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El presidente ecuatoriano disuelve el Congreso para prevenir juicio político

Con el apoyo del ejército y la policía, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso activó el miércoles una cláusula de “muerte cruzada” para disolver el Congreso antes de que votara para destituirlo en un juicio político por cargos de corrupción.

El edificio legislativo y las calles del centro de Quito fueron fuertemente militarizadas, después de que las fuerzas armadas amenazaran con “actuar con firmeza” para defender la decisión. Resaltando los peligros autoritarios de las medidas de Lasso, el alto mando militar se había reunido a puerta cerrada con el ministro de Defensa, Luis Lara, el martes, en la “Sala de Guerra”, donde se discutieron los siguientes pasos de Lasso.

El mando militar y policial emite una declaración apoyando la disolución del Congreso por parte de Lasso [Photo: @Presidencia_Ec]

La “muerte cruzada” fue incorporada en la Constitución de 2008 que impulsó el entonces presidente Rafael Correa, cuyo partido actual Unión por la Esperanza (UNES) encabezó la campaña para destituir a Lasso. La cláusula permite que el presidente gobierne por decreto por seis meses hasta que entre un nuevo Gobierno y establece un límite de tres meses para que se celebren elecciones presidenciales y legislativas.

Lasso ya presentó un paquetazo de decretos económicos que ya tenía preparados a la Corte Constitucional, que asume poderes legislativos y aprobó la “muerte cruzada” de Lasso el jueves. Los decretos económicos presuntamente incluyen una reforma fiscal regresiva, un proyecto de zonas francas, una Ley de Inversión, reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y medidas relacionadas a la extracción petrolera.

El embajador estadounidense Michael J. Fitzpatrick respaldó las acciones de Lasso, declarando: “El Gobierno de Estados Unidos respeta los procesos internos y constitucionales de Ecuador”.

Este apoyo vuelve a poner en evidencia las pretensiones hipócritas del imperialismo estadounidense sobre defender la “democracia”. Hace tan solo cinco meses, cuando el presidente pseudoizquierdista peruano Pedro Castillo disolvió el Congreso citando disposiciones constitucionales igual de ambiguas en respuesta a un juicio político por cargos de corrupción, la embajadora estadounidense y veterana de la CIA, Lisa Kenna, dio su visto bueno al derrocamiento y arresto de Castillo, así como al aplastamiento de las protestas.

Washington ha respaldado consistentemente las medidas autoritarias del Gobierno ecuatoriano. La Administración de Trump apoyó la represión de las protestas masivas contra la austeridad en octubre de 2019, las cuales obligaron al presidente Lenín Moreno a reubicar su Gobierno temporalmente a la ciudad costera de Guayaquil, dejando 11 muertos.

En 2021, el secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, visitó Quito para proclamar que era “necesario” tomar “medidas excepcionales” cuando el ya asediado Lasso recurrió a estados de emergencia dictatoriales y amenazó con reprimir violentamente una serie de paros en 2021. Luego, en 2022, ante protestas masivas y una huelga nacional desatada por las alzas de los alimentos y combustibles, el Gobierno de Biden defendió a Lasso después de una represión que dejó al menos siete muertos y cientos de heridos.

Los partidos de la oposición han insistido en que no existe una “grave crisis política y conmoción interna” —la causa citada por Lasso para justificar la “muerte cruzada”— y en que las acciones de Lasso son ilegales.

Sin embargo, UNES se ha rehusado a convocar protestas y Correa tuiteó: “La medida es inconstitucional, pero lo mejor para la Patria es tener elecciones. En tus manos está el futuro. ¿Te dejarás engañar nuevamente?”.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que ha encabezado repetidas protestas antigubernamentales y cuyo candidato presidencial quedó tercero en 2021, ha cancelado las protestas.

Incluso antes de que Lasso disolviera el Congreso, el líder del CONAIE, Leonidas Iza, quien ha sido promovido por otros líderes indígenas como un posible candidato presidencial, buscó atajar un estallido social cancelando cualquier manifestación o paros, que presuntamente ya se estaban preparando.

“Si el Gobierno toma las decisiones incorrectas y provoca una reacción social… declararemos una movilización nacional”, dijo. “Nos mantendremos vigilantes”.

Solo el “Frente Popular” encabezado por los estalinistas, que incluye el sindicato Unión Nacional de Educadores (UNE), organizó un puñado de bloqueos en Quito. El Frente Unitario de Trabajadores anunció una convención en junio para decidir una respuesta al paquete de medidas económicas de Lasso.

Hasta el momento, no ha habido grandes manifestaciones. Sin embargo, los ataques de Lasso a los derechos democráticos y sociales inevitablemente provocarán una oposición masiva. Los trabajadores y todos los sectores oprimidos deben concluir de los somníferos y titubeos de las dirigencias oficiales de que están decididas a aislar y sofocar cualquier lucha, canalizándola detrás de promesas electorales vacías.

La clase dirigente ecuatoriana se enfrenta desde hace décadas a una crisis política con dimisiones y destituciones frecuentes. Esta inestabilidad política, que incluye conflictos entre la vieja oligarquía bancaria y agroexportadora y la nueva burguesía financiero-industrial, ha sido la norma desde el final de la dictadura militar en 1979.

Las huelgas generales de 1971 y 1975 y el crecimiento del movimiento sindical sacudieron a la clase dominante, según la clase obrera urbana superaba a la población rural y demostraba su enorme poder.

En respuesta, como parte del “retorno a la democracia” buscó integrar a una élite de la todavía masiva población indígena rural en el sistema político burgués, comenzando con la ampliación de los derechos de participación electoral de los pueblos indígenas en 1979. En 1986 se constituyó la CONAIE para aglutinar a las dirigencias regionales, y una década más tarde formó su ala electoral, el partido Pachakutik. Poco después, basando su programa en los “derechos agrarios”, la “antiglobalización” y el “antineoliberalismo”, la CONAIE se hizo con el control de docenas de administraciones provinciales y municipales y ganó cientos de concejalías.

Junto con la burocracia sindical dirigida por los estalinistas, la CONAIE se colocó repetidamente al frente de las protestas de masas para desviar la oposición contra la austeridad, la destrucción del medio ambiente y los abusos contra los derechos sobre la tierra tras ilusiones en la elección de uno u otro político burgués, así como en las asambleas constituyentes capitalistas de 1997-98 y 2007-08.

En 1998-2000 estalló una crisis prerrevolucionaria que provocó la quiebra de la mayoría del sector bancario, una corrida monetaria que condujo a una dolarización caótica de la economía, una inflación galopante que sumió en la pobreza a más del 70 por ciento de la población y unos niveles de deuda insostenibles. La CONAIE, el Partido Comunista estalinista, junto con la burocracia sindical y sus apologistas pseudoizquierdistas se apresuraron a canalizar la convulsión social, eventualmente apoyando al excoronel Lucio Gutiérrez (2003-2005), que integró en su gabinete a varios dirigentes de la CONAIE y Pachakutik. Posteriormente, Gutiérrez defendió la dolarización y aceptó otro programa estructural del FMI, lo que provocó protestas masivas y su caída.

Luego, estas mismas fuerzas de la “izquierda” oficial respaldaron la coalición Alianza País de Rafael Correa, un economista formado en Estados Unidos. Para entonces, la demanda china impulsaba los precios de las materias primas como el petróleo y los minerales, lo que permitió a la economía ecuatoriana multiplicarse por más de cinco entre 2000 y 2014.

Esto permitió a Correa no solo pagar la deuda pública y proporcionar enormes ganancias a la burguesía local y a las transnacionales, sino también aumentar el gasto en educación pública, salud y asistencia social. Al mismo tiempo, Correa utilizó estados de emergencia y el despliegue de tropas para aplastar las protestas indígenas contra la rápida expansión de la extracción de recursos naturales. En 2017, eligió a dedo a su sucesor derechista Lenín Moreno, que procedió a aplicar medidas de austeridad y reformas laborales regresivas para pagar las nuevas deudas masivas. También retiró el asilo concedido al editor de WikiLeaks Julian Assange en la Embajada ecuatoriana en Londres, entregándolo a la policía británica.

Las políticas reaccionarias de Moreno allanaron el camino a la elección del banquero multimillonario de derecha, Lasso. Bajo Lasso y en medio de la pandemia del COVID-19, el estallido de la guerra en Ucrania, la continua desaceleración de la economía china y las crecientes presiones de Estados Unidos contra la influencia china en América Latina, Ecuador ha sufrido una desaceleración económica.

La clase dirigente ecuatoriana está desesperada por imponer medidas de austeridad social y atacar los salarios y la seguridad laboral para atraer inversiones, ya que su deuda pública ha crecido del 17 por ciento de su PIB en 2011 al 69 por ciento el año pasado. La economía lleva casi una década estancada.

Solo alrededor de un tercio de los trabajadores en Ecuador tienen un “trabajo adecuado” (40 horas y un salario de al menos 450 dólares al mes), pero esto se reduce a alrededor del 12,3 por ciento para los indígenas. Mientras tanto, casi cuatro de cada 10 ecuatorianos sufren pobreza multidimensional, y esta tasa es más del doble en el caso de las comunidades rurales indígenas. La dirigencia indígena, ahora firmemente integrada en los gobiernos locales y el nacional, ha demostrado su incapacidad para seguir una orientación independiente.

En toda América Latina, ya sea bajo fuerzas abiertamente derechistas como Lasso y Boluarte en Perú o bajo aquellas asociadas a la segunda ola de la llamada “marea rosa” como Lula en Brasil, Boric en Chile y Petro en Colombia, los mismos ataques contra la clase trabajadora y los pobres están desacreditando rápidamente a toda la élite política y preparando erupciones sociales masivas.

Correa y su partido UNES no son una excepción y llevan mucho tiempo dando garantías al capital extranjero y al imperialismo estadounidense que cumplirán sus órdenes. En una entrevista con el sitio web español CTXT en 2021, por ejemplo, Correa insistió en que “En ningún caso creemos que pueda haber intentos de desestabilización o de menoscabar la democracia” por parte del Gobierno de Biden.

Aunque indicó que los mecanismos “como la NED” (Fondo Nacional para la Democracia) se han utilizado para presionar los Gobiernos, dijo, “esperamos que el uso de estos mecanismos se encamine a fortalecer la democracia”. Tomando en cuenta la larga lista de veces en que el Departamento de Estado estadounidense ha utilizado el NED para patrocinar golpes de Estado en todo el mundo, la declaración de Correa equivalió a una oferta para vender su movimiento a la CIA.

Estas experiencias en Ecuador tienen una importancia estratégica para los trabajadores y los oprimidos de todo el mundo. Solo la movilización política independiente de los trabajadores bajo un programa socialista e internacionalista, opuesto a todos los partidos y organizaciones procapitalistas y nacionalistas, ofrece un camino hacia adelante.

(Publicado originalmente en inglés el 19 de mayo de 2023)

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