La abrupta intervención de la Corte Suprema de Texas para bloquear un aborto médicamente necesario no solo es una injusticia monstruosa. Epitomiza la putrefacción hasta la médula de todo el orden social en Estados Unidos, donde todos los derechos humanos fundamentales están colapsando o bajo ataque.

Kate Cox es una mujer de Texas de 31 años cuya “vida y futura fertilidad” estaban en peligro por un embarazo caracterizado por graves problemas médicos, según sus doctores y abogados. Su feto fue diagnosticado con una anormalidad letal y sus doctores le aconsejaron que “probablemente resulte en una muerte fetal o, en el mejor de los casos, su bebé vivirá por minutos, horas o días”. Además de esto, ella enfrentaba el riesgo de complicaciones debilitantes a largo plazo porque sus dos embarazos previos habían requerido cesarías. Según continuaba su embarazo, su condición empeoró y tuvo que ser llevada a Emergencias al menos cuatro veces.

Su doctora, Damla Karsan, recomentó un aborto. Pero, debido a una nueva ley draconiana de Texas que criminaliza a cualquiera que realice o “asista” en un aborto ilegal, Cox y la Dra. Karsan buscaron la aprobación de emergencia de un tribunal para un aborto médicamente necesario. El 7 de diciembre, la jueza distrital de Texas, Maya Gamble, concedió la aprobación por emergencia.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, exigió que interviniera la Corte Suprema de Texas con carácter de urgencia para anular el fallo de la jueza distrital. También envió cartas amenazantes a los hospitales en Houston donde se consideraba que Cox quizás intentaría hacerse el procedimiento, amenazando a los doctores con “cargos por delito grave de primer grado”, que involucran una posible cadena perpetua, así como multas de $100.000 si Cox recibía un aborto. Paxton argumentó que “está en juego la vida de un bebé nonato” y que “el derecho tejano no permite los abortos solamente porque el bebé nonato tiene bajas probabilidades de vivir prolongadamente fuera del útero”.

Paxton es un villano famoso, incluso para los estándares de la política estatal tejana. Más temprano este año fue sometidos a un juicio político por cargos de corrupción y por poco evita una condena penal. Es un especialista en utilizar el sistema judicial para llevar a cabo provocaciones fascistizantes, como utilizar sus facultades de fiscal general para bloquear cualquier intento de combatir el COVID-19 y para defender el uso de un alambre de cuchillas para atrapar y ahogar a los refugiados que intentan cruzar el río Bravo en la frontera con México.

El lunes, pocas horas después de que Cox notificara a la Corte Suprema de Texas que intentaría irse del estado para obtener un aborto en otra parte, los jueces emitieron un fallo a favor de Paxton.

La decisión emplea el lenguaje de la ultraderecha fundamentalista cristiana, refiriéndose al feto de Cox como un “bebé nonato”. Al anular el fallo de la jueza distrital, la Corte Suprema decidió que Cox no había demostrado que “estaba en riesgo de morir” ni que su embarazo “presentaba un riesgo grave de una discapacidad sustancial para una función corporal importante a menos que se llevara a cabo el aborto”.

En otras palabras: ¡Quizás quede lisiada y desfigurada pero probablemente sobreviva!

Pisoteando el consejo científico y médico de un doctor preocupado por la seguridad de un paciente, la decisión de la Corte Suprema de Texas resuena con los ataques más desquiciados de los funcionarios republicanos contra los profesionales médicos vinculados al combate contra el COVID-19. Este planteamiento coloca a los médicos en una posición imposible, obligándolos a elegir entre la negligencia profesional, por un lado, descuidando la salud y la seguridad de sus pacientes, y, por otro, el enjuiciamiento y la cárcel, en caso de que algún ignorante de toga negra anuncie más tarde que el procedimiento no era apropiado.

La conducta de Paxton y de la Corte Suprema de Texas desenmascara la profesada preocupación de los republicanos por “la vida de la madre”, que supuestamente se refleja en las “excepciones” escritas en algunas prohibiciones del aborto que se han promulgado en estados controlados por los republicanos. En la práctica, estas “excepciones” pueden ser ignoradas arbitrariamente.

Esta decisión del más alto tribunal del segundo estado más poblado de Estados Unidos, contra la que no cabe recurso, sirve de luz verde para que jueces de estados con leyes similares perpetren farsas similares. Y aunque Cox pudo permitirse viajar a otro estado para someterse a la intervención, muchas mujeres y niñas de clase trabajadora no podrán permitirse ese lujo. Sin acceso a una atención médica profesional, recurrirán en su lugar a perchas y píldoras de contrabando, independientemente de las leyes vigentes.

El peso opresivo de estas leyes fundamentalistas religiosas, por lo general, recae específicamente sobre la clase trabajadora. Las mujeres ricas y sus familias siempre podrán permitirse un aborto en otro estado o país, o bien un procedimiento seguro y discreto allí donde es oficialmente ilegal.

El revolucionario ruso León Trotsky describió en una ocasión el derecho de la mujer al aborto como “uno de sus derechos civiles, políticos y culturales más importantes”. En el mundo moderno, este derecho no solo es esencial para la autonomía física y la libertad individual, sino para la participación en pie de igualdad en la vida social y política. En La revolución traicionada (1936), Trotsky calificó la derogación por parte del régimen estalinista del derecho al aborto, que había sido garantizado por la Revolución de Octubre de 1917, como una de sus muchas grandes traiciones.

El derecho al aborto nunca ha sido plenamente reconocido en Estados Unidos. En 1973, la histórica sentencia de la Corte Suprema en el caso Roe contra Wade lo confirmó parcialmente por motivos constitucionales, pero el verano pasado fue revocado en el caso Dobbs contra Jackson Women's Health Organization.

El fallo en el caso Dobbs dio paso a la pesadilla actual en el estado de Texas. También abrió las compuertas a ataques pseudojurídicos no solo contra el derecho al aborto, sino contra un siglo de reformas democráticas: el derecho de sufragio, la no discriminación, los derechos de los acusados de delitos penales, los derechos contra la brutalidad policial, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la libertad sexual, el derecho de huelga y el derecho a la intimidad han sido todos puestos en la guillotina.

El fallo de la Corte Suprema de Texas se dictó cuando el Gobierno de Estados Unidos y sus títeres en Israel inician el tercer mes de su genocidio deliberado contra la población de Gaza. Mientras los republicanos insistían cínicamente en la “santidad de la vida humana” durante su campaña vengativa contra una enferma embarazada de Texas, se han posicionado como los más sanguinarios defensores del asesinato masivo de palestinos. En palabras del congresista republicano de Ohio, Max Miller, “Palestina se convertirá en un estacionamiento”.

La violencia militar en el exterior y el desmantelamiento de los derechos democráticos en el interior son procesos interrelacionados, como ha insistido el World Socialist Web Site a lo largo de décadas de agresiones militares ininterrumpidas por parte de Estados Unidos. No se puede esperar que un Gobierno que puede salirse con la suya asesinando a decenas de miles de trabajadores y niños inocentes en el extranjero respete los derechos de los trabajadores y los niños dentro de sus propias fronteras. En flagrante violación de la libertad de expresión y de la libertad académica, el Gobierno estadounidense ya está organizando audiencias inquisitoriales para exigir que las universidades repriman el estallido de la oposición popular a los crímenes de guerra que se están perpetrando en Gaza.

En el curso de este prolongado proceso, el poder judicial estadounidense en particular ha sufrido un colapso masivo de su prestigio y legitimidad. La mística de las togas negras y los majestuosos salones de justicia se está disipando rápidamente, a medida que jueces de extrema derecha como Clarence Thomas de la Corte Suprema alardean sobre su corrupción a la vista de todos. Resulta que los jueces son capaces de tanta corrupción, estupidez y tiranía como los políticos pertenecientes a los otros poderes del Estado.

Mientras tanto, la conducta extremadamente provocadora de la extrema derecha fundamentalista cristiana es un reflejo inverso de la estrechez de su base social de apoyo. En Estados Unidos, al menos el 70 por ciento de la población apoya el derecho al aborto. Sin embargo, ese sentimiento popular no logra manifestarse a través de una élite política completamente hostil a las necesidades y aspiraciones de la gran mayoría de la población.

A pesar de un puñado de iniciativas simbólicas y verbales con fines puramente electorales, los demócratas se han cruzado de brazos mientras los republicanos llevan a cabo su embestida contra los derechos reproductivos, como parte de los intentos de los demócratas por lograr la “unidad bipartidista” en apoyo a las operaciones militares imperialistas del Gobierno de Biden en Europa del este, Oriente Próximo y el este asiático.

Como lo comienzan a comprender los trabajadores en Estados Unidos y en todo el mundo, el Estado capitalista, los partidos políticos capitalistas y los tribunales capitalistas no son garantes confiables de los derechos democráticos básicos. De hecho, representan las fuerzas más hostiles y destructivas de esos derechos. Esto refleja la tendencia fundamental del capitalismo en su periodo final, que no se dirige hacia la democracia sino hacia la dictadura y la guerra.

El derecho absoluto e incondicional al aborto y todos los demás derechos fundamentales necesarios para la completa emancipación humana se garantizarán de forma definitiva y permanente en la lucha por sustituir el capitalismo por el socialismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 12 de diciembre de 2023)