El gobierno de coalición del Partido Socialista (PSOE) y Podemos ha aprobado una reforma laboral reaccionaria y profundamente anti obrera. Esta ley fue diseñada por los sindicatos, las grandes empresas y el Ministerio de Trabajo liderado por Podemos, bajo la supervisión de la Unión Europea (UE). Su aprobación llego gracias al apoyo parlamentario de los partidos de derecha, y ha recibido la bendición de la aristocracia financiera española.

La reforma es una prolongación de la aprobada por el derechista Partido Popular (PP) en 2012, el ataque más duro sufrido por los trabajadores españoles desde el final de la dictadura fascista de Francisco Franco en 1978.

La reforma del PP llevó a España a ser uno de los países de la UE con más contratos temporales. Condujo a la destrucción masiva de empleos, a recortes salariales y a que cientos de miles de jóvenes abandonaran el país para buscar trabajo en otros lugares. Después de la crisis económica mundial de 2008, el objetivo explícito era reducir los salarios y, por lo tanto, incrementar las exportaciones para aumentar las ganancias de la clase dominante.

La nueva ley convalida efectivamente la reforma del PP. A pesar de los intentos de Podemos, el PSOE y medios liberales como El País, eldiario.es y Público, de vender la nueva reforma como 'progresista', lo cierto es que se mantienen y confirman aspectos clave de la ley PP de 2012. Entre estos se incluye:

• La reducción de la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado con un máximo de 24 meses en lugar de los 42 anteriores.
• La posibilidad de despedir a los trabajadores simplemente alegando pérdidas previsibles en el futuro.
• Los despidos colectivos se simplifican a través de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Estos ya no requieren una autorización administrativa, y las grandes corporaciones han despedido desde entonces a decenas de miles de trabajadores a través de este mecanismo.
• Se permite a los empresarios recortar salarios, modificar las horas de trabajo, cambiar el lugar de trabajo de sus empleados o el tipo de actividad a realizar alegando 'razones económicas, técnicas, organizativas o de producción'.
• Se posibilita a los empresarios retirarse de los convenios colectivos.
• Se da la capacidad a los empresarios de imponer horas extraordinarias a los trabajadores con contratos a tiempo parcial, un mecanismo que facilita la explotación, el fraude y la precariedad.

La continuidad con la reforma laboral del PP es tal que Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno de derecha que promovió la ley, dijo al diario conservador ABC que el PSOE y Podemos “dejaron la reforma laboral como estaba”.

Juan Ramón Rallo, conocido economista neoliberal, escribió en el periódico digital El Confidencial que: “Sinceramente, creo que es buena noticia que esta reforma laboral haya salido adelante. Como ya dije en su momento, consolida todos los elementos centrales de la reforma laboral de 2012 y los convierte, desde ahora, en un consenso compartido desde Podemos a [el partido de extrema derecha] Vox'.

La ley ha sido apoyada por varios partidos de derecha como Ciudadanos, los regionalistas de UPN (Unión del Pueblo Navarro) y los independentistas catalanes del PDeCAT. Los dos partidos más grandes de la derecha española, el PP y Vox, votaron en contra, pero no porque estuvieran en desacuerdo con su contenido, sino en la esperanza de que su rechazo provocara una crisis en la coalición gobernante.

Las principales facciones de la aristocracia financiera española han salido a defender la reforma. Ana Patricia Botín, consejera delegada del Santander, el mayor banco de España, ha señalado: 'Me parece muy importante lo que se ha acordado y que se haya hecho de forma consensuada, es positivo', en referencia a que los sindicatos y la asociación de los grandes empresarios CEOE están de acuerdo con lo aprobado. Botín es plenamente consciente de que la anterior reforma laboral ayudó a los bancos españoles a ganar más de 20.000 millones de euros el año pasado tras despedir a 19.000 empleados.

El principal cambio de la nueva ley está relacionado con las normas que limitan la mayoría de los contratos temporales a un máximo de tres meses. Las empresas de trabajo temporal tendrán que adaptar las condiciones de los trabajadores a las de la empresa a la que estén destinados. Sin embargo, dado que los empresarios a menudo actúan de manera fraudulenta con los contratos de trabajo, conscientes de que los inspectores laborales son escasos y están saturados al punto que han amenazado repetidamente con ir a la huelga durante el último año, es probable que estas medidas tengan un impacto limitado.

Sobre todo, la nueva ley busca reforzar el papel de las burocracias sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT) en la negociación colectiva.

Si bien los convenios colectivos sectoriales prevalecerán a partir de ahora sobre los convenios de empresa o autonómicos, la negociación colectiva se convertirá en el instrumento central para negociar los salarios y las condiciones de trabajo. Esto no tiene nada que ver con el fortalecimiento de la capacidad de los trabajadores para negociar con los empresarios. Más bien, tiene como objetivo fortalecer el papel de los sindicatos como una fuerza de policía laboral compuesta por burócratas de clase media-alta, encargada de hacer cumplir los recortes salariales, los despidos y las condiciones de trabajo precarias.

Los sindicatos han demostrado recientemente sus credenciales. En una huelga de 9 días en Cádiz en la que participaron 22.000 trabajadores, los sindicatos CCOO y UGT vendieron la huelga, aceptando salarios por debajo de la inflación, al tiempo que ayudaron a la represión despiadada del gobierno de PSOE y Podemos que utilizó policías equipados con tanquetas de tipo militar. Luego se apresuraron a desmovilizar o cancelar huelgas en todo el país, aterrorizados de que la militancia de los trabajadores pudiera salirse fuera de su control.

En medio de un aumento creciente de la inflación y la pobreza que afecta a amplios sectores de la clase trabajadora, la clase dominante ve a los sindicatos como fundamentales para aplastar su resistencia e imponer nuevos recortes salariales. Por este motivo, el Estado ha regalado recientemente millones de euros a CCOO y UGT. En 2021, estas organizaciones anti obreras ya recibieron un 56 por ciento más de dinero que en los años anteriores, 3,5 millones de euros adicionales. Han pasado de 9 millones en 2020 a los 17 millones que se les entregará en 2022 según recogen los últimos presupuestos generales. Esto no incluye las subvenciones a nivel local, regional y europeo que ascienden a muchos millones más.

La realidad es que los sindicatos y Podemos nunca tuvieron la intención de revocar la reforma de 2012. Yolanda Díaz, líder de facto de Podemos, actual ministra de Trabajo y promotora de la nueva ley, afirmó en el congreso de CCOO celebrado en octubre de 2021 que iba a 'derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias'. Sin embargo, España ya se había comprometido por entonces con la Unión Europea a preservar esta ley. A cambio, recibiría 70.000 millones de euros del fondo de rescate de la UE, el plan “Next Generation” para repartir entre sus corporaciones y bancos.

El “Operational Agreement”, como se conoce al acuerdo, fue firmado por el gobierno español el pasado 10 de noviembre. Establece claramente que el cumplimiento satisfactorio de hitos y objetivos presupone que las medidas relacionadas con los hitos y objetivos cumplidos satisfactoriamente con anterioridad no han sido revertidos por el Estado Miembro”. Entre esos hitos ya cumplidos anteriormente se encuentra la reforma laboral de 2012, también impuesta por la Unión Europea, y que por lo tanto el gobierno español se comprometía a no tocar.

Esto pone en evidencia como un fraude los comentarios del entonces líder de Podemos y vicepresidente del gobierno PSOE-Podemos, Pablo Iglesias. Al respaldar el rescate de la UE que canaliza 750.000 millones de euros a los bancos y corporaciones en julio de 2020, dijo que “la UE parece haber aprendido las lecciones tras la crisis anterior: en esta ocasión no tendremos austeridad, sino un ambicioso plan de estímulos fiscales '.

De hecho, el hombre que dirigió el equipo que supervisó los compromisos de España para desembolsar los fondos en diciembre es Declan Costello, ex jefe de la Misión de la Comisión Europea para Grecia. Bajo este cargo, Costello supervisó los salvajes planes de austeridad implementados en Grecia por el aliado de Podemos, Syriza, bajo el mandato del primer ministro Alexis Tsipras, que devastaron a la clase trabajadora griega.

La última reforma laboral expone a Podemos como lo que es: un partido pro capitalista cuyo historial en el gobierno incluye priorizar las ganancias sobre las vidas en medio de una pandemia que ha provocado más de 122,000 muertes en exceso en España, bañar a las corporaciones y a los bancos con miles de millones de euros y encabezar amenazas de guerra contra una Rusia armada con armas nucleares en medio de la crisis de Ucrania.

Una lucha genuina contra los ataques contenidos en estas reformas laborales solo puede prepararse a través de una rebelión de la clase trabajadora contra los sindicatos y el gobierno PSOE-Podemos. Esto implica una lucha contra el dictado de los bancos y la maquinaria del estado policial que plantea cuestiones políticas clave, sobre todo, la de la perspectiva y la dirección revolucionarias. Esto requiere construir una sección en España del Comité Internacional de la Cuarta Internacional (CICI) para avanzar en la perspectiva de una lucha internacional y revolucionaria de la clase obrera para tomar el poder, expropiar a la aristocracia financiera y construir una sociedad socialista como alternativa al sistema capitalista en bancarrota.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de febrero de 2022)