El asesinato de dos manifestantes más en Panamá el martes ha intensificado aún más el movimiento de huelgas, protestas masivas y bloqueos que ha paralizado gran parte del país por tres semanas para exigir el fin de la minería en Panamá.

El movimiento se desencadenó cuando la Asamblea Nacional y el Gobierno del derechista Partido Revolucionario Democrático (PRD) del presidente Laurentino Cortizo aprobaron a toda prisa la renovación por 40 años de la concesión de la mayor mina del país a la transnacional First Quantum, con sede en Canadá.

La decisión desconoció flagrantemente un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de 2017 contra el contrato vigente de la Minera Panamá, que produce cobre y es la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica. El Ministerio de Ambiente advirtió que el nuevo acuerdo simplemente ignoraba un historial de tala e inundación con relaves mineros de miles de hectáreas de selva tropical caribeña más allá de la zona concedida.

Incluso Bloomberg escribió en marzo que “revisó cientos de documentos oficiales que revelan incumplimientos y posibles perjuicios ambientales por parte de First Quantum al patrimonio panameño, que es parte del Corredor Biológico Mesoamericano”.

La aprobación expedita tocó un nervio entre amplios sectores que han sido testigos de cómo la pequeña oligarquía local y sus representantes políticos se llenan los bolsillos mientras convierten el país en un patio de recreo para el capital financiero global. En medio de los alardes del crecimiento económico más rápido de la región y de haberse convertido en el “Singapur latinoamericano”, la enorme riqueza y el lujo se han amontonado junto a una amplia pobreza y austeridad social.

El 23 de octubre, tres días después de la votación en el Congreso, los profesores iniciaron una huelga nacional que aún continúa, los estudiantes cerraron la Universidad de Panamá, decenas de miles de trabajadores se unieron a las manifestaciones en múltiples ciudades y los trabajadores y grupos indígenas bloquearon puntos clave de la carretera panamericana.

La mina, que produce alrededor del 1,5 por ciento de la producción mundial de cobre, ha podido continuar sus operaciones dada su ubicación junto al Puerto Internacional de Punta Rincón. No obstante, durante la primera semana de protestas, los pescadores intentaron bloquear brevemente el puerto con sus embarcaciones.

El presidente Cortizo ha intentado apaciguar las protestas decretando la prohibición indefinida de futuras concesiones y renovaciones mineras, y planteando la idea de un referéndum; sin embargo, el Congreso y Cortizo han rechazado la principal demanda del cierre de la mina de First Quantum y se limitan a esperar un nuevo fallo de la Corte Suprema.

Al mismo tiempo, la clase dominante ha respondido con represión policial y una avalancha de propaganda criminalizando las manifestaciones.

En este contexto, Kenneth Darlington, de 77 años, abogado jubilado con nacionalidades estadounidense y panameña, se enfrentó el martes a los educadores que bloqueaban la carretera panamericana en Chame y mató a tiros al profesor de primaria Abdiel Díaz Chávez y a Iván Rodríguez Mendoza, marido de una educadora. Darlington fue detenido en el lugar de los hechos.

Los vídeos del asesinato a sangre fría contra estos manifestantes desarmados se compartieron rápidamente en las redes sociales, enfureciendo a amplios sectores de la población. En semanas anteriores, un maestro de Chiriquí, Tomás Cedeño García, y el manifestante Agustín Morales, de Colón, habían sido atropellados y asesinados en controles de carretera, mientras que la represión policial ha causado numerosos heridos y centenares de detenciones.

El país se ha visto sacudido por varias huelgas y protestas masivas en los últimos años. Solo el año pasado, los docentes, trabajadores de la construcción, camioneros, estudiantes y comunidades indígenas paralizaron el país en protesta por la inflación galopante, que recortó aún más su nivel de vida. Oficialmente, más de una quinta parte del país vive por debajo del umbral de la pobreza, pero la cifra supera el 80 y el 90 por ciento en las regiones orientales y predominantemente indígenas.

Las consignas y cánticos de las actuales protestas culpan a toda la élite política de “vender” el futuro del país. Un profesor que marchaba el miércoles en Ciudad de Panamá lo resumió en Twitter (X): “Por 33 años, siete Gobiernos han destruido progresivamente el país”.

Sin embargo, durante todo el Gobierno de Cortizo y los de sus predecesores, las burocracias sindicales de los maestros y los trabajadores de la construcción que encabezan las protestas, Asoprof y SUNTRACS, se han dedicado a canalizar el malestar detrás de negociaciones con los gobernantes. Esto no ha servido de nada para detener los recortes en Educación y Salud exigidos por el FMI, la prostitución del país como paraíso fiscal para los ricos del mundo, o las interminables concesiones corruptas a empresas privadas utilizadas para entregar el erario público y los recursos naturales.

Mientras pronuncian frases que suenan radicales, los burócratas sindicales se han vuelto a concentrar en hacer llamamientos y entregar peticiones al Gobierno de Cortizo y a la Asamblea Nacional. Han combinado la exigencia de derogar la concesión minera con una incansable promoción del nacionalismo, presentando esto como una “lucha patriótica” y a los muertos como “mártires nacionales”. Esta estrategia solo sirve para aislar la lucha.

Las protestas masivas en Panamá solo son “nacionales” en el sentido más superficial. No se trata simplemente de una lucha de los panameños contra una empresa canadiense codiciosa y contaminante. Es parte de un resurgimiento global de la lucha de clases contra la brutal subyugación neocolonial y las guerras del eje EE.UU.-OTAN, que intenta hacerse del control de las ubicaciones y los recursos estratégicos. Panamá tiene ambas cosas.

Las élites corporativas y financieras tratan de imponer todas las cargas económicas, ecológicas y sociales de la reestructuración de industrias enteras y los preparativos de guerra sobre los trabajadores y otras capas oprimidas.

El aumento de la demanda mundial de cobre, litio y otros minerales estratégicos no se debe a la preocupación por el cambio climático, sino a la competencia por nuevos mercados como el de vehículos eléctricos y, sobre todo, a la pugna geopolítica por la hegemonía mundial liderada por el eje Estados Unidos-OTAN.

Aún más crítico que el cobre, el canal de Panamá gestiona el 6 por ciento del comercio mundial, conectando 1.700 puertos en 160 países. Ya se ha visto obligado a reducir su velocidad debido a las sequías. Cualquier amenaza a su funcionamiento y a los centros de operaciones de transnacionales ubicadas en Ciudad de Panamá conlleva implicaciones masivas para las cadenas de suministro mundiales, ya tensas por la guerra y los años de pandemia.

En última instancia, los trabajadores de Panamá se enfrentan a las élites dominantes imperialistas más poderosas. Las firmas de Wall Street han rebajado la calificación crediticia de Panamá y en los medios internacionales han aparecido advertencias de que las protestas no solo sientan un precedente desfavorable para los inversores en Panamá, sino que pueden alterar los planes del capital financiero mundial en general.

El investigador de la Universidad de Columbia Adrian Duhalt declaró a El País: “Lo que estás viendo en Panamá, anticipo que vamos a ver más ejemplos de esos en países con contextos similares, como en el resto de Centroamérica, en África, en algunos países de Sudamérica”.

La lucha contra los gigantes mineros y energéticos en países económicamente rezagados forma parte de la misma lucha de los trabajadores de la industria automotriz y de otras industrias en Norteamérica y más allá en defensa de sus empleos y niveles de vida frente a los planes de cientos de miles de despidos como parte de la transición a los vehículos eléctricos y la automatización.

Hace casi 34 años, en diciembre de 1989, el Gobierno de George H. W. Bush lanzó la “Operación Causa Justa”, una invasión de Panamá en la que participaron 26.000 soldados, supuestamente para capturar a un solo hombre: el dictador Manuel Noriega, anteriormente un activo de la CIA. La agresión, que incluyó el bombardeo indiscriminado de la barriada de El Chorrillo, en los alrededores del cuartel general militar panameño, se saldó con la muerte de miles de civiles, cuyo número real aún se desconoce.

Este fue el primer disparo de una violenta erupción del imperialismo estadounidense para asegurar su hegemonía mundial en respuesta a la inminente disolución estalinista de la URSS de la época. Esta agenda ha conducido hoy al genocidio de Gaza, que forma parte de los planes del eje EE.UU.-OTAN de guerra contra Irán, Rusia y China. No hay límites a la brutalidad con la que el imperialismo ejecutará sus intereses.

Mientras tanto, como lo demuestra su hostilidad hacia los manifestantes y sus políticas regresivas, incluidas las medidas para desviar los ingresos del canal a sus propias cuentas bancarias, la burguesía panameña es totalmente hostil a la clase obrera. Sus intereses de clase están subordinados a atraer capital extranjero ofreciendo bajos impuestos y desregulación laboral y ambiental. Un aspecto inherente a este arreglo a lo largo de la historia ha sido la corrupción.

Tampoco se trata únicamente de una “lucha ecológica”, como la presenta gran parte de la prensa. Aunque la protección de los bosques y las cuencas oceánicas y fluviales es de enorme importancia, las protestas y referencias al “futuro de Panamá” son esencialmente sobre cuál clase social controla la sociedad y la economía global: los capitalistas con base en las ganancias y la guerra, o la clase obrera internacional con base en atender las necesidades sociales.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 10 de noviembre de 2023)