El jueves y viernes de esta semana, se iniciará el caso extraordinario iniciado en la Corte Internacional de Justicia contra el Estado de Israel bajo la Convención sobre Genocidio de 1948.

Esta imputación fue iniciada por Sudáfrica mediante una acusación formal presentada el 29 de diciembre, que describe la embestida en marcha de las Fuerzas Armadas israelíes contra la población civil de Gaza como “genocida” porque “tiene como objetivo específico la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, en violación de la Convención sobre Genocidio.

La acusación de 84 páginas ante la CIJ es un texto denso con 574 notas al pie de página, casi todas de las cuales cita un reporte o documento más largo y detallado. Presenta un caso devastador y contundente.

Hasta el 29 de diciembre, la denuncia de Sudáfrica documentaba la muerte de “más de 21.110 palestinos, entre ellos más de 7.729 niños, y más de 7.780 desaparecidos, presuntamente muertos bajo los escombros”. Además de estas muertes, “más de 55.243 palestinos” han resultado heridos, muchos de ellos con amputaciones u otras desfiguraciones permanentes.

La denuncia continúa: “Israel también ha arrasado amplias zonas de Gaza, incluidos barrios enteros, y ha dañado o destruido más de 355.000 viviendas palestinas”. Esta campaña de bombardeos ha forzado “la evacuación de 1,9 millones de personas, o el 85 por ciento de la población de Gaza, de sus hogares”. El ejército israelí está empujando a estos desplazados “a zonas cada vez más pequeñas, sin refugio adecuado, en las que siguen siendo objeto de ataques, asesinatos y heridas”.

La campaña de bombardeos no es solo “indiscriminada”. En una sección titulada “Destrucción de la vida palestina en Gaza”, la denuncia documenta la destrucción selectiva y sistemática por parte de Israel de tribunales, bibliotecas, universidades, museos, estructuras históricas, lugares religiosos, escuelas, edificios que albergan registros y artefactos históricos, e incluso cementerios.

La denuncia también documenta la obstaculización israelí del suministro de “alimentos esenciales, agua, medicinas, combustible, refugio y otro tipo de ayuda humanitaria para el pueblo palestino asediado y bajo un bloqueo”. Además, cita las advertencias de expertos de que “las muertes silenciosas y lentas causadas por el hambre y la sed corren el riesgo de superar las muertes violentas ya causadas por las bombas y misiles israelíes”.

“La mayor parte del pueblo palestino de Gaza se está muriendo de hambre”, afirma la denuncia, “con niveles de inanición que aumentan a diario”. La denuncia cita pruebas recogidas por la Organización Mundial de la Salud de que un “nivel sin precedentes del 93 por ciento de la población de Gaza se enfrenta a niveles de crisis de hambre, dada la insuficiencia de alimentos y los altos niveles de desnutrición”.

Aproximadamente el 70 por ciento de las víctimas de la operación israelí han sido mujeres y niños: “Se estima que cada hora mueren dos madres en Gaza”. La denuncia también acusa a Israel de imponer deliberadamente “medidas destinadas a impedir los nacimientos de palestinos” mediante el bloqueo de suministros médicos.

La denuncia yuxtapone este detallado relato basado en hechos de la embestida de Israel contra Gaza con las declaraciones de intención genocida que salen directamente de la boca de los dirigentes israelíes, entre ellos el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien declaró el 28 de octubre: “ Hay que recordar lo que Amalec les ha hecho”, refiriéndose a un pasaje bíblico que dice: “Ve, pues, y ataca a Amalec, y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él; mata a hombres y a mujeres, a niños y hasta a los de pecho...”.

El 7 de octubre, Nissim Vaturi, vicepresidente de la Knéset y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores y Seguridad, escribió: “Ahora todos tenemos un objetivo común: borrar la Franja de Gaza de la faz de la tierra. Los que no se atrevan serán sustituidos”.

El 9 de octubre, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, declaró que Israel estaba “imponiendo un asedio total a Gaza. Sin electricidad, sin comida, sin agua, sin combustible”. El 11 de noviembre, el ministro de Agricultura de Israel declaró: “Ahora estamos haciendo realidad la Nakba de Gaza”, en referencia a la Nakba de 1948, en la que más del 80 por ciento de la población palestina se vio obligada a abandonar sus hogares.

El 6 de noviembre, Giora Eiland, general de división reservista del ejército israelí, escribió que Israel “necesita crear una crisis humanitaria en Gaza... Gaza se convertirá en un lugar donde ningún ser humano podrá existir”. Añadió que “graves epidemias en el sur de la Franja de Gaza nos acercarán a la victoria”.

Los miembros de la Knéset israelí han pedido en repetidas ocasiones que Gaza sea “aniquilada”, “aplanada”, “borrada” y “aplastada... sobre todos sus habitantes”. Mientras tanto, los “mensajes genocidas” se “difunden rutinariamente –sin censura ni sanción— en los medios de comunicación israelíes”. Entre ellos, “Gaza debe ser arrasada” y “hay 2,5 millones de terroristas”, refiriéndose a toda la población palestina.

Previendo que los funcionarios israelíes invocarán los acontecimientos del 7 de octubre para justificar su conducta, la denuncia señala que en todo el siglo XXI previo al 7 de octubre de 2023, “aproximadamente 7.569 palestinos, incluidos 1.699 niños” fueron asesinados en “cuatro guerras asimétricas”.

Desde su presentación, la acusación de Sudáfrica ha sido respaldada por al menos 60 países, entre ellos toda la Organización de Países Islámicos, que incluye a Arabia Saudita, Pakistán e Irán, junto con Malasia, Turquía, Jordania y Bolivia.

La denuncia, sin embargo, no tendrá ningún efecto sobre la continuación del genocidio israelí, ni sobre el apoyo de las potencias imperialistas. El régimen de Netanyahu la tildó de “ridícula” y “una absurda calumnia de sangre”.

El portavoz de seguridad nacional de la Administración de Biden, John Kirby, respondió a la acusación de Sudáfrica calificándola de “infundada, contraproducente y sin base alguna en los hechos”. Matt Miller, portavoz del Departamento de Estado, afirmó que el Gobierno estadounidense “no está viendo ningún acto que constituya genocidio”.

Los principales periódicos y telediarios estadounidenses se han sumado a estas evasivas, negándose a informar sobre los hechos contenidos en la acusación.

La CIJ, a veces llamada Corte Mundial, es el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas. La denuncia presentada por Sudáfrica puede tardar años en abrirse camino a través de los procedimientos de la CIJ, que incluirán la presentación formal de pruebas y argumentos. Las audiencias de esta semana se centrarán en la solicitud de “medidas preliminares” de la demanda, incluida la petición sudafricana de que se ordene a Israel que “cese inmediatamente los asesinatos y los graves daños psicológicos y corporales a la población palestina de Gaza”.

Ciertamente hay suficientes pruebas fácticas descritas en la denuncia para justificar no solo el cese inmediato de las operaciones de Israel en Gaza, sino la detención inmediata de todo el Gobierno israelí, junto con sus cómplices en Washington y las demás capitales imperialistas. Cada día que pasa mientras estos criminales de guerra siguen en libertad es un escándalo y una condena de todo el orden social capitalista y de todas sus instituciones en todo el mundo.

La denuncia ante la CIJ también supone una refutación devastadora de los intentos en muchos países de deslegitimar y criminalizar toda crítica al Gobierno israelí calificándola de “antisemitismo”.

Las abrumadoras pruebas fácticas de que Israel está cometiendo un genocidio también conciernen a las leyes nacionales de muchos países, incluidas las de Estados Unidos, que prohíben nominalmente el apoyo financiero y de otro tipo a los perpetradores de genocidios. A tal fin, el Centro de Derechos Constitucionales ya presentó en noviembre ante un tribunal federal estadounidense una denuncia detallada en la que acusa a Israel de violar la Convención sobre el Genocidio.

La acusación ante la CIJ también pone de relieve el deber de los soldados israelíes, en virtud del derecho internacional y, por tanto, del personal militar estadounidense, de negarse a obedecer órdenes que los convertirían en cómplices de crímenes de guerra. Como se estableció en los juicios de los oficiales nazis en Nuremberg, “seguir órdenes” no es una defensa cuando se trata del crimen de genocidio.

Sin embargo, nadie familiarizado con la historia de la ONU, que ha estado implicada en innumerables guerras sangrientas de agresión imperialista durante los últimos tres cuartos de siglo, confiará en sus procedimientos para poner fin a la campaña genocida de Israel en Gaza, ni mucho menos para procesar a los criminales de guerra de Washington y Tel Aviv. La descripción que hizo Lenin de la predecesora de la ONU, la Sociedad de Naciones, como una “cocina de ladrones” es igual de válida sobre la ONU en la actualidad.

Entre 2015 y 2022, la Asamblea General de la ONU adoptó al menos 140 resoluciones condenando a Israel, frente a un total de 68 resoluciones condenando al resto de países, pero la ONU no tomó ninguna medida significativa para hacerlas cumplir, e Israel simplemente las ha ignorado. En diciembre, un total de 153 de los 193 países miembros de la ONU votaron a favor de una resolución que pedía un “alto al fuego” en Gaza, y solo 10 países se opusieron. Pero esa resolución no sirvió para frenar ni las operaciones genocidas de Israel ni el envío de armas tremendamente destructivas a Israel por parte de Estados Unidos.

Por su parte, la CIJ, compuesta por 15 jueces elegidos por la Asamblea General, no dispone de ningún mecanismo para hacer cumplir directamente sus decisiones.

Independientemente del resultado final de estos procedimientos, e independientemente de los motivos del Gobierno sudafricano y de los otros Gobiernos capitalistas que apoyan la demanda, que lo hacen por sus propias razones políticas cínicas y coyunturales, la importancia de la demanda ante la CIJ radica en su presentación exhaustiva y objetiva, en un solo lugar, para que todo el mundo la lea, de una exposición devastadora de lo que es, de hecho y jurídicamente, y en todos los sentidos de la palabra, un genocidio, en el que el Gobierno israelí está plenamente implicado, junto con sus patrocinadores imperialistas, principalmente Estados Unidos.

El mundo tiene ante sí el espectáculo del Gobierno estadounidense, que se autoproclamó “policía del mundo” tras la disolución de la Unión Soviética –interviniendo, invadiendo, sancionando y bombardeando por todo el mundo en nombre de los “derechos humanos” y de la “responsabilidad de proteger”—, y que ahora defiende a plena luz del día a los perpetradores de un genocidio mientras sigue suministrando las armas que se utilizan para llevarlo a cabo.

La puesta en evidencia del fraude del “imperialismo de los derechos humanos”, tal y como se refleja en el genocidio de Gaza y en el caso que se está presentando en la CIJ, es en sí un reflejo de la crisis del capitalismo mundial. Incapaz de superar sus contradicciones internas dentro de un marco capitalista, ese sistema se tambalea hacia las formas más horrendas de barbarie del siglo pasado. En este contexto, el genocidio de Gaza, con toda su criminalidad, es solo un anticipo de los horrores que se avecinan si no se encaran y resuelven estas contradicciones.

Por esta razón, la abrumadora evidencia de que, efectivamente, se está perpetrando un genocidio en Gaza debería dar urgencia a la labor de elevar a un nivel superior el movimiento independiente de la clase obrera internacional, en oposición a todos los Gobiernos, partidos e instituciones capitalistas, y de unirlo en torno a un programa socialista y con conciencia histórica.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de enero de 2024)