Dos meses desde el comienzo del Gobierno de Trump, no cabe ninguna duda de que está rompiendo completamente con toda legalidad. La prensa capitalista en sí está reconociendo que Estados Unidos es testigo de un intento de tumbar la constitucionalidad y establecer una dictadura presidencial.

Lo que ha llevado las cosas a un punto crítico es el abierto desafío de Trump a una orden judicial federal que le exigía detener las deportaciones basadas en la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros el sábado. En respuesta al fallo del juez del Tribunal de Distrito de Washington DC, James Boasberg, los funcionarios de la Casa Blanca y el propio Trump han amenazado con destituir a Boasberg.

La respuesta de la derecha fascista ha incluido denuncias rabiosas de Trump contra jueces de la “izquierda lunática”, demandas de destituciones, expresadas tanto por Trump como por los republicanos en el Congreso, y amenazas tácitas de violencia. Un columnista del Financial Times señaló el miércoles la “reciente avalancha de entregas anónimas de pizza a las casas privadas de jueces opositores, una movida directamente de una película de la mafia. ‘Sabemos dónde vives’, es el mensaje implícito para los jueces”.

Esto tiene lugar en condiciones en las que se están capturando personas por sus opiniones políticas, incluido Mahmoud Khalil. Ayer, agentes policiales intentaron detener al estudiante de la Universidad de Cornell, Momodou Taal, después de que presentara una demanda contra Trump desafiando sus órdenes ejecutivas. Además, agentes federales, quienes tenían el rostro cubierto, arrestaron al investigador de la Universidad de Georgetown, Badar Khan Suri, fuera de su casa el lunes por la noche, empleando los mismos motivos fraudulentos utilizados para secuestrar a Khalil.

La presidencia se ha convertido en una cabina de mando y centro de planificación de una dictadura. No existe un precedente histórico de tales acciones por parte de un presidente estadounidense. O, más bien, el único precedente fueron las últimas semanas del primer mandato de Trump, cuando buscó anular las elecciones en un golpe de Estado fascista. Lo que Trump no pudo completar el 6 de enero de 2021, ahora lo está haciendo.

El miércoles, el New York Times publicó un artículo extraordinario bajo el título “Desafíos y amenazas en caso de deportación renuevan temores de una crisis constitucional”, citando los comentarios de varios profesores de Derecho sobre la importancia de las acciones de Trump. Jamal Green, profesor de Gerecho en la Universidad de Columbia, es citado diciendo:

Si alguien está siendo detenido o expulsado en base a la afirmación de la Administración de que puede hacerlo sin revisión judicial ni debido proceso, el presidente está afirmando un poder dictatorial y el término “crisis constitucional” no captura la gravedad de la situación [subrayado nuestro].

La profesora de Derecho de Stanford, Pamela Karlan, advirtió: “El problema con esta Administración no son solo episodios agudos, como lo que está sucediendo con el juez Boasberg y la deportación de venezolanos. Se trata de un irrespeto crónico a las normas constitucionales y a los demás poderes del Estado”. Karlan agregó: “El término ‘punto de inflexión’ sugiere un mundo en el que las cosas están bien hasta que de repente no lo están. Pero ya pasamos el primero de tales puntos”.

Karlan tiene razón en que “punto de inflexión” es una metáfora inapropiada. Se trata más bien de un colapso completo de los derechos democráticos. Pero el Gobierno de Trump no está actuando simplemente con “irrespeto a las normas constitucionales”. Es una conspiración deliberada y criminal para destruirlos.

El Times agrega su propio comentario, afirmando que “la pregunta correcta no es si hay una crisis, sino cuánto daño causará”. Bueno, esa respuesta se puede dar. La lógica de las acciones de Trump es la ilegalización de la oposición. Los trabajadores serán privados de sus derechos. Aquellos que se opongan a las políticas de la Casa Blanca serán objeto de persecución, arresto o algo peor.

Ni en el Times ni en la prensa en su conjunto hay un análisis serio de cómo llegó Estados Unidos a este punto. Los medios de comunicación y la élite política presentan las acciones de Trump como si hubieran surgido repentinamente de la nada, producto de los delirios o la malicia de un individuo. Esto es falso.

Ha pasado más de un cuarto de siglo desde el robo de las elecciones de 2000, durante las cuales la Corte Suprema intervino para detener el recuento de los votos y entregar la presidencia a George W. Bush. Antes del fallo de la corte, el World Socialist Web Site escribió que el fallo revelaría “hasta dónde está preparada la clase dominante estadounidense para romper con las normas tradicionales democráticas burguesas y constitucionales”.

El fallo de la Corte Suprema en Bush v. Gore, y la ausencia de resistencia del Partido Demócrata, dejaron claro que no había una base de apoyo significativa dentro de la élite corporativa y política para la defensa de los derechos democráticos.

Un año después de las elecciones robadas del 2000, el Gobierno de Bush utilizó los atentados del 11 de septiembre como pretexto para lanzar la “guerra contra terrorismo”, que significó un estado de guerra permanente en el extranjero junto con la destrucción de los derechos democráticos en el país y el establecimiento de una red global de campos de tortura centrados en la bahía de Guantánamo. Estas medidas dictatoriales se profundizaron bajo Obama, quien se atribuyó el poder de asesinar a ciudadanos estadounidenses sin juicio.

El primer mandato de Trump llevó la crisis de la democracia estadounidense a una nueva etapa, que culminó en el intento de golpe fascistizante del 6 de enero de 2021 destinado a anular su derrota electoral. Los cuatro años de la Administración de Biden estuvieron marcados por una escalada masiva de violencia imperialista, incluida la guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia y el genocidio en Gaza, un crimen colosal que Trump ahora está aprovechando para justificar su represión contra la oposición interna.

Los pasos de Trump hacia la dictadura representan la transformación de cantidad en calidad. Lo que está involucrado no es simplemente una amenaza o tendencia, sino la implementación de una conspiración definitiva en los niveles más altos del Estado para establecer una dictadura.

Dos procesos interconectados subyacen a la ruptura de las formas democráticas de gobierno. En primer lugar, la concentración masiva de riqueza en manos de una pequeña élite oligárquica es completamente incompatible con la democracia. La oligarquía está librando un asalto despiadado a los derechos sociales de la clase trabajadora, despidos masivos, la destrucción de miles de empleos de la noche a la mañana y un asalto coordinado a todos los programas sociales.

El Gobierno de Trump, junto con el “Departamento de Eficiencia Gubernamental” de Elon Musk, está desmantelando las agencias gubernamentales que brindan servicios sociales vitales, mientras prepara recortes históricos al seguro social, Medicaid y otros programas. Hoy, se espera que Trump firme una orden ejecutiva destinada a abolir el Departamento de Educación, después de haber eliminado a la mitad de su personal a principios de este mes.

En segundo lugar, los derechos democráticos se están desmantelando para subordinar a la sociedad estadounidense por completo a las necesidades de las agresiones imperialistas. Frente a la crisis interna y el declive económico a largo plazo, la clase dominante busca compensar sus contradicciones internas a través de la expansión militar a escala global. Las declaraciones de intención de Trump de anexar Canadá, Panamá y Groenlandia se hacen eco de las ambiciones fascistas de la Alemania de Hitler, que también combinaron una dictadura interna con la conquista imperialista.

¡La clase trabajadora debe intervenir de inmediato para detener el impulso de Trump hacia la dictadura! Sería el error político más grave subordinar esta lucha al Partido Demócrata. En los dos meses transcurridos desde la toma de posesión de Trump, el Partido Demócrata ha dejado claro que no se opondrá a sus medidas autoritarias.

Inmediatamente después de la victoria electoral de Trump, el presidente Biden invitó a Trump a la Casa Blanca y expresó públicamente que le deseaba “éxito” a la nueva Administración. Los líderes demócratas, incluido Bernie Sanders, rápidamente se comprometieron a “trabajar con” Trump. Las referencias al fascismo, que surgieron brevemente durante la campaña electoral, desaparecieron por completo.

La semana pasada, pocas horas antes de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros, los demócratas del Senado proporcionaron votos decisivos para garantizar la aprobación de un proyecto de ley de gastos republicano que financió completamente al Gobierno hasta septiembre, facilitando directamente las actividades ilegales e inconstitucionales de la Casa Blanca. Como advirtió el World Socialist Web Site, esta legislación fue el equivalente a una “ley habilitante”, inspirándose directamente en la ley de 1933 que legalizó la dictadura de Hitler en Alemania.

El Partido Demócrata le dio a Trump un cheque en blanco, plenamente consciente de las consecuencias, porque cualesquiera que sean sus diferencias tácticas, los demócratas representan la misma oligarquía financiera cuyos intereses Trump defiende abiertamente.

La lucha debe ser llevada a la clase trabajadora. Es la clase trabajadora la que representa la base social para la defensa de los derechos democráticos, pero estos derechos solo pueden garantizarse a través de la lucha de masas. Las protestas y manifestaciones contra el impulso de Trump hacia la dictadura ya han comenzado, pero deben ampliarse y coordinarse.

El Partido Socialista por la Igualdad llama a los trabajadores y jóvenes a construir comités de base en fábricas, lugares de trabajo, campus y vecindarios para movilizar la resistencia masiva, incluidas huelgas y manifestaciones.

El PSI lucha por infundir a este movimiento emergente un programa y una perspectiva socialistas. La lucha contra la dictadura es inseparable de la lucha contra la oligarquía financiera y el propio capitalismo. La riqueza de esta oligarquía debe ser expropiada y la sociedad reorganizada sobre la base de la necesidad social y la igualdad, en los Estados Unidos e internacionalmente.

Hacemos un llamamiento a todos aquellos que estén de acuerdo con esta perspectiva para que asuman esta lucha y se unan al Partido Socialista por la Igualdad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de marzo de 2024)