El gobierno de coalición del Partido Socialista (PSOE) y Podemos cerrará el año con una batería de medidas de austeridad solicitadas por la Unión Europea (UE) y acordadas con los sindicatos.

En julio de 2020, el entonces líder de Podemos y viceprimer ministro del gobierno del PSOE-Podemos, Pablo Iglesias, respaldó un rescate de la UE que canaliza 750.000 millones de euros a los bancos y corporaciones. El fondo fue diseñado a medida que el COVID-19 se extendía por toda Europa, matando a cientos de miles de personas, debido a la política de inmunidad colectiva de la clase dominante que prioriza las ganancias sobre las vidas.

Iglesias describió el fondo como “Este acuerdo es un buen acuerdo para la Unión Europea (UE) y para España, y es un balón de oxígeno para el proyecto europeo.” Agregó, “no les quepa duda que hoy se ha escrito una de las páginas más brillantes de la historia de la UE.”

Luego afirmó que los fondos de rescate no estarían vinculados a la austeridad, y que la UE. “parece haber aprendido las lecciones tras la crisis anterior, en esta ocasión no tendremos austeridad, sino un ambicioso plan de estímulos fiscales.” Como era de esperar, el Gobierno del PSOE-Podemos no dijo nada sobre las condiciones a las que Madrid se comprometió para obtener financiación de la UE. Sin embargo, envió cartas a la UE prometiendo importantes reformas laborales, de pensiones y de gasto.

Se ha confirmado plenamente la advertencia del WSWS del carácter fraudulento de las afirmaciones de Podemos de que no habría más austeridad de la UE.

El pasado 15 de noviembre, el Gobierno y los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) llegaron a un acuerdo sobre las pensiones. Se trata de un asalto al sistema público de pensiones, favoreciendo su privatización. Ampliará la edad de jubilación a los 67 años, aumentará las cotizaciones de los trabajadores a la seguridad social (un recorte salarial de facto), promoverá las pensiones de las empresas y recortará las pensiones futuras vinculando sus importes a los aumentos de la esperanza de vida. Los futuros trabajadores que se jubilen verán reducidas sus pensiones hasta en un 20 por ciento estimado, o 300 euros para los trabajadores más jóvenes.

El acuerdo se basa en el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que se presenta de forma fraudulenta como un sistema por el que los trabajadores actuales contribuyen a la generación del 'baby boom', los nacidos después de 1947, que ahora se jubilan.

Esto va a implicar que los empresarios y los trabajadores aumenten las cotizaciones sociales en un 0,6 por ciento a la Seguridad Social durante 10 años. Esto proporcionará dinero al Fondo de Reserva, utilizado para garantizar el pago de futuras pensiones, y que actualmente está prácticamente agotado después de que los sucesivos gobiernos del PSOE y del derechista Partido Popular usaran sistemáticamente estos fondos para otros fines. Los trabajadores asumirán el 0,1 por ciento, que es un recorte salarial encubierto en condiciones de inflación desenfrenada del 6 por ciento.

A su vez, los empresarios asumirán el 0,5 por ciento. Esto los ha llevado a no apoyar este acuerdo, a lo que los sindicatos han reaccionado reclamando cínicamente que el mismo se trata de una gran victoria para los trabajadores.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, declaró: “Los agoreros, los que no sé se atreven a decirle a los pensionistas y a los trabajadores de nuestro país lo que harían, que es aumentar la edad de jubilación y rebajar las pensiones, han visto que hay otra fórmula que se puede aplicar....que permite garantizar el futuro para las actuales generaciones y pensionistas.”

Álvarez, sin embargo, está mintiendo descaradamente. Para empezar, la subida de las cotizaciones, según cálculos del grupo de investigación en Pensiones y Protección Social de la Universitat de València y Extremadura, apenas ascenderá a unos 2.000 millones de euros al año, de los que los empresarios aportarán algo más de €1.600 millones.

Esto es ridículo si se compara con los €30.000 millones de beneficios que las empresas cotizadas de España obtuvieron solo en el primer semestre de este año; o los €212.000 millones que todas las empresas obtuvieron en 2020 a pesar de la pandemia de COVID-19. Esto se produjo gracias a la política de inmunidad de rebaño implementada por el Gobierno PSOE-Podemos que ha costado la vida a más de 105.000 personas solo en España.

Esta cifra también es completamente insuficiente para garantizar el pago futuro de las pensiones. El próximo año, la Seguridad Social tendrá un déficit de €50.000 millones. El Gobierno y los sindicatos son plenamente conscientes de ello y están dejando la puerta abierta a nuevas rondas de recortes de pensiones en los próximos años.

El Gobierno y los sindicatos están negociando simultáneamente con los empresarios cambios en la reforma laboral de 2012 aprobada por el derechista Partido Popular (PP). Podemos alegó que la derogación de esa reforma era uno de sus objetivos fundamentales cuando entró en el gobierno.

Incluso antes de que comenzaran las negociaciones, la nueva líder de Podemos y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaró, “¿Técnicamente se puede derogar la reforma laboral del Partido Popular? No.” Agregó, “Una cosa es el fetiche político y otra lo que vamos a hacer, que es cambiar el marco de relaciones laborales del PP que ha sido profundamente lesivo”. El punto central de la reforma del PP, el recorte a las indemnizaciones por despido, tampoco se tocará. La propia Díaz declaraba, “No vamos a tocar el despido. Es una reforma equilibrada”.

Otra de las medidas propuestas para limitar el número de contratos temporales al 15 por ciento, en un país donde uno de cada cuatro contratos es de este tipo, también fue eliminada de la discusión. Podemos garantiza así a los empresarios que seguirán teniendo mecanismos legales para despedir a bajo coste y seguir explotando a los trabajadores con contratos precarios y temporales.

Al igual que con las pensiones, lo que Podemos y los sindicatos buscan en estas conversaciones es que los empresarios hagan concesiones menores que salven su cara frente a los trabajadores para evitar una erupción de ira de la clase obrera.

Al mismo tiempo, Podemos ha colmado de dinero a los sindicatos. Díaz casi duplicó los pagos del Estado capitalista a los sindicatos desde que Podemos asumió el cargo. El 2 de noviembre, prometió 17 millones de euros en subsidios en el presupuesto de 2022.

El papel de los sindicatos lo ha dejado claro el líder de la UGT, Pepe Álvarez. Advirtió que “si la patronal no es consciente del momento reivindicativo que vive España se vivirán muchas más situaciones como las de las protestas por el convenio provincial del metal de Cádiz.” El secretario general de CCOO, Unai Sordo, hizo un llamamiento a la calma y solicitó “dejar que la negociación siga su cauce” porque es “compleja pero no imposible” y pidiendo un “ejercicio de prudencia.”

En la misma línea, Enrique de Santiago, secretario general del estalinista Partido Comunista, ahora integrado en Podemos, hizo un llamamiento a los trabajadores que mantuvieron una huelga indefinida militante de 9 días en el sector del metal en Cádiz para que 'tengan confianza en el trabajo que está haciendo este Gobierno. Obviamente, la economía en este país no está intervenida por el Estado y depende de las decisiones de empresas privadas'. En otras palabras, que confíen en el gobierno que envía cientos de policías y un vehículo blindado de 15 toneladas para tratar de romper su huelga.

Una verdadera lucha contra los ataques al sistema público de pensiones y las reformas laborales solo puede prepararse a través de una rebelión de la clase trabajadora contra los sindicatos y el Gobierno PSOE-Podemos. Esto implica una lucha contra el dictado de los bancos y de la maquinaria del estado policial que plantea cuestiones políticas clave, sobre todo, la de la perspectiva y la dirección revolucionarias. Esto requiere construir una sección en España del Comité Internacional de la Cuarta Internacional que promueva la perspectiva de una lucha internacional y revolucionaria de la clase obrera para tomar el poder, expropiar a la aristocracia financiera y construir una sociedad socialista como alternativa al sistema capitalista en bancarrota.

(Artículo publicado el 7 de diciembre de 2021)