Los funcionarios mexicanos se apresuraron el jueves a lidiar con una declaración del embajador estadounidense indicando que la Administración de Biden y el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tienen un acuerdo para deportar a sus países de origen a inmigrantes centroamericanos y a otros inmigrantes a quienes se les prohíbe cruzar la frontera sur de los Estados Unidos.

La controversia estalló cuando unos 4.000 inmigrantes, muchos de ellos mujeres y niños, marchan en una “caravana” por el sureño estado mexicano de Chiapas en ruta a la Ciudad de México para reclamar sus derechos, que han sido pisoteados por el Gobierno de AMLO.

El embajador Ken Salazar, un exsenador demócrata de derecha de Colorado, hizo sus comentarios mientras recorría las ciudades fronterizas y elogiaba la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. “Todo el mundo debería entender que la frontera entre Estados Unidos y México está cerrada para entradas ilegales”, dijo Salazar. “Las personas que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos serán detenidas. Estados Unidos y México están comprometidos con el retorno de los migrantes que ingresen ilegalmente a su país de origen”.

Altos funcionarios de la Cancillería mexicana, que hablaron bajo condición de anonimato con el diario La Jornada, afirmaron que la declaración de Salazar era “ambigua” y que no existía un acuerdo “bilateral” sobre deportaciones.

Independientemente de los acuerdos que Biden y AMLO hayan puesto o no por escrito, el Gobierno mexicano está colaborando plenamente con un sistema brutal en el cual los refugiados y migrantes que llegan a la frontera mexicana son expulsados sumariamente. Tanto las Administración de Trump como la de Biden han invocado el Título 42, una parte ambigua del código de salud de EE.UU., para encubrir sus violaciones del derecho de asilo y el debido proceso bajo el manto falso de combatir el COVID-19. No existe evidencia científica alguna de que los migrantes que cruzan la frontera sur de los Estados Unidos sean un vector importante para la transmisión del virus.

Bajo Biden, quien prometió santurronamente seguir una política de inmigración más humana, estas expulsiones del Título 42 han alcanzado aproximadamente 100.000 por mes, un aumento del 50 por ciento comparado a los últimos tres meses de la Administración Trump.

Los inmigrantes expulsados de esta manera son obligados a subir a aviones, sin que se les diga a dónde van, y los llevan a las ciudades de Villahermosa y Tapachula, en el sur de México. Allí son cargados en convoyes de autobuses controlados por la Guardia Nacional de México y la agencia de inmigración, INM, y llevados a la frontera con Guatemala para ser arrojados en medio de la noche a las áreas más peligrosas del Triángulo Norte de Centroamérica.

Otros miles han permanecido atrapados, sin medios de ganarse la vida, en las ciudades fronterizas de Tapachula y Ceibo, en la frontera sur de México, rodeadas por puestos de control de la Guardia Nacional.

Fue en Tapachula, en la frontera con Guatemala, donde comenzó la última caravana la semana pasada. Los migrantes han descrito la ciudad como una “prisión”, mientras que incluso los legisladores del partido Morena de AMLO la han calificado de “campo de concentración”. Muchos migrantes han languidecido allí durante un año o más esperando que las autoridades mexicanas les otorguen asilo o regularicen su estatus migratorio.

Cantando “No somos criminales, somos trabajadores, somos inmigrantes” y “Libertad, libertad”, al menos 2.000 migrantes dejaron Tapachula el 23 de octubre. Frente a un puesto de control al norte de la ciudad, los manifestantes se abrieron paso entre columnas de miembros de la Guardia Nacional de AMLO con casco y escudos. Al menos un niño de tres años sufrió heridas en la cabeza en el fallido intento de hacer retroceder a los manifestantes. Dos caravanas anteriores que salieron de Tapachula a principios de este año fueron violentamente disueltas.

La caravana ha avanzado con relativa lentitud, marchando con temperaturas que superan los 39°C y bajo fuertes aguaceros, viéndose obligados en algunos casos a dormir al costado de la carretera. El Gobierno mexicano ha prohibido a los manifestantes utilizar cualquier tipo de vehículo.

Los líderes de la caravana informaron que, según una encuesta, 1.200 de los que estaban en la marcha son niños y el 70 por ciento de ellos son menores de siete años. Muchos trabajadores empujan carritos de bebé por la carretera o caminan con niños sobre los hombros. Según los informes, también hay 68 mujeres embarazadas en la marcha, así como varios adultos y niños discapacitados.

Algunas estimaciones han establecido el tamaño de la caravana en 4.000 o 5.000, considerablemente más pequeñas que las de 2018 y 2019, pero de las más grandes desde el inicio de la pandemia COVID-19.

El Partido Republicano y sus medios de comunicación, como Fox News, han intentado presentar la caravana como una amenaza existencial para Estados Unidos. Donald Trump fulminó: “Espero que todos estén viendo la Caravana MASIVA que atraviesa México y se dirige a nuestro País. Esto debe detenerse antes de que lleguen a nuestra frontera”.

Aparentemente es la cantidad de manifestantes y la presencia de tantas mujeres y niños lo que ha llevado al Gobierno mexicano a adoptar lo que el canciller Marcelo Ebrard describió como una política de “prudencia” hacia la última caravana, es decir, abstenerse, al menos por ahora, de darle rinda suelta a la Guardia Nacional para dispersarla violentamente.

La caravana, iniciada en nombre de la “dignidad, libertad y paz”, es una marcha contra las políticas ilegales de los Gobiernos de Biden y AMLO de infringir el derecho al asilo y el derecho de los inmigrantes a la protección y el debido proceso.

Luis Rey Villagrán, un mexicano defensor de los derechos de los inmigrantes y uno de los organizadores de la caravana, dijo que, al llegar a la Ciudad de México, los manifestantes exigirían “tarjetas de residencia permanente por razones humanitarias para todos y cada uno de los que caminan en esta marcha”.

Una coalición de libertades civiles y organizaciones proinmigrantes de México y Centroamérica se unió en torno a la etiqueta #ProtecciónNoContención y compareció el 26 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar cargos por “graves violaciones de derechos humanos contra los inmigrantes” por parte del Gobierno de López Obrador en México. Estos incluyen su colaboración en las expulsiones del Título 42 por parte de Estados Unidos y las deportaciones sumarias propiamente dee México sin otorgar a los migrantes el derecho a solicitar asilo. La acusación también incluyó el cargo que el Gobierno de AMLO ha “militarizado” la política migratoria mexicana, tratando a los migrantes como criminales.

Desde junio de 2019, cuando la Administración de Trump amenazó a México con sanciones comerciales si no lograba contener el flujo de inmigrantes a la frontera con Estados Unidos, el Gobierno de AMLO adoptó una política de “contención” en alianza con Washington. Con la ayuda logística de Estados Unidos, ha desplegado a 28.000 miembros de la Guardia Nacional en las fronteras sur y norte de México, una fuerza mayor que toda la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

En marzo de 2020, el Gobierno de López Obrador acordó aceptar a los centroamericanos expulsados sumariamente de Estados Unidos con el pretexto del Título 42, y en agosto de 2021 acordó sus expulsiones aéreas al sur de México. Mientras tanto, dentro de México, la Guardia Nacional ha brutalizado y asesinado a migrantes, mientras que las autoridades federales y locales se han involucrado en una represión sistemática.

En el último incidente, la policía de Tijuana rodeó el jueves un campamento de migrantes expulsados de Estados Unidos, destruyó sus tiendas de campaña y confiscó las pertenencias de quienes no estaban presentes y luego rodeó todo el campamento con una cerca de dos metros de alambre. Un funcionario local afirmó que la redada fue para la “protección” de los migrantes.

La abrumadora mayoría de los que marchan en la última caravana son de Centroamérica y huyen de condiciones endémicas de pobreza, violencia y represión política que tienen sus raíces en los horribles crímenes cometidos por el imperialismo estadounidense para defender los intereses de lucro de los bancos y corporaciones estadounidenses en toda la región durante más de un siglo. Esto ha incluido el apoyo a dictaduras sangrientas como la de los Somoza en Nicaragua, golpes de Estado orquestados por la CIA como en Guatemala en 1954 y las guerras genocidas de contrainsurgencia en Guatemala, El Salvador y Honduras en la década de 1980.

El rechazo de los que marchan a las condiciones creadas por el imperialismo y sus servidores corruptos en los Gobiernos burgueses nacionales de Centroamérica y su desafío a la represión antiinmigrante es parte de un resurgimiento mundial de la lucha de clases. Como los trabajadores en todas partes, se niegan a aceptar las condiciones creadas por un sistema económico fallido —el capitalismo —que amenaza los empleos, niveles de vida y la propia vida de los trabajadores, en las condiciones de una pandemia mundial.

La determinación de los manifestantes también se presenta como una exposición devastadora de aquellos en la pseudoizquierda como la revista Jacobin y la diputada Alexandria Ocasio-Cortez de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), quienes, respectivamente, han alabado a AMLO presentándolo de “izquierda” y “progresista”, y denunciado a aquellos que atacan las políticas de inmigración de Biden desde la izquierda como “actores de mala fe”.

Los trabajadores de Estados Unidos deben defender a los trabajadores de Centroamérica y Sudamérica, Haití y del propio México, quienes están arriesgando sus vidas en un intento por llegar a Estados Unidos. La victoria de las luchas de los trabajadores estadounidenses contra las corporaciones transnacionales que han cosechado ganancias colosales en medio de niveles masivos de muerte y enfermedad durante la pandemia de COVID-19 depende de la unión de todos trabajadores a través de las fronteras nacionales. Esto solo se puede lograr mediante un rechazo incondicional a la xenofobia y el nacionalismo antiinmigrante que venden los partidos capitalistas y los sindicatos corporativistas y la defensa del derecho democrático de los trabajadores inmigrantes a vivir y trabajar en el país de su elección.

(Publicado originalmente en inglés el 29 de octubre de 2021)