Después de que aparecieran nuevos denunciantes contra Boeing sobre el sacrificio sistemático de la seguridad de los pasajeros, el Subcomité de Investigaciones sobre Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales sostuvo una audiencia el martes para rehabilitar a la megacorporación y contratista militar. 

Han pasado más de cinco años desde que 346 hombres, mujeres y niños fallecieran en dos accidentes aéreos distintos, apenas a meses de distancia, como resultado de un defectuoso sistema “antibloqueo” automatizado en las aeronaves Boeing 737 MAX 8, que la empresa sabía que podía ser mortal. No ha habido ningún caso criminal contra la empresa ni sus ejecutivos. 

En cambio, como es usual en el capitalismo y la oligarquía corporativo-financiera, Boeing ha podido seguir violando las regulaciones federales de seguridad y tomando atajos en la producción para aumentar sus ganancias y apuntalar el precio de sus acciones. 

En enero, un vuelo de un Boeing 737 Max 9 de Alaska Airlines escapó por poco del desastre cuando un tapón de la puerta del fuselaje explotó poco después del despegue. Resultó que la empresa proveedora no había atornillado el tapón de la puerta. 

Desde entonces, esa debacle ha sido seguida por una serie de fallas de seguridad y casi accidentes, que van desde trenes de aterrizaje y paneles de ala que se caen durante el despegue o en vuelo, hasta un incendio a bordo que abortó un despegue, hasta movimientos inexplicables en vuelo que asustaron a los pasajeros y causaron lesiones. 

Una serie de denunciantes han alegado que la empresa ignora los estándares de fabricación con el fin de aumentar la producción y que amenaza con represalias y las ha llevado a cabo cuando los denunciantes intentaron respetar los requisitos legales.

Antes de la audiencia del martes, el subcomité del Senado emitió una declaración citando nuevas quejas de un investigador de control de calidad en la planta de Boeing en Renton, Washington. Dice:

El nuevo denunciante y actual empleado de Boeing, Sam Mohawk, alega que Boeing está documentando, rastreando y almacenando incorrectamente piezas dañadas o fuera de especificación, y que es probable que esas piezas se estén instalando en aviones... Mohawk también ha alegado que sus supervisores le han dicho que oculte las pruebas a la FAA [Administración Federal de Aviación] y que, como resultado, se están tomando represalias en su contra.

Desde enero, dos denunciantes de Boeing han muerto en circunstancias misteriosas, con muy poca atención prestada por los medios de comunicación. En marzo, John Barnett, quien había sido despedido de su trabajo como gerente de calidad en la planta de Boeing en Carolina del Sur por exponer violaciones de seguridad en el proyecto 787 Dreamliner de la compañía, fue encontrado muerto en su automóvil alquilado antes del último día de un testimonio de tres días en su demanda civil contra la compañía.

La Oficina del Forense del Condado de Charleston dictaminó inmediatamente que su muerte fue el resultado de una “herida de bala autoinfligida”, sin hacer pública ninguna evidencia. Poco después, un amigo de la familia citó a Barnett diciéndole: “Si algo me sucede, no es suicidio”.

Dos meses después, el denunciante Joshua Dean murió repentinamente después de presentar cargos de “mala conducta grave por parte de la alta gerencia de calidad de la línea de producción 737”.

La audiencia del Senado del martes fue organizada para dar la apariencia de lo que el presidente del subcomité, Richard Blumenthal (demócrata de Connecticut), llamó un “ajuste de cuentas” para Boeing y el testigo principal, el director ejecutivo de la empresa, David Calhoun. 

Los familiares de los pasajeros muertos en los accidentes del 737 Max 8 estaban en la audiencia, sosteniendo carteles con fotos de sus seres queridos muertos, al igual que los familiares de John Barnett. Al inicio de la audiencia, Blumenthal se dirigió a ambos grupos. 

Cabe notar que Blumenthal calificó categóricamente la muerte de Barnett como un suicidio.

Calhoun comenzó sus comentarios dirigiéndose a los miembros de las familias en la sala y disculpándose por su pérdida. Cuando Blumenthal le pidió que comentara sobre la muerte de Barnett, Calhoun también expresó su “horror”.

Los miembros del subcomité de ambos partidos simplemente ignoraron a los manifestantes contra el genocidio de Gaza presentes en la sala.

Hubo críticas dirigidas a Calhoun por parte de políticos de ambos partidos, pero todo el procedimiento fue una farsa. Blumenthal pidió un nuevo equipo directivo para restaurar la credibilidad de la empresa. “Estamos aquí porque queremos que Boeing tenga éxito”, dijo, y agregó, en referencia a la división McDonnell Douglas de Boeing, “por el bien de nuestros militares”.

Por supuesto, no se dijo nada sobre la esencia irracional y antisocial de este componente clave del transporte público que está en manos de jefes privados, ellos mismos en deuda con bancos y fondos de cobertura multimillonarios. 

Dennis Muilenberg, quien era director ejecutivo cuando se lanzó el 737 MAX 8, ganó $80 millones durante su mandato, o más de $231,000 por cada persona que murió en los dos accidentes del MAX. Su sucesor, Calhoun, ha ganado más de $76 millones desde 2021.

El Seattle Times informó que de 2014 a 2018, “Boeing desvió el 92 por ciento del flujo de caja operativo para dividendos y recompras de acciones para beneficiar a los inversores”.

Tales niveles de parasitismo financiero van de la mano con la criminalidad y el militarismo y son incompatibles con la democracia. Es la clase obrera la que paga por la degeneración de un sistema basado en la monopolización privada de los medios de producción, el nacionalismo y la guerra, y la subordinación de todas las necesidades sociales a las ganancias corporativas y el enriquecimiento personal de una élite oligárquica.

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El candidato presidencial del Partido Socialista por la Igualdad, Joseph Kishore, emitió una declaración el martes por la noche sobre las audiencias. “La cuestión fundamental”, escribió, “de la que, por supuesto, ninguno de los senadores reunidos hablaría, es la subordinación de una necesidad social tan básica como es el transporte al lucro privado”.

Kishore continuó:

A Calhoun y otros ejecutivos se les paga decenas de millones, cientos de millones o, en el caso de Elon Musk, $45 mil millones, para garantizar el flujo interminable de ganancias a los principales inversores. Al igual que con casi todas las grandes empresas, entre los inversores de Boeing se encuentran los principales fondos de capital privado como BlackRock y Vanguard, que controlan billones de dólares.

Y añadió:

Todo el sistema de transporte, junto con otras infraestructuras sociales críticas (salud, educación, vivienda, energía, etc.), debe funcionar sobre la base de la necesidad social, no las ganancias privadas. Solo de esta manera se pueden garantizar los derechos básicos y esenciales de los trabajadores en una sociedad moderna, incluido el derecho a un transporte seguro.

Los asesinos en masa que controlan Boeing deben rendir cuentas y ser llevados ante la justicia. Pero esto es inseparable de una ofensiva conjunta e internacional de la clase trabajadora contra el propio sistema capitalista.

El punto de partida es la expropiación de los propietarios capitalistas de Boeing y de toda la industria del transporte y la transformación de la producción de aviones en un servicio público bajo el control democrático de la clase trabajadora.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 18 de junio de 2024)