El Gobierno derechista del Partido Progresista Conservador de Ontario, Canadá, está impulsando por vía rápida un proyecto de ley en el Parlamento provincial que criminalizaría una huelga programada de 55.000 conserjes escolares, asistentes educativos, educadores de la primera infancia y personal administrativo.

La huelga está programada para el viernes después de un contundente voto de 96,5 por ciento a favor de autorizarla. Los trabajadores menos remunerados en el sector educativo, el personal de apoyo, están decididos a revertir los años de recortes salariales reales y garantizar un financiamiento mayor para un sistema educativo desangrado por décadas de austeridad.

El primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, y el ministro de Educación, Stephen Lecce, están utilizando su draconiana prohibición de huelgas para recortar aún más y masivamente los salarios reales por medio de decretos arbitrarios. Los contratos de cuatro años que van a imponer en virtud de la Ley Manteniendo a los Niños en las Escuelas, un nombre verdaderamente orwelliano, incluirán un alza salarial anual máxima de tan solo 2,5 por ciento, cuando la inflación de la canasta básica supera el 10 por ciento. Los contratos impuestos a la fuerza también recortarían las licencias remuneradas por enfermedad y las disposiciones sobre seguridad laboral. Cualquier trabajador que desafíe la prohibición de la huelga se enfrenta a una posible multa de $4.000 por cada día y $500.000 por día para los sindicatos.

Ford y Lecce han declarado públicamente que su “convenio colectivo” ilegítimo será el modelo para los nuevos contratos de 200.000 docentes de Ontario. Pero, su arremetida contra los salarios y los derechos democráticos de los educadores es un ataque contra toda la clase trabajadora. Su intención es aplastar la resistencia a sus recortes generalizados en la educación y otros servicios públicos y apuntalar el impulso de la patronal para imponer enormes recortes a los salarios reales de los trabajadores del sector privado canadiense por medio de la inflación.

A fin de hacer valer su prohibición de huelga y contratos propatronales, Ford está invocando la “cláusula notwithstanding ” (no obstante) de la Constitución de Canadá, una disposición antidemocrática y poco utilizada hasta hace poco. Esta cláusula permite que las autoridades federales y provinciales promulgue leyes que violan los derechos democráticos fundamentales supuestamente garantizados por la Carta de Derechos y Libertades de Canadá y que los tribunales no las puedan abrogar. El recurso de Ford a la cláusula notwithstanding es una admisión tácita de que su Gobierno está violando los derechos democráticos fundamentales y busca normalizar tales acciones autoritarias.

El Gobierno federal del Partido Liberal criticó el uso de la cláusula notwithstanding por parte de Ford pero no se ha opuesto a su ley rompehuelgas. Tal doblez no es una sorpresa. El Gobierno del primer ministro Justin Trudeau ha violado rutinariamente los derechos de los trabajadores, amenazando o rompiendo las huelgas por medio de leyes de regreso al trabajo. Esto incluye la ilegalización de los paros de los trabajadores del correo en 2018 y de una huelga en el puerto de Montreal en 2021. Trudeau representa una facción de la élite gobernante canadiense que, así como Biden en EE.UU., prefiere utilizar la burocracia sindical para llevar a cabo los ataques al pueblo trabajador en vez de poner en riesgo un enfrentamiento directo entre los trabajadores y el Estado.

La destrucción de los derechos de los trabajadores por parte de la élite capitalista es un fenómeno mundial. En Estados Unidos, el Gobierno de Biden confabuló con la burocracia sindical y las empresas ferroviarias para bloquear temporalmente una huelga de más de 120.000 trabajadores ferroviarios en septiembre. Si los sindicatos ferroviarios no consiguen imponer otra ronda de concesiones masivas, el Congreso estadounidense, dirigido por los demócratas, ha prometido intervenir y prohibir cualquier huelga.

En Francia, el odiado presidente Emmanuel Macron requisó recientemente a los trabajadores de las refinerías de petróleo para poner fin a una huelga de dos semanas que redujo el suministro de combustible en gran parte del país. Y en Reino Unido, el Gobierno conservador de derecha está a punto de adoptar una legislación que ilegalizará de forma efectiva las huelgas en sectores clave como el transporte aéreo, por carretera y ferroviario.

La derogación de los derechos de los trabajadores por parte de los Gobiernos profundamente impopulares en Norteamérica y Europa pone en ridículo las incesantes afirmaciones de estos mismos regímenes de que defienden la “democracia” y los “derechos humanos” contra las “agresiones rusas” en Ucrania. Estos ataques subrayan que los trabajadores de los centros imperialistas no tienen esencialmente ningún derecho democrático, al menos no cuando estos obstaculizan la agenda de austeridad y guerra de clases de la élite gobernante en casa y sus operaciones militares en el extranjero.

La destrucción sistemática de los derechos de los trabajadores es parte de un giro consciente hacia formas autoritarias de gobierno por parte de la burguesía en todos los países importantes. Este proceso encontró su expresión más clara en el intento de golpe fascista de Trump el 6 de enero de 2021, para anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos.

El impulso hacia la dictadura tiene sus raíces en la profundización de la crisis capitalista que está alimentando el peligro de una tercera guerra mundial librada con armas nucleares y llevando la desigualdad social a niveles sin precedentes. Los salarios de los trabajadores, las ayudas sociales y los servicios públicos de los que dependen cientos de millones de personas están siendo sacrificados para rellenar los saldos bancarios de los súper ricos y financiar la maquinaria de guerra imperialista.

Mientras Ford afirma que “no hay dinero” para algo más que un “aumento” salarial del 2,5% anual para los ya mal remunerados trabajadores de apoyo a la educación, muchos de los cuales necesitan un segundo empleo para llegar a fin de mes, el Gobierno federal liberal de Canadá ha gastado más de $US600 millones en la guerra de EE.UU. y la OTAN contra Rusia desde febrero.

El Gobierno federal liberal también entregó un rescate masivo de 650 mil millones de dólares a los bancos y a las principales corporaciones al comienzo de la pandemia de COVID-19, y luego presidió una campaña para reabrir las empresas y las escuelas, lo que ha dado lugar a siete olas masivas de contagios y muertes. Mientras tanto, una reciente encuesta nacional reveló que uno de cada cinco canadienses se salta comidas porque no puede permitirse comprar alimentos. Estas flagrantes contradicciones entre la riqueza y la miseria no pueden mantenerse democráticamente.

La única respuesta apropiada de los trabajadores de apoyo a la educación ante la ley antihuelgas de Ford es luchar por la movilización de los profesores y de todos los trabajadores en una campaña masiva de resistencia. Una campaña de este tipo podría movilizar el apoyo de las masas y tendría éxito: todos los trabajadores de Ontario, el resto de Canadá y de todo el mundo tienen un interés directo en defender el derecho a la huelga, en luchar por un sistema de educación pública bien financiado y en conseguir aumentos salariales y de las prestaciones que superen la inflación.

Esta es precisamente la estrategia a la que se oponen amargamente los sindicatos corporativistas, dirigidos tanto en Canadá como a nivel internacional por un aparato burocrático de funcionarios con altos ingresos. Los sindicatos Canadian Labour Congress (CLC) y la Ontario Federation of Labour (OFL) han emitido declaraciones vacías de “solidaridad” con los trabajadores de apoyo a la educación que no comprometen a estas organizaciones con millones de miembros a hacer nada. Los cuatro sindicatos de profesores de Ontario están desempeñando un papel repugnante, ordenando a sus miembros que se presenten a trabajar el viernes para cumplir con sus “obligaciones contractuales” y advirtiéndoles que no se unan a los piquetes de huelga ni a protestas durante las “horas de trabajo”.

Reconociendo el enfado masivo entre los trabajadores de apoyo a la educación, el Ontario School Board Council of Unions (OSBCU) y su ente matriz, el sindicato Canadian Union of Public Employees (CUPE), se han visto obligados a convocar un paro que calificaron como “protesta política” a partir del viernes.

Pero CUPE, el mayor sindicato de Canadá con más de 700.000 afiliados, sigue insistiendo, frente a la ley antihuelgas, en que se puede llegar a un acuerdo con Ford y Lecce mediante “negociaciones” en la “mesa de diálogo”. Para atraer al Gobierno a reanudar el diálogo, el CUPE redujo el miércoles su demanda de aumento salarial anual del 11,7 por ciento al 6 por ciento.

Los sindicatos CUPE y OSBCU se han negado a hacer un llamamiento para una lucha unida de los 200.000 profesores cuyos contratos expiraron el mismo día que el de los trabajadores de apoyo a la educación, por no hablar de toda la clase obrera en general. Mientras Ford demostró mediante el uso de la cláusula notwithstanding que está dispuesto a utilizar todas las armas represivas a su disposición para derrotar a los trabajadores de apoyo a la educación, el CUPE está haciendo todo lo posible para aislar y sabotear su lucha.

El CUPE anunció que no habrá piquetes de huelga en las escuelas durante el paro del viernes. En cambio, los trabajadores tienen instrucciones de concentrarse frente a la Asamblea Legislativa de Ontario, o “protestar” frente a las oficinas de los políticos conservadores progresistas locales y escribir correos electrónicos a Ford rogándole que “negocie”. En realidad, no hay nada que “negociar” con un Gobierno que ha destrozado el sistema de negociación colectiva reescribiendo las normas para imponer sus propias exigencias.

Los sindicatos justifican su llamado a una “protesta política” presentándola como una táctica inteligente. Al “protestar” en lugar de ir a la huelga, o al menos así lo afirman los burócratas, los trabajadores no estarán violando la prohibición de la huelga. En realidad, lo que declaran es que limitarán la huelga a una inútil campaña de presión destinada a persuadir a Ford y a Lecce de que endulcen su píldora venenosa. Su principal preocupación es defender a toda costa el reaccionario sistema de negociación colectiva, ya que es esta monstruosidad antiobrera y controlada por el Estado la que les asegura sus relaciones privilegiadas con los ministros y los ejecutivos de las empresas.

Estos lazos corporativistas son evidentes en la alianza entre los liberales oficialistas, los socialdemócratas del Nuevo Partido Democrático y los sindicatos a nivel federal. Esta alianza, comprometida a garantizarle una mayoría parlamentaria al Gobierno minoritario de Trudeau hasta junio de 2025, tiene como objetivo suprimir la lucha de clases en casa y librar guerras en nombre del imperialismo canadiense en el extranjero.

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Para derrotar la prohibición de huelga del Gobierno de Ford, los trabajadores de apoyo a la educación deben tomar las riendas de la lucha en sus propias manos, arrebatándoselas a la burocracia sindical construyendo una red de comités de base para liderar una campaña masiva de resistencia. Deben romper con las ataduras del entramado de negociación colectiva uniendo su lucha con la de los maestros y movilizando el apoyo de toda la clase obrera para tumbar el Gobierno de Ford. La lucha por salarios dignos, seguridad laboral, una educación pública plenamente financiada y la protección de los derechos de los trabajadores es incompatible con el dominio de la vida social y política por parte de la oligarquía financiera. Lo que hace falta es una redistribución de los vastos recursos de la sociedad para atender las necesidades sociales en vez de las ganancias privadas. Esto exige ante todo la lucha por un Gobierno obrero comprometido con las políticas socialistas.

Dado que a ofensiva contra los derechos de la clase obrera está arraigada en una crisis sistémica del capitalismo global, los trabajadores deben adoptar una respuesta internacional unida. Los aliados más poderosos de los educadores en Ontario son los trabajadores de todo el mundo —sean los ferroviarios y educadores de EE.UU., los trabajadores de las refinerías en Francia o los trabajadores sanitarios y del transporte en Reino Unido— no los burócratas sindicales que buscan una solución “negociada” junto a sus “socios” del Gobierno. Consecuentemente, el desarrollo de una lucha auténtica contra la austeridad capitalista y la represión estatal depende de la construcción de la Alianza Internacional Obrera de los Comités de Base .

(Publicado originalmente en inglés el 2 de noviembre de 2022)