez conllevaron una crisis interna en la élite política y la cúpula sindical. El historiador de la UNAM, Javier Aguilar García, escribió: “Se hizo patente que el CT y la CTM como los principales órganos de mediación entre los trabajadores y el poder dejaron de funcionar como órganos corporativos en el país y en particular en la Ciudad de México”.
El Frente Auténtico del Trabajo (FAT), el STUNAM y otros sindicatos más pequeños que afirmaban ser “independientes” del PRI se separaron de la CTM y el CT y fundaron la Unión Nacional de los Trabajadores (UNT) el 28 de noviembre de 1997.
Aproximadamente siete semanas después, el asesor especial para América Latina de Clinton, Thomas F. McLarty —un empresario que fundó la firma McLarty Associates en sociedad con Henry Kissinger, el secretario de Estado del presidente Nixon y uno de los principales orquestadores del golpe de Estado de 1973 en Chile— organizó el primer viaje de un presidente de la AFL-CIO a México para que Sweeney se reuniera con el presidente Ernesto Zedillo, su secretario de Trabajo y los dirigentes de la UNT. Su objetivo era respaldar los esfuerzos “para organizar nuevos sindicatos en las plantas de ensamblaje fronterizas en México” y para cambiar “el sistema fosilizado del sector laboral” en el país, según el Times.
Uno de los líderes de la UNT con que se reunió Sweeney fue la entonces dirigente del FAT, Bertha Luján Uranga, quien es actualmente la presidenta del máximo cuerpo de Morena, el Consejo Nacional.
En 1998, hubo una ola de huelgas salvajes en las maquiladoras cercanas a la frontera en oposición a los sindicatos de la CTM, incluyendo un paro en la planta de Hang Young en Tijuana que fue mencionado directamente por Sweeney. El WSWS publicó una carta de un lector en ese entones que reportó las huelgas salvajes de 13.000 trabajadores de las maquiladoras en Matamoros y añadió que los sindicatos de EUA y Canadá, pese “a estar precavidos de no movilizar a sus propios miembros en apoyo de sus hermanos y hermanas mexicanos, están persiguiendo romper el monopolio de la CTM por medios legales, en México y EUA, bajo el TLCAN”.
Al haberse integrado las cadenas de suministro en Norteamérica tan estrechamente como el sistema financiero, la clase gobernante estadounidense temía que, en un momento de crisis económicas, una ola de huelgas encabezada por las bases obreras fuera de la camisa de fuerza de los sindicatos en México se expandiría a través del continente.
Dos décadas después, Prieto y sus simpatizantes pseudoizquierdistas han desempeñado un papel clave en aislar las huelgas salvajes cuando amenazaban con desatar un levantamiento como este, y todo detrás de la promesa de “acabar con la CTM”.
Una publicación del Solidarity Center en 2003 sobre México indica que la OIT, el Departamento de Estado de EUA y varias ONG habían identificado la necesidad de cambiar “el continuo afianzamiento de sindicatos antidemocráticos que no son elegidos por los trabajadores, no representan a los trabajadores y no son sensibles a los trabajadores (énfasis añadido)”, reflejando claros temores de que la CTM estuviera completamente desacreditada.
La UNT se volvió manifiestamente en el principal socio de la AFL-CIO en México. Cuando SINDJA fue fundado en 2015 con el respaldo de la AFL-CIO, se unió inmediatamente a la UNT. Ese mismo año, el Solidarity Center de la AFL-CIO escribió en un reporte “con el apoyo del Solidarity Center, los trabajadores en México votaron a favor de formar el primer sindicato del país para trabajadores del hogar, SINACTTRAHO”, el cual también se unió a la UNT. Al mismo tiempo, el Sindicato Minero de Gómez Urrutia está afiliado abiertamente al sindicato siderúrgico estadounidense, United Steelworkers (USW) que forma parte de la AFL-CIO, así como a IndustriAll, mientras que el Solidarity Center reportó en 2015 que financió programas para entrenar a burócratas sindicales mujeres para el sindicato de Gómez Urrutia.
Después de que el Gobierno de Felipe Calderón liquidara la empresa pública Luz y Fuerza en 2009 y despidiera brutalmente a 44.000 trabajadores o dos terceras partes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el sindicato aisló y desmovilizó la resistencia contra los despidos y contra la privatización en marcha, empleado campañas vacías de “solidaridad” y huelgas de hambre orquestadas con el apoyo de la AFL-CIO e IndustriAll. No bien se estableció el “mercado eléctrico mayorista” privatizado por el Gobierno de Peña Nieto, el SME se convirtió en un postor para el mercado privado fundando Fénix, una empresa de la cual es codueño con la multinacional portuguesa Mota Engil y que emplea a 1.400 trabajadores. Ahora un partidario clave de la privatización, el secretario general del SME, Martín Esparza Flores, le dijo recientemente a la organización North American Congress on Latin America (NACLA) que “muchas corporaciones multinacionales han entrado en los mercados… así que es extremadamente importante que tengamos lazos con los sindicatos en EUA para trabajar juntos para organizarnos y mejorar las condiciones de los trabajadores”.
En febrero de 2014, el SME fundó la Nueva Central de los Trabajadores (NCT), afirmando en sus documentos fundacionales su intención de organizarse con IndustriAll, el cual envió sus saludos a la fundación, y de incorporar a la UNT. Además, tanto la AFL-CIO como IndustriAll han realizado declaraciones en apoyo al nuevo frente del SME que creó con Gómez Urrutia, la CIT.
IndustriAll, que se describe como el “sindicato global”, es una organización dependiente del Gobierno alemán. Gran parte de su financiamiento y asistencia internacional proviene de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung (FES), la cual es descrita por el sindicato como su “socio estratégico desde hace mucho tiempo”. La FES es administrada por el Partido Socialdemócrata (SPD, por sus siglas en alemán) de la gran coalición que gobierna Alemania y recibe su financiamiento del Gobierno federal. El afiliado alemán de IndustriAll, IG Metall, ha colaborado por mucho tiempo con Volkswagen y otras empresas automotrices en la destrucción de los empleos y niveles de vida de los trabajadores. Uno de los líderes del sindicato, Bernd Osterloh, el presidente del consejo conjunto con el Grupo Volkswagen, recibe $845.109 o 16 millones de pesos por año, el equivalente a $70.000 o 1,3 millones de pesos por mes.
La FES y la UNT coorganizan una escuela para oficiales sindicales en México. Lourdes Hernández Hernández y Lorenzo Rodríguez Jiménez, respectivamente los líderes de SINACTTRAHO y SINDJA—con quien Susana Prieto se ha estado organizando cercanamente—recibieron este entrenamiento sindical imperialista, junto a otros dirigentes de disque sindicatos “independientes”.
En agosto de 2015, el WSWS advirtió sobre el peligro de estos lazos, afirmando, “Atemorizados de la posibilidad de que una rebelión contra la CTM desencadene un movimiento unido de los trabajadores mexicanos, que sirva como un catalizador para un movimiento unido de la clase obrera de todo el continente norteamericano, una coalición de sindicatos estadounidenses y europeos ha buscado construir ‘sindicatos libres e independientes’ en México basados en el modelo corporativista de la ‘alianza obrero-patronal’ y un rechazo explícito al socialismo y a un internacionalismo genuino”.
Desde que Trump llegó al poder prometiendo renegociar el TLCAN, la AFL-CIO ha presionado, como lo hizo a fines de los noventa, para que el nuevo tratado comercial le exija a México nuevas leyes laborales que promuevan un alejamiento de la CTM.
En una carta de enero de 2017, la AFL-CIO llamó a que el nuevo acuerdo incluya “derechos que se hagan valer para los trabajadores” en México, al mismo tiempo en que escupe su retórica de “Compre productos hechos en EUA” dirigida en contra de los trabajadores mexicanos y chinos. En diciembre de 2017, la AFL-CIO despachó una carta al representante comercial de EUA, Robert Lighthizer, exigiéndole que suspendiera las negociaciones con México al menos que se implementen leyes que favorezcan “las negociaciones en buena fe con sindicatos independientes”. El mes siguiente, la AFL-CIO y la UNT mexicana enviaron una carta conjunta al Departamento de Trabajo de EUA con demandas similares. Al final, la promoción de estos sindicatos fue incorporada en el nuevo acuerdo comercial norteamericano, el cual aún debe ser ratificado por los Congresos respectivos.
Después de la inauguración del Congreso encabezado por Morena el año pasado, la AFL-CIO, IndustriAll y la FES comenzaron a organizar y financiar esfuerzos de cabildeo liderados por el SME y la UNT para implementar una nueva “reforma laboral” que favorezca sindicatos “democráticos”, basándose en la Convención No. 98 redactada en 1949 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas sobre discriminación antisindical. En septiembre, Morena impulsó la ratificación de esta convención por el Congreso.
En respuesta a un tuit de septiembre del año pasado que informaba sobre una reunión entre el lobby del SME-UNT y el presidente del Senado, Martí Batres de Morena, un trabajador tuiteó, “los sindicatos aquí en la frontera, Tamaulipas, están para descontar por semana, pero no están para el obrero. Estamos solos, no entiendo porque nos imponen sindicatos que en realidad no hacen nada cuando los buscamos”.
Varios borradores se han propuesto para la reforma, incluyendo el elaborado por Morena, la UNT y el SME y presentado el 22 de diciembre y otro el 6 de enero de 2019 propuesto por la UNT. La característica esencial en ambos es el requisito que los sindicatos demuestren que representan a la mayoría de los trabajadores, prohibiendo los “contratos de protección” que dificultan la competición contra los sindicatos patronales ya establecidos; sin embargo, los legisladores no tienen ninguna intención de anular las leyes de exclusividad que solo permiten que los sindicatos registrados soliciten aplazamientos de huelga y firmen convenios colectivos.
El 14 de marzo, el presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, visitó la Ciudad de México para una reunión de alto nivel. Subrayando el carácter conspiratorio de la reunión, los pocos reportes en la prensa no mencionan la presencia de Trumka, quien ha realizado muchas declaraciones aplaudiendo el nacionalismo de “Estados Unidos Primero” de Trump. Otros de los participantes incluían al negociador comercial de AMLO, Jesús Seade Kuri, y el aliado de Prieto, Napoleón Gómez Urrutia, junto a un importante número de burócratas de la AFL-CIO y sindicatos canadienses. Su propósito era presionar para que se aprobara la nueva legislación laboral, con Gómez Urrutia presuntamente prometiendo que la reforma buscaría mejorar “la democracia y la libertad sindicales” y que sería aprobada dentro del próximo periodo legislativo.
El 2 de abril, la presidenta de la Cámara de Representantes de EUA, Nancy Pelosi, le dijo a Politico que los demócratas quieren “ver la evidencia” de que la reforma laboral de México será implementada antes de apoyar el nuevo acuerdo regional. Dos días después, AMLO respondió que su Gobierno estaba presionando a los legisladores para que aprobaran la reforma, mientras Reuters indicó específicamente que la comisión laboral del Congreso mexicano planeaba “aprobar una legislación antes de que se acabe el mes que haría más fácil para los trabajadores formar sindicatos independientes”.
Continuará
(Artículo publicado originalmente en inglés el 11 de abril de 2019)