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Países empobrecidos piden a la corte mundial que se pronuncie sobre el desastre del cambio climático

Del 2 al 13 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) celebró audiencias sobre el caso “Obligaciones de los Estados con respecto al cambio climático”. Durante el período de 12 días, 96 estados y 11 organizaciones internacionales presentaron declaraciones orales en La Haya, Países Bajos.

[AP Photo/Peter Dejong]

El caso fue presentado por primera vez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2023 por Vanuatu, que, al igual que sus vecinos estados insulares del Pacífico, es particularmente vulnerable a los efectos del cambio climático global. El gobierno de Vanuatu fue presionado para que lo hiciera dos años antes por el grupo Estudiantes de las Islas del Pacífico que Luchan contra el Cambio Climático (PISFCC, por sus siglas e inglés).

Fundada en 2019, la PISFCC fue creada por estudiantes de derecho de Vanuatu y otros países insulares del Pacífico. Su objetivo ha sido “buscar justicia climática en la Corte Internacional de Justicia solicitando a la corte que responda a una cuestión jurídica que desarrollará el derecho internacional, integrará las obligaciones legales en torno a los tratados ambientales y los derechos humanos básicos, y aclarará la responsabilidad estatal por el daño climático”.

A pesar de los esfuerzos sinceros de estos estudiantes para detener el cambio climático, los intentos de buscar “justicia climática” a través del marco de instituciones de la ONU como la CIJ son un callejón sin salida político, como lo demuestra el historial.

No obstante, el proceso refleja la realidad científica de que el cambio climático no es una amenaza lejana, sino que ahora afecta a millones de personas. Como se afirma en el último informe de síntesis del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2022: “El cambio climático ya está afectando a muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todas las regiones del mundo. Esto ha provocado impactos adversos generalizados y pérdidas y daños relacionados con él para la naturaleza y las personas”.

En marzo de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución redactada inicialmente por Vanuatu y otros 17 Estados miembros de las Naciones Unidas. Contenía una serie de pasajes que subrayaban la grave amenaza mundial del cambio climático, que describía como “un desafío sin precedentes de proporciones de civilización”. Declaraba:

Observando con profunda alarma que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando a pesar de que todos los países, en particular los países en desarrollo, son vulnerables a los efectos adversos del cambio climático y que aquellos que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático y tienen limitaciones significativas de capacidad, como los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, ya están experimentando un aumento de esos efectos, entre ellos la sequía persistente y los fenómenos meteorológicos extremos, la pérdida y degradación de las tierras, el aumento del nivel del mar, la erosión costera, la acidificación de los océanos y el retroceso de los glaciares de montaña, lo que provoca el desplazamiento de las personas afectadas y amenaza aún más la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua y los medios de vida, así como los esfuerzos por erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones y lograr el desarrollo sostenible.

La resolución concluyó solicitando a la CIJ, el órgano judicial de la ONU, que emitiera una opinión sobre dos cuestiones. En primer lugar: “¿Cuáles son las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional para garantizar la protección del sistema climático y otras partes del medio ambiente contra las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero para los Estados y para las generaciones presentes y futuras?”

En segundo lugar: “¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de estas obligaciones para los Estados que, por sus actos y omisiones, han causado un daño significativo al sistema climático y otras partes del medio ambiente?”

La segunda pregunta incluía una referencia específica a los “pequeños Estados insulares en desarrollo, que debido a sus circunstancias geográficas y su nivel de desarrollo… son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”.

La solicitud citaba además a “los pueblos e individuos de las generaciones presentes y futuras afectados por los efectos adversos del cambio climático”.

El caso es el más grande en la historia de la CIJ, según los 91 países que presentaron declaraciones escritas a la corte. Esta es una expresión de los intentos cada vez más desesperados de las naciones más afectadas por el cambio climático de buscar una compensación fuera de las conversaciones falsas de la Conferencia de las Partes (COP).

La más reciente de ellas fue la COP29 celebrada en Bakú, Azerbaiyán, que concluyó con un acuerdo para que los países “desarrollados” proporcionen 300.000 millones de dólares al año a los países “en desarrollo” e insulares para compensar los daños climáticos. Semejante cifra es totalmente insuficiente para hacer frente a la crisis climática, como se documentó en las audiencias de Estados como Fiji, Bangladesh e Indonesia.

Varios Estados destacaron la alarmante evolución del cambio climático y el sufrimiento humano que conlleva. Las Islas Salomón, por ejemplo, explicaron que ya se han perdido cinco islas debido al aumento del nivel del mar, y señalaron el creciente número de refugiados climáticos desplazados de sus hogares por esos efectos.

El representante de Palestina destacó las emisiones climáticas derivadas de la actividad militar. Por ejemplo, los primeros 120 días del actual genocidio israelí en Gaza produjeron el equivalente anual de las emisiones de gases de efecto invernadero de los 26 Estados con menores emisiones. Los Estados responsables no suelen informar sobre esas emisiones, lo que puede llevar a una gran subestimación de los impactos climáticos en los informes oficiales.

Como era previsible, las grandes potencias capitalistas responsables de una cantidad enormemente desproporcionada de emisiones de gases de efecto invernadero utilizaron las audiencias para intentar eludir cualquier responsabilidad que tengan, incluida la de mitigar los daños.

El gobierno laborista del Reino Unido argumentó que solo los tratados climáticos existentes, como el Acuerdo de París, deberían tener alguna incidencia en las obligaciones de un estado para abordar la crisis climática.

Sébastien Duyck, abogado del Centro de Derecho Ambiental Internacional, respondió: “El Reino Unido presentó argumentos despreciables ante la Corte Internacional de Justicia con un objetivo clave: eludir la rendición de cuentas y las responsabilidades por décadas de daños climáticos”.

El gobierno laborista australiano, que preside una de las economías más contaminantes a través de sus exportaciones de carbón y gas, adoptó una posición similar, a pesar de presentarse continuamente como miembro de la “familia” del Pacífico Sur. El procurador general australiano, Stephen Donaghue, dijo al tribunal que los tratados sobre cambio climático como el Acuerdo de París y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático eran la “fuente principal de las obligaciones de los estados en virtud del derecho internacional con respecto al cambio climático”.

El enfoque del Reino Unido también fue reflejado por otros gobiernos imperialistas, incluidos los de Estados Unidos, Alemania, Canadá y Nueva Zelanda. Su objetivo es restringir cualquier obligación climática a los tratados como el Acuerdo de París de 2015. Pero es precisamente en este marco que estos y otros estados altamente contaminantes han colocado al mundo en camino a un calentamiento de más de 3℃, lo que representa una amenaza catastrófica para el planeta y la humanidad.

Los trabajadores y jóvenes de todo el mundo, como los estudiantes de las islas del Pacífico, que están profundamente preocupados por estos acontecimientos no deben esperar que la CIJ obligue a estos gobiernos a tomar cualquier tipo de acción significativa sobre el cambio climático. En primer lugar, el caso es una jurisdicción consultiva, lo que significa que la opinión de la CIJ (que se espera que se emita en algún momento de 2025) será estrictamente consultiva y legalmente no vinculante para las partes involucradas.

Más importante aún, las grandes potencias han demostrado claramente su absoluto desprecio por el derecho internacional vigente. La expresión más reciente y bárbara de esto ha sido a través de su apoyo inquebrantable al genocidio israelí en Gaza, sin importar cuántas violaciones del derecho internacional se cometan.

Tampoco se deben albergar ilusiones en la propia CIJ, ni en el supuesto “peso moral” de cualquier opinión legal. La Corte Internacional de Justicia, creada en 1945 por las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, está firmemente vinculada al sistema de Estados nacionales capitalistas, que es la causa fundamental del cambio climático.

Sea cual sea el veredicto de este caso, las grandes potencias capitalistas responsables de la crisis climática seguirán basando sus políticas no en la ciencia, los derechos humanos o la protección del medio ambiente. En cambio, las élites gobernantes y las grandes empresas harán sus cálculos en función de las ganancias y del enriquecimiento personal.

Lo que la clase trabajadora mundial necesita es, en cambio, romper con las instituciones que defienden el sistema capitalista mientras éste hunde al mundo en la devastación ecológica. La lucha política consciente para abolir el capitalismo es la tarea estratégica necesaria a la que deben orientarse todos los trabajadores y jóvenes, como único camino para salvaguardar la Tierra y sus habitantes vivos.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de diciembre de 2024)

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