Julian Assange ha sido empujado un paso más cerca hacia su extradición a Estados Unidos. El martes, el Tribunal Superior británico emitió un fallo que rechaza seis de las nueve razones de apelación presentadas por los abogados de Assange y le dio al Gobierno estadounidense la oportunidad de dar “garantías” que invalidan las otras tres razones.
El tribunal le dio al Gobierno estadounidense tres semanas para indicar que Assange “no será perjudicado en un juicio (incluyendo un fallo) debido a su nacionalidad, que gozará de las mismas protecciones en la Primera Enmienda como cualquier ciudadano estadounidense y que no se impondrá la pena capital”.
Si no se presentan estas garantías, “entonces se concederá el permiso para apelar y se celebrará una audiencia de apelación. Si las garantías se presentan entonces las partes tendrán otra oportunidad para dar presentaciones y habrá una audiencia adicional el 20 de mayo de 2024 para decidir si las garantías son satisfactorias y para hacer una decisión final sobre el permiso para apelar”.
La esposa de Julian, Stella, explicó afuera del tribunal, incluso este podrido fallo representa una admisión “de que a Julian le han negado los derechos a la libertad de expresión… y que sigue estando expuesto a la pena de muerte”.
El tribunal menor, el juez Justice Swift del Tribunal Superior y la secretaria del Interior británica todos autorizaron estos abusos. “Y, a pesar de esto”, añadió Stella, “lo que los tribunales han hecho ha consistido en invitar una intervención política de Estados Unidos para que envíe una carta que dirá ‘Todo está bien’”.
Las propuestas del tribunal son una hoja de parra. Los fiscales estadounidenses urdirán algunas “garantías” tan insignificantes como las que han presentado con respecto a las condiciones de encarcelamiento que le esperan.
Incluso si no las ignoran totalmente apenas Assange llegue a Estados Unidos, el Gobierno norteamericano no necesita matar a Assange; la evidencia médica ya ha establecido que existe un importante riesgo de que se suicide y que su salud está sufriendo un grave deterioro.
El derecho formal a las protecciones de la Primera Enmienda no vale nada frente a cargos y un proceso judicial relacionado a la “seguridad nacional”, como lo dejó claro el Tribunal Superior británico en su propio fallo.
El reclamo de los abogados de Assange de que el Tratado de Extradición entre Reino Unido y Estados Unidos prohíbe una extradición por una ofensa política fue rechazado aludiendo a la exclusión antidemocrática de esta disposición de la Ley de Extradiciones (2003) por parte del Gobierno laborista de Tony Blair.
Los argumentos de que la extradición infringiría los Artículos 6 y 7 de la Convención Europea de los Derechos Humanos (a un juicio justo y en contra de los castigos extralegales) fueron descartados con base en distintas expresiones de buena fe en el sistema legal estadounidense.
Lo más revelador fue la respuesta a los argumentos sobre la vida de Assange y su derecho a no ser sometido a tratos inhumanos y degradantes en conexión con el plan de la CIA para secuestrarlo y asesinarlo en la Embajada ecuatoriana, donde había solicitado asilo político.
Los jueces no refutan la evidencia, pero dicen que “no hay nada que demuestre que la conducta en relación con la Embajada esté ligada al procedimiento de extradición”. ¡Vaya!
En una declaración extraordinaria, escriben que “la consideración de medidas extremas contra el solicitante (un envenenamiento o una entrega como prisionero) fueron una respuesta al temor de que el solicitante huyera a Rusia. La respuesta breve a esto es que la razón de tal conducta desaparece si el solicitante es extraditado”.
Cualquier sugerencia de que Estados Unidos no ha perseguido a Assange en buena fe, según el Alto Tribunal, “no es permisible”.
Respondiendo al argumento de que Assange ha sido objeto de una persecución por sus opiniones políticas, los jueces escriben, “Estamos satisfechos… con asumir que el solicitante actuó a raíz de sus convicciones políticas y que sus actividades expusieron la participación estatal en crímenes graves. Sin embargo, esto no significa que la solicitud de su extradición se deba a sus opiniones políticas”.
Citan como justificación “la declaración jurada del [fiscal estadounidense] Kromberg... Ha hecho un relato detallado de los pasos que desembocaron en la decisión de procesar al demandante y solicitar su extradición. [El abogado de Assange] Summers dejó claro, en términos, que el solicitante no acusa a Kromberg de deshonestidad. Por sí mismo, eso es fatal para este aspecto del caso del solicitante”.
La sección más extensa del fallo trata del recurso de Assange en virtud del artículo 10, el derecho a la libertad de expresión. El único punto en el que los jueces exigieron garantías adicionales al Gobierno de Estados Unidos fue si a Assange se le concederán protecciones equivalentes a las de la Primera Enmienda. Tanto Kromberg como el exdirector de la CIA, Mike Pompeo, han dicho abiertamente que éstas podrían ser denegadas.
Todos los demás argumentos fueron rechazados, incluyendo las protecciones para los denunciantes y periodistas que revelen información sobre delitos, especialmente crímenes de Estado.
Los jueces escriben que el artículo 10 “es un derecho cualificado, no absoluto. Es necesario equilibrar el interés público de la publicación con los objetivos legítimos perseguidos por las leyes destinadas a proteger la seguridad nacional”. Citan el “daño significativo” causado “a algunas de las fuentes humanas” nombradas en los documentos publicados, basándose en afirmaciones infundadas de los funcionarios estadounidenses, y “daños como la pérdida de confianza en los servicios de inteligencia del Estado”.
El interés público al que sirve el trabajo de Assange se encuentra con la respuesta de que sus “actividades no se ajustaron a los 'principios del periodismo responsable'“, y la absurda afirmación de que “el demandado [el Gobierno de EE.UU.] no pretende procesar al demandante en relación con esas cuestiones”.
Esta absurda afirmación se justifica sobre la base de que “El punto de partida, como ha explicado Kromberg, es que cada uno de los cargos relacionados con la publicación (cargos 15 a 17) se limita explícitamente a los documentos que contienen los nombres de fuentes de inteligencia humana”.
El hecho de que no fuera Assange el responsable de la publicación inicial de documentos no redactados que contenían los nombres de agentes e informantes estadounidenses, sino el periodista David Leigh del diario The Guardian y otros sitios web, se deja de lado con la declaración: “Quienes publicaron las identidades de las fuentes humanas solo pudieron hacerlo porque él les había proporcionado los nombres. Esto no le proporcionó una justificación de interés público para publicarlos también”.
En cuanto al papel venal de los medios de comunicación corporativos, a la hora de impugnar la falta de “periodismo responsable” de Assange, los jueces “se remiten, como hizo el juez [de distrito], a las opiniones expresadas por la propia prensa, incluidos The Guardian, The New York Times, El País, Der Spiegel y Le Monde”.
La sentencia del martes deja meridianamente claro que los tribunales y el Gobierno británicos están decididos a entregar a Assange a Estados Unidos, donde su vida corre peligro. Los perseguidores de Assange están impulsados por la necesidad de silenciarlo no solo a él, sino a todos los opositores a la guerra imperialista.
El intento de extraditar a Assange está ahora dirigido por la Administración de Biden, mientras intensifica la guerra de EE.UU. y la OTAN contra Rusia y apoya el genocidio en Gaza.
En una declaración publicada en X/Twitter tras el fallo judicial, el candidato presidencial del Partido Socialista por la Igualdad (EE.UU.), Joseph Kishore, declaró que tanto los demócratas como los republicanos apoyan la campaña contra Assange. “El presidente cambia, pero la suerte de Assange no cambia”.
Kishore añadió: “Es en la clase trabajadora donde debe basarse la lucha para defender a Assange. La defensa de los derechos democráticos es la lucha contra el imperialismo. Y la lucha contra el imperialismo es la lucha contra el capitalismo”.
No es posible poner ningún bloqueo puramente legal a su persecución. La tarea esencial para los simpatizantes de Assange es vincular su defensa con el movimiento de masas que está surgiendo contra estos crímenes. La misma erupción de militarismo y agresión que alimenta la persecución de Assange está produciendo una radicalización masiva de los trabajadores y los jóvenes indignados por la limpieza étnica de los palestinos y cada vez más conscientes del peligro de una guerra regional en Oriente Próximo e incluso una guerra nuclear en Europa.
Solo es posible luchar y ganar la campaña por la libertad de Assange en alianza con esta fuerza social.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de marzo de 2024)
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