La cabalgata de medianoche de Paul Revere es uno de los incidentes más celebrados de la Revolución estadounidense de 1775-1783. En la noche del 18 de abril de 1775, el miembro de 40 años de los Hijos de la Libertad atravesó el condado de Middlesex en Massachusetts para advertirles a los revolucionarios en el camino que el ejército británico preparaba un ataque contra los depósitos de armamento en Lexington y Concord el día siguiente. Independientemente del papel de Revere en el resultado de la escaramuza que siguió, su significado fue simbólico: la población fue advertida del peligro a tiempo y se preparó para luchar.
Este Cuatro de Julio, mientras millones rinden homenaje a las tradiciones democráticas e igualitarias de la Declaración de Independencia y la guerra revolucionaria, es necesario hacer otra advertencia sobre un peligro existencial y actual a la democracia. La amenaza no consiste en un invasor extranjero por tierra o mar, sino que proviene desde adentro de la clase gobernante estadounidense y pasa por las instituciones de poder.
Una poderosa red derechista—encabezada por Donald Trump y con lazos profundos al aparato estatal—está involucrada en una conspiración en marcha para establecer una dictadura fascista en suelo estadounidense. Ya quedó claro que el 6 de enero, Trump no actuó solo, sino que contó con poderosos mediadores políticos que le ayudaron a coordinar el complot con cómplices en todas las principales instituciones del Estado capitalista.
A través de su jefe de personal, Mark Meadows, Trump conspiró junto a los 146 senadores y diputados que votaron en contra de certificar los votos del Colegio Electoral. A través de Stephen Bannon, Trump conspiró con grupos fascistas que sirvieron como su músculo. A través de Ginni Thomas, Trump conspiró con varios jueces de la Corte Suprema. A través de los hermanos Flynn y otras figuras ultraderechistas del ejército, Trump obtuvo una ventana de 199 minutos para intentar su golpe de Estado. A través de Jeffrey Clark, buscó conseguir el apoyo o al menos apartar el Departamento de Justicia y el FBI. A través de figuras mediáticas como Sean Hannity, propagó sus mentiras sobre un fraude electoral. A través de su cuenta personal de Twitter, incitó y comunicó sus órdenes a la turba fascistizante.
En la última audiencia ante el Comité sobre el 6 de enero de la Cámara de Representantes, la exasistente de la Casa Blanca, Cassidy Hutchinson, declaró que Trump quería que la multitud de ese día estuviera armada, apoyó los llamados a ahorcar al vicepresidente Mike Pence por permitir la certificación de los resultados del Colegio Electoral e intentó viajar personalmente al Capitolio, donde planeaba dar un discurso en el predio de la Cámara de Representantes anunciando la prórroga del Congreso y su permanencia en el poder como presidente.
Trump casi tiene éxito. Ante una presencia inusualmente escasa de policías y una Guardia Nacional desmovilizada, la turba estuvo a tan solo 12 metros de capturar a Pence.
El Partido Demócrata no realizó ningún intento de oponerse al golpe de Estado de Trump, ni en el periodo previo ni cuando estaba en curso. Durante el golpe, el entonces presidente electo Joe Biden hizo una declaración animando al líder golpista a pronunciarse ante la nación en televisión nacional. Ningún demócrata emitió ni siquiera un tuit llamando a los defensores de la democracia a viajar a Washington. En su libro This Will Not Pass publicado en 2022, los reporteros Jonathan Martin y Alexander Burns relatan que el Partido Demócrata rechazó una oferta de los líderes sindicales de la ciudad cercana de Filadelfia a enviar a miles de trabajadores armados de la construcción para despejar la multitud, dada la ausencia del ejército.
Los años en los que el Partido Demócrata ha atacado políticamente las tradiciones democráticas de la Revolución estadounidense y la guerra civil está socavando la consciencia democrática y fortalecido la posición de Trump. Enfatizando constantemente la política de raza y género, el Partido Demócrata y los medios de comunicación alineados han presentado a los revolucionarios burgueses del siglo dieciocho y diecinueve como nada más que racistas y misóginos cuyos logros no vale la pena defender. Mientras Trump desarrollaba sus planes golpistas el año anterior a la elección, el New York Times promovió su “Proyecto 1619”, el cual denuncia la Revolución estadounidense, describiéndola como una “rebelión de esclavistas” que quería principalmente perpetuar la esclavitud en EE.UU.
Trump, cuyo poder se debe a que sabe que los demócratas tienen miedo de tomar cualquier medida para detenerlo, presuntamente está acelerando sus planes para anunciar su candidatura a la nominación presidencial republicana de 2024.
Esto significa que Trump está preparando otra intentona golpista en 2024. Para ello, ha solicitado el apoyo de la Corte Suprema de EE.UU., una institución con tres magistrados que él mismo nombró (Kavanaugh, Gorsuch, Coney Barrett) y dos con quienes colaboró el 6 de enero (Alito y Thomas).
El Tribunal se está transformando en un ariete de la reacción política desenfrenada cuyas decisiones arrastran al país hacia formas de gobierno dictatoriales. El 24 de junio, el tribunal prohibió el aborto, en una decisión sumamente impopular que inaugura una nueva era de la historia del tribunal basada en la revocación de derechos democráticos ampliamente reconocidos. En las últimas semanas, el tribunal emitió una serie de otras decisiones relacionadas con las regulaciones ambientales, la violencia armada y los poderes policiales, lo que ha llevado a los juristas a reconocer que ésta es la Corte Suprema más reaccionaria en la historia.
Pero la admisión más desnuda de complicidad en el complot en curso de Trump por parte del tribunal se produjo el jueves con el anuncio de que los seis jueces republicanos habían acordado escuchar una demanda en la que la asamblea legislativa estatal de Carolina del Norte, controlada por los republicanos, está pidiendo a la corte que adopte la pseudolegal “teoría de la asamblea legislativa independiente”.
Esta teoría no es otra cosa que una justificación infundada para anular el voto popular. Operando bajo esta teoría en 2020, los abogados y conspiradores de Trump exigieron a las asambleas legislativas estatales controladas por los republicanos que nombraran listas alternativas de electores y anularan el resultado electoral en sus estados. Estas listas alternativas fueron presentadas por grupos de legisladores de Trump en Arizona, Georgia, Míchigan, Nuevo México, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Un fallo a favor de la asamblea legislativa de Carolina del Norte legitimaría tanto política como legalmente el golpe de Estado de Trump en 2020, y también allanaría el camino para un segundo intento. La decisión se emitirá probablemente en junio de 2023, con tiempo suficiente para las elecciones presidenciales de 2024.
La respuesta del Partido Demócrata a los recientes fallos del Tribunal Supremo deja claro que no harán prácticamente nada para detener el complot en curso. La semana pasada, Joe Biden declaró públicamente con bombo y platillo que estaba dispuesto a anular las maniobras obstruccionistas para proteger el aborto, solo para decir en privado a un grupo de senadores que solo hizo esta declaración porque sabía que no había ninguna posibilidad de que ocurriera realmente. En respuesta a la pregunta de un periodista sobre por qué los demócratas no han hecho nada para detener a los tribunales, la vicepresidenta Kamala Harris respondió: “¿Hacer qué ahora?”. Mientras tanto, los demócratas presiden el aumento de la inflación, el empeoramiento de la pandemia y están llevando a cabo una guerra que podría conducir a un desastre nuclear. Están perdiendo apoyo y preparándose para devolver el control del Congreso a los republicanos de Trump en las elecciones de mitad de período.
La clase trabajadora en EE.UU. e internacionalmente debe ser advertida del peligro en curso y movilizada a tiempo para detenerlo. Esta movilización requerirá enraizar la lucha por la democracia en la lucha de clases, vinculando a los trabajadores a través de una red de comités de acción de lucha para combatir el impacto devastador de la inflación y el aumento del costo de vida y defender los derechos democráticos de toda la población. Significa basar la lucha por la democracia en la lucha contra el sistema capitalista, acabando con la oligarquía, expropiando su riqueza, poniendo sus empresas bajo propiedad pública y reorganizando la economía mundial bajo el control democrático de la clase obrera internacional.
(Publicado originalmente en inglés el 4 de julio de 2022)